Ipso Iure Año 9 No. 17

 

Embed or link this publication

Description

Ipso Iure Año 9 No. 17

Popular Pages


p. 1

Ipso Iure Año 9, Núm. 17, Agosto 2014 Quién es Quién Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Artículos ¿Pueden las autoridades promover demandas de amparo? Dr. Israel Alvarado Martínez La Teoría Del Delito Y El Proceso Penal Acusatorio En México Dr. Sergio Suárez Daza Datos De Prueba, Medios De Prueba, Pruebas Y Pruebas Supervenientes Mtro. Luis Marín Bolaños Publicación Universitaria de distribución gratuita PENA DE PRISIÓN, SISTEMAS PENITENCIARIOS Y SU REFORMA PENAL EN MEXICO Lic. Adriana Mercedes Ramos Diaz Tecnicos Vs Licenciados Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Portada: La Historia de La Justicia en México (fragmento). Autor: Luis Nishizawa, Miguel Ángel Suárez, Alfredo Nieto, Homero Santa María, Clara Torres.

[close]

p. 2

Ipso Iure 01 Director General Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Director Administrativo Lic. Sofía Robles Loarca Diseño y Contenidos Ing. Raymundo A. Herrera Rodríguez Corrección de Estilo Mtro. José A. Hernández Urbina Contenido EscribenenesteNúmero Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Quién es Quién 02 Artículos 03 05 ¿Pueden las Autoridades Promover Demandas de Amparo? Dr. Israel Alvarado Martinez. La Teoría del Delito y el Proceso Penal Acusatorio en México. Dr. Sergio Suárez Daza I E S , 07 Datos de Prueba, Medios de Prueba, Pruebas y Pruebas Supervenientes Mtro. Luis Marín Bolaños. Ipso Iure, Año 9, Num. 17, Agosto de 2014. Revista semestral publicada y editada por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, Av. Río Verde esq. C. del Molino S/N, Colonia La Isla, C. P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. +52 (967) 678-56-69, 678-96-47, 631-67-63. Revista Universitaria de Publicación Gratuita. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. ¿Quieres leer los números anteriores? ingresa a este Vinculo y podrás leer en linea o descargar todas las publicaciones anteriores 09 11 14 Pena de Prisión, Sistemas Penitenciarios y su Reforma Penal en Mexico Lic. Adriana Mercedes Ramos Diaz Técnicos Vs. Licenciados Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Relevante Febrero - Agosto 2014 Cuadro de Honor Generaciones Quema de Libros 17 http://ies.edu.mx/ipsoiure.htm Anuario Generación 2009-2014 Egresados de la Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Jurídico Penal. Licenciatura en Derecho.

[close]

p. 3

ESCRIBEN EN ESTE NUMERO Ipso Iure Dr.IsraelAlvaradoMartínez Licenciado en Derecho por la Universidad Salesiana, Maestro en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Maestro en Administración de Justicia por el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE), así como la Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Ciencia Jurídico Penal también por el INACIPE, cuenta con la Especialidad en Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas por el Instituto de Administración Pública (IAP). Dr.SergioSuárezDaza Abogado Litigante, Doctor en Derecho, Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Mtro.LuisMarínBolaños Licenciatura en Derecho por la UNAM, Maestría en Ciencias Penales por la UNAM, obteniendo el grado con Mención Honorífica, Actualmente es parte del Claustro de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de esta Institución, Profesor en las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en la UNAM (F.E.S. Aragón), Abogado Litigante. Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Licenciado en Derecho, Maestro en Ciencias Penales y Doctor en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, diplomado en Criminalística por la “Academia Mexicana de Ciencias Forenses”. Delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociación de Abogados de México A C, Magister en Gestión Educativa y Doctor Honoris Causa, por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa actualmente se desempeña como Rector de nuestra Alma Máter, Lic. Adriana Mercedes Ramos Díaz Nacida en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, se ha desempeñado como voluntaria en diversas labores humanitarias en este Municipio, tambien ha laborado en la unidad de Servicios Periciales de la PGJE, actualmente cursando la Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Jurídico Penal Agosto 2014 Ipso Iure 01

[close]

p. 4

Dr. Gabriel Isaac Sarmiento Robles l Doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles nace en la colonial y cultural ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lugar donde cursa su educación básica, es Licenciado en Derecho, Maestro en Ciencias Penales y Doctor en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, cuenta con el diplomado en Criminalística por la “Academia Mexicana de Ciencias Forenses”. En el ámbito profesional se ha desarrollado como abogado postulante, perito en criminalística, docente de diversas asignaturas, secretario Académico del Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”. Ha impartido clases magistrales en la escuela de Trabajo Social “Dr. Jesús Aquino Juan”, en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaria de Seguridad Publica de Chiapas, en la Universidad Mesoamericana de esta Ciudad, entre otros. Como ponente ha ofrecido diversas conferencias en instituciones nacionales como extranjeras, tales como la Universidad “Rafael Landivar” de la hermana República de Guatemala, C.A., en el Instituto Mundial de Estudios Superiores de la Ciudad de León, Guanajuato y en la Procuraduría de ese mismo Estado; así como en la universidad de la Costa campus Puerto Vallarta, de la Universidad de Guadalajara; también se ha desempeñado como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Actualmente es delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociación de Abogados de México A .C. (CONCAM). Rector desde 2009 de nuestra Alma Máter, en la cual ha seguido los pasos de su señor padre el Dr. Jorge Alejandro Sarmiento Rojas QEPD, de la mano de este joven profesionista nuestro Instituto se ha consolidado hasta ser la mejor opción para estudiar la Licenciatura en Derecho y diversos posgrados en nuestro Estado de Chiapas;también ha logrado posicionar a esta Casa de Estudios para ser la institución más reconocida a nivel internacional por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, mismo consejo que le ha otorgado diverso premios tales como: Magister en Gestión Educativa y Doctor Honoris Causa. Quién uién es E 02 Ipso Iure Agosto 2014

[close]

p. 5

Artículo por: Dr. Israel Alvarado Martínez ¿PUEDEN LAS AUTORIDADES PROMOVER DEMANDAS DE AMPARO? Uno de los medios de control constitucional más añejos y también más recientemente modificados, es el juicio de amparo. Parafraseando a Ferrajoli, tal figura pretende, en síntesis, reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, a fin de posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. n tal sentido, la Constitución mexicana reconoce que tales derechos fundamentales no solo le son propios a las personas físicas, sino también a las jurídicas, morales o colectivas, por lo que la tutela de sus derechos, también deberá ser objeto del juicio de amparo. Pero la pregunta de fondo es, ¿todas las personas jurídicas se encuentran legitimadas para ocurrir al amparo? La respuesta pareciera simple y, hasta cierto punto lo es, el problema es cuando algunos de los supuestos fácticos que se dan en la praxis, no necesariamente se encuentran regulados nítidamente por la Ley de Amparo. E Así, la ley de referencia menciona en su art. 4° que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, y el art. 8° reconoce que también las personas morales privadas podrán acudir al amparo a través de sus legítimos representantes, pero para el caso de las personas morales oficiales restringe su actuación tan solo a los casos en los que el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales. Una redacción como esta, deja en claro que solo ante la presencia de una afectación patrimonial es que las personas morales oficiales pueden recurrir a este medio de control constitucional, lo que no deja claro es si ante cualquier afectación patrimonial es que pueden hacerlo. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que los entes de gobierno o personas morales oficiales, pueden ser sujetos de derecho público y privado. El primero de los casos se presenta cuando llevan a cabo actos en un nivel de supraordinación como entidad soberana en ejercicio de sus facultades; en tanto que el segundo de ellos acontece cuando se coloca en un nivel de coordinación con los particulares, pues pierde sus atributos de autoridad, pues sus determinaciones pierden las características de unilateralidad e imperatividad, tal y como sucede cuando comparece a juicio ante una autoridad judicial, pues en ese momento, desprovista de total imperio respecto de su conteniente, se coloca bajo la potestad de un órgano jurisdiccional en iguales circunstancias a las de un ente particular, ya que no guarda ningún tipo de relación de supraordinación respecto de su contraparte, y en contrario se somete a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que dirima la controversia. Agosto 2014 Ipso Iure 03

[close]

p. 6

En ese orden de ideas, a las personas morales oficiales se les excluye del acceso del juicio de amparo cuando pretenden defender los actos que emitieron en su carácter de personas morales de derecho público, por considerarse entonces actos de autoridad, en tanto que se producen de manera unilateral e imperativa y, lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y cuya pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Así las cosas, en un juicio a priori sobre la procedencia de su intervención en materia penal, podría sostenerse que cuando la víctima es el Estado y este denuncia por la vía penal a fin de que, entre otras cosas se le pueda reparar el daño, puede considerarse que no lo hace como autoridad, sino como particular, no obstante que los criterios judiciales las sitúan como entes de gobierno sujetos de derecho privado para que sea procedente, pues no es en su carácter ni siquiera de parte como Ministerio Público, sino tan solo como víctima. Pero existe un caso más, aún más curioso que no atiende a ese criterio económico de la afectación de sus intereses patrimoniales, aun cuando sí exista una vinculación con la reparación del daño. En efecto, si el criterio es que a la persona moral oficial se le afecte su patrimonio, no existen muchos más casos vinculados con el tema penal, pero si la interpretación se hace de manera extensiva —como debe hacerse en materia de víctimas—, el panorama puede ser otro. Los artículos 1° y 20, apartado B constitucionales establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con tales ordenamientos relativos a estos derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en especial —por lo que a este argumento interesa— a quien se le considere como víctima, quien tendrá, entre otros derechos, la posibilidad de (i) coadyuvar con el Ministerio Público, (ii) a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente (tanto en la averiguación previa como en el proceso),(iii) a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y (iv) a que se le repare el daño. En ese entendido, los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley General de Víctimas establecen que la reparación integral comprende las medidas de restitución rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, debiendo existir mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral. Pero, ¿qué tiene que ver la figura de la víctima con la posibilidad de que un ente de gobierno pueda acudir al amparo como quejoso? La respuesta solo puede presentarse ante casos concretos en los que, más allá de lo que dice la norma de manera directa y literal, existe todo un sistema de justicia penal que reconoce en una de estas autoridades la figura de la representación de ciertos bienes jurídicos que le pertenecen a la sociedad, misma que en determinados delitos, resiente la afectación de manera directa, como sujeto pasivo, lo que la sitúa en su papel de víctima y/u ofendido y a la persona moral oficial como representante de la misma, que tiene el reconocimiento constitucional de intervenir en la defensa de sus derechos. El razonamiento parte de las siguientes posturas: 1. — De conformidad con los art. 32 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2°, fracción XXXI, apartado C; 118, y 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, corresponde al Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras atribuciones, fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, así como vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas, sobre la restauración y preservación de la calidad del medio ambiente. 2. — Tales atribuciones, se ven concretizadas con las de salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales., así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaría que le son reconocidas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 3. — Esas facultades de la PROFEPA se traducen en vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en el derecho humano enmarcado en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 4.— El artículo 1°de la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente concretiza tal situación, al señalar que dicha ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del Equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y buscagarantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 5. — Ese mismo contenido deóntico se encuentra inmerso en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, misma que precisa en su artículo 1°, párrafo segundo, que sus preceptos son reglamentarios del artículo 4° Constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 6. — Siendo la sociedad el sujeto pasivo de todos los delitos contra el ambiente, se sitúa a esta como la víctima en tales ilícitos penales y, al señalar la Ley General de Victimas, en sus artículos 4°, 7° y 12 que son víctimas directas aquellas personas que hayan sufrido cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, y que sus previstos en la misma ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. En ese orden de ideas, de una interpretación sistemática de las normas señaladas se colige que es un derecho fundamental de la víctima participar en los procesos penales, en aras de salvaguardar sus derechos fundamentales, ya sea por sí, o a través de sus representantes, que para el caso de los delitos contra el ambiente, lo es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la PROFEPA. De tal suerte que es esta Procuraduría quien deberá tener la representación de la víctima en los procesos penales federales y, en términos de lo dispuesto por los art. 10 y 13 de la Ley de Amparo, será una persona moral oficial —en este caso la PROFEPA— la que una vez tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable (Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito) acuda al juicio de amparo (i) contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil, (ii) contra los actos relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil y, (iii) contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional. II 04 Ipso Iure Agosto 2014

[close]

p. 7

Artículo por: LA TEORÍA DEL DELITO Y EL PROCESO PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO Dr. Sergio Suárez Daza “Para Rebeca, por sus valiosas y trascendentes aportaciones, no a la ciencia, sino a mi vida.” La reforma constitucional de junio de 2008 en México, generó un cambio de estructura procesal, motivando una considerable producción literaria que reflejan el esfuerzo por explicar las diversas etapas del proceso penal acusatorio; penalistas y académicos de gran prestigio, incluso con visiones discordantes, aportan elementos de reflexión, no solamente teóricos, sino también prácticos sobre las nuevas reglas procesales, que sin lugar a dudas han contribuido a la comprensión del tema y para establecer parámetros en las actuaciones de los operadores del proceso, facilitando la implementación de la reforma constitucional. ambién, en esta dinámica de cambios, surge la postura de considerar que la teoría del delito dejará de tener aplicabilidad, entre otras consideraciones, por lo pragmático del sistema procesal y por no considerarse una herramienta útil para explicar el derecho penal mexicano, cuestionando incluso la cientificidad de la teoría del delito y en algunos casos, suponiendo que la teoría del delito será sustituida por la teoría del caso. Lo anterior más allá de apasionamientos polarizantes que devienen en expresiones grotescas -por decir lo menos- y muestras de intolerancia intelectual, generan un buen pretexto para reflexionar sobre el tema. En esa intención y con ánimo de darle estructura al argumento que se pretende desarrollar en el presente artículo, conviene dar inicio con una pregunta básica, pero en esencia provocadora para los juristas: - ¿El derecho es una ciencia? La respuesta es No. Si por ciencia entendemos el conjunto organizado de conocimientos sobre una materia determinada, a los que se llega mediante la observación y análisis de sus fenómenos, causas y efectos. Y si bien es cierto el derecho es discurso, preceptivo, ordenado e integrado con normas jurídicas, también, que es una expresión del poder del Estado, entonces por sí mismas las normas jurídicas no pueden considerarse como ciencia, porque el Estado en el ejercicio de su potestad no estudia a la norma jurídica, sino la crea. Entenderlo en sentido distinto es darle al legislador la categoría de científico, ni tampoco es técnicamente correcto, pretender justificar que por aplicar un método para legislar, se puede atribuir un grado de cientificidad al derecho. No hay que confundir los propósitos, mientras los métodos en las ciencias tienen como fin llegar a conocer el objeto de estudio, el método legislativo tiene como finalidad la elaboración de las normas jurídicas, además de que no todo método es científico. T Sin embargo, la norma jurídica es objeto de conocimiento en sí misma por formar parte de la realidad y puede ser estudiada por distintas áreas del conocimiento, por ejemplo: Ø La historia y así tenemos la historia del derecho. Ø La sociología lo que da por resultado la sociología jurídica. Ø La filosofía lo que le da sustento a la filosofía del derecho. Ø Etc. Es decir, la norma jurídica, como objeto de conocimiento puede motivar el interés intelectual de muchas áreas del saber, en los que se aplicarán diferentes metodologías, por lo que las conclusiones a las que se llegarán serán múltiples y diversas. Y bajo esta misma vertiente es de resaltar, que la norma jurídica también es objeto de estudio de la ciencia, lo que da génesis a la ciencia jurídica. Ahora bien, es una constante casi irreflexiva, que cuando se habla de la ciencia jurídica, también surja la expresión de dogmática jurídica como su equivalente o sinónimo o incluso se le ha atribuido la categoría de método, lo cual en ambos términos es un error conceptual y por consiguiente de referencia, por lo siguiente: De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española en una de sus acepciones define al dogma como: “Proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable de una ciencia.” Cuando la norma jurídica es estudiada por la ciencia, no cuestiona su validez, ni su existencia, la da por firme y cierta, es decir, la acepta como lo que “ES” una expresión del poder del Estado, no cuestiona si es justa o no, su impacto social o la legitimidad de su origen, eso es motivo de estudio de otras áreas del conocimiento como ya se dijo. (Filosofía del derecho, la ética jurídica, sociología jurídica, ciencia Agosto 2014 Ipso Iure 05

[close]

p. 8

política, etc.) En tal sentido, cuando la norma jurídica se vuelve objeto de estudio de la ciencia, ésta la acepta de manera dogmática , por las razones anteriormente expuestas y de ahí parte para su estudio y análisis, desestimando todo aquello que considere meta-jurídico, no porque no sea importante, sino porque eso forma parte de otra área del conocimiento. Así pues, como resultado de este proceso intelectual, se produce el conocimiento científico, es decir, como el discurso lógicamente estructurado, producto de la integración sujeto-objeto seguida con base en una estrategia -método- racionalmente determinada, que ofrece las condiciones con las cuales dichos predicados puedan superar la prueba de su problematización, e s d e c i r, s u c u e s t i o n a m i e n t o y s u contrastación. El conocimiento tiene como fin la búsqueda de un mayor grado de certeza y el conocimiento científico destierra los subjetivismos, por eso es preciso, objetivo, universal (validez) y comprobable. En este orden de ideas, es de gran importancia recordar que la destilación del conocimiento científico se expresa mediante teorías, por lo que es factible afirmar que la teoría constituye el lenguaje de la ciencia, y la teoría a su vez se conforma de conceptos, que fueron creados como herramientas lingüísticas que permiten interpretar, entender y dar explicaciones de la realidad. Por esta razón cuando son estudiadas las normas jurídicas de manera general, desde una perspectiva científica, el resultado será una teoría general del derecho. Lo mismo sucede con el delito, el cual puede ser objeto de estudio de muy diversas ramas del conocimiento, pero al ser objeto de estudio de la ciencia jurídico penal, dará como resultado la teoría del delito. Y dependiendo del método que se utilice, gestará las diversas vertientes teóricas, tales como: u Causalismo clásico (naturalismo). u u u u Causalismo neoclásico (neokantismo). Finalismo. Funcionalismo moderado. Funcionalismo radical. antelación y a manera de conclusión, es posible sostener que no existe justificación alguna para que la teoría del delito como producto de la ciencia jurídico penal deje de tener aplicabilidad por la implementación del proceso penal acusatorio, muy por el contrario, la implementación del nuevo paradigma procesal en México, brinda a la ciencia penal, la gran oportunidad para que a partir de sus explicaciones conceptuales, se cumplan con los objetivos constitucionales planteados para este rubro, considerando que la reforma, es eminentemente adjetiva y no sustantiva, además de que el conocimiento de la teoría del delito como expresión de la ciencia jurídico penal da la pauta para: u Identificar las corrientes teóricas que sigue el legislador. u Proporciona elementos para una adecuada argumentación jurídica. u Brinda alternativas de solución. Y aquí es conveniente hacer el siguiente cuestionamiento bajo el mismo tenor: ¿Cómo se le da utilidad a las teorías del delito? Y la respuesta es: Mediante la política criminal que cada Estado adopte. En efecto, la influencia de las diversas teorías del delito se encuentra reflejada en los conceptos que devienen de ellas y de los cuales el legislador toma para el diseño de las normas jurídico penales. En este ejercicio legislativo, los conceptos dejan su estatus teórico para convertirse en normas jurídico penales, positivas y vigentes. En concordancia con lo esgrimido con u Permite realizar propuestas que mejoren la legislación penal sustantiva para que operativamente se alcancen los objetivos de justicia. De igual forma, tampoco existe asidero justificante para suponer que la teoría del delito pueda ser sustituida por la teoría del caso, por ser una expresión meramente indicativa y no producto de la actividad científica, además porque en estricto sentido metodológico, no alcanza el rango de “teoría” sino apenas de hipótesis del trabajo de investigación. IJ 06 Ipso Iure Agosto 2014

[close]

p. 9

Artículo por: Mtro. Luis Marín Bolaños DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA, PRUEBAS Y PRUEBAS SUPERVENIENTES. De acuerdo con las reformas de fecha ocho de junio del dos mil ocho, y de la interpretación del artículo 20 apartado B fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los tratados internacionales y leyes secundarias, se advierte que es indispensable hacer saber al imputado la gama de derechos humanos y garantías fundamentales a que tiene derecho desde el momento que es detenido. entro de los derechos que tiene el detenido, está precisamente el de ofrecer pruebas que considere pertinentes para contradecir las aportadas por el Ministerio Público, concediéndole el tiempo necesario y auxiliándolo para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señala la ley. Artículo 20. IV. “Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estima necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley”. En el mismo sentido el Código Nacional de Procedimientos Penales, en diferentes numerales, manifiesta que las partes tienen en todo momento el derecho de aportar datos de D prueba o pruebas durante el procedimiento para sostener sus planteamientos y desvirtuar la imputación o acusación. Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba. “Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos por este Código”. Artículo 113. Derechos del imputado. “El imputado tendrá los siguientes derechos: IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código”. Artículo 117. Obligaciones del defensor. “Son obligaciones del defensor: VII. “Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado”. DIFERENCIA ENTRE DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS. La diferencia que existe entre uno y otro concepto es radical, ya que dependerá en qué etapa del procedimiento se ofrezcan o presenten, se desahoguen y se valoren, para estar en posibilidad de darles el valor que se merecen; para tal efecto, los artículos correspondientes del Código Nacional al respecto dicen lo siguiente: Artículo 259. Generalidades… “Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundamentar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable”. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. “El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano Jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Agosto 2014 Ipso Iure 07

[close]

p. 10

Los medios o elementos de prueba, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de Enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación”. Como lo mencionamos con anterioridad, para nosotros recibe el nombre de dato de prueba, cualquier indicio que tenga relación con el hecho que la ley considera como delito o con la comisión o participación del imputado en el hecho, siempre y cuando aún no haya sido desahogado ante un juez, salvo las excepciones que la propia ley señala como es el caso de la prueba anticipada y la irreproductible. Si bien es cierto que durante la etapa de la investigación inicial, el Ministerio Público se allega datos de prueba que en un momento determinado le sirven para poder acreditar el hecho y la comisión o participación del imputado, también lo es, que éste a través de su defensor tiene oportunidad de ofrecer ante la Representación Social datos de prueba que en un momento dado lo beneficien al momento de que la autoridad administrativa determine si ejerce o no acción penal. Otro momento oportuno para ofrecer datos de prueba, lo tiene la defensa durante la etapa de investigación complementaria, específicamente en la audiencia inicial, es decir, dentro del plazo constitucional, una vez hecha la imputación correspondiente por parte del órgano acusador. Artículo 308. Control de legalidad de la detención... “Formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si entiende y si es su deseo contestar al cargo; si el imputado manifiesta su deseo de declarar lo podrá hacer en ese momento”. Para el caso de que el imputado quiera contestar la imputación, la Constitución y la ley adjetiva le otorga el derecho a ofrecer y desahogar en su favor datos de prueba ante el juez de control, para que sean tomados en consideración al momento de resolver su situación jurídica. Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. “El imputado o su defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el juez de control”. Artículo 315. “La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirá en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate del juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego el imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso”. Posteriormente y durante la audiencia intermedia y sobre todo al momento en que el Ministerio Público Formula acusación, la ley procesal en comento y específicamente en su artículo 334 fracción VII, obliga a señalar los medios de prueba que pretenda ofrecer para acreditar el hecho y su comisión o participación en el mismo. Artículo 334. Contenido de la acusación. VII. “El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer,…” Por parte de la defensa nuevamente le nace el derecho para poder ofrecer medios de prueba una vez que le haya notificado la acusación, o bien, podrá hacerlo durante la audiencia intermedia. Finalmente, las partes de nueva cuenta podrán ofrecer nuevas pruebas cuando la ley así lo señale, tal es el caso de las pruebas que a continuación se señalan. ¿QUE SON LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES?. De manera muy general podemos decir que las pruebas supervenientes, son las que nacen después del periodo de ofrecimiento de pruebas, o aquellas de las que recientemente se tiene conocimiento. La prueba superveniente implica que la misma deba ser de fecha posterior al ofrecimiento de la prueba en la etapa intermedia, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que se tuvo conocimiento de su existencia después de aquella; por consiguiente, después del periodo de ofrecimiento de pruebas únicamente se admitirán como prueba superveniente las que se hallen en alguno de los casos siguientes: I. Ser de fecha posterior al período de ofrecimiento de pruebas. II. Los anteriores respectos de los cuales protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido conocimiento de su existencia. La doctrina con relación a las pruebas supervenientes nos señala a manera de ejemplo lo siguiente: Documento. El carácter de superveniente se lo da la ley a constancias que sean de fecha posterior a la demanda, o de fecha anterior, si la parte que la ofreció protesta no haber tenido conocimiento de ella con anterioridad. Hecho superveniente. Un hecho es superveniente, cuando tiene lugar o es conocido por el interesado después de presentada la demanda y la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, dándole vista a la contraparte a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Nuestro Código Nacional, prevé las pruebas supervenientes en su artículo 390, mismas que se podrán ofertar siempre que la parte que las ofrezca lo haga antes de que se cierre el debate y se trate de un hecho superveniente y manifieste no haber tenido conocimiento de su existencia. Artículo 390. Medios de prueba nueva y su refutación. “El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia… El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate,…” De lo anterior podemos concluir, que durante todo el procedimiento el imputado tiene el derecho de ofrecer datos de prueba o pruebas, con las que pretenda contradecir o refutar las presentadas por la Representación Social, con independencia de que el proceso sea acusatorio y la carga de la prueba le corresponda al acusador, o del principio de presunción de inocencia que tiene a su favor el imputado, con la salvedad de que se encuentre en alguno de los supuestos señalados anteriormente y que sean ofrecidas antes de que se cierre el debate. II 08 Ipso Iure Agosto 2014

[close]

p. 11

Artículo por: Lic. Adriana Mercedes Ramos Díaz PENA DE PRISIÓN, SISTEMAS PENITENCIARIOS Y SU REFORMA PENAL EN MEXICO En el siglo XVII surge la pena de prisión; antes, la pena de muerte PENA DE PRISIÓN. Atendiendo al moderno concepto podemos decir que LA PENA DE PRISIÓN consiste en la privación de la libertad por un periodo de tiempo determinado, impuesta por la autoridad judicial competente dentro de los parámetros previamente establecidos por el legislador; con la finalidad de reintegrar al delincuente a través del trabajo y la educación teniendo claro que su objeto es reinsertarlo en la sociedad donde se venía desarrollando. El objetivo de la pena de prisión, radica en la persona que tiene el carácter o calidad de reo, esto es, la persona condenada por sentencia que ha causado ejecutoria y que por lo tanto está obligada a someterse a la ejecución de la pena imputada por el juzgador. La pena (la sanción) es una institución fundamental y le da el nombre al sistema penal: recordemos que esta sanción, surge por la necesidad de reprimir y sancionar severamente los delitos que causan daños más graves a la sociedad, y eso per se, explica suficientemente su implementación y permanencia como uno de los elementos más férreos de control con que cuenta el Estado Mexicano en materia de política criminal. Entre las sanciones fundamentales de la sociedad en materia penal están, ¿Qué prohibir?, ¿Cómo sancionar? y ¿Para qué sancionar?. La respuesta es: para castigar, para disuadir a los potenciales infractores, para apartar al infractor de la sociedad y evitar que vuelva a delinquir o para darle los elementos de su reinserción a la sociedad). En México, la Constitución Política establece en su artículo 22, primer párrafo: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado". lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto". Por reciente adición legislativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio de 2011, se incorporó la base del respeto a los Derechos Humanos; tres años atrás en Junio de 2008, se habían dado reformas, sustituyendo la "readaptación social del delincuente" como objetivo del sistema que databa de 1965, por la "reinserción del sentenciado". Asimismo dicha innovación incorporó a la salud y al deporte como bases para lograr La prisión emerge al individualizarse la la reinserción. sanción impuesta por un Juez a través del debido proceso y al ejecutarse ésta. De tal El sistema penitenciario, es el ámbito del manera que la pena debe de ser sistema penal en que se hacen más socialmente adecuada, justa y humana. evidentes los aciertos o desaciertos de la política criminológica. EL SISTEMA PENITENCIARIO. La privación de la libertad es una de las El principal referente normativo del mayores sanciones que el Estado puede sistema penitenciario es la Constitución infligir a los miembros de la comunidad. Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 18, segundo párrafo Se registra sobrepoblación en los centros establece: "El sistema penitenciario se penitenciarios, las tasas de reincidencia organizará sobre la base del respeto a los son altas; los delitos de alto impacto no han Derechos Humanos, del trabajo, la dejado de crecer, la violencia prolifera en capacitación para el mismo, la educación, los penales, los grupos criminales operan la salud y el deporte, como medios para d e s d e e l i n t e r i o r d e l o s c e n t r o s Agosto 2014 Ipso Iure 09

[close]

p. 12

penitenciarios. Todos estos hechos nos indican que el sistema penitenciario no está cumpliendo sus objetivos sociales y legales. La población penitenciaria en México, en Enero de 2013 era de 242,754 personas que estaban privadas de su libertad; en el país existen 420 centros penitenciarios distribuidosen los diversos ámbitos de competencia, los cuales tienen una capacidad para 195,278 personas. De los 242,754 internos del país, 11,641 son mujeres (4.8%) y 231,113 son varones (95.2%). Las mujeres son acusadas y sentenciadas mayoritariamente por delitos en materia de narcóticos. La posibilidad de reinserción en el sistema de ejecución de sanciones mexicano, está enfrentando una severa crisis, pues el constante incremento en la población carcelaria de los años recientes ha dejado muy atrás la capacidad instalada en los centros penitenciarios, dando lugar a la sobrepoblación y hacimiento que son el principal obstáculo para las políticas y programas de reinserción; cada día hay menos espacios para dar cabida a más y más internos; ha habido reducción de espacios para actividades psicoterapeutas, pedagógicas, etc., esto para habilitar dormitorios. Esta incapacidad trae a colación dos elementos que contribuyen a la crítica situación de los centros penitenciarios y restringe mucho la calidad de vida en los centros de reinserción mexicanos. La corrupción y el autogobierno se exacerban como triste consecuencia de la sobrepoblación penitenciaria. Dado que la saturación y la poca inversión pública generan un entorno de escasez, se da lugar a una disputa para los espacios, alimentos y los servicios que de acuerdo con la normatividad internacional adoptada y las normas mínimas establecidas en la Legislación Mexicana deberían ser suministradas de manera transparente y gratuita a los internos. Se han documentado por diversas instancias, las redes de corrupción que operan en los centros penitenciarios, en ocasiones operados por los mismos servidores públicos (particularmente los custodios) y en ocasiones se presentan casos de extorsión realizados por los propios grupos dominantes de internos (autogobierno). La saturación de los centros penitenciarios, la insuficiencia de la infraestructura, así como deficientes medidas de seguridad, propician que en la práctica no se cumpla la obligación constitucional de que los internos procesados estén "completamente separados",artículo 18 Constitucional párrafo primero y reglas mínimas para el tratamiento de los internos de la Organización de las Naciones Unidas, (Artículo 8). Tampoco se realiza la adecuada clasificación y separación de internos, de acuerdo a estudios técnicos de personalidad, siendo frecuente que convivan en los centros penitenciarios estatales, los internos de baja y mediana peligrosidad, e incluso los de alta peligrosidad, lo que propicia la contaminación criminógena. La sobrepoblación y las malas condiciones de reclusión, hacen de los centros penitenciarios mexicanos “bombas de tiempo”, como ya diversos organismos nacionales e internacionales lo han manifestado. Esto favorece que los motines sean más frecuentes y la violencia se mantenga en niveles alarmantes. Las fugas, las riñas, los suicidios y los homicidios se han incrementado exponencialmente. Los grupos del crimen organizado han extendido sus disputas a los centros penitenciarios. En 2009 se registraron 73 homicidios; en tanto que en el 2011 el indicador llegó a 120 homicidios mientras que en 2012 superando la cifra, llegó a 139 homicidios. La desnaturalización y abuso en el uso de la prisión como sanción o medida cautelar, vulnera el derecho fundamental de una adecuada política criminológica, guiada por la proporcionalidad de las sanciones, y por las acciones de salud, educación, trabajo, capacitación y deporte para la reinserción social. EL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO. El nuevo sistema de justicia adversarial, que establece el proceso oral y acusatorio en materia penal, cuya génesis la encontramos en el artículo 20 de la Constitución Política Mexicana, muestra en su operación un uso más racional de la sanción extrema de prisión. En este nuevo sistema penal se busca que solo lleguen a juicio los casos en los que se trata de delitos violentos o bien aquellos en los cuales, las partes no dieron su consentimiento para acudir a un mecanismo alternativo. La reforma constitucional de Junio de 2008, consiste en la formulación expresa en el texto constitucional de la garantía de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, cambia el régimen de aplicación de la prisión preventiva, se establecen condiciones de procedencia y deben ser argumentadas ante el Juez por las partes y se limita la prisión preventiva obligatoria u oficiosa a unos cuantos delitos. El nuevo régimen Constitucional de la prisión preventiva esta previsto en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional: "El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". En el nuevo sistema de justicia penal los casos de prisión preventiva oficiosa no deben de exceder de estos delitos mencionados por la Constitución, al solicitar la imposición de la prisión preventiva los ministerios públicos, deben argumentar y probar ante el juez, el riesgo de que la persona en proceso penal se fugue o que se presente algún peligro para la víctima, la investigación o la sociedad. Este cambio de paradigma y la transformación del marco normativo, sustantivo y procesal en todo el país, permitirá reducir muy significativamente el problema de la sobrepoblación que como se reitera, es una condición que impacta la efectividad de las tareas de reinserción y deteriora las condiciones de reclusión. Además de los contenidos y la armonización de los programas de reinserción, se debe de profesionalizar al personal administrativo, técnico y de custodia, así como alinear su perfil y competencias con el programa de reinserción. El gobierno federal creó la “Academia Nacional de Administración Penitenciaria”, que puede ser fortalecida para apoyar en la formación del personal de todo el sistema penitenciario. II 10 Ipso Iure Agosto 2014

[close]

p. 13

Artículo por: Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles TECNICOS VS LICENCIADOS En los últimos años han proliferado las ofertas educativas técnicas, estas que te ofrecen culminar tus estudios en muy poco tiempo y con un numero mínimo de horas clase, pero si todavía no te decides entre una Carrera Técnica o una Licenciatura, tratare de explicarte en que consisten para que tomes la mejor decisión. Carreras Técnicas Son de corta duración, generalmente no superan los tres años de estudio y su objetivo principal es brindar una formación preponderantemente practica sin abarcar muchos fundamentos teóricos específicos del área de conocimiento. Licenciaturas Son las carreras mas conocidas en nuestro medio, en ellas estarás inmerso en los estudios entre cinco y seis años. Su objetivo es la preparación académica bajo una fuerte formación teórica, dirigida a una ciencia en particular para luego en los últimos semestres acercar al estudiante a la vida practica. Técnicas vs. Licenciaturas. “Parecidas pero no iguales” Si entre Técnicas y Licenciaturas se comparten áreas de estudio, entonces en que se diferencian?. Ventajas de un Técnico. ü El Costo de inversión es notoriamente mas bajo ü El tiempo de duración de la carrera es menor ü En algunos casos no es necesario una Tesis o Examen ý remuneración y oportunidad de crecimiento profesional. û Las Licenciaturas requieren de mayor tiempo e inversión económica, así como de perseverancia y compromiso. Y entonces al final ¿Por cual me decido? Considera tus habilidades, posibilidades económicas y áreas de oportunidad para que escojas entre una carrera técnica o una Licenciatura según tu conveniencia. Entrevista a algún profesional en el campo que te interesa y resuelve con el todas tus dudas, así tendrás una idea de las habilidades académicas personales y hábitos de estudio que deberás tener para desarrollarte profesionalmente; al final te darás cuenta que no es tan difícil saber por que las Licenciaturas siempre subsistirán a las Técnicas. II profesional. Ventajas de una Licenciatura. þ þ þ þ þ Mayor profundidad en conocimientos Soporte Teórico – Practico. Al graduarte, tu titulo tendrá un mayor grado académico Generalmente tienen un mayor reconocimiento Tendrás una mayor posibilidad de obtener un mejor puesto de trabajo. Y las desventajas. . . . Si las comparas, encontraras una serie de debilidades que no deberías pasar por alto a la hora de decidirte. Estas son: ý Los Técnicos poseen una menor preparación y por ello, en el mundo laboral, tienen una menor Agosto 2014 Ipso Iure 11

[close]

p. 14



[close]

p. 15



[close]

Comments

no comments yet