Ipso Iure Año 9 No. 16

 

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Ipso Iure Año 8 No. 15

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Ipso Iure Año 9, Núm. 16, Febrero 2014 Quién es Quién Dr. Paul Octavio García Torres Artículos Imputabilidad en Los Menores Dr. Bernabé Luna Ramos EL Papel del Mediador en los Casos Penales Mtra. Marisela Cifuentes López Audiencia Intermedia Mtro. Luis Marín Bolaños Control Difuso de Convencionalidad Ex Officio Mtra. Alexandra Ruíz Gordillo Publicación Universitaria de distribución gratuita Portada: Génesis. Nacimiento de una nación, Orígenes de la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Autor: Héctor Cruz García

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Ipso Iure 01 Director General Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Director Administrativo Lic. Sofía Robles Loarca Diseño y Contenidos Ing. Raymundo A. Herrera Rodríguez Corrección de Estilo Mtro. José A. Hernández Urbina Contenido EscribenenesteNúmero Dr. Paul Octavio García Torres Quién es Quién 02 Artículos 03 05 06 Imputabilidad en los Menores. Dr. Bernabé Luna Ramos. El Papel del Mediador en los Casos Penales. Mtra. Marisela Cifuentes López. I E S Audiencia Intermedia Mtro. Luis Marín Bolaños. , 08 Ipso Iure, Año 9, Num. 16, Febrero de 2014. Revista semestral publicada y editada por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, Av. Río Verde esq. C. del Molino S/N, Colonia La Isla, C. P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. +52 (967) 678-56-69, 678-96-47, 631-67-63. Revista Universitaria de Publicación Gratuita. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. ¿Quieres leer los números anteriores? ingresa a este Vinculo y podrás leer en linea o descargar todas las publicaciones anteriores Control Difuso de Convencionalidad Ex Officio Mtra. Alexandra Ruíz Gordillo. Relevante 10 Agosto 2013 - Febrero 2014 Cuadro de Honor Quema de Libros 13 Anuario Generación 2009-2014 Egresados de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Licenciatura en Derecho. http://ies.edu.mx/ipsoiure.htm

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ESCRIBEN EN ESTE NUMERO Ipso Iure Dr.BernabeLunaRamos Coordinador del Claustro de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de esta Institución, Licenciatura en Derecho por la UNAM, Diplomado en Derecho Notarial por la UNAM, Maestría en Derecho por la UNAM, Doctorado en Derecho por la UNAM. Diplomas y medallas por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Honoris Causa, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctorado Honoris Causa, otorgado por el Instituto Manuel José de Rojas. Profesor Huésped de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en mas de cuatrocientos exámenes profesionales. Ha asesorado mas de cien tesis de licenciatura y cinco de maestría. Representante del Consejo Técnico de la Enep-Aragon ante la Comisión dictaminadora Area Ciencias Socio-Humanísticas. Mtra.MariselaCifuentesLópez Maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Docente Certificada por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio en México (SETEC). Profesora de diversas Universidades Públicas y Privadas en México, miembro del Claustro académico de la Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Jurídico Penal de esta institución Mtro.LuisMarínBolaños Licenciatura en Derecho por la UNAM, Maestría en Ciencias Penales por la UNAM, obteniendo el grado con Mención Honorífica, Actualmente es parte del Claustro de Maestría en Derecho Penal con Especialidad en Jurídico Penal de esta Institución, Profesor en las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en la UNAM (F.E.S. Aragón), Abogado Litigante. Mtra. Alexandra Ruiz Gordillo Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Pueb la, A.C., Maestría en Derecho Penal por la misma Institución, y Maestria en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Abogada Postulante y Catedratica de este Instituto. Febrero 2014 Ipso Iure 01

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Dr. Paul Octavio Garcia Torres riginario de Orizaba, Veracruz; estudió la licenciatura en Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; con estudios en Morfología y Neuromorfología Humana y Animal Comparada, en la UNAM; en Medicina Aeronáutica, en Investigación de Factores Humanos en Accidentes de Aviación y en Medicina forense, Criminalística y Criminología por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Derecho administrativo por la Facultad de Derecho en la UNAM. Desde 1974 se ha desempeñado como Profesor en la UNAM, Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria; en 1975 en Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP) (ahora Facultad de Estudios Superiores) de la cual fue profesor fundador, en la ENEP Zaragoza (actualmente FES) de la cual también fue fundador en las áreas de las Ciencias Morfológicas (Anatomía Humana, Neuroanatomía Humana, Neurofisiología Humana; Anatomía Animal Comparada) hasta 1991. Desde 1993 a 1995 como Jefe de Departamento de Criminalística del Instituto de Capacitación de la P. G. R., donde participé en la organización e impartición de cursos de formación y actualización en ciencias forenses, para agentes del Ministerio Público Federal y Peritos Profesionales, de la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR y de procuradurías estatales. Presentación como Ponente en los siguientes cursos: Ÿ Diplomado en Derecho Penal de los Estados Unidos de América. INACIPE. Octubre 1996. Ÿ Aportes y Expectativas de las Ciencias Forenses y Criminalísticas en el Nuevo Milenio. Centro de Estudios en Procuración y Administración de Justicia A. C. Abril 1997. Ÿ Curso de Actualización para Agentes del Ministerio Público del Fuero Común. Academia de Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación. Noviembre 1997. Quién uién es O Ÿ Curso de Actualización en Criminalística. INACIPE. Marzo 1998. Ÿ La Entrevista en la Investigación de Delitos. INACIPE. Agosto 1998. A partir del 2000 y hasta la fecha se desempeña como profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo las materias de Medicina Forense y Criminología tanto en el Sistema Escolarizado como en de Universidad Abierta y en el Sistema de Educación a Distancia. Publicaciones: Ÿ Manual Básico de formación del Agente del Ministerio Público. Ÿ Enciclopedia CCI Criminalística, Criminología e Investigación. Ÿ Código de ética para los servidores públicos de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal. El Doctor Paul Octavio García Torres, orgullosamente es miembro del Claustro Académico De Posgrado de esta Magna Institución, específicamente en la Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Jurídico Penal desde el año 2012 a la fecha. 02 Ipso Iure Febrero 2014

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LA IMPUTABILIDAD EN LOS MENORES Artículo por: Dr. Bernabe Luna Ramos. La imputabilidad ha sido objeto de innumerables estudios y tan es así que la doctrina le atribuye diversa naturaleza y así encontramos que se le define de la siguiente manera: Es la posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del autor, para obrar según el justo conocimiento del deber existente. (Ernest Mayer) Es la capacidad de culpabilidad (Welzel). Es la capacidad de delinquir (Carnelutti). Es la posibilidad de imponer la pena, dado que sus efectos I mputabilidad es la Capacidad de entender y de querer en el campo del Derecho Penal. (Castellanos Tena). intimidantes solo pueden producirse en personas imputables (Feuerbach, Alimena). Si bien es cierto que la doctrina es coincidente en cuanto al contenido de la imputabilidad, al considerarla como la capacidad o conjunto de capacidades que debe reunir el sujeto al momento de realizar el delito, también lo es que ésta ha sido objeto de innumerables estudios y es quizá el más controvertido aspecto del delito, en el que los autores no se ponen de acuerdo sobre su naturaleza jurídica. Febrero 2014 Ipso Iure 03

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Sin embargo en cuanto a los menores de edad, la mayoría de los autores afirma que estos son inimputables en razón de carecer de capacidad, ya que señalan que la imputabilidad se integra con dos elementos que son: A.- La capacidad legal, que se adquiere a los 18 años y B.- La capacidad física que se tiene cuando el sujeto goza de un normal desarrollo psico social. Raúl Zafaroni afirma “que de admitirse el criterio dominante en la doctrina, que presume (presunción juris et de jure) la inimputabilidad de los menores, ésta no debe entenderse como una presunción, sino como una ficción, ya que la presunción se establece con lo que generalmente acontece, y no sucede que un menor, después de su cumpleaños, amanece con capacidad de culpabilidad”. La imputabilidad, como se ha señalado se encuentra inmersa en el delito, independientemente de la naturaleza que se le atribuya por la doctrina dominante, y que al presentarse produce la inexistencia del mismo, situación ésta que cuestiona de manera incipiente Raúl Zafaroni, al señalar que solo es una ficción, y es en razón de ella que se produce la exclusión del delito. En nuestra legislación mexicana, en ninguno de los códigos penales de las distintas entidades federativas, como el federal, no estipulan que los menores de edad son inimputables, y que dicha consideración es meramente doctrinaria. Por nuestra parte consideramos que la imputabilidad no tiene cabida en el delito, en ninguna de las naturalezas que se le atribuye, sino que es una cuestión procesal. Esto es, la imputabilidad se encuentra vinculada con el fuero competencial, y sobre todo en lo relativo al primer elemento constitutivo de ésta que es la capacidad legal, esto es, la edad. Así tenemos que el artículo 18 Constitucional en su párrafo cuarto establece: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.” De dicho precepto se desprende con toda claridad y precisión que los menores de edad estarán sujetos a un sistema integral de justicia diferente al de los mayores de edad, con lo que se ratifica nuestro criterio de que se les aplicará un procedimiento especial diferente al de los mayores de 18 años, e incluso se establece en su parte final que los Laimputabilidad,comosehaseñalado seencuentrainmersaeneldelito, independientementedelanaturaleza queseleatribuyaporladoctrina dominante,yquealpresentarse producelainexistenciadelmismo. Esta Ley se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito competencia de las autoridades federales y tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.” Ley De Justicia Para Adolescentes Para El Distrito Federal, en su artículo 1º. Establece: “ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley es de orden público y observancia general para el Distrito Federal, y tiene como objeto establecer el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales del Distrito Federal y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales y demás leyes aplicables, para lograr su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.” Ley Para la Protección y el Tratamiento de Menores Infractores para el Estado de Chiapas, en su artículo 7º. Establece “articulo 7.- la adaptación de personas de 11 a 18 años, que realicen conductas que se encuentren tipificadas por las leyes penales del estado, la realizara el estado por medio del consejo de menores, el cual de acuerdo a las disposiciones de esta ley, determinará las medidas de educación y el tratamiento conducente a la correcta integración del menor a la sociedad. Disposiciones, estas que viene a confirmar nuestro criterio, de que los menores de edad son juzgados por las leyes y tribunales especializados en justicia para menores o adolescentes y con lo que se demuestra que la llamada inimputabilidad derivada de la minoría de los 18 años, es un aspecto procesal, al determinar precisamente la edad, cuales son las autoridades competentes para conocer de las conductas realizadas por estos y que se encuentren tipificadas en las leyes penales, así como también se establece que son estas leyes especiales las que se les aplicará por dichas conductas. II menores de 12 años a éstos solo se les aplicarán medidas de rehabilitación y asistencia social. Por su parte el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 12 establece: “Artículo 12 (Validez personal y edad penal). Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las personas a partir delos dieciocho años de edad.” El Código Penal para el estado de Chiapas en su artículo 4º. Establece: “Artículo 4.Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las personas de 18 años de edad o mayores; a las personas menores de 18 años de edad, que hayan incurrido en actos u omisiones previstas en las leyes penales, se les sujetará a lo que determine la ley correspondiente.” Ley Federal De Justicia Para Adolescentes en su artículo primero establece: “Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés general. Tiene como objeto la creación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, el cual incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos, y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados y convenios internacionales aplicables. 04 Ipso Iure Febrero 2014

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Artículo por: EL PAPEL DEL MEDIADOR EN LOS CASOS PENALES Marisela Cifuentes López ¿Qué ocurriría si los abogados fueran pacificadores y mediaran para la solución de conflictos? Un nuevo enfoque de la Justicia. rente a la pregunta ¿para qué sirve el proceso? en términos del anterior modelo procesal y para algunos delitos en particular del actual sistema acusatorio adversarial, podríamos responder que el proceso es una herramienta compleja para adquirir conocimientos que nos permitan d e t e r m i n a r l a v e r d a d d e u n h e c h o y, consecuentemente, administrar respuestas punitivas. No obstante, hoy podemos decir que además de ese propósito, para un universo creciente de delitos, el proceso es una maquinaria de dispositivos que buscan lograr estándares de paz civil. En la historia, el delito era una desobediencia al poder del gobernante o a la voluntad del monarca, un acto de insurgencia, de ahí la noción de que el conflicto quedaba planteado en línea vertical, donde el hecho penal, incluso el de instancias privadas debía ser regulado y sancionado por el Estado bajo reglas de punibilidad y ejemplaridad que no son incluyentes de la voluntad de la víctima. Esa herencia nos sigue hasta hoy, pero tenemos que observar al derecho como inferencia intersubjetiva de la conducta humana, entonces, algo tiene que decir la víctima en relación a su delito, de este modo, el delito no es una categoría ideal, y se puede plantear en términos horizontales. Desde el momento en el que se da una dimensión material al conflicto en el caso de aquellos delitos de interés privado, el proceso permitió algún tipo de intervención de la víctima que muchas veces condujo a un lugar distinto de la verdad del hecho o a la punibilidad, pues la víctima puede gobernar la terminación del proceso por la posibilidad del acuerdo con el victimario. ¿Qué propició esta nueva forma de procesar los hechos? Me gustaría decir que fue la academia quien descubrió la necesidad de dar intervención a la víctima, o las nuevas corrientes sobre la función pacificadora del proceso o las tendencias de la justicia restaurativa. En un verdadero acto de honestidad, vale decir que fue el colapso del sistema penal, la cantidad de causas en los juzgados lo que instaló la necesidad de dar cabida a la mediación. Fue la concepción utilitaria que legitimó la mediación con fines de descongestión. Hoy en día el mayor beneficio que se invoca en los mecanismos de solución de conflictos ya no es como herramienta de descongestión como se le veía al inicio, sino que si la mediación tiene alguna validez, es porque proporciona una salida de mejor calidad, de mayor nivel de satisfacción para la sociedad, que la respuesta punitiva. La práctica de la mediación. El hecho penal ya no puede ser más visto como algo ideal, sino como un acto concreto. La mediación buscará pacificar a los involucrados en un hecho penal real. Claro está, que existe un núcleo de derecho público constitucional indisponible en el que no son las partes las que gobiernan la solución, pues es la jurisdicción quien tiene que dar cuenta de ese núcleo; el resto, válidamente podría ser mediado por un principio de racionalidad del poder. Entonces, ¿cuándo punibilizar? La minima ratio dice que la pena es una respuesta residual cuando han fracasado todos los medios de intervención de menor cuota de violencia de que dispone el Estado. No debemos suponer que vamos a alcanzar la paz social administrando penas, es imposible. Necesariamente hay que adoptar las respuestas de mayor compromiso social, que están en línea con los derechos fundamentales, que colocan al derecho punitivo en el último extremo de la escala. Los operadores del sistema de justicia, deben tener algo de mediador en esa tarea para entender que el proceso no gira alrededor de la investigación y de demostrar las hipótesis que llevan a las partes a los juicios penales. Cualquiera que participe como mediador, y yo me atrevería a decir que también los litigantes (ministerios públicos y defensores), deben cerrar filas por el objetivo pacificador ¿cómo se logra? Reconociendo que cuando se adopta verdaderamente el papel de mediador, no se es consejero, no es un terapeuta, asesor jurídico, guía espiritual o autoridad, sino un facilitador del diálogo y no el protagonista del proceso de mediación que expropia facultades que conciernen sólo a las partes. En la etapa inicial del proceso de mediación damos protagonismo a las partes reconociendo los principios que rigen la mediación, especialmente el de voluntariedad y al establecer las reglas de conducta y del procedimiento que les permitan interactuar. En la etapa de análisis del caso y construcción de la agenda, el mediador adopta el papel de analista de la información para entender los motivos que llevan a las partes al conflicto; lo mismo recopilar información mediante la construcción de la agenda bajo reglas de neutralidad, imparcialidad y equidad, que explora el conflicto identificando los intereses y necesidades, que permitan una amplia comprensión de las preocupaciones y las razones de las partes en el proceso de mediación. En la tercer etapa de búsqueda de soluciones, se requiere que el mediador dirija la creatividad de las partes para que coadyuven en la construcción de soluciones por medio de aportación de alternativas, que ellas mismas evalúen y seleccionenlas más convenientes, mediante un proceso de negociación que resulte más benéfico y satisfactorio para ambos, y finalmente, el mediador se constituye en un agente de verificación del consenso de los acuerdos alcanzados, con los que se elabora el acuerdo correspondiente, producto final deseado en cualquier proceso de mediación. Hoy en día hay que construir una pedagogía distinta que enseñe a los operadores del sistema de justicia y a las partes que se vean inmersas en un conflicto penal, que es posible encontrar en la mediación la restauración, la tutela efectiva y el acceso jurisdiccional efectivo para que todo aquel que entra en una situación de conflicto lesiva tenga una respuesta razonable en la cual sea posible la interacción social en condiciones de paz y esto gracias a la intervención oportuna y eficiente de mediadores. II F Febrero 2014 Ipso Iure 05

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Artículo por: Mtro. Luis Marín Bolaños LA AUDIENCIA INTERMEDIA. La audiencia intermedia o preparación del juicio oral como también se le conoce, se lleva a cabo durante la segunda fase del proceso penal acusatorio y oral; y es el acto judicial dirigido por el Juez de Control, en el cual las partes proceden a corregir o subsanar los errores formales de acusación y contestación de la misma, y se resuelve por el órgano jurisdiccional las excepciones planteadas, los acuerdos probatoriosy los medios de prueba ofrecidos por las partes. n este sentido, podemos elaborar la siguiente estructura de la citada audiencia intermedia, no sin antes señalar que una vez que el público haya ingresado a la Sala de Audiencias y las partes (defensor e imputado, Ministerio Público y víctima u ofendido) se encuentren específicamente en su lugar, se procederá a escuchar las indicaciones en torno al orden que se debe mantener en la audiencia que señale el asistente de sala. Acto seguido, ingresará a la sala el juez de control, quien una vez ubicado en su lugar procederá de la siguiente manera: E correo electrónico respectivamente. Finalmente, se individualizará al acusado, precisando su nombre y apellidos completos, actualizando sus demás generales que ya proporcionó en anteriores audiencias para el caso de que estos hubieren variado. c) El juez indica cual es el objeto de la presente audiencia, la cual gira en torno al ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los puntos controvertidos que serán materia del juicio oral. Artículo 324. “El juez exhortará a la víctima u ofendido y al acusado a la conciliación de sus intereses; en su caso, resolverá lo procedente.” Atento a lo anterior, recordemos que entre las salidas alternas tenemos, al acuerdo reparatorio y a la suspensión condicional del proceso a prueba, diferenciándose ambas de acuerdo con el Maestro y Doctor, Hesbert Benavente Chorres, en que en el primero se existe un pacto entre la víctima u ofendido con el imputado; esto es, una actitud conciliatoria, desde el primer momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de los hechos; en cambio, la suspensión condicional del proceso a prueba implica una decisión del juez de control, una vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso y el análisis de la oposición planteada por la víctima u ofendido o, en su caso, el plan de reparaciones planteado por el imputado; asimismo, en la suspensión del proceso a prueba se le somete al imputado a cumplir con determinadas condiciones o reglas de conducta durante un régimen de prueba cuyos límites mínimo y máximo de tiempo son fijados por el juez; y mientras esté sometido el imputado a dicho régimen el proceso penal queda en suspenso. Ahora bien, si se cumple con lo pactado en una salida alterna o en el acuerdo reparatorio, así como con las condiciones fijadas en la suspensión del proceso a a) El juez de control declara abierta la presente audiencia. d) El Juez de control exhorta a las partes para que concilien sus intereses; es decir, b) El órgano jurisdiccional procede a podrán recurrir a un procedimiento individualizar a las partes o intervinientes, especial como lo es el juicio abreviado, o empezando por el Ministerio Público, quien salidas alternas mediante acuerdos se deberá identificar con su gafete, r e p a r a t o r i o s c u a n d o e s t o s s e a n proporcionar su nombre completo con sus procedentes. Para el caso de que las apellidos, domicilio para oír y recibir partes no lleguen a ningún acuerdo, notificaciones y correo electrónico de ser el entonces se continuará con la audiencia caso. intermedia. Es de aclarar, que la solución del conflicto mediante las salidas alternas Posteriormente, se individualizará al solo se puede llevar a cabo antes de que acusador coadyuvante, solicitándole los se dicte el auto de apertura de juicio oral, mismos datos. dado que si se emite la referida resolución precluye la oportunidad que tienen las A c t o s e g u i d o , s e p r o c e d e r á a l a partes para acceder a las mencionadas individualización de la defensa, a quien salidas alternas o al procedimiento también se le solicitará su nombre completo, abreviado; lo anterior conforme a lo número de cédula si es defensor privado, o m a n i f e s t a d o p o r e l C ó d i g o d e número de gafete si público, así como el Procedimientos Penales para el Estado domicilio para oír y recibir notificaciones y de México, que en su Artículo 324 señala: 06 Ipso Iure Febrero 2014

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prueba en el tiempo y forma señalado por la ley, entonces la acción penal se extingue, declarándose de oficio o a petición de parte el sobreseimiento del proceso penal. Sin embargo, la falta de conciliación, o bien porque el delito no esté previsto dentro de la gama de posibilidades que puedan ser objeto de acuerdo reparatorio, o de suspensión condicional del proceso a prueba, entonces el juez podrá indicar a las partes la posibilidad de solicitar el procedimiento abreviado, que por regla general procede para cualquier delito, siempre y cuando el imputado acepte los hechos y sea solicitado por parte legítima y en el tiempo y forma establecida por la ley. e) El juez de control le concederá el uso de la palabra a la fiscalía para que exponga en forma sucinta y resumida su acusación. f) El juez de control le concederá el uso de la palabra al coadyuvante cuando lo haya y esté presente, para los mismos efectos del inciso anterior. g) El juez de control le concederá el uso de la palabra a la defensa para que exponga en forma resumida la contestación de la acusación, o bien la plantee por vez primera en forma oral. h) El juez de control de oficio o a petición de parte procederá a indicarle a la Representación Social, la presencia de errores formales en su acusación; lo anterior, para el efecto de que proceda a corregirlos ya sea en la misma audiencia o dentro del plazo que la ley señala para tal efecto. Para el numeral 321 de la Ley Adjetiva procesal vigente para el Estado de México, de no subsanarse los errores formales, se continuará con la secuela procesal, dándose vista al Procurador General de Justicia del estado para los efectos de la responsabilidad en que se hubiere incurrido. i) Subsanada la acusación, el juez por medio del control horizontal y una vez escuchadas a las partes y valorado el material probatorio, procederá a resolver las excepciones planteadas por la defensa, y para el caso de que alguna de ellas resulte fundada, entonces se extinguirá el proceso si es excepción perentoria; si resulta que la excepción interpuesta por el acusado es de las llamadas dilatorias, entonces lo procedente será que el Ministerio Público vuelva a ejercer acción penal sin detenido por el mismo hecho. Para el caso de declararse infundadas las excepciones, o simplemente la defensa no planteó ninguna, entonces se continuará con la audiencia intermedia. j) Acto seguido, el juez preguntará a las partes si van a llegar a algún acuerdo probatorio, entendiéndose por esto en palabras del Maestro Hesbert Benavente Chorres, como los “… pactos que llegan las partes, en torno a la aceptación como existentes de uno o más hechos, siendo innecesario acreditarlos o probarlos.”, y para el caso de negativa, o porque pueda darse el caso, de que por falta de información o comprensión las partes no celebren acuerdos, el órgano jurisdiccional durante la audiencia podrá proponerles opciones, formularles probatoria es el juicio que realiza el juez de control a fin de establecer qué medios probatorios son pertinentes, útiles y legales para ser desahogados durante la audiencia de juicio oral; en este sentido, para el juicio de admisibilidad, se debe tomar en consideración las observaciones y planteamientos de las partes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para los fines de la exclusión de la prueba, ya que entre otras cosas si se alega algún defecto, vicio o ilicitud de algún medio probatorio de su contraparte, deberá ofrecer las pruebas que acrediten tal irregularidad. l) El juez dicta el auto de apertura del juicio oral. En principio la audiencia intermedia puede finalizar sometiendo el asunto a la audiencia del juicio oral; para el caso de que el juez de control rechace la acusación se acordará sobreseer el asunto; asimismo, de ser el caso y cuando la ley lo permita, se procederá a acordar una salida alterna, o suspensión del proceso a prueba; y finalmente, se podrá acordar y dictar el inicio del juicio abreviado, previo cumplimiento de los requisitos señalados por la ley. Ahora bien, en el auto de apertura a juicio el juez de control deberá precisar lo siguiente: 1.- La acusación corregida o subsanada por el Ministerio Público y que será materia del juicio oral. 2.- Los hechos que han sido objeto de algún acuerdo reparatorio. 3.- Los medios de prueba admitidos a proceso y que serán desahogados en la audiencia de juicio oral. Contra el auto de apertura a juicio oral, la ley procesal del Estado de México nos señala que esta resolución es irrecurrible; es decir, no puede ser impugnada por así señalarse en la parte final del artículo 328 de la ley en comento, y será remitido junto con el contenido de la carpeta administrativa al Tribunal del juicio oral competente, quien tomará conocimiento del asunto y resolverá en definitiva. Finalmente, el juez declara el cierre de la audiencia intermedia; aclarándose que en este momento, si las partes lo desean podrán solicitar copia de la videograbación y del acta mínima que se realizó con motivo de la presente audiencia. II Sinembargo,eljuezpodráindicara lasparteslaposibilidaddesolicitar e l  p r o c e d i m i e n t o  a b r e v i a d o , siempre y cuando el imputado acepte los hechos y sea solicitado por parte legítima y en el tiempo y formaestablecidaporlaley. proposiciones, o hacerles sugerencias sobre el tema favoreciendo el desarrollo de instituciones jurídicas, pero será decisión de las partes aceptarlos o rechazarlos. En efecto, en aras de una economía y celeridad procesal, los acuerdos probatorios son hechos que de común acuerdo reconocen las partes, los cuales quedan fuera del debate y serán indicados en el auto de apertura del juicio oral, para el conocimiento de las partes y del juzgador. De llegarse a celebrar algún acuerdo reparatorio, el juez de control señalará en el auto de apertura a juicio los hechos que se tengan por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. k) El juez de control procederá a examinar los medios de prueba que hayan ofrecido las partes, por tal motivo, cada vez que ingrese a un medio probatorio, escuchará al oferente del mismo para que explique la pertinencia e idoneidad de la misma, y concederle el uso de la palabra a la contraria para que exponga sus razones de inadmisibilidad, a fin de determinar cuáles serán admitidos a proceso y cuáles serán desechadas; es decir, la admisión Febrero 2014 Ipso Iure 07

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Artículo por: Mtra. Alexandra Ruiz Gordillo CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO El Control de Convencionalidad constituye el tema más novedoso en nuestro sistema de justicia, las resoluciones y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el particular, provocaron el cambio de la 9ª a la 10ª época de la Jurisprudencia; pero las preguntas que nos hacemos al leer estas líneas son: ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué originó ese cambio en el pensamiento de los encargados de impartir justicia en México?, por lo que, dedicaré los siguientes párrafos a responder dichas interrogantes. l Control de Convencionalidad tiene su origen en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora bien, ¿Por qué son obligatorias dichas resoluciones en nuestro sistema de justicia?, la respuesta pareciera obvia y pudiéramos decir que no son obligatorias, puesto que México es un país libre y soberano, pero la respuesta es otra y tiene un origen poco conocido; el encargado de la política internacional en nuestro país es el Ejecutivo Federal de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 89 Fracc. X de la Constitución Política, por lo tanto, también es el facultado para suscribir Tratados Internacionales; entre muchos instrumentos internacionales ratificados y suscritos por nuestro país, encontramos la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, ratificada en 1981, pero a pesar de lo claro de sus disposiciones, fue hasta 1998 que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar: “Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la E interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. De lo antes transcrito, se desprende la respuesta a la pregunta que nos planteamos previamente, y podemos agregar que con dicho reconocimiento México se sujeta a lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo vinculantes aquellas resoluciones en las que México sea parte, tesis 65/2011 del Pleno de la SCJN: “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO Como lo dije al principio del presente FUE PARTE EN EL LITIGIO”. artículo, el Control de Convencionalidad A h o r a b i e n , ¿ Q u é p a s a c o n l a s tiene su origen en las resoluciones de la resoluciones en las que México no sea Corte Interamericana de Derechos parte?, la SCJN mediante criterio emitido Humanos, en específico en el caso en la tesis 66/2011 del Pleno, señala que “Almonacid Arrellano y Otros contra el dichas resoluciones solo tendrán Gobierno de Chile” de 26 de septiembre carácter orientador, “CRITERIOS de 2006, que en el considerando 124 el E M I T I D O S P O R L A C O R T E Pleno de la referida Corte preciso: INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1º. DE LA CONSTITUCIÓN”; al respecto, el Dr. Miguel Carbonell ha precisado que evidentemente los puntos resolutivos de las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorios solamente para las partes que participaron en el juicio, en consecuencia, si México no formó parte de un juicio, no tiene ningún deber de acatamiento de los puntos resolutivos, en consecuencia y respecto de los considerandos solo servirán para orientar y en su caso sustentar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. 08 Ipso Iure Febrero 2014

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“… cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “Control de Convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Otro punto importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra en la sentencia “Heliodoro Portugal contra Panamá”, emitida el 12 de agosto de 2008, en la cual refiere: “…es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos…” Los referidos criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persistieron en múltiples casos en los que el Estado Mexicano fue parte, en específico en el caso Radilla Pacheco contra México (2009); en el que además del tema que nos ocupa se trataron temas como la desaparición forzada de personas y la extensión del fuero castrense. Por lo tanto, debemos entender por Control de Convencionalidad el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad del Estado, se ajusta a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente; es decir, se forma un bloque de Constitucionalidad, entre las disposiciones internas y todos los Instrumentos Internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos, incluyendo la Jurisprudencia y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar todas las medidas que sean necesaria para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente, el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos que ella establece, pero también a “garantizar” su pleno y libre ejercicio; esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, pero también la de garantizar los derechos previstos en los ordenamientos internacionales. Este criterio de la Corte Interamericana se vio reflejado en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, denominada Reforma en Materia de Derechos Humanos, en específico en el segundo párrafo del artículo 1º, que señala: “…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…” la última parte de este párrafo contiene el principio conocido por la doctrina como Pro Personae, previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la siguiente interrogante a plantearnos es ¿A quién corresponde la aplicación de este Control de Convencionalidad?, como se desprende del considerando transcrito anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado en manos del Poder Judicial su aplicación y vigilancia; en jurisprudencias emitidas por la SCJN “ C O N T R O L D E CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”, se ha sostenido que el Control de Convencionalidad debe ser ejercido por todos los órganos del Poder Judicial, constituyéndose el Control Difuso, contrario al Control Concentrado que ejerce de forma exclusiva la SCJN en los casos previstos por las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, es decir, las Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. A fin de ir concluyendo, lo que nos resta precisar es ¿Quién y en qué momento debe solicitarse el Control de Convencionalidad?, en protección del principio Pro Personae , referido en párrafos anteriores, se ha establecido que este control debe ser realizado Ex Officio , lo que implica que pueden hacerlo los jueces en razón de su cargo, aun y cuando: 1) no sean jueces de control constitucional, y 2) no exista una solicitud expresa de la parte; es decir, en razón de su carácter DIFUSO, puede ejercerse por cualquier autoridad del Poder Judicial, y sin necesidad de que preceda una solicitud por cualquiera de las partes que se sometan a su jurisdicción. Esta precisión se desprende de la tesis CCCLX/2013 de la Primera Sala de la SCJN: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE”. El Dr. Carbonell ha señalado que el Control de Convencionalidad nos ofrece un desafío de grandes dimensiones, que de ser bien aplicado, permitirá que México tenga un Estado Constitucional de Derecho más robusto en protección de los Derechos Humanos; ahora bien, nos corresponde a nosotros como formadores de nuevos abogados reforzar el compromiso con nuestros alumnos y crear una cultura de derecho globalizado, en la que se pondere con humildad y profesionalismo el reconocimiento y respecto a los criterios internacionales, no he dicho que sea una tarea fácil, pero debemos recordad que nuestra sociedad demanda día a día profesionales más capacitados, y este reto nos ofrecerá grandes satisfacciones. II Febrero 2014 Ipso Iure 09

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RELEVANTES Agosto 2013 - Febrero 2014 El pasado mes de agosto del 2013, en el país sudamericano de Perú, nuestro Instituto fue nuevamente galardonado con el premio a la Excelencia Educativa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, con este merecido reconocimiento suman ya seis reconocimientos que nuestra Alma Máter recibe del mencionado Instituto, nuestro Rector el Dr. Gabriel Isaac Sarmiento Robles es quien recibe esta presea a nombre del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, con esto se ve reflejado el ardúo trabajo que nuestra Institución ha hecho en pro de la educación en nuestro grandioso Estado de Chiapas. En este evento nos confirman como miembro de honor de este consejo, asimismo nuestro rector recibe el Magister en Gestión Pedagógica. Este reconocimiento lo reciben solo las mejores instituciones educativas de Iberoamérica; lo cual nos enorgullece sobremanera, al saber que estamos cumpliendo con las expectativas que la sociedad ha puesto en nosotros. Y nos estimula para continuar esforzándonos, y no decaer en la calidad de la Educación. Nuestra Alma Máter en el mes de septiembre, fue elegida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en nuestras instalaciones llevaran a cabo una serie de cursos dirigidos a pequeños contribuyentes; para informarles los alcances de la reforma hacendaria, dichos cursos tuvieron una duración de 21 días capacitándose a más de 200 pequeños contribuyentes. Atendiendo la invitación del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas” fue sede del curso impartido a docentes del Estado de Chiapas, el cual se llevó a cabo del 21 al 25 de octubre del presente año y se denominó “Curso de actualización y capacitación continua a docentes de educación superior”. Atendiendo siempre las disposiciones en materia de Protección Civil, nuestra casa de estudios llevó a cabo una práctica de “Prevención, Combate de Incendios y uso de extinguidores con fuego real”,esto con personal de administración e intendencia, para lo cual se utilizó el área de estacionamiento del I.E.S “Manuel José de Rojas” teniendo una duración de 3 horas, logrando resultados positivos y sobre todo, esta institución se pone a la vanguardia en materia de seguridad y protección civil. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, en los meses de octubre – noviembre llevó a cabo el curso de “Formación de Ministerios Públicos para la Implementación del Sistema Penal Adversarial” teniendo como sede nuestro Instituto, en la Sala de Juicios Orales “Dr. Jorge Alejandro Sarmiento Rojas”. CUADRO DE HONOR Premio a la Excelencia Académica “Manuel Larrainzar” Un Reconocimiento a los Mejores Estudiantes de su Generación Licenciatura en Derecho 2009-2014 C. Martín Humberto Solís Ozuna 10 Ipso Iure Febrero 2014

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Como ya es una feliz costumbre al interior de esta Casa de Estudios, el día 17 de diciembre del 2013, el personal directivo y administrativo de esta institución llevó a cabo la ya tradicional posada navideña de nuestra Alma Máter, en la cual los invitados de honor fueron los miembros del claustro académico de licenciatura. Como una forma de sana convivencia, se ha tomado la decisión de continuar con nuestros valores históricos y tradicionales, fomentando las relaciones humanas y conviviendo sanamente. Esta posada, se ha convertido en una forma de unión y sano esparcimiento entre los miembros de esta Casa de Estudios, quienes además invitan a sus familiares, quienes pueden convivir y disfrutar en esta reunión de amistad. Con el apoyo de personal de Procuraduría General de la República, Secretaria de Seguridad Publica, Policía Municipal y Protección Civil Municipal, en el mes de agosto se llevo a cabo un simulacro denominado “Practica de Criminalística a Escala Real” en donde aproximadamente 50 alumnos y maestros participaron, todos ellos de la maestría en ciencias penales con especialidad en jurídico penal, quienes se capacitan aun mas en este tema tan interesante que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo. Todo esto coordinado por el Dr. Paul Octavio García Torres miembro del Claustro Académico del Posgrado en Ciencias Penales de esta institución, siendo esta la segunda vez que se realiza este simulacro dejando muy buenos resultados en la calidad de respuesta de todas las corporaciones involucradas. Quema de Libros Febrero 2014 Ipso Iure 11

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GENERACIONES Licenciatura en Derecho 2009-2014 FOTOS CORTESIA DE: 12 Ipso Iure Febrero 2014

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