Comunicación, información y poder en El Salvador

 

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Claves para la democracia

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Serie Democratizando las comunicaciones Fundación Comunicándonos Pje Mirasol No. 20, Residencial El Progreso Colonia Flor Blanca, San Salvador El Salvador, Centroamérica Diseño de portada: Tomás Romero Primera edición Tiraje: 1,450 Octubre 2013 Impreso en El Salvador, Centroamérica Todos los textos de esta publicación están licenciados con Creative Commons Atribución - Compartir Obras Derivadas Igual. Esto significa que eres libre de: • Copiar, distribuir, exhibir, y ejecutar la obra • Hacer obras derivadas bajo las siguientes condiciones: Atribución. Debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el licenciante. Compartir Obras Derivadas Igual. Si alteras, transformas, o creas sobre esta obra, sólo podrás distribuir la obra derivada resultante bajo una licencia idéntica a ésta. Ante la reutilización o distribución, debes dejar claros los términos de la licencia de esta obra. Cualquiera de estas condiciones puede dispensarse si obtienes permiso del titular de los derechos de autor. 302.2 C741c Comunicación, información y poder en El Salvador: claves para la democratización / Coordinación general Oscar Pérez; coordinador de investigación Andrea Cristancho Cuesta; diseño de portada Tomás Romero. -- 1a ed. -- San Salvador, El Salv. : Fundación Comunicándonos, 2014 198 p. ; 28 cm. -- (Serie democratizando las comunicaciones) ISBN 978-99961-919-0-9 1. Comunicación-Aspectos sociales-El Salvador. 2. Democracia. I. Título BINA/jmh Comunicación, información y poder en El Salvador

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Índice Presentación Sin derecho a la comunicación, no hay democracia Óscar Pérez Prólogo La ausencia de democracia mediática conduce a Estados fallidos Manuel Chaparro Escudero ix xiii I. El escenario mediático salvadoreño: debates y desafíos para la democratización El Salvador: sistema de medios y calidad de la democracia Andrea Cristancho Cuesta Ricardo Iglesias El mapa de medios en El Salvador. Todo queda en familia Roberto Pérez Willian Carballo Derecho a la comunicación en el marco normativo salvadoreño Juan Carlos Sánchez Mejía 23 45 77 II. Las agendas del poder y los espejismos mediáticos Análisis del discurso de género en la prensa escrita y digital Edgar Lara López Deudas mediáticas para construir Cultura de Paz Dulcinea Ruthdey Flores Argueta Roxana T. Elizabeth Beltrán de Cantarely 103 147 171 La identidad nacional y cultural en los contenidos televisivos. Reflexiones desde El Salvador Julio Martínez Carlos Osegueda Autores 191 Claves para la democracia

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Coordinación general Óscar Pérez Manuel Chaparro Escudero Presidente de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo, Comunicándonos y Representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC-Centroamérica Profesor de la Universidad de M álaga y Director de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, EMA-RTV, España Investigadora y directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA Abogado, consultor en derechos humanos Investigadora y directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA Investigador, docente de periodismo audiovisual en la Universidad de El Salvador, UES Investigador y catedrático en Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera Miembro del Consejo Editorial de VOCES Diario digital y Coordinador del Programa de Transparencia de FESPAD Economista, consultor en estudios de género y asesor en materia mercado laboral, indicadores y políticas y programas públicos para la MIPYME Investigadora, escritora y catedrática del Dpto. de Comunicación y Cultura, UCA. Investigadora y catedrática del Dpto. de Comunicación y Cultura, UCA. Investigador, catedrático universitario y consultor en desarrollo socioeconómico. Catedrático universitario y antropólogo sociocultural Ricardo Iglesias Armando Briñis Zambrano Roxana T. Elizabeth Beltrán de Cantarely Noé Samael Rivera Leiva Sonia Rivera Luis José Flores Cruz Roberto José Leiva Pineda Manuel Chaparro Escudero Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta María Silvia Guillén, El Salvador Manuel Chaparro Escudero, España Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, México Óscar Pérez, El Salvador Deysi Cheyne, El Salvador Margarita Herrera, El Salvador Mónica Valdés, Colombia Maritza Ceballos Saavedra, Colombia Guillermo Antonio Ramos, El Salvador Tomás Romero Coordinación de la investigación Andrea Cristancho Cuesta Autores Ricardo Iglesias Andrea Cristancho Cuesta Roberto Pérez Willian Carballo Juan Carlos Sánchez Mejía Edgar Lara López Roxana T. Elizabeth Beltrán de Cantarely Dulcinea Ruthdey Flores Argueta Julio Martínez Carlos Felipe Osegueda Editores Corrección de estilo Asistentes de investigación Asesores Externos Lectores/as expertos Diseño ISBN 978-99961-919-0-9 Con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía Radio y Televisión (EMA-RTV), España. Comunicación, información y poder en El Salvador

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Sin derecho a la comunicación, no hay democracia Desde hace varios años, con la complicidad de amigas como María Silvia Guillén y amigos como el sevillano Manuel Chaparro, hemos venido desde la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), acariciando este sueño. Intentar y buscar develar la perversa relación histórica que ha mantenido el sistema de medios con los poderes económicos y políticos de El Salvador, siempre se nos ha convertido en un reto y en un gran desafío para todas y todos aquellos que creemos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Este libro que ahora presentamos no es una historia cerrada, simplemente pretende convertirse en un insumo importante o en la puerta de entrada para que otras organizaciones puedan seguir investigando, analizando, constatando y denunciando una realidad mediática que poco a poco viene atentando contra la salud de la democracia salvadoreña. Eso sí, este libro contiene protesta y propuesta porque genera con mucha profundidad, claridad, amplitud y rigurosidad académica, material suficiente para que los órganos ejecutivo y legislativo desarrollen con urgencia las Políticas Nacionales de Comunicación o marcos jurídico políticos que garanticen la existencia y funcionamiento de los tres sectores que hacemos comunicación: público, comercial y comunitario. Este libro y todos los espacios de reflexión y debate que generaremos con su contenido, pretenden ayudar a que las organizaciones de la sociedad civil abracen dentro de su agenda de lucha la bandera por la democratización de las comunicaciones, reivindicando así el Derecho a la Comunicación. Derecho que contempla la libertad de expresión, el acceso a la información pública y también, el derecho que tiene la ciudadanía y organizaciones sociales a contar con sus propios medios de comunicación. Espacios de reflexión y debate que nos ayudarán a comprender que en El Salvador, el derecho humano a la comunicación se estrella con un marco jurídico político insuficiente que camina en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta en países de nuestro continente como Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia. La causa fundamental de este atraso siempre ha sido el secuestro de la palabra, el sonido y la imagen que ha prevalecido invariablemente a lo largo de la historia nacional y que ha permitido que pequeños grupos con un gran poder político y económico, exploten comercialmente todos o la mayoría de los medios y recursos que hacen posible la comunicación social y vayan así fortaleciendo los oligopolios mediáticos. El cuerpo de este libro contiene el desarrollo de seis temas claves divididos en dos partes. Una primera parte, la conforma el análisis de la relación existente entre los medios de comunicación y el poder político y económico, para desde ahí evaluar la Claves para la democracia ix

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calidad de la democracia en El Salvador y dilucidar la importancia de contar con un sistema de medios de comunicación plural, accesible e incluyente. Esta parte dibuja cómo se ha venido configurando el actual mapa de medios y genera evidencias para comprender por qué los vínculos entre dueños de medios de comunicación y políticos o funcionarios públicos, afecta la salud de la democracia. Un ejemplo de esto, es la relación existente entre el Grupo Radial SAMIX y el ex presidente y ahora candidato presidencial, Antonio Saca. También, este importante apartado nos genera insumos para saber cómo se ha configurado y fraguado el poder mediático de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), que ha venido desarrollando su modelo comunicacional como un calco salvadoreño de lo que es el emporio mexicano de Televisa. Dentro de esta primera parte, las letras y recuerdos nos llevarán a valorizar el gran papel que jugó la radio de Monseñor Oscar Romero (La YSAX) y las dos radios insurgentes (La Farabundo Martí y la Venceremos), que también se han convertido en fuente de enseñanza comunicacional para las y los nuevos comunicadores. Igualmente, se reconoce el destacado e importante papel que han venido desempeñando las emisoras comunitarias en el país, que para funcionar tuvieron que comprar con fondos de la cooperación internacional una frecuencia de radio, pues el Estado, que debe ser el garante y promotor de la libertad de expresión, ha negado reiteradamente su reconocimiento legal a este importante tercer sector de la comunicación. La segunda parte del libro analiza la incidencia del discurso mediático en la construcción de imaginarios colectivos sobre la identidad cultural, la promoción de una cultura de paz y el abordaje que hacen los medios de comunicación digitales e impresos de mayor circulación sobre la problemática de género en El Salvador. Apartado donde profundizaremos que los géneros no se limitan a lo masculino y femenino, pues también las Lesbianas, Gay, Transgénero, Bisexual y Intersexual (LGTBI) constituyen respectivamente una identidad de género, que al igual que las mujeres comparte la discriminación como distintivo de su condición de género. Ahora bien ¿cuál es el tratamiento que los medios hacen de los géneros y de sus agendas reivindicativas? ¿Son las mujeres y la población LGTBI referentes validos de información para los medios? ¿Los medios son reproductores de normas, discursos, actuaciones/comportamientos que conducen a degradar la condición de humanidad de cada una de estas identidades de género? Estas son algunas de las preguntas que esta segunda parte del libro busca responder. No tenemos duda que el contenido de este libro nos llevará a comprender cual frágil y expuesta se encuentra nuestra democracia ante los oligopolios mediáticos que ahora amenazan con apoderarse de las frecuencias digitales, fruto de la convergencia tecnológica que viven actualmente las comunicaciones en todas las latitudes. Y lo más grave de todo esto es que los gobiernos de turno –de derecha y progresistas-, no permiten registrar cambios estructurales a esta conducta oligopólica que lleva a una mayor concentración de la propiedad de medios de comunicación. Este valioso resultado académico que ahora ponemos en sus manos solamente ha sido posible gracias al esfuerzo decidido y militante de hombres y mujeres, nacionales e internacionales, que creen con vehemencia que la lucha por la democratización de las comunicaciones contribuye directamente a la democratización de nuestras sociedades. Agradecemos el esfuerzo, acompañamiento y apoyo permanente de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y los treinta años de lucha que ha desarrollado el movimiento de la radiodifusión comunitaria representado por la x Comunicación, información y poder en El Salvador

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Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). También, este resultado solamente ha sido posible gracias al invaluable apoyo financiero y solidaridad que hemos recibido de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), que ha sido canalizada por hombres y mujeres solidarias y comprometidas con la democracia y que forman parte de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMARTV) de España. ¡Infinitas gracias a todas y todos por contribuir a la lucha por la democratización de las comunicaciones en El Salvador! Oscar Pérez Presidente de la Fundación Comunicándonos y Representante de AMARC-Centroamérica Claves para la democracia xi

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La ausencia de democracia mediática conduce a Estados fallidos El desafío que contienen estas páginas constituye un importante aporte para la reflexión y el análisis, al tiempo que señalan la raíz de los graves problemas detectados apuntando soluciones fundamentadas. Esta contribución está lejos de la subjetividad ideológica y carece de prejuicios. Es científica, con fundamentos en el derecho comparado y las ciencias sociales. Estas páginas son una apuesta firme de la sociedad civil en apoyo de una democratización mediática que, sin duda, debe incidir en una mayor transparencia y en la visibilización del debate de los problemas reales del país por la sociedad salvadoreña. La salud y la educación universal junto a la justicia son elementos imprescindibles para garantizar la felicidad de un pueblo y su confianza en las instituciones. A estos tres elementos básicos debemos añadirle la salud mediática porque es reflejo de las garantías democráticas de un país y del derecho a su vida cultural plena. Los medios construyen los imaginarios sociales, socializan hábitos, están presentes con sus mensajes en el día a día y deben compartir su labor combinada con la enseñanza reglada y la educación en el seno de la familia. Sin embargo, el discurso de los medios contraría la enseñanza en los valores de igualdad, solidaridad, respeto al disidente y confunde el discurso de la tolerancia permitiendo la inequidad. La injusticia exige intolerancia, no compasión, ni comprensión. Por ello cualquier defensa de la pluralidad ideológica exige la existencia de una diversidad de medios que la representen desde el respeto, tanto al derecho de información como al de comunicación. Estos principios vienen a estar garantizados por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también por la decisión del conjunto de naciones participantes en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación de América Latina y Caribe en 1976. El debate estuvo inspirado por la reunión de expertos celebrada en Bogotá en 1974 y en el documento de trabajo encargado al boliviano Luis Ramiro Beltrán. El fundamento del documento se orientaba hacia el apoyo estratégico a las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) y perseguía su contribución al desarrollo socioeconómico de los diferentes países., pero desde la necesidad de combatir la dependencia económica y política generada por EE.UU. La Conferencia significó una toma de conciencia de los países participantes acerca de la necesidad de recuperar la iniciativa de los Estados en el importante papel que la comunicación-información y la cultura juegan en la democratización y el progreso Claves para la democracia xiii

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de los pueblos, sin embargo, la presión de los consorcios mediáticos de la región y la existencia de dictaduras militares “generó disidencias” e impidió que los fundamentos teóricos y los compromisos adquiridos se pudieran llevar a la práctica. Los argumentos contra las PNC se escudaban en la defensa del modelo capitalista y su prédica contra el intervencionismo. Sin embargo, el modelo ni siquiera estaba en juego, porque las políticas públicas que se proponían iban precisamente dirigidas a potenciar el crecimiento económico, la fórmula que permitiría salir del estigma de un mal, llamado subdesarrollo y que no es sino una creación Occidental para hacer ver al otro su inferioridad. En definitiva, perseguían el desarrollo desde una estrategia capitalista pero en un modelo endógeno, como habían defendido Cardoso y Faletto (1969) en su crítica a la dependencia desde una mirada económica o Pasquali, Beltrán, Bordenave, Marques de Melo… desde el apoyo que la comunicación debía prestar a este progreso. Intuir que detrás de estas intenciones se escondían medidas de redistribución de la riqueza y plantear lo que denominaban “otro desarrollo” , sin inequidad, (Beltrán, Bordenave, Alfaro) era lo que verdaderamente preocupaba y preocupa a los lobbys empresariales y las corporaciones. Estaba en juego un modelo de sociedad oligárquica, donde las élites económicas decidían el destino del país en función de sus exclusivos intereses, en connivencia con gobernantes títeres. Estos fundamentos políticos dominantes se mantienen hoy día y es el imaginario desarrollista, construido desde las teorías de la comunicación, el marketing publicitario, el etnocentrismo científico y la propaganda mediática, el responsable de su existencia. El desarrollo como imaginario o ideal de progreso, constituye un problema no resuelto y sus estrategias son cada vez más cuestionadas. Nuestro modelo de desarrollo no es capaz de garantizar la redistribución de la riqueza que produce. Sesenta años de aplicación de políticas de desarrollo han traído más desigualdad en el mundo, sólo una quinta parte de la humanidad disfruta de los beneficos del desarrollo por no haber sabido implementar medidas de redistribución de riquezas y perseguir únicamente el crecimiento económico. Es cierto que el crecimiento económico, en mayor o menor medida, se ha producido en todos los entornos donde la estrategia del desarrollo se ha instalado, pero el beneficio ha sido siempre para una minoría de la población. Los críticos del desarrollo sostienen además, con razón, que el crecimiento no se puede llevar hasta el infinito en un planeta donde los recursos son finitos (Rist, Latouche, Esteva, Escobar, Sachs). Es necesario, por tanto, una explotación económica y ecosocial de los recursos y no economicista, especulativa. La construcción de estos nuevos imaginarios exige la aplicación de PPC dirigidas a democratizar todos los espacios y especialmente el mediático. La construción de un nuevo escenario mediático, empezando por la democratización del espacio radioeléctrico debe contribuir al debate de las causas reales de la pobreza y la inequidad, en la búsqueda de estrategias que pongan fin a los desatinos del desarrollo, un modelo injusto e insolidario que afecta a todas las sociedades. El “Sur” debe ser capaz de elaborar sus propias alternativas e incidir en las sociedades que disfrutan del desarrollo para hacerles entender que sin un cambio de modelo es imposible romper la espiral de la injusticia social. xiv Comunicación, información y poder en El Salvador

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La Conferencia de Costa Rica tuvo notables repercusiones y unos años más tarde la UNESCO reforzaría sus argumentos al insistir en las estrategias que la PPC debían usar para luchar contra la desigualdad: democratizar el espacio radioeléctrico, equilibrar los flujos de información “norte-sur”, permitir la participación de la ciudadanía en los medios, potenciar los medios locales, promover enfoques deontológicos, el respeto al pluralismo lingüístico y cultural y de las minorías… que se reflejaron en el llamado informe dirigido por Sean McBride: “Un Sólo Mundo, Voces Múltiples” (1979). Sin embargo, los desequilibrios son hoy mucho mayores que los detectados hace más de tres décadas. Frente a la corriente democratizadora en el ámbito mediático, siempre ha existido una oposición empresarial oligopólica que no está dispuesta a perder el privilegio del monopolio informativo desde el que se autoinvisten como únicos representantes de la opinión pública y de los intereses de la ciudadanía. La tradición dice que organizaciones patronales como la SIP o la AIR se seguirán oponiendo a cualquier intento de regulación mediática bajo argumentos tan poco acertados, como calificar a las PNC de responder a prácticas y estrategias totalitarias, de ser intervencionistas o coercitivas para la libertad de expresión. Los calificativos usados en el pasado resisten el paso del tiempo y siguen de moda. Estas voces se han vuelto a oír ante las reformas emprendidas en numerosos países de la región: Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, que para muchos son hoy un nuevo “eje del mal”, simplemente porque sus PNC se posicionan en favor del interés común al perseguir mayor pluralidad y dar espacio a los medios ciudadanos. Es posible disentir de estos marcos legales o de las formas, pero no sin reconocer su legitimidad. Estemos o no de acuerdo con estos nuevos marcos legislativos, lo cierto es que responden a una decisión democrática, se apoyan en el derecho internacional, como ha venido reconociendo el Relator para Libertad de Expresión de la ONU, y han contado con el más amplio respaldo de la sociedad civil. Las coyunturas que han favorecido estos cambios son diversas, pero el denominador común es la voluntad de evitar la existencia de un estado permanente de acoso mediático, de incitación al golpismo en algunos casos, que ponía en jaque las nuevas democracias. El poder de los medios se ha ejercido y aplicado en defensa de intereses privados y corporativos, lo que no favorece la calidad democrática, ni su necesaria regeneración. No se entiende como desde la prédica de la libertad de empresa se puede llegar a temer la existencia de una competencia ideológica o mercantil, pretendiendo seguir ejerciendo el derecho de información desde el monopolio, impidiendo el acceso de quienes pueden manifestar su disenso o simplemente un punto de vista complementario, en muchos casos con la complicidad de los gobiernos que a través de la publicidad institucional financian estos medios y facilitan con estrategias opacas las prácticas monopolísticas. Tampoco se entiende como unas Políticas Públicas de Comunicación (PPC) inspiradas en la tradición europea, orientadas a potenciar los medios públicos como socializadores de hábitos democráticos y con posterioridad en equilibrio con los medios privados comerciales, pueden llegar a causar críticas tan injustificadas, cuando, sin embargo, se defiende desde una admiración ausente de mirada crítica, su nivel de desarrollo, estabilidad política y modernidad, aunque vivamos unos momentos de claros retrocesos en las conquistas sociales. Claves para la democracia xv

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Europa evolucionó desde el monopolio de los medios públicos (audiovisuales) al finalizar la II Guerra, a la apertura al sector privado comercial del espectro radioeléctrico, siguiendo directrices de la UE y dejándose llevar por las imposiciones neoliberales puestas de moda durante la influencia de los mandatos de Reagan y Thatcher. Aún en esta coyuntura de cambios, los grandes medios públicos han jugado y juegan en Europa un papel decisivo de equilibrio frente a los intereses privados y constituyen un referente informativo de la ciudadanía. Cierto que en algunos casos se han producido abusos y han sido instrumentalizados por parte del poder. España, Italia y Grecia, fundamentalmente, constituyen algunos de estos malos ejemplos, pero es verdad que estas situaciones se dan justamente en aquellos países con marcos regulatorios más débiles y PPC insuficientes y excesivamente dependientes de los “arbitrajes” del gobierno sin dejar éste de ser parte interesada. La televisión pública española (TVE) en la etapa del gobierno Aznar llegó a ser condenada en los tribunales por falsear la información sobre la huelga general del 20-J en 2002 y provocó la indignación de los españoles al defender los argumentos del gobierno acerca de la responsabilidad de ETA en los atentados del 11-M (2004). La llegada del gobierno de Zapatero y la reforma del Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) permitió que se alcanzaran la cotas más altas de credibilidad y confianza. Los logros conseguidos se han desdibujado con la llegada del nuevo gobierno del Partido Popular y las dificultades económicas están hoy sirviendo de excusa para dificultar el trabajo de los profesionales. La nueva agenda del medio público ha tenido como consecuencia inmediata una notable pérdida de credibilidad que ya ha sido penalizada con una bajada de audiencia, hasta perder el liderazgo del que gozó durante más de cuatro años. Los informativos públicos han dejado de ser nuevamente un referente de equilibrio. Evidentemente no es el servilismo de los medios públicos el problema sino la ausencia de mecanismos que garanticen verdaderamente su independencia frente a los cambios de gobierno. Esta es la diferencia de España con otros países de la UE donde una reglamentación eficaz blinda la independencia de los medios públicos ante las injerencias gubernamentales, las presiones de los partidos políticos y el poder económico, mediante la creación de autoridades audiovisuales o consejos audiovisuales independientes que velan por el cumplimiento del sector público y privado imponiendo la Ley. Es un hecho que estos vaivenes de injerencia política y económica sólo son evitables con legislaciones que amparen la independencia del medio desde la observancia de instancias independientes, ajenas y blindadas ante los intereses y presiones espurias. Justamente, el paso que países como España no han dado todavía -aunque la Ley General de Comunicación Audiovisual (2010) le mandata a ello- y que Italia aprobó hace años con un formato tan descafeinado como inoperante. La concentración de medios también ha sido preocupación de la UE y en el caso italiano el Parlamento Europeo en 2004, en su “Informe sobre Libertad de Expresión e Información en la UE”, amonestó al gobierno de Berlusconi, el presidente del gobierno propietario de las cadenas privadas de televisión que imponía el servilismo de los medios públicos y privados. La estabilidad de los medios públicos franceses, alemanes y británicos nos deben servir de modelo para entender la importancia que tiene para un país dotarse de xvi Comunicación, información y poder en El Salvador

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un servicio público que, por un lado de respuesta a la necesidad de garantizar la independencia informativa y, por otro, produzca contenidos con valores que incidan en la construcción de la cultura democrática. A la coexistencia y equilibrio entre el Primer y Segundo Sector hace falta añadir los medios del Tercer Sector. No hay democracia sin medios de expresión ciudadana, no hay argumento alguno que sea capaz de sostener su inconveniencia o su marginación. Como se ha dicho, en la década de los 80 el sector privado comercial defendió sus intereses legítimos para acceder al espacio radioeléctrico en Europa en competencia con los medios públicos. Curiosamente fueron las reivindicaciones de colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro los que iniciaron este proceso de liberalización. Sólo en Gran Bretaña las llamadas radios piratas que para escapar del control de las autoridades emitían desde aguas internacionales en el Canal de la Mancha, estaban ligadas, desde el inicio de sus emisiones, a un sector privado comercial vinculado fundamentalmente al negocio de una incipiente industria musical que no encontraba acomodo en los medios administrados por el monopolio de la BBC. El movimiento europeo de radios libres iniciado en Francia e Italia fundamentalmente, favoreció sin que esta fuera su pretensión, la concesión de licencias en concurso a los medios privados comerciales. El reconocimiento de los medios ciudadanos llegaría más tarde y es de reconocer que con la resistencia de los gobiernos que se sentían presionados por el sector privado comercial. En la mayoría de países de la UE los medios asociativos o comunitarios están regulados, en algunos con más acierto que en otros y en una minoría (España entre ellos) tolerados y pendientes del desarrollo de una reglamentación que les de la estabilidad necesaria. La UE ha sido lenta en el reconocimiento del papel trascendental que los medios asociativos, ciudadanos o comunitarios juegan en la democracia pero sus pronunciamientos favorables son claros. En 2008, el Parlamento Europeo aprobó una resolución llamando la atención a los países socios sobre la necesidad de regular las emisoras ciudadanas catalogándolas como entes sin ánimo de lucro, responsables ante las comunidades a las que sirven, contributivas al diálogo intercultural, la alfabetización social, la integración, la cohesión territorial, el pluralismo y de ser necesarias en el fomento de la participación. El último “Informe sobre Pluralismo Informativo en Europa” (2013) da un paso más y alerta sobre los riesgos de la concentración y la necesidad de establecer mecanismos de intervención a través de los denominados “consejos de medios de comunicación independientes” que deberían poner en marcha todos los países de la Unión. En este mismo Informe se apunta la necesidad de crear provisiones de fondos de financiación estatal para medios de comunicación que siendo esenciales para el pluralismo sean comercialmente débiles: “el Estado deberá intervenir cuando existe un fracaso de mercado que lleva a una oferta insuficiente de pluralismo, que deberá ser considerado como un bien público clave” y recomienda que cualquier financiación “deberá estar disponible sólo para organizaciones de medios que publiquen un código de conducta fácilmente accesible para el público”. Lo que incluye también a los medios comunitarios. Muchos Estados europeos son conscientes de la importancia de los medios ciudadanos al cumplir un papel que no está al alcance de los medios públicos, ni de los Claves para la democracia xvii

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