Voces en el Fénix Nº 30 | El secreto de sus ojos

 

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Voces en el Fénix Nº 30 | El secreto de sus ojos

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La revista deL PLan Fénix año 4 número 30 noviembre 2013 ISSN 1853-8819 El sistEma judicial argEntino pasa por un momEnto crítico. la sociEdad lo cuEstiona, las causas sE apilan y los juzgados Están colapsados. la rEforma intEgral Es urgEntE y nEcEsaria. En EstE númEro, un panorama complEto dEl Estado actual, y algunas propuEstas para mEjorarlo. el secreto de sus ojos

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sumario nº30 noviembre 2013 editorial rEcupErar la justicia Es fundamEntal para la dEmocracia abraham leonardo gak daniEl parisE acceso a la justicia 6 Vanina almEida El juicio por jurados como respuesta al reclamo social por una justicia legítima 12 silVia alonso reforma del consejo de la magistratura nacional y la experiencia de chubut 20 Victoria mosmann requerimientos que llegan a la justicia civil 28 ángEla E. lEdEsma oralidad de los procesos civiles y sus mitos 34 lEandro gianini los fines de la reforma a la justicia civil 42 santiago romay la administración de justicia en la provincia de Buenos aires y un cambio que resulta ineludible 52 josé salgado Eficacia de las decisiones judiciales 60 miguEl salim proceso/poder 68 patricia BErmEjo El proceso de familia 76 francisco VErBic los procesos colectivos en la república argentina 84 sEBastián Basualdo Empleo en argentina 92 santiago martinEz la víctima y el sistema de justicia penal 100 diEgo garcía yomha El nuevo rol de los fiscales 108 carolina ahumada prisión preventiva, estado de derecho y ejes para la reforma del proceso penal 114 alfrEdo pérEz galimBErti proceso penal patagónico 122 paula imBrogno los procesos civiles y las experiencias en materia de gestión 130 claudia sBdar El programa de gestión de calidad del poder judicial de tucumán 138

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AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Decano alberto edgardo barbieri Vicedecano Humberto Luis Pérez van morlegan Subsecretario General Walter berardo Secretario Académico José Luis Franza Secretario de Investigación y Doctorado eduardo scarano Secretario de Hacienda y Administración César Humberto albornoz Secretario de Extensión Universitaria emiliano Yacobitti Secretario de Bienestar Estudiantil Federico saravia Secretario de Relaciones Académicas Internacionales Juan Carlos v. briano Secretario de Graduados y Relaciones Institucionales Catalino núñez Director Gral. de la Escuela de Estudios de Posgrado Catalino núñez Voces en el Fénix es una publicación del Plan Fénix ISSN 1853-8819 Registro de la propiedad intelectual en trámite. La revista deL PLan Fénix año 4 número 30 noviembre 2013 ISSN 1853-8819 ConseJo direCtivo de La FaCULtad de CienCias eConómiCas Claustro de Profesores titULares Humberto Luis Pérez van morlegan maría teresa Casparri José Luis Giusti enrique Luis scalone Leopoldo Halperin Weisburd Walter Fabián Carnota Gerardo Fernando beltramo Pablo Cristobal rota sUPLentes Héctor Chyrikins Heriberto Horacio Fernández Juan Carlos aldo Propatto Claustro de Graduados titULares Gabriela verónica russo Luis alberto Cowes roberto darío Pons mayra daniela trujanovich sUPLentes rubén antonio arena Álvaro Javier iriarte daniel González Jaime José Korenblum Juan Carlos Jaite Claustro de Estudiantes titULares Juan manuel oro natalia indelicato ailen Cristina risso bruno razzari brion sUPLentes Julián Gabriel Leone César agüero maría Laura Fernández schwanek diego alejandro Parras El sistEma judicial argEntino pasa por un momEnto crítico. la sociEdad lo cuEstiona, las causas sE apilan y los juzgados Están colapsados. la rEforma intEgral Es urgEntE y nEcEsaria. En EstE númEro, un panorama complEto dEl Estado actual, y algunas propuEstas para mEjorarlo. el secreto de sus ojos Los artículos firmados expresan las opiniones de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Plan Fénix ni de la Universidad de Buenos Aires. staff DIRECTOR Abraham L. Gak COMITE EDITORIAL Eduardo Basualdo Aldo Ferrer Oscar Oszlak Fernando Porta Alejandro Rofman Federico Schuster COORDINACIÓN TEMÁTICA Ángela Ledesma SECRETARIO DE REDACCIÓN Martín Fernández Nandín PRODUCCIÓN Paola Severino Erica Sermukslis Tomás Villar CORRECCIÓN Claudio M. Díaz FOTOGRAFÍA Sub [Cooperativa de Fotógrafos] DISEÑO EDITORIAL Mariana Martínez DESARROLLO y DISEÑO DEL SITIO Leandro M. Rossotti Carlos Pissaco Córdoba 2122, Facultad de Ciencias económicas, Universidad de buenos aires. Ciudad autónoma de buenos aires. teléfono 4370-6135. www.vocesenelfenix.com / voces@vocesenelfenix.com

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rEcupErar la justicia Es fundamEntal para la dEmocracia D entro de los reclamos de la sociedad sobre el funcionamiento del Estado, uno de los más significativos es el referido a la prestación de justicia, en particular, al funcionamiento del Poder Judicial. Una reforma general del sistema y funcionamiento de la Justicia es imprescindible para que la población pueda gozar de los beneficios integrales de la democracia en nuestro país. Décadas y décadas de aplicación de un método pensado para otro país y otra sociedad transformaron al servicio de justicia en un sistema lento y sujeto a distorsiones, prolongando los juicios y las correspondientes sentencias a extremos difícilmente imaginables dentro del concepto de justicia. Es evidente que quienes conviven en el Poder Judicial, han conformado un blindaje para defender los intereses existentes, que es impenetrable a la crítica y opinión de individuos y comunidades. Esta idea de corporación ha generado en la sociedad una desconfianza tal que se acude a los estrados judiciales prácticamente como último recurso; si bien es deseable que esto suceda, debería ocurrir por el buen funcionamiento de los mecanismos de mediación previos al litigio y no por desconfianza. Desde luego, estas apreciaciones no alcanzan a los muchos miembros del sistema que cumplen o que tratan de cumplir con una misión tan significativa para todos. Las voces que se alzan en reclamo de una reforma sistémica también provienen del propio riñón de la “familia judicial”. Este número de nuestra revista da cuenta de esto que decimos. El fallido intento de avanzar en una reforma integral del sistema –a partir del paquete de proyectos de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional durante el último año–, si bien expresa un retroceso, no niega la legitimidad de un reclamo que cuenta con un consenso social creciente. Sería deseable entonces, para futuros intentos de reforma, que se lograra construir un abanico de organizaciones sociales y propuestas lo suficientemente amplio para plasmar, también en el Congreso, esos consensos que ya están instalados en la sociedad. Por otra parte, para consolidar un efectivo sistema de derecho, todavía está pendiente el real acceso a la Justicia, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos. Hoy en día siguen existiendo resabios importantes de discriminación, tanto de parte de los sectores policiales como de miembros del Poder Judicial, que más que acercar expulsan a las víctimas de violencia y delitos. La discriminación también se manifiesta en el costo que significa acudir al sistema de justicia, que es una inversión muy fuerte de tiempo y dinero, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud con que se desarrollan los juicios. Consideramos que una reducción en la duración de los trámites y juicios contribuiría a modificar sus costos. No son pocas las propuestas en esta línea, desde incorporar tecnologías a las comunicaciones y al trabajo de registro hasta avanzar en la conformación de tribunales orales o la implementación del juicio por jurados. Son discusiones abiertas, por lo que es necesario avanzar y profundizar en ellas. También debemos mencionar el actual debate sobre los alcances de la prisión preventiva. Esta discusión, entre aquellos que con el pretexto de la seguridad tienden a incrementar su rigurosidad y los que consideran que su incremento es en realidad una expresión de violencia institucional, deja de manifiesto un problema real: la cantidad de personas detenidas a la espera de la resolución de su proceso judicial es por demás excesivo y es una causa de abarrotamiento en las cárceles. Si bien es cierto que en los últimos tiempos se han obtenido avances significativos en lo relacionado al derecho de familia, a los procesos colectivos, al nuevo rol de los fiscales o a los proyectos de reforma de los códigos civil, comercial y procesal penal, está pendiente la modificación de la forma de participación de la víctima en los procesos judiciales de manera que le permita al damnificado recibir un trato digno y respetuoso, con el objeto de lograr una defensa más efectiva de sus intereses. Para finalizar, podemos decir que nos encontramos en un momento importante. El debate instalado en la sociedad sobre los derechos, obligaciones y efectividad de las decisiones del Poder Judicial tarde o temprano cristalizará en cambios efectivos y posibles de un servicio que hace a la democracia y a la evolución de nuestras sociedades, logrando que la comunidad vuelva a creer que el camino de utilizar el sistema se sobrepone al convencimiento de que no hay justicia. aBraham lEonardo gaK (DIRECTOR) 4 > www.vocesenelfenix.com

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Editorial > 5

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El Estado tiEnE la oBligación dE gEnErar políticas púBlicas quE facilitEn El accEso a la justicia. sin duda, los mayorEs oBstáculos sE prEsEntan En los sEctorEs popularEs. por Ello, Es impErioso para la BuEna administración dE justicia quE dEsdE la misma sE disEñEn instancias idónEas para Brindar rEspuEstas ágilEs y dE Bajo costo. accEso a la justicia 6 > www.vocesenelfenix.com

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> 7 por daniEl parisE Abogado (UBA). Docente de Elementos de Derecho Procesal, Facultad de Derecho UBA

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C on el enunciado “acceso a la Justicia” se denota un conjunto de circunstancias, tanto fácticas como normativas que hacen a la posibilidad de conseguir por parte de los justiciables una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. En ese conjunto de circunstancias encontramos, además del derecho a la jurisdicción, condicionantes que hacen a la operatividad de dicho derecho, siendo central en este tema la situación socioeconómica de los usuarios del servicio de justicia. Existen otros condicionantes a superar en tren de efectivizar el acceso a la Justicia, tales como los culturales, que se encuentran en un primer nivel, esto es, reconocer que existe un derecho y que el mismo pueda hacer valer legalmente. Estos problemas fácticos son llamados en general barreras al acceso a la Justicia. Sin duda no existe controversia en torno a la obligatoriedad de que el Estado provea políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la Justicia. Lo que plantea inconvenientes es la naturaleza y extensión de la obligación de la actividad estatal encaminada a ello. El acceso a la Justicia incluye el análisis de las soluciones que deben brindarse a los ciudadanos para superar la distancia que existe entre ciertas garantías del orden democrático y su efectiva realización práctica. Principalmente estos problemas fácticos pueden ser clasificados en dos grupos: estructurales, que impiden o dificultan el acceso a la Justicia por la misma organización del sistema judicial, y las barreras operativas, las cuales son más difíciles de sortear, dado que actúan sobre el funcionamiento real de la Justicia. Las políticas de justicia deben tener por objetivo crear condiciones que faciliten el acceso a la Justicia y establezcan adecuados mecanismos de seguimiento en materia de prevención, atención y control de los conflictos y sus factores asociados. 8 > por daniEl parisE

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accEso a la justicia > 9 El acceso a la Justicia implica, en consecuencia, que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar solución a sus conflictos en forma eficiente y oportuna. Este concepto presenta una visión amplia de la administración de justicia, por el cual comprende además de la solución jurisdiccional de tutela estatal, la prevención de conflictos, la promoción de los derechos y la solución colaborativa de conflictos como la mediación. Las políticas de justicia deben tener por objetivo crear condiciones que faciliten el acceso a la Justicia y establezcan adecuados mecanismos de seguimiento en materia de prevención, atención y control de los conflictos y sus factores asociados. Para superar las barreras socioculturales es necesario contar con remedios deseables y adecuados considerándose especialmente el decisivo rol de la información. Englobando así materias tan diversas como: existencia de un adecuada protección normativa de los derechos ciudadanos, información sobre los derechos de los que es titular, asesoramiento jurídico y mecanismos accesibles y eficaces de resolución de conflictos. En nuestra Constitución nacional encontramos el acceso a la Justicia de un modo difuso (pero no por ello menos exigible). El art. 18 nos habla del debido proceso, lo que nos dice que existe un derecho a la jurisdicción (más amplio que aquel) sin consagración expresa que podría derivarse del art. 33 (derechos implícitos). O de forma más clara de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –ambos con jerarquía constitucional–, también involucrado el derecho a la igualdad ante la ley en el art. 16 de la Constitución nacional. De este complejo de normas (debido proceso, derecho a la jurisdicción e igualdad ante la ley) obtenemos un derecho a la tutela judicial que deber ser igualmente accesible para todos, esto es, un derecho de acceso a la Justicia. La eficacia del ordenamiento jurídico de un Estado no se mide por la previsión abstracta de derechos reconocidos en los distintos textos legales, sino por la posibilidad de hacerlos efectivos y cuando, a la par, consideramos al proceso judicial como el medio del cual el Estado se vale para resolver los conflictos entre los particulares. El derecho a la jurisdicción es un derecho subjetivo público frente al Estado, encaminado a que este proceda a tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos mediante el proceso, conforme los principios que conforman la intervención de las partes en él, básicamente contradicción e igualdad. El gran problema del derecho es su vigencia efectiva. De poco sirve una Constitución y un conjunto de normas si no se aplican, que consagran derechos que no pueden ejercerse o cuya concreción implica el tránsito de caminos arduos y desalentadores. Estos derechos de acceder a los tribunales, a que la judicatura decida con justicia y a que tutele los derechos e intereses de los sujetos jurídicos que litigan con razón, son principios básicos de un Estado de derecho y piedra de toque del sistema jurídico. En el ámbito internacional se ha dicho que el derecho de acceso a la Justicia es característica esencial de cualquier sociedad democrática. El derecho a la tutela de los derechos deviene en consecuencia en uno de los más relevantes entre los derechos fundamentales

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en cuanto se ofrece como condicionante para la operatividad y el reconocimiento de los restantes. La tutela jurídica ha de ser efectiva, pues cuando la tutela no es efectiva, o no lo es completamente, se produce la indefensión. El derecho a una verdadera tutela judicial de los derechos implicará además del acceso al sistema legal sin obstáculos que perjudiquen el ejercicio de los derechos, la posibilidad de lograr un pronunciamiento que solucione el conflicto o tutele el derecho y asimismo lograr que este sea cumplido y ejecutado, pues en la medida en que el fallo no se ejecute el derecho de acceso a la Justicia no será satisfecho. Para alcanzar esos objetivos es indispensable que el Estado cree condiciones para una respuesta jurisdiccional idónea y suficiente, otorgando soluciones que contemplen una visión jurídica enriquecida como producto de un acertado enfoque de la política judicial. El gran problema del derecho es su vigencia efectiva. De poco sirve una Constitución y un conjunto de normas si no se aplican, que consagran derechos que no pueden ejercerse o cuya concreción implica el tránsito de caminos arduos y desalentadores. 1 0 > pordaniEl parisE

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accEso a la justicia > 1 1 Necesidad de una Justicia para las pequeñas causas Sin duda los obstáculos al acceso a la Justicia son más pronunciados para las reclamaciones pequeñas. En realidad los servicios legales son costosos para toda la población, pero son sobre todo proporcionalmente más caros para los económicamente más débiles. Además, la lentitud de los procesos es un importante costo económico agregado y esto también es proporcionalmente más gravoso para los ciudadanos de menores recursos. Es imperioso para la buena administración de justicia que desde la misma se diseñen instancias idóneas para brindar respuestas ágiles y de bajo costo. Así, los distintos poderes judiciales deben contar ineludiblemente con una Justicia para pequeñas causas. En el trámite de estas causas también resultan necesarias reglas de procedimiento adecuadas a los fines de procurar una Justicia más ágil que supere el tipo de proceso escriturario y formalista costoso en tiempos y erogaciones pecuniarias. A la par del sistema jurisdiccional, en el ámbito nacional y algunas provincias han instituido la mediación como una instancia que en general posibilita una solución concertada al conflicto y que específicamente también estaría en condiciones de brindar un mejor tratamiento a conflictos que involucran a personas de escasos recursos y a disputas de pequeña envergadura económica. Despejado este factor de incertidumbre, las ventajas instrumentales de la mediación –bajos costos, informalidad y celeridad– permiten un mejor tratamiento de las referidas disputas. Reformas legales integrales y barreras al acceso interrelacionadas plantean con claridad las tensiones entre el derecho y su eficacia. En este marco, el cómo hacer efectivo el derecho no tiene un papel secundario, la eficacia de las normas depende de ello en gran medida, aspecto central para satisfacer la demanda de la ciudadanía en cuanto a no sólo mayores niveles de independencia y eficacia judicial, sino también de accesibilidad.

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El juicio por jurados como rEspuEsta al rEclamo social por una justicia lEgítima la sociEdad rEclama transparEntar las dEcisionEs judicialEs y dEmocratizar la justicia. El juicio por jurado, al dEBilitar la Burocracia y El corporatiVismo ExistEntE En El sistEma judicial, aporta En Esa dirEcción. la participación dE más sEctorEs dE la sociEdad, con información, ExpEriEncias y pErspEctiVas difErEntEs, inVistE dE mayor imparcialidad al sistEma dE EnjuiciamiEnto. Es hora dE ponErlo En práctica. por Vanina almEida Abogada (UBA), Docente (UBA). Secretaria de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Investigadora del INECIP. Funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal. 1 2 > www.vocesenelfenix.com

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La situación actual del sistema de justicia penal Actualmente nuestro sistema de justicia se encuentra atravesando una fuerte crisis de legitimidad, debido a la desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento interno del sistema y en el modo en que los jueces toman las decisiones jurisdiccionales. Nunca antes los magistrados han sido tan cuestionados en su idoneidad ni se han visto sometidos a tantos juicios políticos y condenas mediáticas. Esa situación ha provocado una suerte de distanciamiento entre el pueblo y la Justicia, y un ferviente reclamo social por un poder judicial más transparente y eficaz. Aquel reclamo, a mi entender, resulta coherente y debe ser atendido debido a la falta de respuesta rápida y eficiente que da el sistema penal a los conflictos sociales. Tenemos un proceso penal que se caracteriza por una etapa de instrucción, lenta, secreta, escrita, burocrática y formalizada, cuya función reside en recabar prueba, muchas veces sin la presencia del defensor, para llegar al debate oral; y una segunda etapa de juicio “oral y público”, en la cual la oralidad no reviste carácter real desde que los debates suelen ser una reproducción de lo recopilado en la etapa de investigación, cuyas constancias, en la gran mayoría de los casos, se incorporan por lectura. Dicha circunstancia conlleva a la mala utilización de los recursos del Estado, al desistir de los testigos que se encuentran esperando a ser llamados, y a la afectación de garantías, por la falta de control de la prueba que ingresa al debate. En este contexto, los abogados no requieren capacitarse para litigar en audiencias sino únicamente haber leído el expediente antes de ingresar al recinto. Por otra parte, la publicidad no es tal, en la medida en que no se dan a conocer las fechas de juicios ni se utiliza un lenguaje propio de un ciudadano común. La realidad cotidiana muestra que los tribunales están repletos de expedientes, que tramitan durante años, sin que se dé ningún tipo de respuesta ni asistencia a las víctimas. Estos datos empíricos pueden observarse en el relevamiento sobre el funcionamiento de los tribunales orales que realizó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en el año 2011. Ahora bien, este sistema, que a la vista reviste serios problemas de eficacia y respeto de garantías constitucionales, además se encuentra desprovisto de todo tipo de control popular y participación ciudadana. El Código Procesal Penal de la Nación no regula en ninguna de sus cláusulas la posibilidad de que los juicios se celebren con participación del pueblo. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con nuestros representantes del poder ejecutivo y legislativo, los ciudadanos no eligen a los jueces a través del voto popular, pues ellos son designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. De esta manera, tenemos un poder judicial cerrado que carece de controles sociales externos y que concentra todo su poder jurisdiccional en los jueces profesionales, quienes abusan de latinismos y terminología jurídica para dar mayor prestigio a sus fallos, lo cual resulta poco comprensible para la comunidad civil y preocupa a todos lo que queremos vivir en un Estado democrático. 1 4 > por Vanina almEida

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El juicio por jurados como rEspuEsta al rEclamo social por una justicia lEgítima > 1 5 No obstante lo expuesto, es preciso señalar que nuestros constituyentes en 1853 previeron con buen tino el modo en que se debían llevar a cabo los juicios penales en nuestro país, el cual no se acerca en lo más mínimo al sistema recientemente descripto. Así, en tres artículos de la Carta Magna señalaron que los juicios orales en la Argentina debían desarrollarse con la presencia de jurados populares, y ordenaron al Congreso nacional que sancionara la ley que instaure y reglamente ese sistema de enjuiciamiento para todo el país –Arts. 24, 75 inc. 12 y 118 CN–. Sin embargo dicho mandato ha sido desoído por nuestros legisladores por más de 160 años, pese a que desde 1873 se han presentado al Congreso diversos proyectos. De esta manera, la pregunta que surge es ¿por qué razón el Congreso nacional se ha empeñado tanto en impedir la instauración del juicio por jurados? Para responder este interrogante en forma completa es necesario efectuar un análisis profundo sobre condiciones sociales, históricas y culturales, que claramente exceden el marco de este trabajo. Sin embargo, creo que detrás de la eterna discusión entre jueces técnicos y populares se oculta una cuestión de poder, pues, en definitiva, la presencia del pueblo en la administración de justicia conlleva a la descentralización del poder de juzgar que hoy recae exclusivamente en manos de jueces profesionales. Expuesto el estado de situación, en lo que sigue habré de dedicarme a explicar cuál es la función del juicio por jurados clásico –pues creo que ese ha sido el modelo pensado por los constituyentes–, para determinar si sus principios conceptuales y su adecuado funcionamiento pueden ofrecer una respuesta a la actual demanda social. Los miembros del jurado no pertenecen al Estado ni necesitan hacer carrera dentro del poder judicial, por lo que no tienen interés alguno en complacer al poder político, siendo mucho más difícil influenciarlos debido al número múltiple de sus miembros, edades, procedencias, sexos y extracciones sociales.

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