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Julio 2018

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Año 6 N°101 - Julio 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco PLENARIO ANUAL EN SÁENZ PEÑA La justicia de paz y faltas mostró toda su vigencia Magistrados y funcionarios asistieron a la jornada para intercambiar experiencias y adquirir nuevos conocimientos. Los principales temas planteados fueron: la reforma del Código de Faltas, cuestiones de competencia y capacitación. FALLO DESTACADO – SALA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL Cumplir órdenes y realizar tareas no determina indiscutidamente la existencia de un vínculo laboral 6 EDITORIAL Por: Milagro Giménez Registro Proteger: vanguardia en la protección a víctimas de violencia doméstica y de genero 2 45 A CARGO DE FUNCIONARIOS NACIONALES Intensos encuentros de capacitación para litigación penal en audiencias orales Tienen como objetivo la aplicación del enfoque por competencias en la formación de profesionales de la Justicia, mediante el aprendizaje y simulación de técnicas y habilidades. Las clases son teóricas y prácticas para el fuero penal. 3 LA BIBLIOTECA DEL SUPERIOR TRIBUNAL Y LA ASOCIACIÓN TIFLONEXOS Entregaron celulares para personas con discapacidad visual 8 Los ministros del STJ participaron de la importante actividad. Cuentan con acceso a internet e incluyen herramientas para el estudio y programas que les permiten una mayor autonomía a 11 chicos con discapa- cidad visual de Resistencia y el interior.

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2PÁG. Resistencia, Julio de 2018 EDITORIAL Registro Proteger: vanguardia en la protección a víctimas de violencia doméstica y de genero Desde principios de abril del año 2006, por iniciativa del Equipo Interdisciplinario del Fuero de Familia, la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a las Víctimas y a la Ciudadanía, las juezas y las/los secretarias/os socio-asistenciales de los Juzgados de Familia del fuero civil y la Dirección de Servicio Social, se realizaron sucesivas reuniones a fin de detectar obstáculos en el circuito de tomas de denuncias de violencia doméstica para brindar un mejor acceso a justicia a las víctimas. Estas primeras reuniones se desarrollaron en la Biblioteca Dalmasio Vélez Sarsfield del STJ, encabezadas por la presidenta de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo, coordinada por la secretaria letrada de esa sala, Marta Colussi, colaborando además el secretario letrado Fernando Heñin. Se fijaron objetivos de trabajo, entre ellos; la coordinación de la utilización del formulario de denuncia de violencia doméstica para MAAPViCi aprobado por el STJ mediante resolución 470 del 14 de abril de 2015. Se elaboraron los flujogramas de trabajo de cada uno de los organismos mencionados participando la Oficina de Gestión de Calidad Judicial a cargo de Sergio Darío Bogado, con la presencia del Secretario del S.T.J Dr. Gabriel Duarte. Luego de las primeras reuniones surge la necesidad de coordinar acciones con las/os juezas/es de faltas y de paz con competencia en faltas y el inspector de Justicia de Paz y de Faltas, Nelson Mussin, en relación a la toma de medidas de protección ante una denuncia de violencia doméstica. La reunión realizada el 22 de agosto del año 2016 en el Centro de Estudios Judiciales, con la presencia de Grillo, Mussin, juezas/es de paz con competencia en faltas y juezas/es de faltas de la primera circunscripción judicial, juezas/es y secretarias/os socio-asistenciales del Juzgado del Menor de Edad y la Familia del Fuero Civil y funcionarias/os de la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía se pone de ma- nifiesto que, a pesar de la excelente comunicación existente entre los organismos, surge el problema de la superposición de causas y medidas de protección tomadas, en virtud de que muchas veces las víctimas de violencia formulan denuncias en los diferentes organismos. Por tal motivo nace la propuesta de crear un Registro de Medidas de Protección con la principal finalidad de que, antes de dictar una medida el/la funcionario/a /magistrada/o que entienda en la causa pueda consultar dicho registro y de esta forma evitar la duplicidad de causas, que en ocasiones resultaban ser contradictorias. El 19 de septiembre del 2016 en el Centro de Estudios Judiciales además de las y los actores ya mencionados participaron: la ministra Grillo, la secretaria coordinadora del CEJ, Rosario Auge, el procurador general adjunto, Hugo Miguel Fonteina, los equipos fiscales y el secretario letrado del STJ, Gabriel Duarte, entre otros. Se pone de manifiesto como uno de los problemas relevantes de las Fiscalías la necesidad de incluir en el Registro de Medidas de Protección la fecha de notificación de la medida de protección dictada para investigar con mayor celeridad los delitos por desobediencia judicial y se reafirma nuevamente, la necesidad de poner en marcha un Registro de Medidas de Protección para dar solución a los problemas planteados. En octubre del año 2016 comienza a funcionar el Centro Judicial de Género (CJG) creado por Acuerdo Nº 3395 del 29/02/2016 por el Superior Tribunal de Justicia cuyo vínculo y referente institucional es la ministra María Luisa Lucas. Se le encomienda al CJG proyectar la reglamentación del Registro de Medidas de Protección denominado “Proteger” en base a las reuniones realizadas. En la elaboración del proyecto de Reglamento participaron: la Defensoría General, la Dirección de Tecnología de la Información, el Área de Política Criminal y la Inspectoría de Justicia de Paz y fue aprobado por las/los ministros STJ por Resolución 2.324 del 5 de diciembre del 2017. En el mes de junio del corriente año se inician las capacitaciones en todas las circunscripciones judiciales, a cargo del Centro Judicial de Género y de la Dirección de Tecnología de la Información, con la coordinación del Centro de Estudios Judiciales y la presencia, en su mayoría, de la ministra Grillo. Conforme lo expresa el Alto Cuerpo en la Resolución Nº 2.324, el Registro de Medidas de Protección Proteger “se constituirá como una herramienta de sistematización y conocimiento que permitirá la adopción de eficaces y prontas medidas de Protección a favor de las Víctimas”. Recientemente el Alto Cuerpo por Resolución N° 157 de fecha 30/07/18, porrogó la entrada en vigencia del Sistema Proteger para el 1 de octubre de 2018. Este registro es una construcción conjunta de las y los operadores judiciales en consonancia a las obligaciones asumidas por la República Argentina como Estado Parte de los Instrumentos Internacionales y Regionales que protegen los derechos humanos de las mujeres y de la ciudadanía en su conjunto. Así, una vez más, la Provincia del Chaco a la vanguardia de la protección de derechos de los sectores más vulnerables de la población. Por: Milagro Giménez (subdirectora del Centro Judicial de Género) Año VI Número 101 Julio de 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Rolando Ignacio Toledo Ministros Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Iride Isabel María Grillo Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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JORNADAS A CARGO DE FUNCIONARIOS NACIONALES Capacitaron en técnicas y habilidades de litigación penal en audiencias orales 3Resistencia, PÁG. Julio de 2018 El auditorio del Superior Tribunal de Justicia fue sede de la jornada inaugural de capacitación en técnicas y habilidades de litigación penal en audiencias orales, destinada a magistrados, funcionarios y empleados del fuero penal de toda la provincia. La actividad abarca cuatro encuentros y se realiza en el marco del Programa Nacional de Criminalística de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia Derechos Humanos de la Nación. Apunta a la aplicación del enfoque por competencias en la formación de profesionales de la Justicia, mediante el aprendizaje y simulación de técnicas y habilidades de litigación en audiencias orales. En la presentación estuvieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, el Procurador General, Jorge Canteros y Santiago Del Carril, Coordinador del Programa Nacional de Criminalística. “NO MÁS EXPEDIENTES A CUERDA” Toledo destacó especialmente la presencia de magistrados y funcionarios del interior provincial, y la colaboración permanente que el Poder Judi- cial chaqueño recibe del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Señaló que hace 45 años que el Chaco implementó la oralidad, puesto que realiza debates des- Márquez Gauna relató su experiencia y conocimientos ante una nutrida concurrencia. de 1972, por lo cual está en condiciones de demostrar esa fructífera trayectoria. También remarcó que el STJ promueve la litigación oral desde tiempo atrás y en todas las materias. “No hay argumentos para que siga habiendo escritura y expedientes a cuerda”, señaló al respecto. Informó sobre los equipamientos que el STJ está en proceso de adquirir para cumplir con la infraestructura necesaria para implementar el sistema y auguró que, en un plazo no mayor de tres años, la litigación oral va a ser total. Por su parte, Canteros, valoró el esfuerzo del Centro de Estudios Judiciales en la organización de la actividad, y el de los representantes del Mi- nisterio Público Fiscal (sobre todo quienes vinieron del interior provincial) que asistieron a la capacitación. “Espero que todos los sistemas sean orales en la provincia, sé que Toledo comparte esta posición, él ha luchado porque el proceso laboral y civil cada vez sea más oral en la provincia”, expresó el procurador general. la tenga la solución del conflicto”, señaló el capacitador y lo ratificó al decir que “la nueva mirada atiende al conflicto entre las personas”. En el segundo encuentro se refirió a las audiencias preliminares. De manera didáctica y con casos concretos, incluido un video, el capacitador explicó todo lo relativo a aquellas y anunció que en las dos jornadas que restan (en agosto) conclui- Por último, Santiago del Carril, resaltó la im- rán con el trabajo estricto sobre la audiencia de portancia de los procesos de reforma procesal juicio propiamente dicho. penal que se vienen realizando en las provincias Propuso “empezar a mirar estratégicamente y argumentó que “significan un cambio de para- los casos”, describió la “tensión entre la eficiencia, digma en la relación de la Justicia con la sociedad”. la oportunidad y el tiempo” cuando se analiza un “Este curso de litigación oral ofrece herramien- caso y sugirió la importancia de “gestionar recur- tas que la formación de derecho no viene dando; sos, nuestros propios recursos como fiscales”. uno viene con una formación académica vinculado Insistentemente marcó la importancia de al derecho inquisitivo. Por eso hace falta adquirir “trabajar por protocolos, estandarizar procesos competencias en materia de litigación para cumplir y ser medible y eficiente en la forma de trabajo”. el nuevo rol que nos ocupa”, concluyó. En relación con esto, reveló la importancia de los indicadores “desde la mirada de la gestión, no del CAPACITACIÓN control”. Y los definió como “una herramienta El responsable de la capacitación, Santiago para verificar cómo estamos haciendo el trabajo”. Márquez Gauna, es jefe de la fiscalía de investi- Márquez Gauna afirmó que, en el sistema ad- gaciones IV de Circunscripción Judicial de Rio versarial, las audiencias preliminares “requieren Negro, miembro fundador de Centro Derechos una preparación mayor de los litigantes”, y que los Humanos del Comahue, y especialista en el tema. jueces no tienen intervención en la preparación. Inició la clase explicando que ofrecería algu- “El desafío es saber que tenemos una audiencia, nas herramientas de litigación oral adversarial, y estar pendientes y no improvisar sobre la marcha. remarcó lo que estimó puntos importantes para Esto es lo primero que se castiga en el sistema ad- generar “el cambio de paradigma procesal”. versarial”, reveló, y lo demostró con la difusión de “Lo cierto es que los grandes filósofos del de- un video en el que se advierte las consecuencias recho han estado de acuerdo en que en un sistema de la conducta de un representante del ministerio Toledo, Canteros y Del Carril disertaron en la jornada inicial. mixto la centralidad la tiene el expediente y lo pri- público, en México, que no estuvo a la altura de las mero que vamos a cambiar es que la centralidad circunstancias.

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4PÁG. Resistencia, Julio de 2018 SÁENZ PEÑA REUNIÓ AL FUERO DE TODA LA PROVINCIA Concretaron nueva edición del pl Magistrados y funcionarios asistieron a la jornada para intercambiar experiencias y adquirir nuevos conocimientos. Los principales temas planteados fueron: la reforma del Código de Faltas, cuestiones de competencia y capacitación. Los jueces del fuero de paz y faltas del Chaco concurrieron a Sáenz Peña para participar del plenario anual durante el que fueron abordados temas como: el proyecto del Código de Faltas, cuestiones de competencia, sus conflictos y criterios que aplica el Superior Tribunal de Justicia y aspectos de capacitación, entre otros. Al encuentro, que tuvo lugar en el salón auditorio del edificio del juzgado de paz local, asistieron el presidente del STJ, Rolando Toledo, las ministras Emilia Valle y María Luisa Lucas, el procurador general Jorge Canteros; el adjunto, Miguel Fonteina, y la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz. También asistieron Nelson Mussin inspector de Justicia de Paz y Faltas, la presidenta de la Entidad de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas Celia Altamiranda, la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Rosana Glibota, y más de 80 jueces y secretarios de toda la provincia. TOLEDO: TRANSITAR NUEVOS PARADIGMAS Durante su discurso Toledo agradeció a quienes llegaron desde distintos puntos y señaló que “la justicia chaqueña deberá transitar algunos caminos que indican nuevos paradigmas y habrá que capacitarse para recorrerlo”. Se refirió a la necesidad de formarse en gestión y relaciones humanas pero además dijo que habrá que trabajar en extensión a la comunidad, dependiendo de las características de cada lugar. “Ésta fue la función tradicional, ser el eje, el centro de las pretensiones de la comunidad”, afirmó. Al mismo tiempo consideró que será necesario apuntar a la oralidad y profundizar la conciliación, la negociación colectiva y social, sobre todo, en grandes conflictos. Respecto al temario abordado opinó sobre necesidad de la reforma del Código de Faltas (que comenzó en el 2014 y quedó en suspenso por cuestiones económicas). “Ahora es el momento de tener la norma modificada –aseguró Toledodebemos lograr que sea una comparación razonable con lo que tenemos en lo Penal. Y ver cómo se aplica con los menores gastos posibles, ya sea con defensores itinerantes o con el uso de internet como herramienta para incorporar a la actividad procesal”. Finalmente anunció que trabajan en el armado de un Equipo de Mantenimiento del Poder Judicial para los juzgados de Paz y Faltas con el objetivo de asistir a esas dependencias judiciales. DISTINCIÓN A LA MINISTRA LUCAS Altamiranda entregó a la ministra María Luisa Lucas un reconocimiento en nombre de la Entidad, estuvo acompañada por los jueces Marcelo Ramos e Isabel Strizik a quien valoraron por “ser una gran pionera” y por su compromiso y apoyo constante para el logro de una Justicia de “esencia en la cercanía con la gente”. PANELES En el primer panel la jueza de Faltas de Barranqueras Sandra Saidman se refirió al Proyecto del Código de Faltas y a la necesidad de redactar uno que se ajuste a las necesidades actuales. “Chaco es pionera en todas las legislaciones pero hay que respetar los estándares constitucionales y por ello que es necesario aggionarlo. La reforma no puede ser postergada por la necesidad de equiparar el ordenamiento a los de mayor jerarquía”, manifestó. Y sugirió apuntar al “proceso acusatorio sin perder la cercanía con la comunidad”. Saidman compartió el panel con Gauna Wirz y con el secretario Raúl Facchin. Luego la jueza de Faltas de Resistencia Marcela Cortés repasó sentencias contravencionales y los hechos que se deben tener en cuenta a la hora de redactarlas. Más adelante el secretario de la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral del STJ, Fernando Heñin, habló de los conflictos de competencia: control inicial, ejecutivo y/o sucesorio, cuestiones de familia y otros. Así como los criterios del STJ. Compartió el panel con la jueza de Paz de Pampa del Infierno Isabel Strizik quien sugirió que, a pesar de los inconvenientes, hay que apostar a la conciliación es decir a la voluntad de partes. Por último, Cecilia Vargas secretaria de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del STJ analizó los conflictos de competencia entre la Justicia de Faltas y el Fuero Penal. Los temas analizados despertaron gran interés. Celia Altamiranda Ar JUE (PUE El m digo de aporte” garantiz En e del proc faltas”. PRESIDENTA DE LA ENTIDAD DE MAGISTR Y FUNCIONARIOS DE JUSTICIA DE PAZ Y La justicia de paz y faltas sigue marcando un rumbo en el Chaco. la E de inte qui cóm sen ma Con taci de esp está de deb

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5Resistencia, PÁG. Julio de 2018 lenario de justicia de paz y faltas riel Alonso EZ DE PAZ ERTO TIROL) magistrado tirolense se refirió a la reforma del CóFaltas y sostuvo que “es digno de destacar el gran que implica. “Es algo sumamente positivo. Sigue zando, aún más, los derechos del justiciable”. ese sentido consideró que tendrán “como garantía ceso y va a beneficiar a toda la justicia de paz y RADOS FALTAS La jueza de faltas de la ciudad termal, y presidenta de EMFJPYF describió como “muy movilizantes este tipo encuentros”. Así, valoró la disposición de “la gente del erior que tiene muchas ganas de consensuar ideas con ienes están en las cabeceras de circunscripción, para ver mo ir solucionando los desafíos que, día a día, nos prenta la función. Más adelante aseguró sentirse “muy satisfecha por lo anifestado por (el presidente del STJ, Rolando) Toledo. n impronta en la gestión, la calidad, cursos y capaciiones”. “También por la acogida que tuvo el proyecto recategorizaciones presentado por la Entidad, el cual peramos que llegue a buen destino”, sintetizó. Finalmente aseveró que en la asociación que preside án “más que interesados en que salga” el nuevo Código Faltas, cuyo proyecto fue “el fruto de un trabajo muy batido”. Una vez más hubo asistentes de todos los puntos de la geografía provincial. Marcela Cortés JUEZA DE FALTAS (RESISTENCIA) “Intentamos mostrar de manera práctica los requisitos que debe cumplir la sentencia contravencional en cuanto a la fundamentación y, por otro lado, aconsejar a los otros colegas a que en los trámites y, al momento de dictar sentencia, recurran a mecanismos que establece el Código (de Faltas) como para solucionar el conflicto”, explicó la jueza de faltas Marcela Cortés, en referencia a los puntos salientes de su disertación. Además sugirió “que no se atengan a las penas principales que son arresto o multa, sino que apliquen aquellas alternativas que hacen que el conflicto social cese ”. Nelson Mussin INSPECTOR DE JUSTICIA DE PAZ Y FALTAS “Estos son los momentos que aprovechamos para replantearnos algunas situaciones vinculadas a nuestro trabajo”, remarcó Mussín. Al mismo tiempo explicó: “cuando encaramos los temas a considerar, casi recurrentemente, tenemos las cuestiones vinculadas al Código de Faltas y, este año, se dio la oportunidad de ir viendo los asuntos del orden jurídico de la justicia contravencional. “No es ningún secreto que estamos tratando de evolucionar, incorporando los institutos pertinentes, garantizando a través de la Constitución Nacional, Provincial y los tratados internacionales los derechos de las personas”, añadió. Más adelante recordó: “no es lo mismo el trabajo en el Gran Resistencia que alguna localidad de El Impenetrable. Tenemos que ponderar esas situaciones y ponernos en contexto. Las aplicaciones del orden jurídico son para todos, pero hay casos que debemos resolverlas bien, dándole herramientas a los jueces, incorporando tecnologías y nuevos conocimientos a través de las capacitaciones. Finalmente se refirió al proyecto de recategorizaciones asegurando que “hay muchos jueces y secretarios en juzgados, sobre todo de tercera categoría, que han quedado por debajo en el orden salarial y no es secreto que nuestro sueldo es lo único que percibimos, más allá de la esporádica docencia universitaria que se pueda hacer”.

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6PÁG. Resistencia, Julio de 2018 FALLO DESTACADO – SALA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL Cumplir órdenes y realizar tareas no determina indiscutidamente la existencia de un vínculo laboral El Superior Tribunal de Justicia anuló, por mayoría, una sentencia que había dado lugar al reclamo de una abogada contra un bufete jurídico considerando que medió una prestación laboral, encuadrada dentro del C.C.T. Nº 130/75. Asimismo ejerció jurisdicción positiva y rechazó la demanda planteada. La sentencia 217/18 dictada por la Sala Primera Civil Comercial y Laboral del STJ, con los votos de Alberto Mario Modi y Rolando Toledo (terció para desempatar), tiene como argumento central que la profesional realizaba sus tareas en forma autónoma, sin una vinculación dependiente bajo las normas del contrato de trabajo. Remarcó que los hechos y la prueba evidencian la falta de subordinación jurídica, técnica y económica e indican que medió un contrato de locación de servicios en los términos del art. 1623 y siguientes del Código Civil de la Nación (actual art. 1251). En minoría quedó el voto de la ministra Iride Isabel M. Grillo, quien se pronunció a favor de ratificar el pronunciamiento de la sala primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia. REPASO DE LOS HECHOS La actora inició la demanda laboral por $129.012,48, alegando que prestó servicios en el estudio desde el 1 de marzo de 2010, hasta el 3 de enero de 2013, en la categoría de auxiliar especializado “B” del Convenio Colectivo Nº 130/75. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción y condenó a la demanda a pagar una indemnización de $36.640.25, más intereses, porque entendió que fue acreditada la dependencia de linaje laboral, dentro de la categoría de administrativo especializado “D” del citado convenio. Por su parte, la Cámara, confirmó lo sustancial de la sentencia de origen, pero modificó el monto de la condena, que quedó en $32.348.22, dado que fue modificada la categoría laboral y se desestimó un rubro de multa por el artículo 2 de la ley 25.323. EL VOTO DE LA MAYORÍA Modi argumentó por la desestimación del caso, pero ante el empate en posturas contrarias con Grillo, tuvo que intervenir Toledo, en su rol de presidente del Alto Cuerpo, para dirimir. Así se construyó el voto mayoritario que culminó con la anulación del pronunciamiento de la Alzada y el ejercicio de la jurisdicción positiva que terminó por rechazar la demanda. Al exponer su fundamentación, Modi sostuvo que la resolución del tribunal de segunda instancia resultó “arbitraria por haber efectuado un análisis parcial de la prueba y no brindar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa aplicable”. Según su evaluación, la Cámara “se desentiende de las razones y las consecuencias jurídicas, económicas y sociales pautadas por el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Así lo determinó el STJ en el caso de una abogada que demandó a un estudio jurídico. Sostuvo que la profesional se desempeñaba en forma autónoma en el marco de un contrato de locación de servi- cios, sin subordinación jurídica y económica. Nación” en el caso “Cairone”, y emplea “artilugios paralelos para desestimar su aplicación”. También consideró que la sentencia pregonó “un relato sobre la protección que la Ley de Contrato de Trabajo otorga al trabajador, quien presta su actividad personal a cambio de una remuneración, señalando las formas de probar y las presunciones que rigen en la materia”. Así, incurrieron en una valoración equivocada de la prueba, puesto que aplicaron “las presunciones de la legislación laboral a un supuesto de hecho distinto” y “omitieron examinarlo a la luz de la normativa relativa a la locación de servicios regulada por el Código Civil (vigente al tiempo del reclamo”. Además fustigó que se apartaran “antojadizamente” de los elementos que aportaron las declaraciones testimoniales y descartaran tanto el informe de Caja Forense como la inscripción en el régimen de monotributo. En otro fragmento de su voto, Modi, aseguró: “frente al caudal probatorio señalado, queda desvirtuada y neutralizada la aplicación mecánica de la norma que habilita la presunción de la relación de trabajo”. Ello demostró que “que las tareas prestadas por la parte actora no fueron en el marco de un trabajo subordinado, elemento indispensable en la tipificación de este contrato”. Al mismo tiempo consideró fundamental dar cabida al principio de primacía de la realidad: “ya que no puedo desconocer que los profesionales del derecho se incorporan en los distintos estudios jurídicos desarrollando tareas, aprendiendo, cumpliendo las órdenes impartidas por otros abogados e incluso por los dueños del bufete, como también compartiendo defensas. Pero ello es una consecuencia propia del quehacer abogadil, pues si se entiende que comporta un trabajo dirigido, podría arribarse a la inexacta e irrazonable conclusión de que la mayoría de estas prestaciones son dependientes”. Por último, enfatizó que la demandante “siendo una profesional del derecho no podía alegar desconocimiento del tipo y forma de vinculación”. Mientras tanto, Toledo, en su voto de desempate, afirmó: “efectivamente el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo arbitrario, en tanto efectuó un análisis parcial de las pruebas colectadas y omitió brindar un adecuado y razonable tratamiento a la controversia suscitada”. De esta manera, coincidió con las considera- ciones vertidas por Modi respecto al solsayo al precedente de la Corte Suprema en el caso “Cairone” y “Rica”, el desentendimiento de elementos probatorios suficientes y conducentes y la aplicación de presunciones laborales sin sopesar las disposiciones del Código Civil de la Nación, vigente en ese momento. Remarcó que el Tribunal de Alzada realizó una interpretación forzada de los hechos y de la prueba, ya que “minimiza las testimoniales que relatan en forma clara la mecánica de trabajo de los abogados que participan en el Estudio Jurídico… y por simple voluntarismo la excluye a la actora de este plantel”. Al tiempo que “desecha el informe de Caja Forense que da cuenta la actividad particular e independiente que desarrollaba la abogada… Y las facturas ‘C’… expedidas por la accionante en forma manual, por un monto fijo en concepto de honorarios”. “Entre las partes no medió una vinculación dependiente que justifique el reclamo incoado, sino un contrato de locación de servicios, en los términos del artículo 1623 y siguientes del Código Civil de la Nación (actual artículo 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación)”, subrayó Toledo. En relación con ello, enfatizó: “la actividad de la actora tenía rasgos relevantes que se debieron valorar a fin de caracterizar de modo adecuado la relación jurídica existente. Se trató de un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, informal, típico con regulación expresa en el Código Civil de la Nación vigente al tiempo de la vinculación”. A todo lo sostenido por Modi, sumó “otro elemento indicador serio de que la relación era autónoma”, devenido de que la demandante “no invocó ni probó que haya gozado de licencias o vacaciones pagas, e incluso nada dijo, ni reclamó las asignaciones respecto al nacimiento su hija” acontecido mientras prestaba servicios en el bufete. El ministro entendió que la legislación laboral “no puede expandirse so pretexto del principio protectorio a un supuesto de hecho para el que no ha sido previsto y del cual derivan consecuencias jurídicas, económicas y sociales que exceden el caso”. Y fue más allá al subrayar que los magistrados no pueden ignorar eso, porque “repercuten en todo el sistema de contrataciones profesionales… en razón de la incertidumbre que genera la situación y la consiguiente vulneración a la seguridad jurídica”. Indicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado fallo “Rica” es contundente en tal sentido, pues deben estudiarse detalladamente las singularidades que rodean estos supuestos, como también las circunstancias adicionales que emergen del mismo. Y finalmente agregó que la prueba producida logró acreditar que entre las partes medió un contrato de locación de servicios, regida por las disposiciones del Código Civil, desplazándose la presunción del art. 23º de la Ley de Contrato de Trabajo. EL VOTO EN MINORÍA La disidencia de Grillo con el fondo de la cuestión estuvo relacionado a que consideró que “no se presenta un supuesto de excepción a la regla general que autoriza la apertura de esta instancia extraordinaria”, porque “los fundamentos dados por las magistradas de segundo grado tienen como punto de partida los hechos, la prueba colectada y el derecho estimado aplicable, lo que confiere al pronunciamiento sustento suficiente. “Las quejas de la recurrente se traducen en una mera discrepancia con lo resuelto, sin demostrar un grave defecto para otorgar vida a la arbitrariedad”, añadió. En tal sentido, agregó que la tarea desarrollada por el tribunal de Alzada “no luce absurda ni antojadiza, sino que por el contrario, aparece seleccionada y ponderada razonablemente conforme las reglas de la sana crítica, estimándose conducente para la mejor solución del litigio”. Tal afirmación se fundó en que la sentencia de segundo grado señaló cuatro puntos centrales: la doctrina y jurisprudencia reiteradamente remarcan la protección que la ley de contrato de trabajo otorga al trabajador; en segundo lugar, el artículo 50 de dicha norma establece la regla de que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23, que consagra la presunción de la prestación de servicios; tercero, existen casos, como las profesiones liberales, en las que la dependencia técnica se encuentra limitada, pues para la realización del servicio se requiere una elevada formación, especialización o título universitario y, finalmente, que se pueden presentar diferentes situaciones en las que un abogado trabaja para un estudio en beneficio y por cuenta de los mismos, percibiendo una retribución fija, independiente de los honorarios judiciales. La jueza del STJ agregó: “que la Alzada haya dado preferencia a determinado elemento probatorio no configura arbitrariedad… aunque la apreciación del mismo pueda ser calificada de errónea”. Además, sostuvo la “importancia” del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo “que en su actual redacción impone la aplicación del principio in dubio pro operario (NdeR: principio por el cual, en caso de duda, debe decidirse a favor del trabajo) a los supuestos de prueba” “De las pruebas producidas y las presunciones legales, debo concluir que el vínculo habido entre las partes fue laboral”, concluyó Grillo.

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7Resistencia, PÁG. Julio de 2018 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES II A VI Crearon delegaciones de la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía El Superior Tribunal de Justicia creó las MAAPVyC en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta circunscripciones judiciales con el objetivo de brindar a los ciudadanos herramientas para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a justicia y a la tutela judicial efectiva. Cabe recordar que en marzo de 2008 se creó la MAAPVyC en Resistencia con el fin de brindar información actualizada sobre el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales y administrativos que integran el Poder Judicial. En virtud de los excelentes resultados que se vislumbraron en un mayor acercamiento del servicio de justicia a la población en general, y en particular a los sectores más vulnerables, el STJ resolvió extender su alcance y poner en funcionamiento las delegaciones todo el interior provincial. Las Mesas tendrán la misión de brindar información y orientación a los litigantes, público y víctimas en general respecto a sus trámites y/o gestiones a realizarse ante los distintos organismos jurisdiccionales y extra jurisdiccionales, diligenciar y dar respuesta a las denuncias, quejas, reclamos y sugerencias formuladas por los ellos. COMENZARÁN A FUNCIONAR EL 13 DE AGOSTO Las dependencias creadas comenzarán a funcionar a partir del 13 de agosto en los inmuebles que a continuación se detallan: · Sáenz Peña: Edificio de Juzgado de Paz y Faltas (Manuel Belgrano N° 767). · Villa Ángela: Edificio de Tribunales I (9 de julio N° 372). · Charata: Edificio de las Fiscalías (Las Meras N° 42). · General San Martín: Edificio del Juzgado del Menor de Edad y Familia (Bartolomé Mitre N° 350). · Castelli: Edificio de Tribunales (Padre Holzer esquina Dr. Vázquez). Las delegaciones funcionarán en las cabeceras de circunscripción. EN BUENOS AIRES El IMCiF participó de un encuentro sobre calidad con jueces y funcionarios de todo el país La responsable de Calidad del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial del Chaco, Dra. Liliana Douthat, participó semanas atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Encuentro de Magistrados: “Experiencias exitosas y resultados de la implementación de la calidad”, encabezado por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El eje de la reunión fue analizar y exponer los resultados de la aplicación del Programa de Calidad Institucional que viene realizando esa cartera. Uno de los objetivos expresados es promover que los organismos tanto federales como provinciales certifiquen las normas de Calidad ISO 9001 para optimizar la gestión. El IMCiF, por el hecho de haber obtenido el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia (PNCJ) fue invitado a disertar en el espacio destinado a los galardonados con el premio y las menciones Oro, siendo esta una manera de promocionar y estimular a los presentes a participar en la edición 2018 del mencionado galardón. La invitación fue cursada a la Dra. Douthat para participar como disertante en carácter de Responsable de Calidad del IMCiF, por haber participado además en la redacción del informe relatorio del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia y por su condición de Evaluadora Líder del mismo. Este instituto además tiene su Sistema de Gestión de Calidad (SGM) con la certificación de IRAM desde el año 2015 y se encuentra en proceso de recertificación. Además cuenta con validez nacional e internacional por la membresía a IQNet. De la reunión participaron más de 40 jueces, magistrados, funcionarios y agentes judiciales provenientes de comitivas de Corrientes, San Juan, Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba, Misiones, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires, tanto de operadores judiciales nacionales, como provinciales y federales que, entre otros puntos, coincidieron en la importancia de mejorar los servicios para que la ciudadanía tenga una justicia más cercana, accesible, moderna y ágil. Más allá de que en el evento los participantes destacaron los logros del Programa de Calidad, también defendieron su labor ante las críticas de la opinión pública y debatieron posibles vías de solución y de acercamiento a la sociedad. En tal sentido, el ministro Garavano expresó que el objetivo es lograr la calidad en la justicia para recomponer la relación con la gente y también a nivel interno, al tiempo que felicitó a los 89 organismos judiciales que ya certificaron o están en vías de certificación de las normas ISO 9001. Durante la jornada inicial también tuvo lugar un panel encabezado por los jueces federales Ariel Lijo y Marcelo Martínez De Giorgi, quienes expusieron los resultados de la aplicación del programa y coincidieron en la necesidad de gestionar mejoras para el sistema judicial. UNA EXPERIENCIA EXITOSA La segunda jornada del encuentro fue para exponer lo trabajado por los organismos judiciales galardonados el año pasado. En esa presentación, la responsable de Calidad del IMCiF, Dra. Liliana Douthat, agradeció el apoyo de las autoridades, en particular del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. También detalló el trabajo minucioso que se realiza en esa dependencia auxiliar de justicia con el Sistema de Gestión de Calidad (SGM) en el instituto, además de destacar la importancia de la capacitación permanente del personal y la gestión de los recursos materiales y técnicos. Finalmente, explicó el proceso desarrollado para implementar calidad desde los incios del IMCiF en el año 2008, la certificación de la norma ISO 9001 tanto en los procesos principales como secundarios, relatando como opera el circuito desde que se solicita la pericia hasta que se emite el dictamen forense, hasta la participación en el PNCJ, con la obtención del galardon oro y la participación en benchmarcking realizado con el Centro de Justicia de las Americas (CEJA) de Santiago de Chile. Douthat junto al ministro Garavano.

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8PÁG. Resistencia, Julio de 2018 OBRAS ACTUALIZADAS El STJ adquirió libros para la biblioteca judicial Con adquisición de éstos libros destinados a la Biblioteca Jurídica “Dalmacio V. Sarsfield” se incorporarán a su acervo documental nuevas obras, las cuales, van a actualizar la información con lo cual se cuenta actualmente y serán de gran utilidad para el trabajo, estudio e investigación, de sus usuarios. La mayoría de las obras nuevas adquiridas por el STJ fueron publicadas en los años 2017 y 2018, podemos citar por ejemplo: Derecho Administrativo de Comadira, Manual de Derecho de las Familias de Herrera, Derecho Constitucional de Sagués, Violencia de género en la era digital de Buompradre, Narcomenudeo de Caballero, entre otros títulos. También es importante resaltar que el presidente del STJ, Rolando Toledo, dispuso además, la compra de ejemplares de todos los autores de libros que son integrantes del Poder Judicial del Chaco, lo cual enaltece el fondo documental institucional. “Pese al avance de diferentes soportes tecnológicos, el libro es sin duda alguna una de las creaciones más relevantes del ser humano, no sólo en lo que hace a la conservación sino también a la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la historia, del Derecho, etc”, resaltó Hugo Robledo, jefe de la biblioteca judicial. Además señaló que el libro aparece como una de las formas más comunes de registro de datos, información y otros numerosos elementos que en definitiva “hacen a la identidad del ser humano como parte de la civilización”. Los libros adquiridos por el STJ fueron publicados entre 2017 y 2018. POR INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN TIFLONEXOS Entregaron celulares para personas con discapacidad visual Donaron celulares que cuentan con acceso a internet e incluyen herramientas para el estudio y programas que les permiten una mayor autonomía a 11 chicos con discapacidad visual de Resistencia y el interior. Los equipos fueron entregados en la Biblioteca Jurídica del STJ (al ser el centro de acceso de la lectura de la región del NEA) y fueron ellos quienes propusieron a las niñas, niños y adolescentes de bajos recursos que adquirieron los equipos. Participaron de la donación, el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Rolando Toledo, la ministra Emilia Valle y la defensora general Alicia Alcalá, así como el jefe de la Biblioteca “Dalmacio Vélez Sarsfield” Hugo Robledo, el integrante de Tiflonexos Matías Ferreyra y Analía Espinosa de la Mesa de Atención y Asistencia Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía. “Esta es una actividad muy importante para el Poder Judicial porque significa contribuir con quienes tienen muchas capacidades para desarrollar y con esta herramienta podrá obtener más conocimientos”, señaló Toledo y auguró que se amplié el universo de beneficiarios. Al tiempo que recordó que la Biblioteca Judicial trabaja cooperativamente desde 2015 con Tiflonexos, mediante lo cual lograron acceder a la biblioteca digital de Tiflolibros que cuenta con más de 75 mil libros en audios. A su turno Robledo indicó que por medio de los celulares podrán acceder a programas para estudiar y aplicaciones como “un reconocedor de objetos; un GPS accesible y otra que reconoce de billetes”. Luego Ferreyra añadió que los equipos “abren un mundo de posibilidades infinito en el acceso a la información”, no sólo para lo académico sino también para el “desarrollo pleno de las personas”. Finalmente explicó que la idea surgió a partir del trabajo conjunto que realizan con el Consorcio de Libros Accesibles (ABC), entidad liderada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La propuesta consiste en distribuir los dispositivos entre chicos y chicas que no tengan posibilidades para acceder a uno, y para lograrlo y ser precisos en la entrega, trabajaron en red con instituciones y escuelas de todo el país para la selección de los posibles destinatarios. Los celulares accesibles serán entregados en comodato, es decir, podrán ser utilizados por los estudiantes durante el tiempo que prosigan sus estudios. AUDILIBROS DISPONIBLES Además, la biblioteca fue visitada por la institución educativa “Incluir_T”, que brinda apoyo en la integración para personas con discapacidad en los distintos niveles de enseñanza. Durante la actividad el jefe de biblioteca, Hugo Robledo, explicó a los alumnos y coordinadores las ventajas de la implementación del proyecto Audiolibros (inaugurada en octubre de 2015), en cooperación con la Asociación Civil sin fines de lucro Tiflonexos, para el desarrollo de la Biblioteca Digital Tiflolibros. A través de ella se ofrece a toda la sociedad, en especial a personas con discapacidad visual, más de 57.100 libros. Por otra parte, Robledo, destacó que once chicos chaqueños, con discapacidad visual (seleccionados por la institución sin fines de lucro Tiflonexos) fueron beneficiados con celulares de última tecnología en sus distintos nodos de acceso a la lectura. Uno de esos nodos se encuentra en la biblioteca del Superior Tribunal de Justicia; lo que permitirá recibir a estudiantes que no pueden adquirirlo por sus propios medios. Los celulares fueron donados por la Asociación Tiflonexos para personas con discapacidad visual.

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