Voces en el Fénix Nº 68 - "BAJO AMENAZA" - DDHH - MAYO 2018 /

 

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Voces en el Fénix Nº 68 - "BAJO AMENAZA" - DDHH - MAYO 2018

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ISSN 1853-8819 La revista del Plan Fénix año 8 número 68 Mayo 2018 Derechos Humanos La Argentina tiene una sólida tradición en materia de luchas y prácticas institucionales vinculadas con los derechos humanos. El contexto actual nos plantea el reto de defender lo conquistado y, al mismo tiempo, ampliar la agenda en favor de una mayor equidad. Bajo amenaza

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sumario nº68 mayo 2018 editorial Avances y retrocesos en derechos humanos Abraham Leonardo Gak Marcela Perelman y Gastón Chillier Entre la historia y la novedad 6 Verónica Torras PRO-Derechos Humanos 10 Martín Rodríguez Sacarse la Historia de encima 16 M. Pineau y C. Flores El caso sudafricano desde la óptica argentina 22 L. da Silva Catela y E. Jelin Juicios de lesa humanidad, verdad y sociedad 28 Natalia Federman Desapariciones 36 Ana P. Mendes de Miranda y J. de Oliveira Muñiz Dominio Armado, el poder territorial de las facciones, los comandos y las milicias en Rio de Janeiro 44 María Victoria Pita Estado de Policía 50 Paula Abal Medina Volver al lugar de donde vinimos 58 Ana Natalucci Sindicalismo y derechos humanos 64 Virginia Manzano Organizaciones populares en la Argentina 70 Ana Ramos Cuando el indígena es un “problema”, el problema es el racismo 78 Paula Litvachky ¿Leales a quién? 84 S. Pereyra y M. Soledad Gattoni Una agenda anticorrupción para la democracia 92 Juan Pablo Bohoslavsky¿Principiosrectoresparaevaluarlosefectosdelasreformas económicas sobre los derechos humanos? Sí 100 Martín Becerra Concentración y libertad de expresión 112 Ginés González García “La legalización del aborto es inexorable porque es parte de la evolución” 120

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Autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas Decano César Humberto Albornoz Vicedecano José Luis Franza Secretario General Gustavo Montanini Secretario Académico Pablo Rota Secretaria de Hacienda y Administración Carolina Alessandro Secretario de Investigación Adrián Ramos Secretario de Bienestar Estudiantil Marcelo Conti Secretario de Graduados Rubén Arena Secretario de Posgrado y Relaciones Institucionales Catalino Nuñez Secretario de Transferencia de Gestión Tecnológica Omar Quiroga Secretario de Relaciones Académicas Internacionales Humberto Luis Pérez Van Morlegan Secretaria de Doctorado y Posdoctorado Maria Teresa Casparri ISSN 1853-8819 Voces en el Fénix es una publicación del Plan Fénix ISSN 1853-8819 Registro de la propiedad intelectual en trámite. La revista deL PLan Fénix año 8 número 68 mayo 2018 derechos humanos La argentina tiene una sóLida tradición en materia de Luchas y prácticas institucionaLes vincuLadas con Los derechos humanos. eL contexto actuaL nos pLantea eL reto de defender Lo conquistado y, aL mismo tiempo, ampLiar La agenda en favor de una mayor equidad. Bajo amenaza Los artículos firmados expresan las opiniones de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Plan Fénix ni de la Universidad de Buenos Aires. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas Claustro de Graduados Titulares Gabriela Verónica Russo Luis Alberto Cowes Rubén Arena María Jose Canals Claustro de Alumnos Titulares Mauro Roberto Sartori Carla Joana Kranevitter Antonio Benito Ambrune Ena Ailin Andrada Suplentes Roberto Darío Pons Daniel Roberto González Juan Manuel Oro Adrián Zappia Suplentes Julian Gabriel Leone Jonatan Rafael Barros, Antonella Cesare Ignacio David staff DIRECTOR Abraham L. Gak COMITE EDITORIAL Eduardo Basualdo Oscar Oszlak Fernando Porta Alejandro Rofman Ricardo Aronskind COORDINACIÓN TEMÁTICA Marcela Perelman y Gastón Chillier SECRETARIO DE REDACCIÓN María Sol Porta PRODUCCIÓN Paola Severino Erica Sermukslis Tomás Villar CORRECCIÓN Claudio M. Díaz DISEÑO EDITORIAL Martín Marpons Desarrollo y Diseño deL SITIO Leandro M. Rossotti Carlos Pissaco Córdoba 2122, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 5285-6819. www.vocesenelfenix.com / voces@vocesenelfenix.com

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Avances y retrocesos en derechos humanos Desde tiempos remotos, la humanidad ha avanzado en un proceso de ampliación de derechos que no estuvo exento de dificultades ni retrocesos. Derechos políticos, sociales –basta remitirnos a las tremendas condiciones de trabajo durante la Revolución Industrial–, culturales, libertades civiles individuales, pero también derechos de los colectivos, como los de soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones afectados por los imperialismos. Progresivamente, se han conquistado derechos de los que deben gozar las personas como tales, pero también por su condición de trabajadores, mujeres, niños, etc. Esto ha sido exclusivo resultado de las luchas y las resistencias populares, en la búsqueda de una vida con mayor dignidad. Muchas vulneraciones e injusticias se revirtieron; otras persisten y quedaron pendientes. El proceso de ampliación de derechos se fue logrando parcialmente y en forma continua, pero, al mismo tiempo, nuevos requerimientos evidenciaban aquello que faltaba y otras problemáticas aparecieron. En algunos aspectos, la Argentina ha recorrido un camino similar al de otros países de occidente y, como parte de la región latinoamericana, ha tenido que superar los resabios de una cultura colonialista que persiste. Sin embargo, nuestro país ha sido precursor en la extensión y defensa de esos derechos. La dictadura impuesta en 1976 constituye un punto de inflexión. El trabajo minucioso, comprometido, valiente y sin pausa de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos ayudó a visibilizar las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado. El Juicio a las Juntas, durante el gobierno de Alfonsín –con los retrocesos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– y la posterior extensión de los juicios a los genocidas con el kirchnerismo, constituyeron una experiencia novedosa en el mapa latinoamericano y aun mundial. Poco a poco se fue generalizando el reclamo de memoria, verdad y justicia que fue impulsado por los organismos defensores de derechos humanos y que, podemos decir, hoy se halla incorporado al sentido común de buena parte de la sociedad argentina. La tarea de llevar a la Justicia a los responsables de las torturas, robos de bebés y asesinatos cometidos por los genocidas pasó así a formar parte de las tradiciones de lucha. Hoy, los derechos humanos adquieren nuevas dimensiones: a la salud, a la educación –en todos sus niveles–, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a vivir de acuerdo con el género autopercibido, al aborto legal, seguro y gratuito (aún en lucha), entre otros. La consecución de nuevos derechos es, entonces, una asignatura pendiente y el desafío es defender los que ya tenemos, en un contexto político y social en el que muchos de ellos son puestos en riesgo. Tal y como venimos señalando, las actuales políticas económicas no solo son contrarias a un verdadero proceso de desarrollo nacional, sino que además hacen peligrar toda una serie de derechos económicos, laborales y sociales que creíamos conquistados. El efecto inmediato de las políticas de ajuste provoca el debilitamiento de los derechos más elementales y el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. En un país con tradición de lucha como el nuestro, semejante retroceso no puede menos que generar inquietud social y movilización política, a través de numerosos canales de expresión. Es allí donde otro peligro se cierne: las recientes declaraciones de funcionarios públicos, incluido el Presidente, nos hacen presuponer una nueva orientación en materia de lo que vulgarmente se denomina como “seguridad” y que no es otra cosa que el avasallamiento, por parte del Estado –a través de sus fuerzas operativas–, de muchos derechos que nos pertenecen. Mucho es lo que se ha hecho ya, pero el camino no está concluido. Antes bien, el esfuerzo de los que nos precedieron nos obliga a estar alertas y a involucrarnos. ABRAHAM LEONARDO GAK (DIRECTOR) 4 > www.vocesenelfenix.com

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Un análisis de la agenda histórica del movimiento de derechos humanos, los efectos de la violencia institucional, los cruces con los movimientos sociales y problemáticas transversales al ejercicio de diversos derechos son los ejes principales de este número que aborda la cuestión de los derechos humanos en la Argentina de hoy. Entre la historia y la novedad: un activismo que evoluciona en un escenario adverso por Gastón Chillier. Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Copresidente de la International Network for Civil Liberties Organizations (INCLO). Miembro del Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Entre 2003 y 2005 trabajó como asociado senior en derechos humanos y seguridad en la Washington Office on Latin America (WOLA) y anteriormente se desempeñó como director del programa para América Latina de Global Rights. Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magister en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos por Marcela Perelman. Directora del Área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Licenciada en Ciencia Política, también de la UBA. Integra el Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Docente de la cátedra de Sociología Urbana de la carrera de Sociología de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, en la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos y en el doctorado en Derechos Humanos. Actualmente es coeditora del Informe Anual del CELS 6 > www.vocesenelfenix.com

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C uando fuimos convocados/as para coeditar esta edición de Voces en el Fénix nos propusimos compartir preguntas y reflexiones en un contexto global, regional y nacional que tiene dos características principales: es adverso para la vigencia de los derechos humanos y, al mismo tiempo, está marcado por un activismo social renovado. Somos parte, todos los días, de una multiplicidad de actores que traccionan tanto demandas históricas como luchas que hace unos años no eran consideradas parte de una “agenda de derechos humanos”. Lo hacen, lo hacemos, combinando estrategias distintas: algunas están históricamente asociadas al movimiento de derechos humanos, como el uso de los sistemas internacionales de protección y el litigio, y otras son emergentes de formas nuevas de activismo y movilización, como puede verse en el efervescente y transversal movimiento que impulsa la legalización del aborto. Esta potencia se despliega en contextos económicos y políticos regresivos y abre preguntas sobre las que invitamos a escribir a las y los autores que integran esta edición. Nos propusimos recorrer cuatro grandes grupos de problemáticas y desafíos. En primer lugar, incluimos un balance analítico sobre la agenda histórica del movimiento de derechos humanos argentino. Los artículos de Verónica Torras, Martín Rodríguez, Ludmila da Silva Catela y Elizabeth Jelin y Marisa Pineau y Celina Flores abordan las disputas en torno de las políticas públicas con respecto al terrorismo de Estado y los legados del proceso de justicia que exceden la cuestión estrictamente penal. Al mismo tiempo, convocamos a un grupo de autoras a abordar los efectos de la violencia institucional. María Victoria Pita, Ana Paula Mendes de Miranda y Jacqueline Oliveira Muniz y Natalia Federman dan cuenta de un contexto en el que avanza el poder represivo del Estado invocando el paradigma del “orden público”, de la persistencia de formas extremas de violencia y de problemas que requieren estrategias nuevas de abordaje, como las desapariciones en democracia. Los cruces entre el movimiento de derechos humanos y una diversidad de movimientos y sectores sociales son analizados por Paula Abal Medina, Ana Natalucci, Virginia Manzano y Ana Ramos. Este conjunto de artículos da cuenta tanto de la represión y criminalización de los pueblos originarios y de las organizaciones populares que impugnan las jerarquías sociales como de las reconfiguraciones de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que enfrentan el ajuste económico en curso. Otra zona de esta edición busca abordar problemáticas que resultan transversales para el ejercicio de derechos de diverso tipo –sociales, políticos, económicos, culturales–. El artículo de Sebastián Pereyra y María Soledad Gattoni propone una agenda anticorrupción alternativa a la dominante. Paula Litvachky llama la atención sobre las consecuencias de los vínculos entre la justicia federal, la clase política y los servicios de inteligencia. Martín Becerra diagnostica los efectos que tiene la concentración mediática sobre la vida democrática. Juan Pablo Bohoslavsky propone mecanismos internacionales que puedan controlar los procesos de ajuste económico. Para analizar el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que atravesamos desde principio de este año, entrevistamos a Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación. La conversación tuvo lugar antes de la media sanción en la Cámara de Diputados y constituye un aporte tanto al momento de analizar las políticas públicas de salud reproductiva anteriores como los meses que tenemos por delante. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al equipo de la revista Voces en el Fénix y a las y los autores, quienes de manera comprometida y generosa trabajaron para esta edición, por la posibilidad de generar este espacio de pensamiento, plasmado en las páginas que siguen, que se propone ser un aporte a las luchas por la vigencia de los derechos humanos en el presente. 8 > por Gastón Chillier y Marcela Perelman

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Entre la historia y la novedad > 9 Somos parte, todos los días, de una multiplicidad de actores que traccionan tanto demandas históricas como luchas que hace unos años no eran consideradas parte de “una agenda de derechos humanos”.

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por Verónica Torras. Licenciada en Filosofía por la UBA. Fue directora del Área de Comunicación del CELS entre 2005 y 2010 y coordinadora del Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación entre 2011 y 2015. Actualmente es directora ejecutiva de Memoria Abierta 1 0 > www.vocesenelfenix.com

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> 11 Al igual que otras expresiones de la derecha política en el mundo, el principal partido de Cambiemos se propuso construir una retórica propia de derechos humanos. En función de su diagnóstico, pretende corregir el sesgo orientado al pasado de esta agenda y desalinear la política estatal de la alianza estratégica con los organismos que históricamente han movilizado esta cuestión. Pro-Derechos Humanos. Apuntes sobre un cambio de paradigma

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N inguna política se articula en el vacío. Hay condiciones preexistentes, actores políticos y sociales involucrados, perspectivas o lógicas en tensión, expectativas puestas en juego. El Pro, triunfante en las elecciones de 2015, definió su política de derechos humanos en un escenario delimitado por un conjunto de variables: 1) una sociedad civil muy activa, en la que los organismos históricos de derechos humanos mantienen un lugar de referencia ética; 2) un proceso consolidado de juzgamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura y el compromiso de la mayoría de los actores políticos y judiciales con su continuidad; 3) un socio electoral, la UCR, ligado a antecedentes emblemáticos de este proceso: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas; 4) un acompañamiento social masivo a la política de memoria, verdad y justicia; 5) un reconocimiento internacional muy sólido al lugar de nuestro país como referente en el mundo en materia de derechos humanos; 6) el precedente de un gobierno que había colocado los derechos humanos en un lugar central de la agenda política nacional entre 2003 y 2015. La atmósfera cultural que rodeó la conformación del Pro y su ascensión a la presidencia estuvo marcada también por el realineamiento de ciertas voces contrarias al proceso de juzgamiento y proclives a instalar una agenda de memoria, verdad, justicia y reparación completa, con el diario La Nación como aglutinante, y grupos ligados a miembros retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad funcionando como voceros. En otro andarivel, es importante mencionar la aparición de un discurso crítico por parte de ciertos sectores intelectuales, ubicados en el espectro liberal, que planteó objeciones al modo en que el kirchnerismo se posicionó e intervino en esta agenda y al tipo de vínculo que estableció con los organismos. En gran medida el nuevo gobierno se inscribió en esta perspectiva. Por su condición de partido recién nacido a la vida política nacional, sus definiciones en esta materia impactaban además sobre la obtención de sus credenciales democráticas. Aunque la mayoría de sus cuadros no ha estado directamente involucrada con las luchas políticas de los años ’70 ni tampoco con la defensa orgánica de los sectores militares o policiales comprometidos con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, el Pro representa los intereses de una clase social históricamente asociada a los golpes de Estado y principal beneficiaria de sus políticas. Construir una genealogía distante de cualquier forma de autoritarismo resultaba crucial para su apuesta de convertirse en el primer partido abiertamente promercado triunfante en elecciones libres en casi un siglo. En los años previos a 2015, el Pro había participado en debates parlamentarios expresando posiciones de consenso con la política de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y anticipado su interés por intervenir en las discusiones sobre el pasado reciente, marcando diferencias con la interpretación por entonces imperante. Su posición había oscilado entre dos polos: condenar la violencia y proponer la superación del conflicto, en una suerte de combinación de las narrativas oficiales de los ’80 y los ’90. Restaba saber qué iba a hacer una vez llegado al gobierno nacional. ¿De qué modo iba a integrar y/o reorientar todos estos elementos en el contexto que le tocaba asumir? A diferencia de lo que muchos suponían, y siguiendo el derrotero de otras expresiones de la derecha política en el mundo, se propuso construir una retórica propia de derechos humanos y ofreció, como parte de su promesa de renovación, un cambio de paradigma en esta materia. Optó por los derechos humanos como un campo de afirmación y de disputa que no sólo le permitía legitimarse en el frente interno e internacional, sino además diferenciarse del gobierno anterior. El actual gobierno entiende que el kirchnerismo cerró la agenda de derechos humanos a los años ’70 haciendo un tipo de ponderación que no correspondía, fomentando el revanchismo y ahondando las diferencias al interior de la sociedad. 1 2 > por Verónica Torras

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Pro-Derechos Humanos. Apuntes sobre un cambio de paradigma > 1 3 “Deskirchnerizar” los derechos humanos Integrándose a una perspectiva acuñada por sectores intelectuales y políticos del espectro liberal, tanto progresista como conservador, el Pro sostuvo que el gobierno que lo precedió llevó adelante un proceso de cooptación de los organismos y de la agenda de derechos humanos que resultó tóxico para estos y para la sociedad en su conjunto. Las organizaciones habrían desvirtuado su rol social originario para funcionar como brazo político-ideológico del kirchnerismo, y este les habría correspondido, transformando sus reclamos en agenda prioritaria de gobierno. De este modo se habría configurado lo que el Pro denominó “falso paradigma de los derechos humanos” caracterizado por el uso partidario y sectario de una doctrina de carácter universalista. “Deskirchnerizar” alude en un sentido lato a despolitizar e implica en términos efectivos: 1) corregir el sesgo orientado al pasado de la política de derechos humanos; 2) desalinear la política estatal de la alianza estratégica con los organismos de derechos humanos. El actual gobierno entiende que el kirchnerismo cerró la agenda de derechos humanos a los años ’70 haciendo un tipo de ponderación que no correspondía, fomentando el revanchismo y ahondando las diferencias al interior de la sociedad. El Pro se plantea desactivar este sesgo con una apertura hacia aquellos sectores que resultaron marginados de la atención oficial durante el período anterior de gobierno (por ejemplo, familiares de militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y organizaciones implicadas en su defensa legal) y mediante una impronta ecuménica. De allí el énfasis colocado en el fomento de la diversidad, el pluralismo cultural, la no discriminación, el diálogo entre culturas y el encuentro interreligioso. Este cambio modal se acompaña de la insistencia en la construcción de una agenda orientada a los problemas del presente y el futuro que incluye, entre sus prioridades enunciadas: Pueblos Originarios, Migrantes, Diversidad Sexual, Género e Identidad Biológica. Por otro lado, el Pro se mostró interesado en reemplazar la base social con la que el kirchnerismo construyó su política en esta materia. Los organismos de derechos humanos ya no son los actores centrales del campo sino un componente más del mismo, con el que el gobierno nacional mantiene una actitud oscilante de confrontación, denuncia y contención (vale aclarar que no sucede lo mismo en otras jurisdicciones gobernadas por el mismo partido, como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, donde las relaciones han sido más fluidas y las respectivas gestiones han mostrado una mayor apertura e interés por sostener en el nivel de las políticas públicas las demandas históricas de los organismos). En el ámbito nacional, nuevas organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y culturales, y algunos organismos internacionales de derechos humanos empiezan a conformar el entramado de interlocutores privilegiados del nuevo paradigma. Sostener y debilitar Advertido de los riesgos de atender las demandas de los sectores adversos a la política de Memoria, Verdad y Justicia (un editorial del diario La Nación que exigió su revisión fue publicado al día siguiente de ser electo Mauricio Macri, cosechando un súbito y extendido rechazo social), consciente de que se trata de un proceso consolidado institucionalmente y valorado tanto a nivel nacional como internacional, el Pro optó por neutralizar a quienes al interior de su partido hubieran preferido dar vuelta la página y mirar hacia adelante, y se alineó con el concepto de “política de Estado”. Acorde con esta decisión, prolongó el rol de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, mantuvo la institucionalidad organizada en torno de la búsqueda de nietas y nietos apropiados, la restitución de restos, las reparaciones económicas, las señalizaciones y proyectos en sitios de memoria, y los espacios de cogobierno en instituciones como la ex ESMA. Sin embargo, las marchas y contramarchas que se sucedieron en estos años (cuyo mayor exponente ha sido el fallo del 2x1 de la Corte Suprema con la conformidad inicial del secretario de Derechos Humanos de la Nación) ponen en evidencia que se trata de una decisión en tensión al interior de la alianza de gobierno. El vaciamiento o desfinanciamiento de las áreas y programas de apoyo con que contaba esta política en el Poder Ejecutivo; la habilitación de actores refractarios al proceso ( familiares de militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad y de víctimas civiles de las organizaciones político-militares), a quienes el gobierno recibió en reuniones oficiales y oficiosas; el patrocinio de debates que desafían los consensos alcanzados en la sociedad en torno del rechazo al terrorismo de Estado y la empatía con sus víctimas son algunas de las formas en que se ha expresado esa tensión. Podríamos afirmar que el desafío que moviliza al Pro es doble: sostener una política asociada al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, pero debilitar su centralidad y proyección, al mismo tiempo que su peso relativo en la agenda global de derechos humanos.

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Neutralizar las inferencias asociadas al mandato de no repetición Conectado al mundo de las fundaciones, donde tuvo su origen, el Pro se organiza en torno de una cosmovisión más cercana a la percepción de la sociedad civil como versión expandida de la esfera privada. Las organizaciones de derechos humanos de la Argentina no encuadran en esa matriz. Atravesadas desde su origen por la historia política nacional, son indisociables de la experiencia que tiene como epicentro la lucha contra la dictadura y su acción colectiva se orientó contra la represión criminal organizada desde el Estado. Desanclar la agenda de derechos humanos de la historia en la que se arraiga en nuestro país, implica neutralizar también sus principales inferencias críticas: 1) la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior; 2) el control civil sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad. En los últimos dos años, el Pro ha habilitado discursos que, de manera explícita o ambigua, desdibujan las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, ha planteado que los militares fueron excesivamente castigados tanto por la sociedad argentina como por el gobierno anterior y ha reivindicado la necesidad de que vuelvan a ocupar un lugar preponderante en la agenda política nacional. Desde su perspectiva, estas políticas o medidas de no repetición, que forman parte de la agenda constitutiva de los organismos y han sido fundantes para la democracia argentina, se confunden con el revanchismo y el prejuicio. Desanclar la agenda de derechos humanos de la historia en la que se arraiga en nuestro país, implica neutralizar también sus principales inferencias críticas: 1) la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior; 2) el control civil sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad. 1 4 > por Verónica Torras

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Pro-Derechos Humanos. Apuntes sobre un cambio de paradigma > 1 5 Epílogo: maniqueísmo invertido Los casos “Maldonado” y “Chocobar” han servido para proyectar esta doctrina sobre el revanchismo al accionar presente de las fuerzas de seguridad (“no son desaparecedores”, aseveró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de los miembros de Gendarmería). Al mismo tiempo, el discurso del control y la sospecha se direccionó sobre los organismos de derechos humanos y la sociedad movilizada, quienes desde el retorno de la democracia fueron garantes fundamentales del Estado de derecho (así sucedió en las movilizaciones masivas de Semana Santa, los cacerolazos del 2001, la marcha del 2x1, por nombrar solo algunos sucesos emblemáticos). El caso Maldonado operó, sobre todo luego de ser encontrado el cuerpo de Santiago, como una advertencia a los organismos de derechos humanos y un acto de escarmiento colectivo por lo que se consideró como un movimiento de denuncia y movilización “excesivo”. Así, resultaron primero amonestadas las comunidades mapuches, luego los familiares de la víctima, más tarde los organismos que acompañaron el reclamo de aparición con vida, y finalmente la sociedad en su conjunto que masivamente se plegó a la pregunta sobre su paradero y la exigencia de búsqueda. Hallado el cuerpo, el gobierno entendió que debía redoblar su hostigamiento. Pretendió utilizar el caso como mecanismo de exclusión de la escena política de los organismos, a quienes presentó como parte de una cultura facciosa, dando a entender que actúan bajo lógicas de intervención opacas, que no pueden ser explicadas a la sociedad, e ignorando las desigual- dades de poder y recursos en que realizan sus intervenciones. A lo largo de su trayectoria, los organismos de derechos humanos argentinos denunciaron y contribuyeron a probar los crímenes aberrantes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, pero nunca dejaron de recordar que esa violencia estatal, ilegal y clandestina, se orientó a sofocar un proceso de radicalización política y a imponer un nuevo orden económico y social. Además, mantuvieron vigente la vocación militante de las víctimas, a quienes prefieren recordar en esta doble condición. Aquí yace la reserva de politización de los organismos, su punto resistente, que el Pro prefiere denunciar como trasfondo oscuro. Maldonado se perfeccionó en Chocobar. Mientras los organismos y la sociedad civil movilizada quedaban expuestos por haber actuado frente a la desaparición de Santiago en un contexto de represión de modo supuestamente insidioso o apresurado, el Presidente desembargaba a las fuerzas de seguridad de las sospechas, e incluso de las imputaciones, en la figura de Chocobar. La misma operación absolutoria pero dirigida hacia al pasado había pronunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentada a la mesa de la conductora televisiva Mirtha Legrand, cuando razonó del siguiente modo: “Nos creímos que los militantes eran buenos y los militares eran malos. Pero… ni los militantes eran tan buenos ni los militares tan malos…”. En línea con este maniqueísmo invertido, el gobierno realizó una defensa cerrada del accionar represivo de las fuerzas de seguridad y justificó los abusos. Los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad comprometidos con la construcción de políticas de defensa y seguridad democráticas han mantenido durante años una línea muy clara: deslindar, mediante el proceso de justicia, las responsabilidades por las violaciones del pasado y sostener el control civil de las fuerzas armadas y de seguridad en el presente, entendiendo que su autogobierno sólo ha conducido a la repetición de graves violaciones y al debilitamiento institucional. Ambas posiciones no son excluyentes sino complementarias e inescindibles. El actual gobierno, por el contrario, intenta confrontarlas y denuncia la caza de brujas de la sociedad sobre quienes detentan el monopolio de la violencia, planteando la discusión sobre el control civil en términos morales: tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, debemos confiar en ellos, no podemos prejuzgar ni acusar a priori por lo que otros hicieron en el pasado. La desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y de seguridad por su actuación durante el terrorismo de Estado habría hecho caer a la sociedad en un estado de prejuzgamiento y sospecha que debe ser superado, ¿La memoria, verdad y justicia sobre los crímenes del pasado, ya difícilmente reversible, podría estar siendo manipulada para garantizar inmunidad en el tiempo presente?

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