REVISTA NIM AJPU NO. 3

 

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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

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La revista Nim Ajpu, editada por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, promueve la difusión del pensamiento político de los pueblos mayas, para la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos, el impulso de la participación política, el respeto entre los pueblos y la contribución al cambio, estructural y social en el país. Esta revista busca ser un espacio permanente de diálogo y discusión sobre temas nacionales, tomando como base el sistema jurídico y social de los pueblos indígenas; damos la palabra a personas y colectivos cuya voz no encuentra espacio en medios de comunicación e información tradicionales; reivindicamos la expresión del conocimiento de pueblos, comunidades y líderes comunitarios, la pluralidad y diversidad en los planteamientos reflejados y el análisis crítico, complejizador y en profundidad de las distintas problemáticas. Director de la revista: Cristian Owaldo Otzín Poyón E​ ditor de contenidos: Andrés Ca​banas Diaz Redacción: Evelyn Adriana Sunun Pablo José Agripino Sian Sente  Iximulew 13 B’aqtun, 0 K’atun, 5 Tun, 4 Winaq, 0 Q’ij, 12 Ajpu’, 18 Kumk’u’ Guatemala, febrero de 2018 La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala litiga, asesora y promueve la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos mayas; impulsa su participación política, el respeto entre los pueblos y busca contribuir al intercambio, estructural y social. 11 calle 10-56 Zona 1, Oficina 501, 5to nivel, Edificio Santo Domingo, Ciudad de Guatemala. www.nimajpu.org comunicacion@nimajpu.org asociaciaciondeabogadosmayas@gmail.com Teléfono: (502) 2220- 3295 Facebook/nimajpu Twitter/nimajpu YouTube/nim ajpu Fotograma de la portada: José Agripino Sian Sente Descripción del fotograma de portada: Collage Mapa 1. a) Militares, despojos y empresarios, fotos de Presa Libre; b) genocidio, fotos del libro “Los pelotones de la muerte” por Manolo E. Vela Castañeda; c) diputados del Congreso de la República de Guatemala, foto de Nomada; d) manifestación en contra de la corrupción, foto de PublinewsGT. Collage Mapa 2. a) Diversidad, foto de RelatoGT; b) cultivos, foto de Siglo 21.com; d) libertad de expresión, foto de Radio Ixchel; e) fotografía de la niñez, Mineduc; f ) rostro de mujer maya, foto de Nelton Rivera; g) soberanía alimentaria, jóvenes y mujeres, fotos de archivos de Asociación de Abogados Mayas. Los textos publicados en esta revista son responsabilidad exclusiva de sus autores. 2

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Ucholajil Índice Tza'ajb'äl wuj (Editorial) Soluciones de fondo a las crisis recurrentes .......................................................................................... R 4 Ja'lo (Actualidad) Comunidad indígena q'eqchi' de Sesaquiquib regulariza tierras para uso colectivo ......... T 5 Lucha por la libertad de expresión de las radios comunitarias llega a la Corte de Constitucionalidad ............................................................................................................................................. Y 6 Amparo por irregularidades de Estudio de Impacto Ambiental de hidroeléctrica en territorio q'anjobal............................................................................................................................................... U 7 Mujeres maya ch'orti' demandan a Guatemala por violación del derecho humano a la alimentación .......................................................................................................................................................... I 8 Persecución penal hacia la comunidad indígena maya q'eqchi' de Mucbilha ...................... I 8 Comunidades ch'orti' defienden sus tierras ante la Corte de Constitucionalidad ............... O 9 Kakorpesyaj (Nuestras Luchas) Consultas comunitarias para la defensa del territorio........................................................................ P 10 Consulta, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas...................................... D 13 Defensa del derecho de libertad de expresión...................................................................................... G 15 Li patz'ok (La Entrevista) Asamblea Nacional Constituyente Originaria: el pueblo es el soberano................................... K 18 Kai', oxi' tzijonïk (Dos que tres palabras) Asamblea Nacional Constituyente originaria Una propuesta desde los pueblos, para salir de la crisis estructural ................................. Estado criollo en crisis ....................................................................................................................................... Ante la crisis del sistema, Asamblea Nacional Constituyente Originaria................................... Juventudes mayas frente a los caminos desafiantes del pasado y el presente. .................... Reformas constitucionales. Una necesidad para el equilibrio en la convivencia entre Q Q 21 Q W 22 Q R 24 Q U 27 las nacionalidades que coexistimos en el país ...................................................................................... El derrumbe del actual modelo de Estado .............................................................................................. Hacia la Refundación ......................................................................................................................................... Wi'aj ejnin txumu'n (Voz y pensamiento) Q U 29 Q S 32 Q F 34 Contra los desalojos y la persecución política....................................................................................... Comadronas y la defensa de la salud comunitaria para el Buen Vivir......................................... Q K 38 W = 40 33

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Tz’ajb’äl Wuj Editorial Soluciones de fondo a las crisis recurrentes En su tercera edición la Revista Nim Ajpú aborda como tema central “Asamblea Nacional Constituyente Originaria: Una propuesta desde los pueblos para salir de la crisis estructural”. El propósito de este número es incursionar en el análisis y el debate de una posible salida a la crisis política profunda en la que se encuentra el país. Las voces alrededor de esta idea se hacen más intensas, por lo que nuestra organización -un gremio de profesionales indígenas, de carácter académico y de formación que aboga por el respeto pleno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas- desea aportar en el debate, analizando la viabilidad política, jurídica y social de la ANCO, desde las perspectivas de diversas organizaciones, de autoridades indígenas, mujeres, movimientos sociales y comunidades. Partimos de que Guatemala atraviesa una crisis política, que no es nueva sino que tiene carácter estructural, debido a que el actual Estado sigue sosteniendo una institucionalidad cada vez más decadente, socavada y cooptada por intereses de una élite económica, política y criminal que lo arrastra hacia el colapso. Los destapes de corrupción que involucran a ex gobernantes, funcionarios públicos, políticos y recientemente los principales empresarios del país, más el desmantelamiento de redes que han operado con total impunidad, evidencian las consecuencias de un Estado secuestrado por los poderes fácticos y hegemónicos que lo han convertido, desde la óptica de los ciudadanos y ciudadanas, en un ente fracasado, donde el pueblo como soberano ha quedado excluido y marginado. A raíz de la lucha contra la corrupción e impunidad, diversos sectores organizados empezaron a lanzar planteamientos que van desde reformas institucionales, legales, constitucionales, hasta el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, creemos que en este momento es preciso construir una propuesta de fondo que permita de una vez por todas salir de las recurrentes crisis. En esta propuesta los principales protagonistas deben ser los distintos sectores aglutinados, desde sus propias reivindicaciones y naturaleza, alrededor de la idea de un nuevo pacto social. Hablar de una propuesta de este tipo es reconocer que existe una seria agudización de otros males históricos que afectan a los pueblos: pobreza, pobreza extrema, ausencia del desarrollo, exclusión, racismo, saqueo a los recursos naturales y bienes nacionales, persecución constante y criminalización de líderes, lideresas, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos. Males no superados, que delatan a un Estado fracasado que tiene deuda con los pueblos. Concluimos diciendo que apostar a una propuesta de solución de fondo, y también de forma, es posible si nos disponemos todas y todos a hacerlo de manera impostergable. No es suficiente con indignarnos, es urgente tomar acciones, lo cual implica construir una ruta seria, real y viable desde el más amplio consenso de todos los sectores del país, y comprometernos en su implementación. Esto es lo que pretendemos motivar al poner a su disposición la presente revista. 44

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Ja’lo. Actualidad Comunidad indígena q´eqchi´ de Sesaquiquib regulariza tierras para uso colectivo Redacción Nim Ajpu La comunidad indígena maya q’eqchi’ de Sesaquiquib, municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, celebra el logro de la regularización de sus tierras para uso colectivo. Sesaquiquib es una comunidad indígena compuesta por aproximadamente 125 familias. Está ubicada a 95 kilómetros de la cabecera municipal de San Pedro Carchá y es una de las comunidades más antiguas de la región, ya que se fundó hace 60 años. Hace siete años fue reconocida como Comunidad Indígena en la Municipalidad. Tierras),realizarongestionesantelainstitucionalidad agraria con el propósito de obtener certeza jurídica sobre las tierras que históricamente habían poseído. Como resultado de este proceso el Fondo de Tierras adjudicó el título colectivo, que quedó debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad. La Comunidad Indígena de Sesaquiquib es la primera en Alta Verapaz y la quinta a nivel nacional. Este hecho fortalece la protección de la tierra del pueblo q’eqchi’, constantemente amenazado por monocultivos, hidroeléctricas y otros proyectos extractivos. Durante 17 años los “Yuwa Choch” (Cabecillas de 55

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Ja’lo. Actualidad Lucha por la libertad de expresión de las radios comunitarias llega a la Corte de Constitucionalidad Radio Comunitaria Nakoj La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala y el Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, a través de la Asociación Sobrevivencia Cultural, evacuaron audiencia de Vista Pública en la Corte de Constitucionalidad por el caso del comunicador comunitario Oscar Mejía de Radio Siwan Tinamit. El Estado de Guatemala no debe utilizar el sistema penal para reprimir a las radios comunitarias, ya que atenta contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas. Sin embargo, lejos de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado ha dirigido ataques sistemáticos contra comunicadoras y comunicadores comunitarios. Con anterioridad, la Corte Suprema de Justicia denegó un amparo interpuesto en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quiché. El amparo se presentó por que dicha Sala denegó de manera infundada la apelación especial planteada en contra de la sentencia que envía a un año de prisión a Oscar Mejía por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión haciendo uso de la analogía. 66 Es imperativo democratizar las frecuencias radioeléctricas para radios comunitarias, tal como lo establece el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de los Acuerdos de Paz, así como varias recomendaciones de relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

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Ja’lo. Actualidad Amparo por irregularidades en Estudio de Impacto Ambiental de hidroeléctrica en territorio q'anjobal José A. Sian, Nim Ajpu Autoridades indígenas q'anjobal, y como terceros interesados la Municipalidad de Santa Eulalia y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, presentaron Acción Constitucional de Amparo en contra del Director General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, por aprobación de estudio de impacto Ambiental con irregularidades. El Amparo se interpuso en la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil contra Ottoniel Barrio Toledo, Director General de Gestión Ambiental del MARN, esto, por aprobar la resolución de estudio de impacto ambiental a favor del proyecto Hidroeléctrica San Luis, de la empresa Cinco M. Según Rigoberto Juarez, miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional Maya Akateka, Chuj, Q'anjobal y Popti´, este estudio no cuenta con la consulta ni aprobación de las comunidades, violentando los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. 77

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Ja'lo. Actualidad Mujeres maya ch’orti’ demandan a Guatemala por violación del derecho humano a la alimentación Norma Sancir provocados por la desnutrición aguda. En la sentencia, el juez responsabilizó al Estado de Guatemala por omisión y por no contar con programasy políticasqueevitenproblemasdesalud por desnutrición crónica en la población infantil y le ordenó, a través de medidas cautelares, garantizar una vida digna para los menores. La sentencia cuenta con 28 medidas y ocho instituciones del Estado deben cumplir la ejecución, aunque hasta ahora no ha existido voluntad para ello. Esta sentencia sienta jurisprudencia y deja un precedente, demostrando la valentía de las mujeres indígenas. Las mujeres del pueblo maya ch´orti´ continuarán demandando su derecho a la vida, esperando que el Estado ejecute y cumpla con la medidas que brindarán derecho a la salud, educación, alimentación, vivienda y derechos humanos integrales. Mabelita, Mayra, Leonel, Bryan y Dina, representados por sus madres, cuatro mujeres indígenas maya ch´orti´ del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, demandaron en 2012 al Estado de Guatemala por violar sus derechos humanos. La acción judicial, y también política, se enmarcó en la campaña Guatemala sin Hambre, realizada por organizaciones que trabajan por el desarrollo rural. El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y Adolescentes en Conflicto resolvió en el año 2.013 a favor de dos niños y tres niñas, concluyendo que existió violación al derecho humano a la alimentación, a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la vivienda. Según las pruebas, las criaturas presentaban daños físicos y psicológicos Persecución penal hacia la comunidad indígena maya q'eqchi' de Mucbilha Redacción NIM AJPU El miércoles 28 de febrero tres comunitarios maya q’eqchi’ de Mucbilha, municipio de Raxruhá, Alta Verapaz, brindaron primera declaración ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el querellante adhesivo Sergio Sierra 88

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Ja’lo. Actualidad los acusan de delitos de “allanamiento, agresión sexual con agravación especial, maltrato a menores de edad, detenciones ilegales con circunstancias agravantes, hurto de tesoros nacionales y robo agravado”. En Mucbilha, el sitio natural y turístico está en disputa entre comunidades y empresarios foráneos. A pesar de no existir pruebas contundentes de la participación individual de cada comunitario, la Jueza los ligó a proceso por los delitos antes mencionados, a excepción del delito de robo agravado. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los tres comunitarios; sin embargo, la Jueza les otorgó medidas sustitutivas, incluyendo una caución económica de diez mil quetzales por cada persona. Comunidades ch´orti´ defienden sus tierras ante la Corte de Constitucionalidad José A. Sian, ANMAG En julio de 2017 la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, ordenó al Registrador General de la Propiedad de la Zona Central restituir el derecho de propiedad de 635 caballerías a favor de Vecinos de Jocotán, departamento de Chiquimula, representados por los Consejos Indígenas Maya Ch’orti’ de siete comunidades de ese municipio. Posteriormente la Empresa Tres Niñas S.A y la Municipalidad de Jocotán Chiquimula, interpusieron recurso de Apelación de Amparo en la Corte de Constitucionalidad. Los comunitarios demandan a los magistrados mantener la sentencia dictada por la Sala Tercera, que reconoce las tierras de las comunidades ch’orti’. Esta criminalización hacía la comunidad indígena maya q'eqchi’ de Mucbilha, demuestra la necesidad de contar con un Ministerio Público objetivo, así como jueces imparciales e independientes que garanticen la justicia a los pueblos indígenas en Guatemala. 99

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Kakorpesyaj. Nuestras luchas Consultas comunitarias para la defensa del territorio Nanci Paola Chiriz Sinto, mujer maya kaqchikel, estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales Guatemala es un Estado Nación que vivió una era de dictaduras militares y autoritarismo que respondían a un modelo económico negociados y firmados entre 1991 y 1996. Han pasado años y ser indígena hoy en día sigue significando vivir en una estructura creada desde basado en la explotación de los pueblos indígenas. la colonia para discriminarnos. El Estado aun no Esto debía terminar con los Acuerdos de Paz, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, lo que nos coloca en una posición de extrema desigualdad, exclusión y pobreza. El Estado fue estructurado por y para los criollos, descendientes de los conquistadores, pertenecientes a esas pocas familias que tienen el poder económico y político, y que en la actualidad son responsables del empobrecimiento del país, de las altas tasas de desnutrición infantil y de la corrupción con la que se ha venido gobernando en su favor. Han disfrazado de “desarrollo” la explotación de los bienes naturales, llevando consigo violaciones a los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, autorizando mega proyectos que irrespetan el marco jurídico nacional e internacional sobre el derecho de consulta. El Ministerio de Energía y Minas -MEM- reporta según datos de febrero de 2016, 343 licencias mineras vigentes, de las cuales 46 corresponden a exploración y 35 a explotación de minerales metálicos. En cuanto a solicitudes en trámite había 611 en total, de estas 291 de exploración y 24 de explotación. En lo que respecta a las hidroeléctricas, hay 24 en operación, 17 en construcción, 17 autorizadas cuya construcción no ha iniciado y nueve en trámite de autorización. q 10

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Kakorpesyaj. Nuestras luchas La característica común de estas autorizaciones es la falta de consulta. El Centro de Políticas Públicas para el Socialismo –CEPPAS- publicó a inicios de este año una infografía denominada “Consultas Comunitarias en Guatemala”, en la que rescata el esfuerzo organizativo de las comunidades para ejercer sus derechos de consulta ante megaproyectos. La consulta es uno de los principios fundamentales dentro del Sistema Jurídico Maya. Es un proceso legítimo propio de los pueblos, donde ellos mismos organizan, convocan y manifiestan su parecer con relación a proyectos e iniciativas que puedan afectar sus territorios. Este derecho es reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 4: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. Según CEPPAS en los últimos años han participado en consultas más de un millón de ciudadanos de doce departamentos: Huehuetenango con 31 consultas, San Marcos con 14, Quetzaltenango con 11, son los tres departamentos con más experiencia en realizar consultas comunitarias. Se han realizado 72 consultas por minería, 9 sobre hidroeléctricas y 4 por otros tipos de proyectos. territorios indígenas, sin haber cumplido con la obligación de consultar a los pueblos que resultarán afectados. Por ello, las comunidades se organizan para defender sus territorios, ocasionando molestia en los grupos que tienen el control económico y político del Estado. Las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad -CC- y la Corte Suprema de Justicia –CSJ- han respondido a los intereses de esas elites económicas y empresariales. Un ejemplo paradigmático que preocupa a las comunidades es la resolución de la CC de 26 de Mayo del 2017, en la que se emitió un fallo definitivo a favor de la hidroeléctrica Oxec (dos fases). En esta sentencia, la CC reconoce derechos pero establece una consulta posterior, indica que el encargado de consultar es el MEM, señala que los pueblos indígenas solo deben ser consultados en temas de energía y minería, mientras el Convenio 169 y todos los instrumentos internacionales señalan que los gobiernos deben: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art.6). La implementación de la consulta a pueblos indígenas debe respetar los parámetros internacionales que aseguren que se trata de una consulta libre, previa e informada. Resoluciones de la CC en otros casos indican que, Durante más de 20 años, desde que entró en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, los pueblos indígenas han exigido que se respete el derecho de consulta. A pesar de ello el MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN- autorizan proyectos a diestra y siniestra en “Es necesario asegurar que la consulta previa se realice satisfaciendo principios mínimos que determinen su validez: Carácter previo; Diálogo de buena fe; Orientada a buscar acuerdos; Realizada mediante procedimientos culturalmente apropiados; Eficaz como primera línea de defensa o mecanismo de garantía de derechos 11 w

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Kakorpesyaj. Nuestras luchas fundamentales”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que, Nos espera más conflictividad social, militarización en nuestros territorios y la criminalización por la defensa del territorio y la consulta. “Cuando se trata de planes de desarrollo o inversión a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena o tribal, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar al pueblo, sino que también debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de éste, según sus costumbres y tradiciones.” Cabe enfatizar que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, al igual que otros los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, forman parte del bloque de Constitucionalidad, tal como lo ha resuelto en distintas sentencias la Corte de Constitucionaidad, por lo que el derecho de consulta de los pueblos indígenas tiene un rango constitucional. El hecho de que no exista una legislación ordinaria no impide la consulta, lo dice la misma sentencia. Después de la sentencia del caso Oxec se genera el momento oportuno para que el Ministerio de Trabajo presente una Guía Operativa. Según la Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, este instrumento “Guía” se elaboró en ocho meses y durante jornadas intensas de diálogos donde participaron diferentes sectores de la sociedad. Ante esto me pregunto ¿qué sociedad? Recientemente ingresó en el Legislativo una iniciativa de ley que recoge los planteamientos generales contenidos en la sentencia Oxec y en la Guía operativa. Autoridades Indígenas, movimientos sociales y población en general no fueron convocados a discutir y analizar esta propuesta, por lo que esta propuesta de ley se convertirá en otro centro de conflicto, y no en un recurso de resolución. La consulta es uno de los principios fundamentales del Sistema Jurídico Maya. Es un proceso legítimo propio de los pueblos, donde ellos mismos organizan, convocan y manifiestan su parecer con relación a proyectos e iniciativas que puedan afectar sus territorios. Este derecho es reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (Art.4). Ri k’ulb’enem tzij, jun nimaläj rutemeb’al kik’aslem ri maya’ taq tinamït, ri nuch’ojij ri Rub’eyal ruchojmilal maya’ k’aslem; Re jun rub’eyal ruk’u’x na’oj re’, jun rub’eyal alaxinäq wi pe pa maya’ taq tinamït, akuchi’ ri winaqi’ nikinük’ ki’, nkiya’ chi kiwäch chuqa’ nikiq’alajirisaj kina’oj pa ruwi’ ri nima’q taq samaj yeb’an, ri nuya’ k’ayewal pa kik’aslem chuqa’ pa kitinamit, re jun ruch’ojinem k’aslem re’ ya’on rejqalem pa molojri’ïl aj juk’an chik Amaq’ (Naciones Unidas) kichin ri maya’ taq tinamït, “Ri Achamaqi’ k’o pa kiq’a’, rub’eyal nikik’waj rub’ey kik’aslem, chi kijujunal tikirel nikisöl, nikinük’, nikichajij ri nkik’ulwachij q’ij q’ij pa kik’aslem, chuqa’ pa kiq’a’, k’o rub’eyal nikokisaj, nikisamajij ri nrajowaj richin pa rub’eyal yek’ase’.” (Art. 4). e 12

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Kakorpesyaj. Nuestras luchas Consulta, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej LConsulta Comunitaria en Santa María Cahabón, Alte Verapaz del 27 de agosto de 2017. Foto: Joel Pérez /Noticias Comunicarte a consulta es un principio comunitario de los pueblos indígenas. Las decisiones relacionadas con asuntos de beneficio general no puede ser considerado como un requisito enmarcado en un procedimiento que pretenda aprobar una medida administrativa o legislativa. y de mucha importancia para los pueblos indígenas Es necesario que los principios de libre, previa, se toman en las asambleas comunitarias, en las informada sean observados por las autoridades cuales participan ancianas, ancianos, hombres, estatales, para que los pueblos indígenas tengan mujeres, jóvenes, niñas y niños. La presencia de la oportunidad real de influir y decidir sobre las niñas y niños permite que desde temprana edad se medidas que se desean adoptar. conozca el manejo de la vida comunitaria. La unidad del ordenamiento jurídico es un principio ElDerechoalaConsultaprevia,libreeinformadaesla fundamental para aplicar los instrumentos piedra angular del Convenio 169. Su cumplimiento internacionales de derechos humanos. De acuerdo 13 r

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Kakorpesyaj. Nuestras luchas con distintos órganos jurisdiccionales, el Convenio 169 está ubicado a la par de la Constitución Política de la República de Guatemala y sobre el ordenamiento interno, por ser un instrumento de derechos humanos. Por tales razones todos los funcionarios públicos están en la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en las medidas que puedan afectarles. El Convenio 169 es autoejecutable y de aplicación directa. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, forma parte del conjunto de leyes vigentes en el país, por lo tanto su aplicación es directa y no necesita de una ley específica. La consulta no necesita estar regulada expresamente en leyes ordinarias, en las cuales se basan las autoridades que tienen competencia para adoptar medidas administrativas o legislativas. Por lo tanto, ningún funcionario público puede alegar su falta de cumplimiento por no estar desarrollada en el derecho ordinario. La consulta previa, libre e informada es parte del bloque de constitucionalidad. Por ser un derecho sustantivo de carácter colectivo, la consulta previa, libre e informada está incorporada en el bloque de constitucionalidad. Es decir, que una resolución, disposición o medida legislativa emitida sin efectuar o garantizar el derecho de consulta, puede ser revisada en la vía constitucional. De acuerdo con los estándares internacionales la consulta previa, libre e informada es deber y obligación del Estado. Este no puede delegar la titularidad de dicha obligación ni su rol de garante del derecho que tienen los pueblos indígenas. Para estos pueblos el derecho de consulta es una garantía o salvaguarda de otros derechos como el de participación y libre determinación. El consentimiento es la finalidad de la consulta. De acuerdo con la progresividad de los Derechos Humanos, la consulta tiene como finalidad llegar al consentimiento. Esto significa que se debe respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre cómo quieren vivir dentro de sus territorios y, en específico, sobre los proyectos con relación a los cuales el Estado les consulta o sobre los cuales dichos pueblos han realizado una auto consulta. La consulta previa, libre e informada como parte del derecho de libre determinación. La adopción de instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana, fortalece el derecho a la libre determinación que se vincula con la autonomía de estos pueblos y, por ende, con la facultad de proteger la integridad de sus tierras o territorios a través de la toma de decisiones sobre la aceptación o rechazo de una medida administrativo o legislativa. La representación y representatividad de los pueblos indígenas no puede ser impuesta por el Estado. Como parte del cumplimiento efectivo del derecho a la consulta libre, previa e informada, los Estados deben respetar las formas de organización propia de los pueblos y sus autoridades electas legítimamente a través de sus procedimientos ancestrales, sin que medie autorización previa de ninguna dependencia estatal. Las sentencias dictadas con relación a la consulta previa, libre e informada, han constituido un avance significativo para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Dentro de las sentencias dictadas por distintos órganos jurisdiccionales, la mayoría ha reconocido que la consulta es un derecho fundamental de carácter colectivo de los pueblos indígenas y que es incuestionable la obligación del Estado de llevarlas a cabo. En menor cantidad han sido t 14

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emitidas sentencias que contravienen el sentido de la acción de amparo, puesto que declaran la violación del derecho pero no la suspensión de la decisión inconsulta. Esta situación genera inseguridad jurídica para los pueblos indígenas pero también para el fortalecimiento del Estado de derecho, siendo que contribuye a violar este derecho inalienable. La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej es una instancia conformada por organizaciones mayas y campesinas, con el proyecto de articular las luchas del pueblo mayas. El presente texto forma parte del estudio La consulta previa, libre e informada en la jurisprudencia guatemalteca, coordinado por Lucia Xiloj y publicado en octubre de 2017. Kakorpesyaj. Nuestras luchas Se debe respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre cómo quieren vivir dentro de sus territorios. Instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana, fortalecen el derecho a la libre determinación que se vincula con la autonomía de estos pueblos y, por ende, con la facultad de proteger la integridad de sus tierras o territorios. Defensa del derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala La defensa de la libertad de expresión de los pueblos indígenas es promovida por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala desde 2011. En este marco se da acompañamiento jurídico al Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, que exige el respeto y garantía al derecho de la libertad de expresión y opinión de los pueblos indígenas a través de sus propios medios de comunicación, entre otros la radio. Foto: Radio Ixchel La lucha jurídica y reivindicativa para que este derecho fundamental y universal sea respetado está amparada en la Constitución Política de la República de Guatemala, los Acuerdos de Paz, Declaraciones por los Derechos Humanos 15 y

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