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Abril 2018

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Año 6 N°98 - Abril 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco Además de racks para la delegación de archivos PÁG. 5 INAUGURARON EDIFICIO DE SALA DE ARMAS Y EFECTOS SECUESTRADOS DE VILLA ÁNGELA Requirió una inversión de $6.498.557,65 a través de licitación pública. Permitirá almacenar armas, municiones, narcomenudeo, vehículos y motovehículos. En tanto se incrementó en 18.000 expedientes la capacidad del archivo. Un nueva obra inaugurada que apuntala la política edilicia del STJ. Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral Condenan por daño moral debido a la malicia de la ruptura intempestiva de un contrato comercial PÁG. 6 Editorial Por Alicia Alcalá El Ministerio Público de la Defensa cumple dos años PÁG. 2 Primera cohorte 80 egresados en la Diplomatura en Comunicación Judicial PÁG. 8 Fue dictada mediante un convenio entre el Poder Judicial del Chaco y la Facultad de Humanidades de la UNNE, con la colaboración del Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Superior Tribunal de Justicia. El plantel que trabaja denodadamente en la MAAPViCi. Multitudinario acto en la Facultad de Ingeniería de la UNNE. Funciona desde 2008 Celebra una década la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y la Ciudadanía PÁG. 4

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2PÁG. Resistencia, Abril de 2018 Editorial EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA CUMPLE DOS AÑOS DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Por: Alicia Alcalá - Defensora general Con la sanción de la ley 7.321 (modificatoria de la ley 4396, ley orgánica del Ministerio Público), la provincia del Chaco se adecuó a los tratados internacionales sobre derechos humanos y a la manda Constitucional Nacional (artículo 120) en orden a establecer la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa. Además de garantizar la efectivización del derecho a acceder a la justicia de las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Esta norma dividió el Ministerio Público en Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Determinó la integración, funciones, atribuciones e incompatibilidades de cada uno de ellos. A partir de la misma se puso en funcionamiento el MPD, siendo la cabeza del mismo la defensora general, Alicia Beatriz Alcalá y la defensora general adjunta, Gisela Natalia Gauna Wirz. Ambas fueron designadas luego de haber participado en sendos concursos públicos de antecedentes y oposición. El Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial tiene autonomía funcional. Su domicilio se encuentra en calle Brown Nº 301, 3º piso, ciudad El plan de gobierno presentado por Alcalá, en oportunidad de su concurso, constituye el eje actual para el desarrollo de las políticas institucionales y las actividades que se llevan adelante con la finalidad de asegurar el acceso a justicia de las personas en mayor situación de vulnerabilidad por su condición económica, de salud, por la edad, sexo, etnia y/o cualquier otra situación. El objetivo principal es alcanzar una defensa pública especializada, eficiente y de excelencia. ¿QUÉ HEMOS HECHO? 1. Personas con discapacidad y/o con padecimientos mentales Fue puesto en funcionamiento en la provincia el Órgano de Revisión de Salud Mental, (Resolución Nº3 del 31 de marzo de 2016 de la Defensoría General). Es un órgano interdisciplinario Alicia Alcalá, defensora general. e intersectorial que tiene como objetivo velar por el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Forma parte de la Red Nacional de Órganos de Revisión. El plenario, integrado por representantes de la defensa pública, de la Secretaría de Derechos humanos, del Ministerio de Salud, del Colegio de Psicólogos y de familiares y usuarios del sistema, trabaja activamente desde hace casi dos años ad honorem. El 20 de febrero del corriente año, asumió como secretaria ejecutiva Claudia Karina Sforza, luego de atravesar un concurso público de antecedentes y oposición. Ahora resta conformar el equipo técnico de apoyo que la asistirá en su función. Por otro lado, en agosto de 2016, tuvieron lugar las jornadas sobre las funciones del ORSM con la presencia de Maria Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional y en 2017 se realizó un encuentro con funcionarios y magistrados del interior provincial en Sáenz Peña. Son muchas las personas que están internadas hace años y no se revisa su situación. Cabe destacar que el Chaco es una de las pocas provincias que ya cuenta con este Órgano, dando así un gran paso cualitativo en intentar asegurar el acceso a la justicia de personas con padecimientos mentales y con consumo problemático de sustancias. Asimismo, quedó conformado un equipo con dos licenciadas en trabajo social que colaboran con el trabajo de las Defensorías Civiles Nº 1,2 y 3 de la primera circunscripción judicial en la atención de las personas con discapacidad. 2. Niñas, niños y adolescentes El Ministerio Público de la Defensa emitió opinión sobre proyectos de leyes y ordenanzas. Tuvo destacada participación en el debate del proyecto del Código Procesal de Niñez Adolescencia y Familia. Asimismo, se encuentra trabajando, junto a profesionales de distintas áreas, en propuestas para el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil. Brindó charlas y capacitaciones a cadetes de la Policía provincial, pe- riodistas y estudiantes de periodismo acerca de los derechos a la dignidad, la intimidad, la reserva de su vida familiar y la prohibición de publicar imágenes de niñas, niños y adolescentes (NNA). Representantes de la defensa pública participan de las comisiones para la efectiva aplicación de la ley Nº C 2086 (antes ley Nº7.162) de protección de derechos de NNA. Están trabajando en las comisiones de adolescentes en conflicto con la ley penal y con consumo problemático de sustancias; niños/as en adopción y niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual y niños/as y adolescentes con padecimientos mentales. Los asesores de menores de edad con competencia penal asisten a los NNA víctimas en Cámara Gesell, incrementando notoriamente la cantidad de casos durante 2017. Se llevó a cabo un protocolo de actuación con el Registro Civil y de Capacidad de las Personas respecto a la implementación del artículo 583 del Código Civil y Comercial. 3. Género Representantes del Ministerio Público de la Defensa participan en foros, reuniones y ofrecen charlas sobre la temática de género, violencia familiar y adicciones. Están colaborando con la elaboración de un protocolo de actuación en casos de violencia familiar, armonizando las disposiciones de convencionales y legislación interna. En la parte penal fue implementado el turno del “defensor para querellas” a fin de brindar una mejor atención, especialmente a las víctimas de violencia de género, a fin de que puedan tener una participación activa en el proceso. 4. Personas privadas de su libertad Atendió las particulares situaciones de detención tanto de condenados como procesados. Se interpusieron acciones colectivas. Por disposición del Superior Tribunal de Justicia fue conformada una mesa de trabajo para el seguimiento de las sentencias recaí- Año VI Número 98 Abril de 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Rolando Ignacio Toledo Ministros Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Iride Isabel María Grillo Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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3Resistencia, PÁG. Abril de 2018 Gisela Gauna Wirz, defensora general adjunta. das en algunas de éstas, las que se han cumplido. No obstante ello, desde la Defensoría General, continúa coordinándose esa mesa de trabajo para abordar la situación de todos los lugares de detención y cumplimiento de pena en la provincia, lo que generó un espacio de diálogo e interacción entre los distintos organismos involucrados en la temática. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y cumplir con el mandato constitucional de lograr su reinserción en la sociedad. Durante cuatro meses de 2017 se dictó en la Alcaidía de Resistencia un curso sobre derechos humanos. Participaron representantes de la defensa pública, del Comité de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la Asociación Pensamiento Penal. En febrero de este año se entregaron los certificados a los alumnos. Se reeditará el mismo en el interior de la provincia. También se logró que los defensores oficiales sean anoticiados desde la Comisaría cuando alguna persona solicita sus servicios, a fin que éstas puedan contar con defensa desde el primer momento de la detención. La defensora general adjunta efectuó asiduamente monitoreos en las Alcaidías y Comisarías provinciales, haciendo un relevamiento de las condiciones de detención y entrevistando a las personas que son atendidas por defensores públicos. De la misma forma lo hacen estos profesionales. A través de esta actividad se cumple con las disposiciones de los tratados internacionales y con los protocolos de actuación respecto de la intervención de la defensa pública. ladas con los adultos mayores. También se mantuvo una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Adultos Mayores, representantes actuales del Consejo de Adultos Mayores, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo y representantes del Ministerio Público, en pos de trabajar en la conformación definitiva del Consejo de Adultos Mayores y dar de esa forma cumplimiento a lo establecido por el art. 18 de la ley 2553-B, (antes ley 7942). El Ministerio Público de la Defensa ya eligió sus representantes para dicho Consejo, todo lo cual fue puesto en conocimiento del STJ y del Ministerio de Desarrollo Social. 6. Indígenas Desarrolló iniciaron acciones colectivas en defensa de los derechos de integrantes de pueblos originarios. Ofreció charlas y cursos de capacitación en Castelli y Nueva Pompeya. Y colaboró con el Centro de Estudios Judiciales en la capacitación de los Traductores Indígenas. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS La provincia del Chaco está representada en el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y en ADEPRA (Asociación de defensores públicos de la República Argentina) La Defensoría General conforma el Consejo de Seguridad provincial y está representada en el Comité de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este punto se destaca la labor conjunta que está llevando adelante ambos organismos a fin de minimizar la violencia institucional. La defensora oficial Nº11, Lorena Laura Andrea Padován, fue elegida defensora interamericana, lo que ennoblece la actividad de la defensa pública provincial y nacional. El 25 de noviembre de 2016 se llevaron a cabo las primeras jornadas de la defensa pública del Chaco en Sáenz Peña. En dicha oportunidad fue agasajado el procurador general Jorge Canteros por haber estado más de treinta y dos años al frente del Ministerio Público de la Defensa. Del mismo modo, el 7 de diciembre se realizaron las II Jornadas en la ciudad de Villa Ángela. En estos eventos hay un espacio para la formación académica y otro para el intercambio de prácticas, opiniones y experiencias entre todos los defensores y asesores de menores de edad provinciales. Fueron designados los representantes de la defensa pública en el Comité Provincial de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y en el Consejo Provincial de Adultos Mayores. ¿A QUÉ ASPIRAMOS? En primer lugar aspiramos a que el Ministerio Público de la Defensa sea incorporado a la Constitución Provincial con autonomía funcional y autarquía financiera. Si bien la ley 7321 (digesto) significó un gran avance para la provincia del Chaco, como ya lo hemos señalado, no previó una estructura de cargos ni oficinas de la defensa pública acorde a los reclamos y necesidades actuales. Las distintas problemáticas que presenta la sociedad actual deben ser atendidas por profesionales especializados en las diversas áreas. De allí surge la necesidad imperiosa de contar con más defensores y asesores capacitados. Es por ello que en marzo de 2017 se envió al Superior Tribunal de Justicia un proyecto de modificación en el que se incorporaron los cargos necesarios y nuevas funciones para sostener e incentivar a los agentes que integran el Ministerio Público de la Defensa. Además se previó la creación de las defensorías de ejecución penal; defensorías de cámara; defensoría de género; defensoría de pueblos originarios; defensorías itinerantes; asesorías de niños/as y adolescentes víctimas de delitos. Además de la creación de nuevas defensorías barriales, ya que la única existente en la provincia es la del barrio Güiraldes de Resistencia. Se introdujo el desdoblamiento de todas las asesorías de menores de edad y defensorías multifuero del interior de la provincia, en civiles y penales Esperamos que el Poder Legislativo convierta en ley el proyecto para la creación de las Defensorías Civiles Nº 8 y 9 de la primera circunscripción judicial. Al respecto es de público conocimiento que existen sólo tres defensorías civiles que no dan abasto ante el aumento de casos de personas en situación económica crítica. Además, el Poder Judicial incrementó la cantidad de juzgados en distintas materias (civiles, ejecución, laborales), ante los cuales las tres funcionarias deben actuar en representación de los justiciables. A más de ello intervienen en las situaciones de personas con declaración de incapacidad y con adultos mayores. CONCLUSIÓN La Defensoría General es una institución al servicio de las personas en mayor estado de vulnerabilidad social. Sus puertas están abiertas para recibir sus inquietudes y problemáticas; a la vez que articular las medidas necesarias para efectivizar sus derechos. El Ministerio Público de la Defensa tiene aún muchas acciones para llevar adelante, lo cual exige cada día redoblar esfuerzos por la excelencia de la defensa pública, tarea que beneficia a toda la sociedad chaqueña. 5. Adultos mayores Tuvieron lugar distintas reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Adultos Mayores, representantes actuales del Consejo de Adultos Mayores y la Municipalidad de Resistencia en vistas a conocer los centros de apoyo, refugios, hogares existentes; el alcance y funcionamiento de la línea 108 en el ámbito provincial; y trabajar en la articulación de acciones para la elaboración de políticas vincu- El MPD trabajó, entre otros, con la Aldea Tres Horquetas.

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4PÁG. Resistencia, Abril de 2018 Más de 24.500 personas fueron atendidas Cumple 10 años la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y la Ciudadanía Funciona desde el 14 de abril de 2008, las 24 horas, todo el año. Tan solo durante 2017 recibió 4.468 consultas. Tiene un rol fundamental como respuesta a las personas en estado de vulnerabilidad. El 14 de abril de 2008 comenzó a prestar servicios la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía (M.A.A.P.Vi.Ci.). Desde ese momento unas 24.500 personas fueron atendidas y asesoradas en los problemas que plantean. Tiene un ritmo incesante, puesto que atiende las 24 horas, siete días a la semana, tanto en su sede de French 166 planta baja, de 6.30 a 12.30, con una guardia pasiva de 12.30 a 14.30 y consultas telefónicas a través del celular de guardia 0362-154601590, al fijo 4453948 y al email: atvictima-res@justiciachaco.gov.ar. Durante 2017 recibió 4.468 consultas y justiciables, una cifra considerable si se la compara con la apenas 740 de su primer año. En este lapso se consolidó como centro de referencia para casos de derecho de familia, violencia de género, doméstica, adicciones, derecho civil, derecho laboral y personas con discapacidad, entre otros. En pocos días más, el 17 de abril, tendrá lugar el concurso para la creación de M.A.A.P.Vi.Ci. en las otras cinco circunscripciones judiciales, lo que implicará facilitar y optimizar el acceso a la justicia de la ciudadanía en general. TRABAJO CONTINUO Cualquier día de la semana el movimiento es intenso en sus instalaciones. Desde temprano la ciudadanía acude para evacuar sus dudas, solicitar la atención y contención de los profesionales. Es un trámite sencillo y expeditivo que procura, en menos de una hora de entrevistas, poder dar un panorama preciso respecto a cómo actuar en cada caso. La Mesa se creó para asegurar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía. Especialmente a aquellas personas que han sido víctimas de violencia doméstica u otros incidentes. El plantel actual está conformado por Gabriela Mussin como jefa a cargo y Silvia Cristina González y Aquiles Hernán Sotelo (h), quienes ofician como jefes de turno. Ellos se encargan de realizar las entrevistas individuales con cada una de las personas que asisten diariamente. Además trabajan allí: Andrea Silvina Egea, Sabrina Rufino Ramos, Analía Viviana Espinosa, Laura Mariela Morales y Juan Carlos Alfonso. CONFIDENCIAL, GRATUITO Y ABIERTO El servicio es confidencial, gratuito y abierto a toda la comunidad que se presta en un centro de atención y derivación especialmente creado para tal efecto. La forma de atención es muy simple: se atiende por orden de llegada (excepto urgencias, ancianos, embarazadas, etcétera), se toman datos personales y de contacto y luego se realiza la entrevista con cualquiera de los tres funcionarios. A partir de allí se brinda ayuda a las personas y son asesoradas en sus problemas, determinando si son de tipo jurídico o tienen otro tipo de solución. Cada entrevista dura 30 a 40 minutos. En caso que la solución exceda al ámbito jurídico realizan la derivación para que tome conocimiento y actúe la dependencia estatal correspondiente. PROBLEMÁTICAS COMUNES Aproximadamente el 99% de los consultas están vinculadas con violencia familiar y derecho de familia (cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos, divorcios, separación de hecho, división de bienes). El trabajo de la Mesa se diferencia del que realizan las Unidades de Atención a la Víctima y la Ciudadanía (UDAVC), primero, porque éstas se encargan de la parte penal que antes correspondía a la M.A.A.P.Vi.Ci; y segundo por la territorialidad: la Mesa abarca toda la provincia y las UDAVC funcionan, por ahora, únicamente en Resistencia. Desde 2017, la Mesa, realiza charlas de difusión y concientización dentro del programa judicial de extensión a la comunidad del Centro de Estudios Judiciales. Esto permitió un mayor acercamiento de la justicia a la sociedad y sus diversas organizaciones civiles.

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Además de racks para la delegación de archivos 5Resistencia, PÁG. Abril de 2018 Villa Ángela: inauguraron edificio de sala de armas y efectos secuestrados La inversión fue de $6.498.557,65 a través de licitación pública. Las obras fueron ejecutados en 14 meses por la empresa Coning SA. Permitirá almacenar armas, municiones, narcomenudeo, vehículos y motovehículos. En tanto se incrementó en 18.000 expedientes la capacidad del archivo. Recientemente fue inaugurada la ampliación del edificio de tribunales de Villa Ángela que, de aquí en más, albergará también a la sala de armas y efectos secuestrados. Junto a esto se incorporaron nuevos racks para la delegación de archivos. El acto inaugural fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, junto a la ministra Emilia Valle y el procurador general Jorge Canteros. Toledo destacó que la construcción es anexa al edificio principal de tribunales y que el proyecto original del Edificio Tribunales II de la tercera circunscripción judicial preveía su ejecución en dos etapas: la primera, inaugurada en diciembre de 2016, que alojó a la mayoría de las dependencias judiciales y la segunda, la actual, que albergará a la Delegación de Archivo y Sala de Armas. Además resaltó la inversión de $6.498.557,65 a través de una licitación pública. Los trabajos fueron ejecutados por la Empresa Coning S.A.C.C. en 14 meses. En la ceremonia e estuvieron presentes: el intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp, el supervisor de zona interior, Oscar Schulz, el comisario Marcos Scarpellini, el presidente de Coning s.a. Osvaldo Egea, los presidentes de los colegios de abogados de Villa Ángela, Carlos Pignata; Sáenz Peña, Edgardo Reguera; Charata, Sergio Benito, la presidenta de la Entidad de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y de Faltas del Chaco, Celia Altamiranda, el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, concejales municipales de Villa Ángela, secretaria de archivos del Poder Judicial, Alejandra Acosta, el jefe de la Sala de Armas de la provincia, Julio Moreno y el inspector de Justicia de Paz, Nelson Mussin, entre otros. SALA DE ARMAS Y ARCHIVO La incorporación de los racks optimizo el espacio de guardado, ya que luego del traslado se ocupa solamente el 20% de su capacidad, se generaron lugares adecuados e individuales para depósito de armas, municiones y narcomenudeo con sus respectivas medidas de seguridad. Cuenta con un depósito cubierto para la guarda de moto vehículos (uso actual: 60%) el que permitiría, de ser necesario, ampliar su capacidad en un futuro con la ejecución de un entrepiso. Para los automotores se dispone de un patio al aire libre. Sumada a las reformas edilicias, se incorporó tecnología de avanzada para el acopio y resguardo de documentación y elementos secuestrados con la incorporación de racks metálicos modulares, se interconecto y centralizo con el edificio principal el control de los servicios informático, telefónico, incendio, de energía, de seguridad, sistemas de climatización, electromecánicos, etcétera. Todo en un marco de excelente calidad ambiental (espacios luminosos y agradables), en los materiales y mano de obra con el fin de brindar la mejor prestación para los ocupantes del mismo. Actualmente en la Delegación de Archivo existen 9.500 expedientes (rango de 15 años) y con la capacidad instalada se duplica la misma a una cifra aproximada a los 18.000. Además cuenta con espacio necesario para el guardado de protocolos de sentencias e interlocutorios. Para finalizar Toledo recordó: “es de destacar el esfuerzo para sortear las dificultades económicas, ya que se ahorra recursos económicos porque anteriormente las dependencias funcionaban en inmuebles alquilados”. La obra inaugurada mejorará el servicio de justicia en la circunscripción. Amplio espacio para los decomisos. Flamantes instalaciones para la delegación de archivo.

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6PÁG. Resistencia, Abril de 2018 Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral Condenan por daño moral debido a la malicia de la ruptura intempestiva de un contrato comercial Fue en el caso de una empresa que cortó el vínculo con un proveedor, luego de 17 años de trabajo, sin que mediara razón fundada. El STJ ejerció jurisdicción positiva e hizo lugar al pedido, en función de las pruebas que acreditaron la situación. Una empresa fue condenada a indemnizar por daño moral con la suma de $150 mil, más intereses, a raíz de las angustias y penurias que generó a un proveedor con el que interrumpió de manera intempestiva un contrato de distribución que los unía hacía 17 años. De esta manera el Superior Tribunal de Justicia declaró parcialmente nula la sentencia de la sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, únicamente, en lo referido a la desestimación del daño moral. La Alzada había confirmado la indemnización por lucro cesante daños establecida por el juez de grado pero rechazó la existencia de daño moral. A través de la sentencia 11/18 de la Sala Civil, Comercial y Laboral, el Alto Cuerpo, ejerció jurisdicción positiva y estableció que el monto de condena asciende por dicho rubro asciende a la suma de $ 150.000, más los intereses fijados en la sentencia de primera instancia. Es que, si bien el resarcimiento por este motivo en materia contractual debe interpretarse con un criterio restrictivo, los jueces Iride Isabel Grillo y Albero Mario Modi, entendieron que en el caso actual quedaron configurados tres elementos clave que habilitaron la resolución en el sentido propuesto: perjuicio en las afecciones legítimas, malicia de la ruptura intempestiva y que fuera una persona de existencia visible (dado que a las de tipo ideal, o jurídicas, no debe concedérseles tal reparación). LOS HECHOS El demandante solicitó indemnización por los daños ocasionados por la rescisión unilateral de la demandada del contrato de distribución que unía a las partes. Por su parte la firma demandada reconoció la relación comercial, pero señaló que se trataba de un contrato de corretaje, por lo que nada podía reclamarse. Ello toda vez que su compromiso sólo radicaba en acercar a los interesados. Además agregó que el vínculo fue interrumpido por la conducta de la contraparte, entre las que mencionó: omisión de rendir cuenta y de emitir facturas por las comisiones, y falta de aprovisionamiento. En la sentencia del tribunal de primera instancia se hizo lugar a ambos reclamos, es decir fue reconocido el daño derivado por la omisión de preaviso en $250.088,78 y daño moral por $150.000. El juez sostuvo que existió un contrato de distribución, que los incumplimientos alegados para la ruptura no fueron demostrados y, por ende, la decisión fue discrecional y arbitraria. La Alzada confirmó el fondo de la cuestión, aunque modificó la cuantía de la indemnización, pero desestimó el daño moral “porque no se encontraba suficientemente acreditado”. En su sentencia la Cámara condenó a la parte demanda a pagar $177.140, más los intereses a calcularse en la forma establecida en el pronunciamiento de grado. FUNDAMENTOS En su argumentación, Grillo y Modi sostuvieron que la Cámara esbozó argumentos “que no se compadecen con las constancias… omitiendo dar un adecuado tratamiento a la cuestión planteada, de conformidad con lo efectivamente alegado y probado en función de la normativa legal aplicable”. Y que tal accionar se extendió “no sólo al descalificar los dichos de los testigos sino al apartarse del diagnóstico dado por un profesional de la medicina, sin que existan otras constancias que lo controviertan o desvirtúen”. Siguiendo el mismo hilo argumental sostuvieron que exigir fundamentos serios a las sentencias tiene raíz en la Constitución, con “el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir”. Por otra parte señalaron que el abordaje restrictivo de la aplicación del daño moral está relacionado con no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica. De allí que el demandante deba demostrar una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica “que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios”. Los jueces enfatizaron que la reci- sión unilateral no se sustentó en una causa legítima vinculada con incumplimientos de las obligaciones comprometidas por el proveedor. Además que, al no anunciarse con antelación suficiente, impidió a éste “reorganizarse y redireccionar sus esfuerzos empresariales”. A ello se sumó el informe médico que dio cuenta del cuadro depresivo sufrido que le produjo la situación antes descripta. “Los citados elementos se complementan adecuadamente y resultan suficientes para habilitar la procedencia de esta parcela indemnizatoria, por lo que nos expedimos en coincidencia con el juez de primera instancia”, agregaron Grillo y Modi.

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En Itatí, Corrientes 7Resistencia, PÁG. Abril de 2018 Lucas disertó sobre la esencia de la justicia de paz La esencia de la justicia de paz fue el eje de la exposición que brindó la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, durante su exposición en la ciudad de Itatí (Corrientes) en el marco de la jornada titulada “la justicia de paz en la región del Alto Paraná”. La actividad se llevó a cabo en la escuela normal “Dr. Pedro Bonastre” ante un nutrido auditorio conformado por magistrados, funcionarios, empleados de juzgado de paz de la región, autoridades provinciales y municipales, personal policial, docentes, abogados y facilitadores judiciales. También expuso la jueza de Menores Nº 3 de Corrientes, Pierina Ramírez, respecto al “deber de comunicar y recepcionar denuncias de los funcionarios públicos ante casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”. El coordinador general fue el ministro del STJ correntino, Fernando Niz, quien es supervisor del Centro Judicial de Mediación y de los juzgados de paz de Corrientes. En tanto que como coordinadores actuaron Ingrid Factor de Tosi (inspectora de justicia de paz) y Alfredo Aquino (juez de paz de Itatí). Lucas disertó ante un nutrido auditorio. Ante el personal IMCIF: presentaron los cambios en la visión y programa de calidad El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) aplica desde sus comienzos un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). En ese contexto hoy se llevó a cabo la presentación ante el personal de las actualizaciones en su política de calidad y en su visión institucional. Es importante destacar que la presentación y comunicación de la política es un requisito de la Norma ISO 9001:2015, que se aplica en la institución por haber certificado desde el año 2015 ante el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), lo que implica el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos tanto a nivel nacional como internacional, por la membresía de IQNet. De tal manera, la nueva visión se propone “mantener nuestro posicionamiento como referente nacional en la Medicina y las Ciencias forenses con el afán de alcanzar el reconocimiento internacional, comprometiéndonos a brindar servicios especializados y resultados confiables con calidad, eficiencia, eficacia y ética”. Y en la reunión desarrollada en el Sector Calidad y ante todo el personal, la subresponsable Dra. Liliana Douthat señaló que en función del mejoramiento continuo impulsado por la alta dirección del organismo, se revisó la política a fin de adecuar su contenido a los elementos exigidos por la norma, quedando de la siguiente manera: En el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) nos comprometemos a proporcionar un servicio de excelencia a partir de: · Cumplir con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes, y con los compromisos que se suscriban. · Planificar y gestionar lo necesario con el fin de que nuestros objetivos puedan alcanzar el éxito y permitan el mantenimiento del sistema de calidad y su mejora continua. · Trabajar con los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas, para lograr su satisfacción. · Garantizar la permanente capacitación del personal, que estimule su motivación en el trabajo y asegure la operación y control bajo estándares de todos los procesos. · Realizar la evaluación constante de nuestro desempeño y darnos a conocer para generar la confianza que nuestras actividades requieren. · Contribuir con la comunidad preservando el medio ambiente y ofrecer un espacio para la capacitación académica y la investigación permanente en las disciplinas forenses”. Las autoridades transmitieron los nuevos lineamientos al personal.

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8PÁG. Resistencia, Abril de 2018 La primera cohorte tuvo 80 egresados Entregaron certificados de la Diplomatura en Comunicación Judicial Culminó la diplomatura que fue dictada mediante un convenio entre el Poder Judicial del Chaco y la Facultad de Humanidades de la UNNE, con la colaboración del Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Superior Tribunal de Justicia. Multitudinario cierre de la Diplomatura. La primera cohorte tuvo 80 egresados. Casi 80 egresados provenientes de distintos puntos de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa recibieron sus diplomas de finalización de esta inédita instancia de formación para la región que se realizó entre abril y noviembre de 2017. Participaron del acto el presidente del STJ Rolando Ignacio Toledo, el decano de la Facultad de Humanidades Aldo Fabián Lineras, el procurador General Jorge Canteros, el secretario de Superintendencia Omar Amad, la secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades Norma Bregagnolo, y el director de la carrera de Comunicación Social de la UNNE Carlos Quiñones. Y las coordinadoras de la diplomatura licenciadas Estefanía Prokopiuk y Eugenia Barberis. Durante su discurso el presidente del STJ recordó que esta diplomatura se gestó con el objetivo de acercar el Poder Judicial al ciudadano mediante la comunicación del quehacer judicial. Recordó además que este trayecto formativo es la continuación de los ciclos de capacitación gestados anteriormente desde la Oficina de Prensa. Y la calificó como un primer paso para una futura Especialización ya que consideró que “el camino hacia el conocimiento debe ser permanente”. “Tener hoy 80 egresados es importantísimo”, apuntó y luego valoró el trabajo realizado junto a la Universidad. Coincidentemente, el decano Lineras se refirió al trabajo mancomunado con el Poder Judicial en términos de formar comunicadores que puedan trasmitir las decisiones judiciales “con la lógica de acercarlas a una sociedad más justa” de manera tal que el mensaje sea comprendido por todos. También habló el egresado Alejandro Petroff quien consideró que la capacitación fue “visionaria” y que los contenidos brindados y el diseño curricular formaron parte de una disciplina que hasta hace una década no existía. “Esta diplomatura tiene un valor superlativo para la región y más cuando no sólo lo aprovechamos los comunicadores, sino también los operadores judiciales”, dijo. Finalmente Estefanía Prokopiuk realizó un balance y agradeció especialmente a los docentes dictantes: Rosario Augé; Eugenia Barberis; Emilia Valle; Virginia Ise; Orlando Beinaravicius; Nicolás Prado Lima; Diana Dib; Karina Feldmann; Gustavo Guirado; Lucio Otero; Mirko Ivankovich y Mariana Alcalá. “Durante los diferentes módulos se cumplió con la expectativa de aprender sobre el funcionamiento de estos dos ámbitos (el periodismo y la Justicia) pero además se generó un espacio para el debate y la crítica constructiva”, señaló. DIPLOMADOS Toledo, Lineras y Canteros entregaron los títulos a los alumnos. Los egresados de la Diplomatura en Comunicación Judicial son: Acosta, Cecilia Lorena; Aguirre, Horacio Miguel; Alfonso, Paola Erika; Anello, Nancy Viviana; Apezteguia Abellan, Andrea Fabiana Victoria; Arrieta, Guillermo Andres; Ayala, Cintia Daniela; Benitez, Vanina Giselle; Bernardis, Andrea Paola; Camarichi, Hugo José; Castells, Luis Maximiliano; Chwojewski, Melina Andrea; Cresta, Luciana Delma; Cuenca, Alicia Griselda; Cuenca, Marta Alicia; Del Toro, Micaela Daiana; Delfino, Dante Oscar ; Dolenec, Miguel Angel; Doncheff, Daniel Ivan; Duete Alejandro Fermín; Elias, Paula Daiana; Espinosa Leyes, Juan Manuel; Fabbro, María Celina; Falcon, Vanesa Carolina; Fernadez, Amelia Lilian ; Fernández Leyes, Marco Andrés; Gandola Zain, Florencio Rodolfo; Garcia Vilas, Paula Evangelina; Gil, Jorge Rolando; Gimenez, Noelia Marina; Gonzalez Cardozo, Ana Julia; Gonzalez, Sonia Karina; Grillo, Maria Rocio; Gutiérrez, Celina Laura ; Ledesma, Walter Cristhian David; Leguizamon, Andrea Alejandra; Liva, Grisel Marisel Evelin; Lopez Pujalte, Marina; López, Romina Belén; Lotero, Angélica Alejandra; Maidana, Sonia Marisa; Mansilla, Rubén Héctor; Mansilla, Solana Melina; Martinez, Verónica Analia; Mihal, Patricia Berenice; Miranda, Daiana Estela ; Molinas, Fabio Gabriel; Monzón Battilana, Álvaro Patricio; Morello Betig, Emiliana; Muñoa Garcia, Vanesa; Muñoz, Patricia Susana; Panzardi, Geovana Marlene; Pegoraro, Noelia Elena Itati; Peralta, Hugo Horacio; Pereyra Borisov, Maria de los Angeles; Perezlindo, Ethel Mariel; Perna Barreto, Patricia Pamela; Petroff, Alejandro Edgardo; Piccoli, María Verónica; Píriz, Maia Ayalén; Ponce, Leonor Mercedes Itatí; Portillo, Raul Gustavo; Rak, Lorena Alicia; Ratti, Gilda Miryam; Riccardi, Vanina Anabel; Sanchez, Rodolfo Luis; Sayavedra, Guillermo Gonzalo; Schöenemann, Carolina Beatriz; Skarp, María Vijnaí; Soto, Federico Matias ; Vega, Roxana Mabel; Velazco, Sergio Leonardo; Ventos, Eduardo Fabrián; Viain, Jorge Andrés; Vich Gamarra, Pablo Facundo; Villalba, Graciela; Villán, Daniel Eduardo; Zacarías, Pablo Javier; Zarabozo, Juan Manuel y Zeniquel, María Cecilia.

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