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Año 6 N°96 Febrero 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco Biblioteca “Dalmacio V. Sarsfield” PRESENTAN LA HEMEROTECA, SINÓNIMO DE ACCESO A LA LECTURA EN MATERIA DE DERECHO Los usuarios podrán encontrar documentos que actualizan con mayor periodicidad el contenido intelectual de los libros requeridos para la formación, capacitación e investigación judicial. También cuentan con herramientas informáticas que permite automatizar procesos. PÁGS. 4-5 En la sede de López y Planes 201 pueden encontrarse publicaciones periódicas en un doble formato: impreso o electrónico. También georreferenciaron causas delictivas Equipos Fiscales de Resistencia Donados por el Consejo de Procuradores y Defensores Contarán con nuevos equipos para pericias forenses PÁG. 3 dieron a conocer positivas estadísticas PÁG. 8 Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral La medida excepcional de resguardo provisorio no habilita a la adopción PÁG. 6 Editorial Por Rolando Toledo Un año repleto de desafíos en materia jurisdiccional, edilicia, de capacitación y excelencia PÁG. 2 Son de alta gama y tecnología y serán destinados al trabajo del Gabinete Científico Judicial.

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2PÁG. Resistencia, Febrero de 2018 Editorial OBJETIVOS CENTRALES DE MI PRESIDENCIA EN 2018 En las siguientes líneas anticiparé los desafíos centrales de mi presidencia durante el presente año que estará repleto de desafíos en materia jurisdiccional, edilicia, de capacitación y excelencia. Asumo con la misma convicción de anteriores ocasiones y con el compromiso en llevar adelante la gestión y el gobierno judicial, continuando en la sinergia del trabajo en equipo. Mi objetivo será brindar eficacia y eficiencia en el servicio público de justicia y propiciar, de esta manera, un mayor acceso para los justiciables. Al mismo tiempo insistiremos y trabajaremos para lograr la tan mentada equiparación salarial con la justicia federal. Merece un párrafo aparte agradecer a mis colegas por elegirme y conferirme la Presidencia de este Alto Tribunal una vez más. Presidencia que asumo con la misma convicción de anteriores ocasiones, y con el compromiso en llevar adelante la gestión y el gobierno judicial, continuando en la sinergia del trabajo en equipo. Teniendo en cuenta que el resultado de este trabajo es una política institucional de progresivas transformaciones, con renovados mecanismos científicos, tecnológicos y  normativos en la búsqueda de brindar eficacia y eficiencia en el servicio público de justicia y propiciar, de esta manera, un mayor acceso para los justiciables. Durante mucho tiempo el Poder Judicial se ocupó de resolver los conflictos que se le mandaban, mientras la cantidad demanda no crecía mucho y su calidad se mantenía estática. Hoy la situación cambió radicalmente. En la última década, la demanda aumentó explosivamente, los conflictos son más variados, y el impacto de las decisiones tiene un peso político mucho más importante. El Poder Judicial de hoy tiene que ser más proactivo. Esto requiere un cambio de mentalidad dentro de nuestra institución. Dicho cambio de paradigma también debería permitirnos pensar en la justicia como una institución. Es decir que, al mismo tiempo que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial orientado al ciudadano respecto a cómo es la resolución de conflictos de una comunidad. En 2018 es mi intención llevar adelante, contando con el apoyo de mis colegas, tres cuestiones que las divido en Por: Rolando Toledo materias: edilicia, tecnológica y capital y recursos humanos. MATERIA EDILICIA Llamaremos a licitación para la construcción de la tercera torre del complejo del fuero civil de Resistencia, obra significativa por su magnitud que prevé una inversión de $161.747.650. También está prevista una inversión de $122.553.365 para el edificio destinado al fuero laboral y otras dependencias como la Dirección de Tecnología de la Información, Sala de Capacitación y Área Técnica y de Mantenimiento en la primera circunscripción. En Charata refaccionaremos totalmente el antiguo inmueble donde funcionaba el Juzgado Civil. Allí se construirá un salón de usos múltiples ya que recientemente se logró la titularidad total y definitiva a nombre del Poder Judicial, por parte del gobernador Domingo Peppo. En ese SUM se realizarán diversas actividades de capacitación para los empleados judiciales y comunidad en general, con una capacidad para 170 personas y una inversión (a septiembre de 2017) de $13.400.000. Es importante resaltar que esta obra fue largamente anhelada por el exministro Ramón Ávalos para su comunidad, de tal manera cumpliremos su sueño. Mediante un trabajo conjunto con el intendente de General San Martín, Aldo Leiva, se logró un acuerdo de cesión por parte del municipio de un te- rreno de inmejorable ubicación donde se construirá un SUM, con capacidad para 340 personas sentadas, más oficinas administrativas y estacionamiento en el mismo predio de 44 vehículos. Es muy importante destacar que tendrá la modalidad de uso compartido con el Municipio y para concretarlo se requiere una inversión de $ 18.700.000. En este contexto no puedo dejar de mencionar que durante 2017 tuvimos grandes hitos como las inauguraciones del Edificio de Tribunales de Villa Ángela (puesto en funcionamiento en febrero del año pasado, con parte de los fondos para terminarlo provenientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación); la puesta en funcionamiento del edificio de la Procuración, Defensoría, Centro Público de Mediación y Oficina de Gestión de Calidad Judicial, ejecutado exclusivamente con recursos propios del Poder Judicial. Además el inicio de las obras del edificio de Tribunales II Sáenz Peña (para lo cual gestioné los fondos de la primera etapa ante la cartera de Justicia de la Nación). Va ser un desafío tanto para el Poder Judicial como para el Poder Ejecutivo avanzar en lo que será un ícono en la ciudad termal. La actividad forense necesita de esta obra que permitirá reordenar y reacomodar varias oficinas judiciales y mejorar, así, el servicio público judicial”, señaló. También comenzaron a funcionar: la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Villa Ángela y la Cámara de Apelaciones con competencia universal de Castelli. Nos resta hacer lo propio con la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Charata. MATERIA TECNOLÓGICA Estamos esperando la instalación de equipos de video grabación para los procesos penales, un total de 21 salas, cuyos fondos provienen del Ministerio de Justicia de la Nación. Se hizo el llamado a la licitación Pública N° 42 para la adquisición de los equipos que deberían estar funcionando para febrero de 2018 en toda la provincia. En cuanto a la oralidad civil, trabajamos el año pasado en pos de obtener los créditos necesarios para la adquisición de salas de videograbación para los procesos civiles gestionando los fondos ante el Ministerio de Justicia de la Nación  para la adquisición de estos equipos que tienen un valor de mercado de alrededor de $ 11.000.000. El Chaco es uno de los pioneros en esta materia y estamos a la altura de la circunstancias, ya comenzaron las capacitaciones para los Juzgados del Fuero Civil de toda la provincia. Por otra parte concluimos la etapa de desarrollo para la implementación de la boleta de tasa de justicia electrónica (un trabajo realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información, con la colaboración de la Dirección General de Administración) y se encuentra en proceso de homologación por parte de las autoridades bancarias. Esperamos poder iniciar 2018 con este nuevo servicio. Seguimos en la línea de todos aquellos recursos que acercan día a día la justicia a la gente, destacando la labor de los abogados del foro, el ingreso digital de escritos (INDI), una herramienta tecnológica para que los profesionales puedan presentar sus escritos judiciales vía web sin necesidad de concurrir a los tribunales. Esto viene a completar el trabajo del seguimiento de expediente en línea. Ambos sistemas desarrollados por nuestros técnicos. Atendiendo los pedidos de los abogados, en diciembre pasado, dimos inicio a la capacitación de las dependencias judiciales para que, en toda la provincia, las presentaciones judiciales puedan llevarse adelante por medios digitales, acortando tiempos y distan- cias. Esto permitirá que el Poder Judicial atienda situaciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, sumamos a nuestra red de comunicaciones a poco más de una decena de juzgados de paz y faltas de toda la Provincia con la colaboración de la empresa Ecom Chaco y nuestros profesionales. Pretendemos extender esas comunicaciones a todos los juzgados del Chaco pertenecientes a ese fuero durante 2018. A lo largo de este año concretaremos el despliegue del Nuevo Sistema de Gestión Penal en las circunscripciones del interior provincial de acuerdo a un estricto cronograma que será fijado por el STJ. Son innumerables las ventajas que la aplicación de esta metodología de trabajo y gestión judicial han logrado en este tiempo en el proceso penal de la provincia. MATERIA CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES El Centro de Estudios Judiciales cumplirá, en 2018, cuarenta años de trabajo incansable. Continuarán desarrollando los cursos para todos los fueros y también en la coorganización de aquellas capacitaciones que merecen un trato diferenciado. Otro punto de gran valor está conformado por la gestión y la calidad aplicadas al Poder Judicial (a través de la Oficina de Gestión y Calidad Judicial), esto es excelencia judicial. En ese sentido, en noviembre pasado, el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) logró posicionarse obteniendo el oro en el Premio Nacional a la Calidad a la Justicia, otorgado por el Programa Nacional a la Calidad, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Por qué no aventurarse e ir ganando la pulseada de brindar estas experiencias a todos los fueros y organismos de nuestro Poder Judicial? En conclusión. La justicia del Chaco tiene frente a sí un año repleto de desafíos en materia jurisdiccional, edilicia, de capacitación y excelencia, entre otros. Todos ellos dedicados a apuntalar el objetivo supremo fijado por el Superior Tribunal de Justicia teniente a reasegurar el pleno acceso a la justicia de la ciudadanía, garantizando el pleno goce y ejercicio de sus derechos y deberes. Año VI Número 96 Febrero de 2018 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Rolando Ignacio Toledo Ministros Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Iride Isabel María Grillo Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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Donados por el Consejo de Procuradores y Defensores de la Nación 3Resistencia, PÁG. Febrero de 2018 La Justicia dispondrá de equipos de alta tecnología para las pericias forenses El Poder Judicial del Chaco contará con tres equipos informáticos de alta gama y tecnología por un valor total de $609 mil que serán destinados al trabajo del Gabinete Científico Judicial, a través de una donación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Aquellos permitirán mayor celeridad en las respuestas a los trabajos técnicos y periciales requeridos por el fuero penal de toda la provincia, permitiendo duplicar la cantidad de informes, y concluir los pendientes de realización. El GCJ es la única sede en toda la provincia con herramientas propias de un laboratorio de informática forense tales como: UFED, XRY, Encase, IEF y una única estación de trabajo de alta performance. De esta forma las nuevas herramientas permitirán conformar tres estaciones de trabajo; cada una será de uso individual por parte de los tres únicos peritos asignados a dichas funciones para las seis circunscripciones judiciales. Los equipos podrán comenzar a funcionar plenamente una semana después de que sean entregadas, en virtud de las condiciones edilicias, espacio físico, instalaciones eléctricas y de redes. DETALLES DE LOS EQUIPOS En la última solicitud efectuada se pidió que dichas computadoras tengan discos de estado sólido (2 x 980 gigabytes cada uno), procesadores de alto rendimiento Intel I9 7960x y, al menos, 64 gigabytes de memoria RAM. Conjuntamente fueron pedidos servidores de almacenamiento en red (NAS), uno para cada estación de trabajo, con capacidad de al menos 16 terabytes cada uno, destinados a resguardar por un tiempo prudencial las copias forenses, como lo exigen las buenas prácticas periciales. AVANCES Las donaciones del Consejo de Procuradores y Defensores de la Nación, destinadas al GCJ, datan de 2014 e incluyeron equipos y herramientas de uso forense varios: analizadores espectrales de documentos, maletines de luces forenses y herramientas específicas. Desde el 2016 se insistió en la adquisición de herramientas informáticas para conformar estaciones de trabajo dotadas con computadoras de gran poder de procesamiento, pensadas para reducir los tiempos de análisis de la evidencia digital. Avances en las obras Edificio de Tribunales II de Sáenz Peña culminado al 22,5% El edificio de Tribunales II de la ciudad de Sáenz Peña (Chaco) está culminado en un 22,5%, a diciembre de 2017, con un ritmo de trabajo adecuado, después de que fueran superados inconvenientes derivados de la situación climática en la etapa de la fundación. Así se desprende de la memoria circunstanciada Nº 3 presentada por la Dirección de Obras y Certificaciones del Poder Judicial del Chaco. En la misma se consigna que los trabajos actuales están centrados en la ejecución de la estructura de elevación (columnas, tabiques, vigas y losas), capa aisladora, mampostería de cerramiento en planta baja, instalación sanitaria subterránea (cloacal y provisión de agua), eléctrica y contrapisos, entre otros. La obra tendrá 4.800 metros cuadrados de superficie, planta baja y cinco pisos. Demandará una inversión aproximada de $94.8 millones financiada, parcialmente, con fondos provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (en virtud de los acuerdos oportunamente firmados) con un plazo de ejecución de 18 meses. En el nuevo edificio funcionarán los fueros civil, comercial y laboral, las dos cámaras del crimen, médicos forenses y la delegación del Centro Público de Mediación de la segunda circunscripción judicial de la provincia. Las obras prosiguen a buen ritmo en lo que será la nueva casa de la justicia para la ciu- dad termal.

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4PÁG. Resistencia, Febrero de 2018 Biblioteca Jurídica “Dalmacio V. Sarsfield” Hemeroteca: garante del derech Una de las principales finalidades de la Biblioteca Jurídica “Dalmacio V. Sarsfield” es la de garantizar el ejercicio del derecho a la información, a través del acceso a la lectura en materia de Derecho. En este sentido, la Hemeroteca constituye uno de sus pilares, donde se encuentran las publicaciones periódicas, es decir, aquellos documentos que actualizan con mayor periodicidad el contenido intelectual de los libros, esto las hacen requeridas para la formación, capacitación e investigación. Etimológicamente el concepto de hemeroteca deriva de los términos griegos hemeré (día) y theke (caja, depósito), de esta forma puede entendérsela como “biblioteca diaria”. Lo que en realidad se refiere al local donde se guardan y coleccionan publicaciones periódicas: revistas, diarios, publicaciones seriadas o publicaciones divididas en series. Mientras que el Diccionario de la Real Academia Española  la define como “una biblioteca donde principalmente se guardan y sirven diarios y otras publicaciones periódicas”. Y Martínez de Sousa, en su diccionario de Bibliología añade que es “un depósito o sección de una biblioteca donde se conservan y sirven al público las publicaciones periódicas”. Así, en su fondo documental se pueden encontrar publicaciones periódicas en un doble formato: impreso o electrónico. Por lo cual, el Superior Tribunal de Justicia, suscribe a las mismas con la posibilidad de acceder a ellas en línea. Se necesitará nada más que una computadora conectada a Internet con los permisos adecuados. Sin embargo, aquellos que lo requieran, podrán acudir a la Sala de Lectura donde se encuentran dos computadoras para consultar todos los documentos electrónicos y, al mismo tiempo, recibirán la orientación y guía de los bibliotecarios encargados de la atención al público. ORGANIZACIÓN Hugo Robledo, jefe de la Biblioteca Jurídica “Dalmacio V. Sarsfield”, explicó que la las estanterías de la Hemeroteca se encuentran divididas conceptualmente en dos grandes ramas: Derecho Público y Derecho Privado. Dentro de cada una de ellas se pueden encontrar las distintas especialidades de las ciencias del Derecho. Por lo tanto, los criterios de clasificación establecidos de publicaciones periódicas en los estantes fue el siguiente: -Designar con un código alfanumérico para las colecciones, compuesto por: la letra H de Hemeroteca y un número representativo y distinto para cada colección. -Para números especiales o suplementos de las colecciones se identificará con la letra H de Hemeroteca y un número distinto al de la colección. Luego serán ubicadas en el lugar correspondiente a la materia que trate. Por ejemplo: si el número especial de la Revista Jurisprudencia Argentina tiene el código H17 y si trata sobre Derecho Constitucional, ese fascículo será ubicado en la colección que trate sobre Derecho Constitucional. Más ejemplos de números asignados: Revista Jurisprudencia Argentina – número especial H18; Revista Jurisprudencia Argentina – suplemento H52, entre otros. -A su vez, cada fascículo o número de la colección tendrá la identificación de otro código alfanumérico, que representa una rama del Derecho. Ejemplo: Derecho de Familia DF, Derecho Penal DP, etc., y un número correlativo de inventario para cada colección. Así por ejemplo se podrá encontrar la Revista Derecho de familia (Abeledo Perrot) – julio 2017 H12 DF0001 CLASIFICACIÓN Tal como reiteraron desde la Biblioteca Jurídica el proceso de reorganización de la hemeroteca, fue ejecutado dividiendo las estanterías en Derecho Público y Privado, con el objeto de clasificar las materias de esa ciencia, respecto a los títulos y contenidos temáticos. Lo mismo hicieron con las colecciones por temática, agrupando por materias en los distintos estantes. También se trabajó con la codificación de estantería para facilitar la búsqueda visual, de los usuarios, de acuerdo a la rama del Derecho y estableciendo un orden en los estantes. Finalmente comenzaron con la carga de artículos de los títulos de las revistas en el Sistema de Gestión de Bibliotecas “KOHA”, También realizan carga de artículos de los títulos de las revistas en el Sistema de Gestión de Bibliotecas. La H gran Detalle de la Revista sobre Derecho de Familia, como se puede sualizar en el “KOHA”.

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” ho a la información Hemeroteca se encuentran divididas conceptualmente en dos ndes ramas que son Derecho Público y Privado. con lo cual, se estaría accediendo a la información publicada a través del sitio web institucional: http://biblio.justiciachaco.gov.ar/ , opción del menú CATÁLOGO ON LINE – KOHA. Una vez allí se puede acceder por nombre de la revista. ACCESO DE ARTÍCULOS POR MEDIO DEL KOHA Tal como explicó Robledo, la denominación de Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) se refiere a una herramienta informática que permite automatizar los procesos inherentes a la Biblioteca “Dalmacio V. Sarsfield”, y en ello también se aplica al área de Hemeroteca. Detalló además que los principales módulos que integra el SIGB, son: Procesos técnicos; Préstamos; Usuarios; Reportes y estadísticas; OPAC (siglas en inglés que corresponden a Online Public Access Catalog), lo cual se refiere a catálogo público con acceso en línea. El SIGB posibilita varias funciones que se operan en forma automatizada y que alimentan los principales procesos de la Biblioteca. e vi- COLECCIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS Esta alternativa ofrece al usuario una amplia y completa colección de revistas nacionales y regionales, entre las que pueden citarse: Revistas de la Editorial “La Ley” y de la Editorial “Abeledo Perrot”. “De todas ellas se han recibido una cantidad de 72 fascículos, los cuales, fueron distribuidos equitativamente entre las delegaciones del interior de la Provincia”, detalló. Y agregó que también cuentan con ejemplares de la Editorial “El Derecho”. Actualmente puede consultarse en línea los artículos que son publicados en los distintos números de revistas, detalladas más arriba, que forman parte del fondo documental de la Biblioteca. El jefe de la Biblioteca finalmente indicó: “invitó a todos los usuarios, para hacer uso de la información contenida en este tipo de publicaciones, del área Hemeroteca, las cuales, por su periodicidad actualiza la información contenida en los libros”. La visita puede realizarse en López y Planes Nº 201 de 6:30 a 12:30 y de 15 a 21. 5Resistencia, PÁG. Febrero de 2018 Opinión Reflexiones sobre el derecho al empleo público ¿Cuál es la situación de quienes formaron vínculos laborales no permanentes con el Estado? Diferencias entre extinciones de vínculos de quienes estuvieron amparados por la estabilidad constitucional y aquellos con contratos precarios a término. El principio de la confianza legítima. Por: Diana Dib (secretaria de la Secretaría Contencioso Administrativa Nº 2 del STJ) El empleo público siempre fue el botín de guerra de los partidos políticos. La precariedad laboral de quienes trabajan para el Estado con contratos a término que se renuevan indefinidamente, constituyen un caldo de conflicto latente en la administración central. En mi libro “El derecho al empleo público” (Contexto, 2017) abordo esta problemática centrándome en el trabajador, con la intención de dar una respuesta que satisfaga a todas las partes. La investigación vertida en la obra tiene como eje central la situación de los agentes que han formado vinculaciones laborales no permanentes con la Administración Pública sin ingresar a la planta estable, lo que lamentablemente constituye uno de los medios más utilizados en la política de Estado a falta de empleo genuino. Esta situación genera verdadera inseguridad en quienes pretenden formalizar la carrera administrativa y alcanzar los estadios legales de permanencia con respeto de sus derechos y obligaciones. Lo preocupante es que tal práctica administrativa demuestra que tales contratos dejaron de ser utilizados conforme a las leyes que los reglamentan, en las cuales básicamente se tenía en cuenta que el contratado debía ser afectado a aquellos trabajos que, por su naturaleza y transitoriedad, no podían ser cumplidos por el personal permanente. En cambio puede verificarse que, en realidad, se les asignan funciones similares a las que desempeñan éstos, sin respetar los recaudos básicos del ordenamiento jurídico vigente, lo que produjo una indefinida renovación de las vinculaciones. Todo ello se tradujo, en los hechos, en una prolongadísima situación de inestabilidad. ARGUMENTOS En primer lugar consideré lo concerniente a la estabilidad que le asiste al personal planta permanente; para luego tratar la situación de los precarizados y la problemática que se genera frente a la finalización de la relación operada por decisión unilateral de la Administración a pesar de haberse desempeñado en una vinculación prolongada. La estructura del trabajo responde a la necesidad de diferenciar las extinciones de los vínculos de quienes desarrollaron sus tareas bajo la órbita de la estabilidad constitucional, de aquellas producidas en los casos de agentes contratados a término. Para este segundo grupo el Estado recurrió a figuras jurídicas de carácter transitorio autorizadas legalmente. No obstante lo cual, con una evidente desviación de poder, se apartó de la excepcionalidad de la contratación. Se verifica en tales casos que dicho comportamiento de la Administración generó en el agente una expectativa de permanencia laboral y, por lo tanto, esta situación fue la que sirvió como motivación para la investigación. CONFIANZA LEGÍTIMA Es decir, la problemática planteada fue examinada desde el principio de confianza legítima, dado que se visualiza la persona humana en toda su dignidad y al trabajador como sujeto de preferente tutela. Ello a la luz de el bloque federal constitucional formado por la Constitución Nacional más los Pactos y Tratados Internacionales enunciados en el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna. A tal fin consideré distintas soluciones sobre el caso: tanto las jurisprudenciales, como aquella otra proveniente de leyes provinciales, con análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. A modo de conclusión propuse una salida transformadora tendiente a asegurar una protección para aquellos agentes que se desempeñaron por un largo período, en forma precarizada, dentro de la Administración Pública.

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6PÁG. Resistencia, Febrero de 2018 Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral La medida excepcional de resguardo provisorio no habilita a la adopción El STJ ratificó en su decisión las previsiones legales que impiden a la familia acogedora solicitar la adopción de una menor puesta bajo su cuidado. En los fundamentos señaló que las medidas excepcionales y la declaración de adoptabilidad respetaron los plazos y condiciones previstas en el Código Civil y Comercial, considerando las especiales situaciones en las que se hallaban las partes involucradas. También designó abogado para la persona menor de edad a fin de asegurar su vinculación con el matrimonio adoptante. El Superior Tribunal de Justicia desestimó un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, presentado en el marco de una acción de amparo, mediante el cual una resguardante provisoria pretendía lograr la adopción definitiva de la niña “Isabel” puesta temporalmente bajo su cuidado (NdeR: el nombre fue cambiado para preservar la identidad de la menor). En coincidencia con los pronunciamientos del tribunal de primera instancia y el de Alzada, la Sala Civil, Comercial y Laboral emitió la sentencia 388/17 en la cual sostuvo que todos los pasos dados estuvieron enmarcados dentro de las exigencias previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación en relación a las medidas excepcionales respecto de la NNA y la declaración judicial de su situación de adaptabilidad. Además, los jueces Alberto Mario Modi y Emilia María Valle, afirmaron que debía prevalecer siempre el interés superior del niño y designaron un abogado a la niña, para asegurar su transición a la familia de los pretensos adoptantes. LOS HECHOS Isabel nació el 29 de mayo de 2016, y el 30 de junio de ese año fue entregada a N.A.G. en guarda provisoria por 90 días, ante la imposibilidad de la madre biológica y de la familia ampliada de asumir su cuidado. La decisión fue tomada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, quien eligió a esa persona por ser “miembro de la comunidad” del lugar donde había nacido la pequeña. El 17 de octubre el órgano técnico administrativo prorrogó la medida por otros 90 días, y el 23 de febrero de 2017 la jueza interviniente declaró legales ambas decisiones; además resolvió que la menor fuera declarada en situación de adoptabilidad. Luego de varios intentos fallidos de notificación a la progenitora de Isabel la medida fue comunicada mediante edicto; a lo que siguió el inicio del proceso de vinculación con los postulantes electos. Inmediatamente, el 14 de agosto, la resguardante provisoria promovió la acción de amparo y una medida cautelar de no innovar contra las resoluciones de la jueza que mandaban iniciar la guarda con fines de adopción. Ambos pedidos fueron rechazados en sede judicial: tanto por la jueza de grado (que la desestimó de entrada), como luego en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que confirmó la decisión de la magistrada. ALTERNATIVA A LA INSTITUCIONALIZACIÓN En los fundamentos de su decisión, los jueces del STJ explicaron que “la premisa básica” respecto al acogimiento familiar (artículo 87 y subsiguiente de la ley provincial 2086-C y su decreto reglamentario) es que se trata de “un recurso de apoyo temporal para niños en situación en la que la convivencia con su familia biológica no es posible, y se presenta como un alternativa a su institucionalización en hogares”. Dicha familia acogedora debe suplir temporal- mente a la biológica hasta que la persona menor de edad pueda regresar a su núcleo de origen o sea declarado en estado de adoptabilidad y, eventualmente, ingrese a la familia de los adoptantes. También hicieron hincapié en la conducta de la amparista quien “tenía en claro” la transitoriedad de su rol, así como que su asistencia se extendería hasta que fuera resuelta la situación judicial de la pequeña. PLAZOS RESPETADOS Más adelante precisaron que fueron cumplidos los plazos establecidos en el inciso “c” del artículo 607 del Código Civil y Comercial, respecto de las medidas excepcionales. Puntualizaron que en el caso la medida de resguardo adoptada no había superado en total dicho plazo. Y agregaron que conforme lo establece la misma norma debía “declararse la situación de adoptabilidad cuando las medidas excepcionales no hubieran dado resultado en un plazo máximo de ciento ochenta días”. Concluyeron entonces que “al momento de resolver la situación de adoptabilidad de la niña… la jueza de grado se encontraba dentro del término de noventa días previsto legalmente para decidir, computado luego de concluidas las medidas excepcionales de resguardo”. Asimismo recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula cuatro elementos que permiten determinar la “razonabilidad del plazo” en un litigio judicial: complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las autoridades judiciales y afectación generada en la situación jurídica de la persona involu- crada en el proceso. En tanto consideraron “necesarios” todos los intentos de notificación a la madre de la pequeña respecto de la declaración de adoptabilidad, estimaron que no hubo vulneración del plazo razonable. Por cuanto éstos fueron “además de ineludibles por imperativo legal, necesarios para garantizar los derechos de las partes involucradas… y conforme el tenor de la medida adoptada”. En el análisis de la duración del proceso los jueces también valoraron los obstáculos que N.A.G. desplegó mediante diversos planteos y que postergaron la vinculación de la niña con los pretensos adoptantes. Estimaron que “las conductas adoptadas” por ella “no contribuyen a la defensa del interés superior” del niño que se decía proteger. “No resulta válido que quien, de un tiempo a esta parte, fue entorpeciendo el proceso de adopción, dilatando su trámite, intente ahora invocar el transcurso del tiempo como suerte de ‘manto saneador’ para convalidar su pretensión, como es la de mantener a la niña bajo su órbita pese a sendas decisiones judiciales que imponen lo contrario”, argumentaron. REPRESENTACIÓN DE LA MENOR Otro aspecto resuelto por el STJ fue el de la representación legal de la pequeña, potestad que pretendía atribuirse la amparista. En este punto los jueces dijeron que ella no podía arrogarse tal representatividad. “En virtud de su carácter de resguardante transitoria, provisional y designada administrativa- mente… solo tenía a su cargo el cuidado personal… y podía adoptar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, pero carece de representación para estar en juicio en su nombre”, explicaron Modi y Valle. Pues tal pretensión es “sustancialmente opuesta a los cuidados alternativos y transitorios que promueve el acogimiento familiar, figura bajo la cual la niña ingresó al cuidado de la amparista”. Del mismo modo se decidió designar un abogado para la niña para que, además de representarla en el proceso y defender su interés superior, facilitara su transición a la familia de los adoptantes seleccionados. El abogado defensor de la pequeña debía ser nombrado por el juzgado de primera instancia y tendría a su cargo instar las acciones tendientes a concretar el proceso de vinculación con los postulantes. Además colaboraría y aseguraría que se desarrolle, en tanto sea posible, “de forma gradual y paulatina, procurando preservar la salud física y psíquica de la niña”. También podrá requerir acompañamiento terapéutico y la intervención de los organismos no jurisdiccionales que el Poder Judicial pone al alcance de la población para la autocomposición del conflicto. Por último cabe destacar que la sentencia del STJ ha quedado firme y consentida, ya que no se interpuso recurso extraordinario federal y la causa fue devuelta a la instancia de origen. En cumplimiento de la misma los postulantes inscriptos en el RCA han iniciado vinculación y ya se está tramitando el proceso de guarda preadoptiva.

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7Resistencia, PÁG. Febrero de 2018 Entrevista Lovey Pessano analizó la importancia de los ayudantes fiscales Afirmó que “son los ojos del fiscal en el terreno” y que deben ocuparse de “que se respeten todas las garantías”. Descartó que el fuero antidrogas persiga a los consumidores: “no hay ninguna condena por consumo personal”. En una entrevista concedida a INFOJUS la fiscal de investigación antidrogas N° 1 de Resistencia, Natalia Lovey Pessano, analizó y describió el aporte fundamental que hacen los ayudantes fiscales durante los procedimientos. Entre pilas de expedientes que dan cuenta del intenso trajinar del fuero de narcomenudeo, la funcionaria remarcó que el ayudante fiscal “es el que dirige el allanamiento y da las órdenes a la policía”. “Podría decirse que son los ojos del fiscal en el terreno”, agregó. Sus funciones están acabadamente descriptas en la ley orgánica del Ministerio Público. Allí el artículo 47 detalla que deberán: informar al fiscal de instrucción de todos los hechos delictivos cometidos en el ámbito de su actuación; practicar los actos de investigación que les ordene el fiscal o sus secretarios (conforme a las normas del Código Procesal Penal), ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores y, en caso de urgencia, podrán adoptar las medidas cautelares imprescindibles de acuerdo al CPP. También controlarán que sean observadas las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de los imputados y de toda otra persona involucrada en la investigación, debiendo informar inmediatamente al fiscal en caso de que los mismos fuesen vulnerados. Finalmente tendrán que atender e informar a los letrados, con arreglo a la ley. PASOS EN LOS ALLANAMIENTOS “En primer lugar, el ayudante, explica lo que se va a hacer y lee la orden de allanamiento”, remarcó Lovey Pessano. Este paso implica “hacer saber que debe elegirse una persona de confianza para que sea testigo, decir qué se busca y preguntar si tiene algo de valor que quiera poner en resguardo”. A continuación deben designarse dos requisadores del domicilio, “quienes muestran que no tienen nada. Para evitar que luego los sospechosos digan ‘me pusieron’ la droga”. Aquí la fiscal detalló que “es fundamental dejar constancia de todo” y que el ayudante “se mantenga alerta y conozca a quién o qué está buscando”. Puesto que en innumerables oportunidades esto puede fortalecer o debilitar la investigación. Otro aspecto fundamental pasa por “asegurarse de que se respeten todas las garantías y recaudos que establece el código y controlar el acta, que si bien la redacta la policía, tiene formalidades que, sí o sí, se deben cumplir según el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal”. A la vez tiene que dejar constancia de todo lo que digan los presentes. “Es muy importante vincular la droga a la persona, para poder imputar la tenencia” agregó Lovey Pessano. Para esto es fundamental determinar a quién pertenecen objetos que resultan clave en la investigación como, por ejemplo, el teléfono celular, billeteras, etcétera. Lovey Pessano remarcó la importancia de la tarea ejercida por los ayudantes fiscales. La fiscal señaló que el momento de la irrupción es crucial “hay que entrar rápido, a la carrera. Se asegura el perímetro, porque en el 90% de los casos hay armas”, dado que “la venta de drogas es un delito con mucha criminalidad alrededor”.  A diferencia de si, por ejemplo, “vamos en busca de un televisor robado, que podes tomarte tiempo. Aquí no, la droga es de muy fácil descarte: la tiran en el pozo negro, en el inodoro, en la pileta que corra agua. Por eso debemos obrar con premura y eficacia”. “Muchas veces pasa por la astucia del investigador. En un caso, por ejemplo, estaban en un pasillo muy angosto. Entonces se sentaron vestidos con ropa de grafa a tomar gaseosa. Cuando constataron que varios hacían pasamano en el quiosco que estaban vigilando, entraron”, relató la funcionaria. Esa es una de varias anécdotas que ilustran la forma en que efectúan el trabajo de campo, en el que deben recurrir a diversos trucos para poder corroborar los datos y pistas con que cuentan. En otras ocasiones el ingreso no es sencillo, porque se trata de verdaderos bunkers (construcciones de material con puertas de hierro) en los que, sí o sí, deben utilizar la fuerza pública. LO QUE SIGUE Una vez concluido el allanamiento el ayudante fiscal se ocupa de realizar la prueba de campo y detallar en el acta cómo se la hizo. Asimismo adjunta la hoja donde se plasma el narcotest para determinar si es marihuana o cocaína. “Este documento es firmado por los presentes y se lo lee en voz alta” detalló la fiscal y aclaró que, para los casos en que la persona investigada sea analfabeta, “puede ofrecer alguien de su confianza para que lea”. “Por eso, insisto, en que resulta vital que estén pendientes de las formalidades, porque el allanamiento es la única oportunidad que tenemos de conseguir esas pruebas”, precisó. “NO HAY NINGUNA CONDENA POR CONSUMO PERSONAL” En otro pasaje de la entrevista Lovey Pessano dio por tierra con la creen- cia existente en gran parte del imaginario social de que el fuero antidrogas se creó para perseguir a quien consume: “existe una prensa de que nuestro fuero tiene como función criminalizar al adicto. Eso no es así, no hay ninguna condena por consumo personal. Y agregó: “en mi fiscalía ni siquiera tomo declaración en esos casos”. De todas formas reconoció que “existen procedimientos en la calle, sí. Pero sigue en libertad la persona y el expediente se archiva en función del fallo ‘Arriola’”. Luego distinguió que “algunos dealers” consumen droga “pero esto no quita el delito que cometen, que es la venta de estupefacientes” y que constituye el motivo por el que son detenidos. Además subrayó que en el fuero al que pertenece “no nos regimos por el volumen de droga incautada, sino por la estructura que tiene alrededor”. Puede estar entera o fraccioanda, “pero al momento del secuestro está o no destinada directamente al consumidor”. Finalmente opinó que “la justicia federal debe dedicarse a las grandes organizaciones narcocriminales”; a diferencia de la tarea que realiza la justicia provincial “contra el que vende directamente al consumidor”. E insistió: “puede ser mucho o poco volumen de droga, pero los elementos que rodean al secuestro determinan el destino final que tendría” y eso determina tanto la esfera de actuación (local o federal), como el destino: para venta o consumo personal. En el CEJ Capacitaron en utilización del sistema de ingreso digital de escritos En el Centro de Estudios Judiciales comenzó tuvieron lugar los talleres de capacitación para a la utilización del sistema de ingreso digital de escritos (INDI). Las jornadas están a cargo de Daniel Chapo (jefe de la Dirección de Tecnologías de la Información) y Wanda Sabadini, y se realizan en vista de que a partir del lunes 12 de febrero el Poder Judicial del Chaco comenzará a implementar el INDI en todos sus fueros, dando respuesta a la solicitud planteada por los abogados del interior de la provincia. Los encuentros estuvieron destinados a magistrados, funcionarios y empleados del Superior Tribunal de Justicia, Cámara de Apelaciones, juzgados civiles, juzgados de paz, de familia y del trabajo, y personal de Cámara; y tienen como objetivo capacitarlos en la utilización del INDI. La iniciativa tuvo un período de prueba el año pasado en dos organismos del Poder Judicial, luego de que abogados del interior solicitaron su puesta en marcha para la presentación de escritos de litigios que únicamente se tramitaban en Resistencia. Dado el éxito de su implementación, en octubre del año pasado se decidió ampliar su utiliza- Las capacitaciones permitirán explotar al máximo las posibilidades que brinda el INDI. ción al incorporar al fuero penal de Resistencia y este año se agregará al resto de los fueros del Poder Judicial. UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA Los capacitadores explicaron que el profesional del derecho podrá presentar escritos de manera online. Ingresarán al sistema con sus claves de uso actual para consulta de expedientes en línea, más una segunda autenticación asociada a dispositivo celular inteligente, lográndose de este modo una segura doble validación. Una vez que el abogado ingresa y selecciona qué tipo de escrito a presentar, lo agrega como si fuera un adjunto de correo. El sistema generará una constancia de presentación, al tiempo que enviará al juzgado correspondiente (al email institucional) el aviso de este ingreso digital. Respecto del impacto del uso de esta nueva herramienta, se destacó el saldo positivo y que, en el análisis de su implementación desde febrero del año pasado, se advirtieron mayores funcionalidades adquiridas con el aporte de todos los actores que la fueron incorporando.

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8PÁG. Resistencia, Febrero de 2018 Significan 29,9% más que el año anterior En 2017, 1.669 causas fueron elevadas a juicio por los Equipos Fiscales de Resistencia Un informe presentado por la Oficina de Política Criminal a la Procuración General del Poder Judicial del Chaco indica que los Equipos Fiscales de Resistencia produjeron 1.669 requerimientos de elevación a juicio durante 2017, lo que representa el 16% de las causas que se reciben para investigación y un incremento interanual del 29,9%. Estos indicadores superan a los registros de distritos como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que cuentan con mayor presupuesto y personal para la investigación penal preparatoria, y evidencian las mejoras al servicio de justicia impulsadas desde la implementación del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal (NDO) en la primera circunscripción judicial. Los hechos georreferenciados consisten en 22 modalidades delictivas puestas en conocimiento del sistema penal. ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES Y SALIDAS DE CALIDAD Por otra parte fueron registradas 40.000 causas el año pasado, de las cuales 10.302 fueron asignadas por la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana a los equipos fiscales, 10% más que el año anterior. De aquella cifra solamente permanecían en trámite 3.308 al finalizar el año; mientras que el total general de causas en trámite es de 4.800. Además, 11.033 expedientes recibieron decisiones que pusieron fin a la investigación. Estas salidas de calidad superaron marcadamente la cantidad de ingresos en el mismo período, con un diferencia positiva anual de 731 causas. Tales resultados fueron posibles como resultado del trabajo de concientización en los equipos fiscales con el objetivo de cumplir el equilibrio en el tiempo la carga de trabajo, uno de los pilares del NDO. Otro dato que aporte el informe de la OPC es que en el 24% de los expedientes hubo, al menos, una persona detenida. Hubo 2.801 individuos privados de su libertad en 2.438 causas. GEORREFERENCIA DE MODALIDADES DELICTIVAS Por otra parte, a lo largo de 2017, fueron georreferenciados 25.338 causas relativas a hechos puestos en conocimiento del sistema penal distribuidos en 22 modalidades delictivas. Los primeros cinco con mayor incidencia fueron: siniestros viales con lesiones leves (21,64%), hechos contra la propiedad inmueble (13,94%), hechos cometidos con el uso de violencia física (11,52%), violencia de género (9,02%) y violencia familiar (8,72%). Mientras que en entre los menos habituales quedaron los hechos cometidos con el uso de motocicletas y armas (0,42%), en la propiedad inmueble con armas (0,26%) y homicidios (0,16%). Las elevaciones a juicio aumentaron casi 30% respecto de 2016. Intenso trabajo tuvieron los Equipos Fiscales de Resistencia.

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