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Octubre 2017

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2PÁG. Resistencia, Octubre de 2017 Editorial IMCIF, CALIDAD EN LA JUSTICIA Por: Gabriela Lamparelli, directora, y Liliana Douthat, subresponsable del IMCiF El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) respondió a una propuesta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que, con una impronta innovadora y en una fuerte apuesta al futuro, propuso participar este año de la primera edición del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin lugar a dudas, la participación en este importante premio constituyó un nuevo desafío para los integrantes del IMCiF, tanto a nivel institucional y grupal como para cada uno de los individuos que lo conformamos. Operativamente, el Sector Calidad analizó las bases y planificó la satisfacción de los requisitos. Siguiendo el plan, se distribuyeron las tareas entre los agentes en función de los criterios propuestos, se articularon las tareas cotidianas con las actividades de recolectar los datos, procesarlos y redactarlos en función de los ocho Criterios del PNCJ (Liderazgo, Enfoque en el ciudadano, Desarrollo del personal, Información y análisis, Planificación, aseguramiento y mejora de la calidad, Impacto en el entorno físico y social, y Resultados de la gestión de calidad). En la fase expositiva, la información se presentó para dar cuenta del compromiso con la prestación del servicio y la comunidad y de la gestión institucional, mediados por la implementación del sistema de calidad en la organización que es responsable del proceso de crecimiento y mejora constante desde su inauguración hasta la actualidad. Una vez entregado el Informe Relatorio, se concretó la visita del Equipo Evaluador, cuya función fue constatar que las actividades de los sectores periciales y auxiliares del IMCiF se realizan bajo los lineamientos de un sistema de gestión que afianza cada uno de los objetivos propuestos, y que la misión, visión, propósito y valores que sustentan nuestra política de calidad atraviesan todos los procesos de la institución y a su vez constituyen la referencia a seguir en pos de la mejora continua. En el proceso, el IMCiF respondió a todos los desafíos, entre ellos los que imponían los propios requisitos formales del PNCJ, sin perturbar el cumplimiento de sus obligaciones profesionales e institucionales. Cada desafío fue un objetivo y una oportunidad, porque los modos de planificar las actividades y articular los ejecutores se incorporaron como perspectivas perdurables en el trabajo en equipo, en formas mejoradas de procesamiento de la información, de revisión de indicadores y de ajustes del control, en canales de reflexión, de innovación, creación y capacitación, y en fuente de confianza y seguridad respecto del camino emprendido. La obtención del premio concreta las expectativas e impacta profundamente como gratificación a lasperso- nas que sirven en el IMCiF, y no sólo porque renueva el compromiso por vía del reconocimiento al esfuerzo, sino también porque extiende las aspiraciones. Es importante recordar que es una organización cuya creación estuvo fundada sobre los principios de la calidad, que tiene todos los procesos principales y auxiliares organizados en función de un sistema de gestión de calidad (SGC) definidos en sus respectivos manuales y que además cuenta con los registros que evidencian su cumplimiento. Como antecedente es posible mencionar que, en el año 2013, participó y ganó el Premio Provincial a la Calidad en la Categoría I para el Sector Público durante la primera edición que se realizó en la provincia del Chaco, y que en el año 2015 certificó la norma ISO 9001 por ante el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), que acredita a su vez el cumplimiento de estándares internacionales a través de su membresía en IQNet. A la fecha, el IMCiF ha sido reconocido como referente regional de la red de laboratorios forenses, y sirve como órgano pericial y de asesoría a las provincias del NEA, a distintas oficinas judiciales del país y de América Latina, a los Ministerios Públicos provinciales, fuerzas oficiales, instituciones universitarias y académicas. PILAR EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL El IMCiF comenzó su labor en septiembre de 2008. Desde ese momento, cinco años fueron suficientes para que se perfile como un referente indiscutido en materia forense y científica a nivel regional. En ese sentido, se transformó en el pilar fundamental de la investigación criminal científica y colabora íntimamente con la administración de justicia. Tal es así que se constituyó en un centro de referencia para otras jurisdicciones por la altísima complejidad de sus equipamientos y el profesionalismo de sus especialistas. En lo relativo a Medicina Forense, en la institución funcionan las secciones de Tanatología, Clínica y Patología Forenses; y en Ciencias Forenses operan los laboratorios de Química Legal, Toxicología Forense y Biología Molecular. Asimismo, cabe recordar que las instalaciones son compartidas con el Gabinete Científico Judicial lo que permite profundizar los lazos del trabajo interdisciplinario entre las ciencias criminalísticas y la actividad pericial del Instituto. El IMCiF tiene como misión brindar “un estilo de investigación científica en la tarea pericial, de consulta y control que garantice la excelencia de las prestaciones que se deben a la función fiscal, judicial y de quienes colaboren con la administración de justicia, con carácter profesionalizado, interdisciplinario y permanente”. Vale destacar que la visión propuesta al inicio de sus actividades es actualmente una realidad: ser un órgano de referencia de la medicina y ciencias forenses. En ese sentido, la directora Gabriela Lamparelli y la subdirectora Liliana Douthat reafirmaron plenamente el compromiso de brindar servicios especializados y resultados confiables “con calidad, eficiencia, eficacia y ética, respetando las normas jurídicas y contribuyendo positivamente a la administración de justicia”. Por eso destacan que “nada de esto hubiera sido posible sin el impulso el apoyo y la confianza de los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia y la Secretaría de Superintendencia, así como de las dependencias judiciales y periciales que colaboran o articulan su trabajo con nosotros”. Por otra parte, el IMCiF vio potenciada su capacidad con la donación en instrumental gracias a un importante aporte del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, por intermedio de nuestro Procurador General. Todos ellos ya funcionan a pleno, luego de que el staff recibiese la capacitación necesaria para operarlos. Los equipos donados son: macroscopio estereoscópico trinocular, cromatógrafo de gases, cromatógrafo de líquidos de alta performance, dos sistemas extractores y purificadores de ADN, termociclador PCR Real Time, microscopio biológico y un microscopio electrónico de barrido (MEB). Por sus características, esta dependencia judicial desarrolla tareas de gran complejidad e importancia. Esto hizo necesaria la implementación de un Sector de Calidad, responsable del cumplimiento de normas de calidad internacionales, de leyes y reglamentaciones vigentes, así como el respeto de lo estipulado a nivel nacional y provincial. Además, el equipamiento y tecnologías de alta complejidad que se instalaron en las distintas áreas permiten su intervención científica en la investigación judicial, en todos los casos de pericias anatómicas y anátomo-patológicas, análisis del perfil genético, determinaciones toxicológicas y relacionadas con la química legal. Esas tareas se llevan a cabo en los sectores y laboratorios de las especialidades, que se complementan con una sala de radiología y revelado automático, el consultorio médico, la sala de extracción de muestras, la sala de bioingeniería y las dependencias auxiliares tales como las de esterilización, droguero, almacenado y custodia de pruebas, la sala de capacitación y las unidades administrativas. Se trata de una institución que se instaló paulatinamente a la vanguardia de la investigación judicial, con la calidad como meta y como destino que nos guía tanto en lo cotidiano como en los propósitos a futuro. Año V Número 93 Octubre de 2017 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Iride Isabel María Grillo Ministros Rolando Ignacio Toledo Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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3Resistencia, PÁG. Octubre de 2017 En Buenos Aires La justicia chaqueña participó del 21º Congreso Nacional de Capacitación Judicial La presidente del STJ, Iride Isabel Grillo y el ministro Alberto Mario Modi, junto a capacitadores e integrantes del Centro de Estudios Judiciales en el Congreso Nacional de Capacitación Judicial. Durante la segunda jornada trabajaron en talleres sobre la problemática de violencia de género. La delegación chaqueña estuvo compuesta por la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, el ministro Alberto Mario Modi, capacitadores e integrantes del Centro de Estudios Judiciales. El Poder Judicial del Chaco estuvo presente en el XXI Congreso Nacional de Capacitación Judicial que se realizó a principios de noviembre en el Centro de Formación Judicial de CABA, orga- En Salta nizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), a través de su Red de Escuelas Judiciales (REFLEJAR). La apertura estuvo a cargo de Luis Lozano (presidente del Superior Tribunal de Justicia de CABA y del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial), María del Carmen Battaini (presidenta de REFLEJAR) y Rafael Gutiérrez (presidente de JUFEJUS). Durante el encuentro se intercambiaron estrategias de capacitación para la mejora de los procesos civiles y comerciales entre las escuelas y centros judiciales de Argentina, comprometidos con la tarea de la capacitación judicial. EL CHACO Y EL TEMA El Centro de Estudios Judiciales participó de los talleres sobre la problemática de violencia de género, y la manera en que cada escuela judicial la aborda, durante la segunda jornada del Congreso. En esa presentación, a cargo de su directora María Rosario Auge, se informó que el Poder Judicial del Chaco implementó una política de prevención, erradicación y sanción de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Esto incluye talleres para difundir la normativa internacional respectiva y analizar, a partir de ella, qué formas de discriminación existen en la institución judicial, tanto hacia los usuarios del servicio de justicia, como hacia su interior. También realizó talleres sobre violencia de género y violencia institucional en todas las circunscripciones judiciales que proseguirán realizándose el año entrante. La ministra Valle asistió al Congreso Nacional de Secretarios Secretarios letrados y relatores de todo el país se reunieron el 9 y10 de noviembre en Salta donde se realizó el Décimo Congreso Nacional. En representación del Poder Judicial del Chaco asistió la ministra Emilia Valle y secretarios de diferentes Salas del STJ. El encuentro fue diagramado siguiendo las metas señaladas por la Cumbre Judicial Iberoamericana y particularmente su Anexo 13 sobre lenguaje claro e inclusivo. En el acto de apertura el vicepresidente de JUFEJUS Guillermo Posadas, citó la declaración de Asunción del Paraguay durante la VXIII Cumbre Judicial Iberoamericana y puntualizó que el encuentro de Salta fue la oportunidad para seguir avanzando en esa línea, “dejando definitivamente atrás aquel criterio que desde fines del siglo XVIII obligaba al magistrado a redactar una motivación cuasi secreta para ser conocida y comprendida, únicamente, por las partes y el juez”. En tanto que el viernes Federico Ábel, profesor de la Carrera de Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura (UCC) brindó una charla y posteriormente dictó un taller sobre “Redacción de sentencias”. En el marco del Congreso Nacional de Secretarios se realizó un taller sobre redacción de sentencias. Asistieron la ministra del STJ Emilia Valle y los secretarios de Salas del STJ Luz Floriani; Cecilia Vargas; Nélida Arébalo y Fernando Heñin.

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4PÁG. Resistencia, Octubre de 2017 “Nos permiten compartir vivencias y experiencias” Canteros subrayó la importanc los encuentros de ayudantes fis y el Ministerio Público Fiscal Explicó que permiten ver la forma en que se trabaja en cada circunscripción. También hizo un balance del NDO en Re narcomenudeo, donde destacó la tarea desempeñada por los magistrados y funcionarios del mismo. El procurador general Jorge Canteros aseguró en diálogo con INFOJUS que tanto el encuentro de ayudantes fiscales, en Sáenz Peña, como el que congregó a todo el Ministerio Público Fiscal en Castelli, sirven para “compartir vivencias y experiencias” que resultan en un mejor desempeño de la labor jurisdiccional. Respecto a la reunión en Sáenz Peña el jefe de los fiscales explicó: “este intercambio de experiencia y que cada uno cuente cómo trabaja en cada circunscripción es algo que enriquece nuestra tarea”. Canteros remarcó que hubo mucho intercambio de opiniones sobre lo distinto que resulta el día a día a partir de que “lo que significa que tengamos prácticamente un código distinto para la primera y otro para la segunda a sexta circunscripciones”; en alusión a la vigencia del nuevo diseño organizacional implementado en aquella. En ese sentido aseguró que “está todo listo para que en 2018 el NDO se aplique en Charata, Castelli y Villa Ángela, con excepción de Sáenz Peña, donde es imposible hacerlo hasta que no esté finalizado el nuevo edificio de tribunales”. “Los ayudantes fiscales son una figura nueva que se incorpora con la reforma del Código Procesal Penal. Por eso este encuentro es tan importante para que puedan capacitarse con el aporte de fiscales de investigación, de Cámara y de narcomenudeo”. CASTELLI Y EL MPF Por otro lado el procurador general recordó que la reunión del Ministerio Público “tiene una historia muy larga que comenzó en 1987”, que tuvo un nuevo capítulo a partir de 2016 con la división del Fiscal y Defensa. “El balance es altamente positivo, tuvimos la presencia de un capacitador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos d ela Naci{on que fue de lujo. También al fiscal de instrucción cordobés Marcelo Fenol y la ministra Emilia Valle que realizó el cierre con una ponencia sobre garantías en el proceso penal. Hubo mucha camaradería entre los fiscales de toda la provincia e impecable organización, con el hecho remarcable de que por primera vez asistieron tres ministros del Superior Tribunal de Justicia”, ponderó. BALANCE DEL NDO Durante la entrevista, Canteros, evaluó la implementación del nuevo diseño organizacional en la primera circunscripción: “es positivo porque se demuestra cómo avanzan las causas y cuál es el resultado. Con el modelo anterior no teníamos la mesa de intervención temprana y archivo, que es la que selecciona qué se investiga y que no. El salto de calidad es que se hace una compensación en la carga de asignación de causas”. También reconoció que “la gente de las otras circunscripciones lo reclama” y puso como ejemplo: “antes ocurría que una fiscalía tenía en un turno 10 homicidios y la que le seguía un hurto simple. Esto generaba un desbalance en la carga laboral. Hoy se compensa entre todos los equipos fiscales, que son monitoreados por la Oficina de Política Criminal, lo que redunda Canteros analizó la situación del MPF en la provincia. en beneficio de los justiciables”. A través de este nuevo proceso “pudimos detectar y geolocalizar zonas y tipos de delitos, así como la cantidad de expedientes que tienen salida de calidad (sentencia definitiva, mediación, etcétera)”, concluyó. NARCOMENUDEO “Las fiscalías de narcomenudeo han sido controvertidas. Solamente cinco provincias adhirieron a la ley que desfederaliza este tipo de delitos que, en el resto del país, está en manos exclusivamente de la justicia federal”, relató Canteros. Más adelante señaló: “siempre digo, sin hablar mal de ella, que la justicia federal en la provincia no tiene medios. Nuestras alcaidías están saturadas con presos suyos, no tiene gabinete científico ni instituto médico forense, tampoco ayudantes fiscales, ni vehículos y cuenta únicamente con la colaboración de Gendarmería y Policía Federal”. Por ese motivo el procurador aseguro que el fuero especial de narcomenudeo “atiende un agujero negro del que no se ocupaba nadie”, porque “la justicia federal tenía destinada su capacidad operativa a las grandes bandas, pero de lo menor no se encargaba nadie”. En otro pasaje agregó: “pese a lo que se cree, la gran mayoría de las personas privadas de su libertad en el pabellón especial asignado en la Alcaidía no son adictos, sino dealers, traficantes menores”. Finalmente reconoció el trabajo de los dos fiscales del fuero, quienes “cumplen una tarea que es digna de destacar. Igual que la juez de garantías y el defensor oficial”

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cia de scales 5Resistencia, PÁG. Octubre de 2017 esistencia. Se refirió al fuero de Los ayudantes fiscales tuvieron su reunión en Sáenz Peña. ENCUENTRO DE AYUDANTES FISCALES La actividad en Sáenz Peña contó con la presencia de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, la ministra Emilia Valle, el procurador general Jorge Canteros y el procurador adjunto Miguel Fonteina. La cita, propuesta por la Asociación de Ayudantes Fiscales del Chaco, tuvo como destinatarios exclusivos a los ayudantes fiscales de todas las circunscripciones judiciales del Chaco. La apertura estuvo a cargo de Grillo, Canteros y Fonteina. Además se entregaron presentes a los capacitadores por parte de los ayudantes fiscales. La primera capacitadora fue la ministra Valle quien expuso sobre garantías constitucionales en el proceso penal, inviolabilidad del domicilio, jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Analizó los casos emblemáticos de la CSJN en la evolución de la jurisprudencia respecto de la intervención y rol que les cabe a los fiscales de investigación, en la etapa preparatoria, y a los fiscales de cámara, en la etapa de juicio. La siguió Natalia Lovey Pessano (fiscal antidrogas Nº 1 de Resistencia), quien se refirió a los allanamientos y la intervención de los ayudantes fiscales. Por su parte, Graciela Griffith Barreto (fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) habló de las funciones del ayudante fiscal según el Código Procesal Penal del Chaco. Posteriormente los ayudantes fiscales Juan Be- jarano y Joel Abregú Gómez abordaron el tema “equipo de ayudantes fiscales, su realidad actual”. A continuación, Fernando Pereyra (director del Gabinete Científico Judicial) analizó el protocolo de preservación de escena del crimen, previo al momento en que se abordaron las conclusiones de la jornada. CASTELLI RECIBIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL El segundo encuentro anual del Ministerio Público Fiscal tuvo lugar en el salón auditorio del edificio de tribunales de Castelli con el objetivo de capacitar a los fiscales en materia de gestión, roles y organización de las tareas en cada etapa del proceso (investigación, apelación y juicio) y en materia de investigaciones complejas; y mantener una reunión plenaria para analizar en forma conjunta los temas fijados más importantes. La apertura tuvo como oradores al procurador adjunto Miguel Fonteina, los ministros del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo y Emilia Valle, el procurador general Jorge Canteros, el intendente Alberto Nievas y la presidente del STJ, Iride Isabel Grillo, en ese orden. Posteriormente, Ariel García Bordón expuso sobre “litigación oral penal en escenarios de fiscalías especializadas y no especializadas” y “gestión de la investigación”. Tras lo cual trabajaron sobre cuestiones prácticas con debate de ideas. También hubo una conferencia a cargo de la ministra Valle respecto al sistema acusatorio, garantías constitucionales en el proceso penal y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia y otra de Marcelo Fenoll que abordó la investigación penal preparatoria, aspectos prácticos y metodológicos. En Castelli el Ministerio Público Fiscal concretó el segundo encuentro anual.

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6PÁG. Resistencia, Octubre de 2017 Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral Condenan a la provincia por mala praxis en la muerte de recién nacida en el Perrando El STJ entendió que la inexistencia de historia clínica impedía al Estado demostrar lo hecho por los profesionales de salud. La familia recibirá $140.000, más intereses a tasa activa, por pérdida de chance y daño moral. La provincia del Chaco fue condenada a indemnizar por mala praxis y daño moral a los padres de una recién nacida que falleció en el Hospital Perrando de Resistencia, debido a la negligencia del personal médico. El episodio tuvo lugar el 6 de mayo de 2005 e involucró a un menor que había nacido el 29 de abril de ese año. Tanto las sentencias de primer grado y la del tribunal de apelación, confirmada por el fallo 159/17 de la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, coincidieron en la responsabilidad que le cupo al Estado provincial, por la que deberán abonar a los dos demandantes $140.000, más intereses a tasa activa, en concepto de pérdida de chance y daño moral. El argumento central en la decisión fue que, dada la inexistencia de la historia clínica, en este caso, se invertía la carga de la prueba, pasando a ser responsabilidad de la provincia desacreditar el planteo de la demanda respecto a la mala praxis. Este requisito no pudo ser cumplido por el Estado, que no pudo respaldar con certidumbre sus aseveraciones respecto a los controles, seguimiento, tratamientos y medicación que recibió la beba desde su nacimiento. Tampoco pudo demostrar que la madre fuera debidamente informada de las complicaciones que padecía su hija. Asimismo el STJ, en coincidencia con los tribunales de menor grado, resaltó que las medidas de fuerza llevadas a cabo en ese tiempo por el personal estatal no relevaban a los asistentes de salud de su deber de vigilar y atender los casos a su cargo. EL VALOR DE LA HISTORIA CLÍNICA Los de la sala, Alberto Mario Modi y María Luisa Lucas, coincidieron con las sentencias de las instancias previas respecto al valor que adquiere la historia clínica en estos casos. “Es la prueba por excelencia”, describieron y afirmaron: “la ausencia de ese crucial elemento de juicio comprometía la responsabilidad profesional, dando lugar al indicio judicial de culpa presunta”. Así, recordaron la doctrina de la sala en cuanto reconoció como elemento de imputación de la responsabilidad atribuida a los profesionales médicos “las fallas y omisiones que registra la historia clínica al carecer de los detalles de la evolución y control temporal del paciente por haber incumplido su deber de informar”. Puesto que esta documentación “debe ser clara, precisa, minuciosa y metódicamente realizada, pues de lo contrario constituye una presunción en contra de cualquier intento exculpatorio de su parte”. En tal sentido: “la deficiencia del documento actuará, al menos, como un incumplimiento del deber de conducta de las partes en el proceso y si bien al ser llevada en forma incompleta no demuestra por sí sola la culpa profesional, sí puede ser tomada como indicio que, junto a otros medios probatorios producidos en la causa, permita tener por demostrado el accionar negligente de los expertos que atendieron al paciente”. Más aún en casos como el presente en el que “siquiera se ha presentado historia clínica de la niña, y los registros existentes fueron confeccionados con posterioridad a su fallecimiento y unilateralmente por el establecimiento sanitario, lo que refuerza el actuar negligente del hospital”. INVERSIÓN DE LA CARGA También explicaron que la inversión de la carga de la prueba estaba fundada en que la demandada estaba “en mejores condiciones” de acreditar que la muerte de la menor obedeció a motivos ajenos al desempeño de los profesionales de salud. “En tanto no lo hizo, autorizaba entonces a tener por demostrada la culpa médica no acreditada directamente”, enfatizaron. En el mismo sentido destacaron que el Estado no pudo demostrar que brindó a madre e hija “todo el auxilio profesional y humano posible”, así como tampoco que esta última “en efecto recibió adecuada atención y tratamiento, conforme la severidad de su cuadro, que fuera reconocida por la misma reclamada”. Como sustento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló: “la teoría de las cargas procesales hacer recaer en quien se halla en mejor situación el deber de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva y, en este sentido, era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de acompañar la documentación correcta al proceso”. Los jueces del STJ criticaron la conducta “pasiva” de la provincia, quien debió extremar los recaudos y colaborar durante el proceso judicial “a fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad, por lo que las consecuencias de ese incumplimiento no pueden recaer más que sobre ella misma”. Por otra parte, el Alto Cuerpo desestimó las quejas del Estado relacionadas con la falta de análisis del supuesto valor de los antecedentes genéticos de la beba, que pudieron conducir al desenlace fatal. “En primer lugar, porque no dejan de ser meras manifestaciones tardías de la impugnante, no introducidas a su vez en su contestación de demanda. Pero porque tampoco se ha acreditado relación de causalidad alguna entre el historial puntual de la madre con la causa del deceso de la recién nacida”, enfatizaron Modi y Lucas. Finalmente tampoco dieron lugar a la presunta afectación que provocaron al hospital las medidas de fuerza de sus empleados, porque estas “no relevan a los asistentes de salud a vigilar y atender los casos a su cargo; y a todo evento porque ello no puede usarse de excusa para desviar la responsabilidad que le cabe al servicio de salud pública del Estado Provincial”.

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En Buenos Aires 7Resistencia, PÁG. Octubre de 2017 El IMCiF recibió el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia En un acto realizado en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses recibió la estatuilla y diploma correspondientes a la obtención del oro en el Premio Nacional a la Calidad Judicial. A la ceremonia asistieron el ministro del Superior Tribunal de Justicia Ro- lando Toledo, el titular de la cartera nacional, Germán Garavano; la directora del IMCiF, Gabriela Lamparelli, y la subresponsable, Liliana Douthat. El concurso nacional tuvo por fin reconocer la excelencia en la implementación de herramientas de gestión de calidad, de procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo en los servicio de justicia, así como apoyar a la modernización, la innovación, la accesibilidad a la información, la mejora en la atención y la agilización de los tiempos de respuesta en la gestión de sus organizaciones. IMPRONTA INNOVADORA La decisión de participar fue impulsada por el STJ que la inscribió en el marco de una impronta innovadora y de fuerte apuesta al futuro; así como un nuevo desafío institucional, grupal e individual de quienes integran el IMCiF. Toledo, Lamparelli y Douthat recibieron el premio de manos de Garavano. En el predio de Ruta 11 Simularon evacuación y prevención de incendios En el marco del Programa Provincial de Capacitación Continua, Subprograma Práctica Procesal Informatizada del Centro de Estudios Judiciales, se realizó el 24 de octubre un nuevo simulacro de evacuación y prevención de incendios en el predio del Poder Judicial de la provincia del Chaco ubicado en Ruta 11 Kilómetro 1008, (CEJ). Se trata de la capacitación interna coordinada a nivel local por la subresponsable del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) Liliana Douthat y por el encargado del Centro de Tratamiento de Residuos Especiales (CeTRE), Francisco Colcombet. En la oportunidad, los agentes de las dependencias que funcionan en el lugar se dieron cita para participar de una serie de prácticas referidas a prevención de incendios; Uso adecuado de matafuegos e hidrantes; Guía de evacuación de edificios y simulacro de evacuación y extinción de incendios, a cargo de Colcombet. Para tal fin, contaron con la colaboración de Bomberos de la Policía del Chaco para la supervisión y asesoramiento sobre las tareas a realizar en caso de incendio: oficial Ricardo Damian Velazco, cabos Renzo Toledo Gonzalez y Esteban Ricardo Espinoza. La actividad comenzó con el disparo de la alarma de incendios en el predio; luego los empleados del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), del Centro de Tratamiento de Residuos Especiales (CeTRE), Gabinete Científico Judicial, Sala de Armas y Efectos Secuestrados (SAES), División Imprenta, Secretaría General de Archivo y Suministros, a los que se unieron el personal de limpieza, trabajadores de la obra en construcción del predio y agentes del Servicio de Vigilancia del Poder Judicial, quienes se dirigieron a los puntos de reunión definido en el protocolo establecido en el Plan General de Evacuación. Los agentes desempeñaron los roles previamente asignados, se contabilizaron los presentes y un grupo de brigadistas designados ingresaron a simular el rescate de una víctima. Posteriormente, se realizó una práctica de extinción de incendio con matafuegos y análisis de la práctica. Y finalmente practicaron el uso de mangueras hidrantes. Los empleados del Poder Judicial participaron activamente siguiendo el Plan de Evacuación y los protocolos definidos, destacando la importancia de estas prácticas para prevenir y actuar ante posibles eventos. Los agentes del Poder Judicial formaron parte del simulacro siguiendo plan de evacuación y protocolos.

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8PÁG. Resistencia, Octubre de 2017 Cuarta edición El Poder Judicial del Chaco presente en encuentro de oficinas de prensa Puerto Madryn fue sede del encuentro de integrantes de oficinas de prensa y comunicaciones de los poderes judiciales del país, que se realizó a principios de octubre, donde participaron referentes de 13 provincias. Representantes de oficinas de prensa de todo el país asistieron al encuentro en Puerto Madryn, entre los que se encontraba Estefanía Prokopiuk del STJ del Chaco. En el IV Encuentro del Foro de Prensa analizaron como mejorar la comunicación institucional de los poderes judiciales. Referentes de las áreas de comunicación institucional de los poderes judiciales del país se reunieron en Chubut para analizar los desafíos y generar propuestas que permitan mejorar los medios de transmisión de información para llegar al justiciable. En comisiones se debatieron herramientas eficaces para encarar situaciones críticas y se llegó a conclusiones que establecen pautas para el uso de redes sociales como canal complementario a los informes habituales. También estuvo presente la mirada crítica de periodistas locales y las perspectivas del periodismo judicial. Rafael Gutiérrez, presidente de la JUFEJUS, junto al ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Al- berto Mario Modi y su par de Chubut, Miguel Ángel Donnet, abrieron el “IV Encuentro del Foro de Prensa de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En la apertura coincidieron en remarcar la valiosa oportunidad de intercambiar experiencias y realizar propuestas para mejorar la comunicación institucional de los poderes judiciales del país. También estuvo presente la secretaria general de la JUFEJUS Cristina González. Luego las provincias de Salta, Tucumán, CABA, Tierra del Fuego, La Rioja, La Pampa, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy expusieron sobre la labor que se realiza en esas dependencias. En representación del STJ del Cha- co asistió Estefanía Prokopiuk quien describió las herramientas con las que trabaja el Área de Prensa del Poder Judicial chaqueño. Además hizo referencia a la Diplomatura en Comunicación Judicial que se está realizando en convenio con la Universidad Nacional del Nordeste y es cursada por 110 estudiantes de la región. DEBATE En el IV Encuentro del Foro de Prensa de los Poderes Judiciales también se trabajó en comisiones de capacitación donde ratificaron la necesidad de realizar cursos destinados a perio- distas en materia jurídica y en convenio con universidades y otras organizaciones. También esbozaron guías de buenas prácticas en relación al acceso de las salas de juicio y, sobre el uso de redes sociales, en un contexto que demanda diversificar los formatos y tener mayor interactividad con los usuarios que se informan por múltiples plataformas. Asimismo comunicadores locales analizaron la visión desde el periodismo de la labor informativa judicial y debatieron sobre cómo responder desde el Poder Judicial en situaciones de crisis. En la oportunidad Ariel Gustavo Coll, ministro del STJ de Formosa y coordinador de la Comisión de Justicia Hábeas corpus colectivo y correctivo y Prensa de JUFEJUS remarcó la necesidad de “comunicar oportunamente”, más allá de las distorsiones que ese mensaje pueda tener. Finalmente anunciaron que la sede del encuentro de 2018 será la provincia de San Juan donde trabajarán bajo la modalidad de taller, en función de líneas de trabajo operativas y técnicas, y con una producción concreta al finalizar el mismo. Durante la última jornada la periodista Lorena Maciel disertó sobre el futuro de la información judicial en un contexto donde las nuevas tecnologías impiden procesar las noticias, por ello sugirió trasmitir información útil y buscar unir los intereses de la Justicia y el periodismo.  El STJ ordenó que cese el agravamiento de las condiciones en Tres Horquetas El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó al Poder Ejecutivo provincial a que cese de inmediato toda situación de agravamiento en las condiciones de alojamiento en el centro socioeducativo “Aldea Tres Horquetas”. Fue al hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesta por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en favor de la totalidad de los adolescentes que residen allí. La resolución Nº 324/17 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales, con las firmas de la presidenta del STJ, Iride Isabel Grillo, y los minis- tros: Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Mario Modi y María Luisa Lucas, ordenó al Ejecutivo que “de forma inmediata y urgente”, en un máximo de 60 días, arbitre los recaudos necesarios para garantizar el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de alojamiento que signifiquen un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado. ALCANCES Ello incluye el estado precario de sanitarios, habitaciones, espacios comunes e instalaciones eléctricas, la adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal y el acceso efectivo a la educación, salud y justicia. Por otra parte exhortó al Ejecutivo a refaccionar, en forma total, inmediata y urgente, la aldea Tres Horquetas; así como a efectivizar su traspaso definitivo a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la consecuente desvinculación del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social. El STJ fijó un máximo de 60 días para la conformación de un nuevo equipo de dirección que articule un plan de trabajo integral tendiente a garantizar “el vínculo familiar, facilite el efectivo acceso a la atención médica… y asegure un plan educativo efectivo… para su verdadera integración en el ámbito socio cultural”. Asimismo, instruyó a la Defensoría General del Chaco para que garantice “un efectivo acceso a la justicia”, e información oportuna sobre la situación procesal de los alojados. Finalmente, el Alto Cuerpo, dispuso que se conforme una mesa de trabajo integrada por representantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, la Defensoría General del Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Servicio Social y de Equipos Interdisciplinarios del Poder Judicial.

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