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Agosto 2017

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Año 5 N°91 Agosto 2017 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco Novedosas herramientas EVOLUCIÓN EN LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN, INFORMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PÁGS. 4-5 El Poder Judicial del Chaco implementó nuevos recursos que simplificarán los trámites, agilizarán las causas y facilitarán el acceso a la información dentro y fuera del mismo. En la reunión estuvo presente la presidente del STJ, la defensora general, el intendente local y demás funcionarios. Encuentro interpoderes en Corzuela PÁG. 7 Avances en los procedimientos contravencionales conjuntos Los poderes Judicial, Ejecutivo y la policía analizaron unificación de criterios y pautas de esos procedimientos en la cuarta circunscripción judicial. La próxima reunión será el 6 de noviembre en Hermoso Campo. Diputados de la Nación distinguió a PÁG. 3 Elizabet González La coordinadora de las relaciones entre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y los pueblos indígenas recibió un diploma en reconocimiento a su lucha y compromiso. Fallo destacado – Sala Criminal y Correccional El STJ confirmó la condena al femicida de Verónica Romero PÁG. 6 González junto a la diputada Masín. Editorial Por: María Luisa Lucas La importancia del respeto a los precedentes judiciales y la responsabilidad de los jueces PÁG. 2

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2PÁG. Resistencia, Agosto de 2017 Editorial LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LOS PRECEDENTES JUDICIALES Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES Los días 10, 11 y 12 de Agosto de 2017 he asistido a la “X Jornadas De Derecho Judicial” organizadas por la Universidad Austral, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se trató “el precedente judicial: independencia, previsibilidad y acti� vismo judicial”, donde pude presen� ciar las valiosas disertaciones del di� rector del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral, el doctor Rodolfo L. Vigo, y entre otras, las de los juristas extranjeros: Tho� mas da Rosa Bustamante (Brasil), Danilo Rojas Betancourt (Colombia), Lamberto Cisternas Rocha (Chile), Antonio del Moral (España), doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo (Mé� xico) y de ministros de STJ y Cortes provinciales argentinas y juristas na� cionales expertos en el tema. Rescatando varios conceptos va� liosos de estas jornadas que se me impone transmitir en este editorial, es importante sentar las bases para di� ferenciar el precedente judicial de la Jurisprudencia, como fueron tratados con cita a Taruffo diciendo que es po� sible fijar “Una diferencia cualitativa entre precedente y jurisprudencia. El precedente provee una regla –susceptible de ser universalizada, como ya se ha dicho- que puede ser aplicada como criterio de decisión en el caso sucesivo, en función de la identidad o, como sucede regularmente, de la analogía entre los hechos del primer caso y los hechos del segundo caso” 1. Para profundizar es necesario res� catar la conceptualización que citan� do al autor Jerzy Wróblewski se hace respecto del término «precedente»2, señalando al respecto cinco significa� dos diferentes: El primero, es el sentido clásico [y] supone entender al precedente como un mecanismo de creación jurídica y, más concretamente, en el desempeño del papel de la Jurisprudencia como fuente creadora del Derecho”.2 Luego, el sentido funcional que “supone entender al precedente des- de su función ejemplificadora de conductas judiciales que, en casos futuros, pudieran ajustarse a la misma estructura argumentativa y fáctica descrita por el propio precedente (…)”.3 En seguida, en un sentido de validez, se enfoca “la figura del precedente judicial únicamente desde la perspectiva de su cumplimiento, es decir, supone entender al precedente como un mecanismo jurídico dotado con suficiente valor coactivo para obligar a todos los posibles destinatarios como si de una auténtica norma jurídica se tratase (…)”.4 En cuarto lugar, se plantea el con� cepto en un sentido de autoridad, “como mecanismo de influencia en la orientación de la labor judicial —es decir, como un mecanismo para motivar futuras decisiones— constituye el sentido más próximo a los orígenes históricos del concepto de autoridad de la cosa juzgada en el Derecho anglosajón (…)”.5 Por último, se entiende el término en un sentido informativo. Así, se considera “al precedente desde su función orientadora o informadora de futuros fallos a la vista de todos los anteriores”.6 Se puede decir entonces que los sentidos clásico, funcional e informa� tivo, constituyen una función esen� cial del precedente, reconociendo el valor de la jurisprudencia como fuente del Derecho, ejemplificando, orientando e informando las futuras conductas judiciales; mientras que en los sentidos de validez y de auto� ridad, se manifiesta la función social del precedente, como reivindicador de la vigencia de la jurisprudencia y de la legitimidad de la función crea� dora de los jueces. En consecuencia, se expresa a través de los jueces, una necesidad social de certeza jurídica de todos los Estados democráticos, en los que las acciones del aparato judicial concuerdan con una serie de exigencias de justicia formal. De esta forma, los elementos bá� sicos del concepto de «precedente» Por: María Luisa Lucas son la evolución sincrónica del de� recho creado por los jueces y su efi� cacia. Sincronía, porque los conflic� tos y controversias presentados ante los tribunales plantean interrogantes complejas y casos difíciles que, casi siempre, abren varias respuestas para su resolución. En paralelo, las res� puestas, decisiones y soluciones que se van construyendo también ofrecen la posibilidad de convertirse en un acervo de razón práctica para la reso� lución de los casos posteriores. Así, se puede afirmar que el pre� cedente requiere de eficacia mínima para cumplir el propósito de vincular a jueces y tribunales a repetir esa res� puesta previa. Hablamos de una efica� cia legal con origen en la propia nor� ma, donde en principio sea obligato� rio el seguimiento de los precedentes conforme con ciertos requisitos. Pero también de una eficacia persuasiva, dado que contribuye importantemen� te a la seguridad jurídica, a mejorar la justicia formal y la igualdad ante la ley, a corregir el discurso judicial, a dar racionalidad al comportamiento judicial, y a la economía en el ejerci� cio de la jurisdicción, aparte de ajus� tarse a la tendencia comparada en la materia. Por otro lado, también es impor� tante destacar que la jurisprudencia es un reflejo de la obligatoriedad del precedente, la cual ha adquirido una función primordial en la protección de los derechos fundamentales con la finalidad de lograr su mayor eficacia, para lo cual el precedente resulta ser un principio rector. Debe respetarse por que representa la sabiduría detrás de un acto de argumentación y fun� damentación, lo cual no quiere decir que la misma resulte inconmovible frente a los cambios en la sociedad, la economía o la tecnología. Pero dicho cambio en el sentido de la jurispru� dencia debe necesariamente ser pro� ducto de una argumentación sólida, fundada en las circunstancias particu� lares del caso. En este sentido, el estudio de la función y trascendencia del prece� dente, es una fuente inagotable de temas que generan una discusión per� manente en el Derecho, es decir, es un tópico nada pacífico, en constante cambio y evolución. Esto es así por tal y como lo afirma Gascón Abellán “[…] son los jueces los únicos que verdaderamente argumentan sus decisiones o, cuando menos, quienes han ido produciendo un estilo más depurado y persuasivo”8. Su importancia y trascendencia no se encuentra en duda, pero su correc� ta aplicación a los casos concretos es un tema debatido principalmente porque puede causar un perjuicio a los derechos de las personas. Así, la congruencia de los precedentes y en específico de la jurisprudencia con los derechos humanos debe ser indu� dable. Sin embargo, la cuestión surge ante la falibilidad del órgano superior y la certeza y continuidad de las de� cisiones, algo que sin duda debe ser analizado constantemente, al igual que la cuestión de la prohibición de la aplicación retroactiva de la jurispru� dencia con la finalidad de que el pre� cedente judicial abone a la certeza de los ciudadanos. Y es que el valor del precedente destaca en aquellas cir� cunstancias donde el Juez precisa dar peso a su argumento y recurre a la sa� biduría del precedente para ello. Pero, aún más, en aquellas circunstancias cuando no podemos vislumbrar con claridad el camino a seguir, donde el precedente nos sirve de Luz rectora que disipa la sombra de la duda. Referencias Taruffo, Michelle. “Precedente y jurisprudencia”, p. 85. 2 Véase W���ro��b�le�w��z�k�i�,�J�e�r�z�y�. �“�C�o�n��s� titución y teoría general de la interpre� tación jurídica”. C��i�v�i�t�a�s�,�1�9�8��5�,�t�r�a�d�u�c�� ción: Arantxa Azurza, The Judicial Application of Law, Dordretch-Bos� tonLondon, Kluwer, 1992. 3 García-Berrio, Teresa. “La con� troversia sobre el precedente judicial: Un clásico del derecho en constan� te renovación”. FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época, N° 4, 2006, p. 136. [En línea] https://revistas.ucm.es/index. php/FORO/article/download/FO� RO0606220127A/13610. 4 Ibíd., p. 136. 5 Ibíd., p. 136. 6 Ibíd., p. 136. 7 Ibíd., p. 136. 8 Gascón Abellán, Marina, La técnica del precedente y la argumentación racional, Madrid, Tecnos, 1993, p. 9. Año V Número 91 Agosto de 2017 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Iride Isabel María Grillo Ministros Rolando Ignacio Toledo Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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3Resistencia, PÁG. Agosto de 2017 En la Cámara de Diputados de la Nación Distinguieron a Elizabet González por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas La coordinadora de las relaciones entre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y los pueblos indígenas, Elizabet González, recibió en la Cámara de Diputados de la Nación, un diploma en reconocimiento a su lucha y compromiso en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La actividad fue convocada por la diputada nacional María Lucila Masin y la Dirección de Cultura de la HCDN, en el marco de las celebraciones por el día internacional de la mujer indígena. “RECONOCIMIENTO A TODAS LAS MUJERES INDÍGENAS” Luego de la ceremonia, González manifestó su satisfacción, al tiempo que describió como “muy importante, una caricia” el diploma recibido. “Este es un reconocimiento para todo mi pueblo indígena… para cada mujer indígena que tuvo la fuerza de levantarse con firmeza, no bajar la cabeza y alzar la voz”. “Mi mandato ancestral es servir a mi pueblo” aseguró más adelante recorando que “costó muchísimo” el camino hacia el reconocimiento de los derechos indígenas. La referente qom subrayó que el reconocimiento “nos da la posibilidad de seguir caminando con firmeza, y articular con otras organizaciones tareas en pos de la equidad de mi pueblo y, en especial, de las mujeres indígenas”. Finalmente saludó “a cada hermana de los pueblos qom, moqoit y wichí que a diario luchan y caminan en forma muy anónima”. ¿POR QUÉ ESTE DÍA? El 5 de septiembre fue elegido para la conmemoración del día internacional de la mujer indígena en homenaje a Bartolina Sisa, que fue descuartizada ese día de 1782 por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Túpac Katari en el Alto Perú. Sisa se dedicaba a las telas y era hiladora. Se casó con el caudillo Túpac Katari y junto a él organizó la resistencia indígena de los pueblos andinos contra los españoles en el Cuzco (Perú). Desde 1983 indígenas de distintos países conmemoran esta fecha en honor a las mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral de estas comunidades. También de aquellas de ese género y etnia que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos durante la historia. González (derecha) recibió la distinción de manos de la diputada Masin. En Villa La Angostura Grillo presente en el Congreso de Justicia Constitucional La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, participó en Villa La Angostura (Neuquén) del 46º Encuentro Mundial de Justicia Constitucional. El congreso fue organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, la provincia de Neuquén y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), y tuvo como ejes temáticas de derechos humanos, su perspectiva y actualidad. Grillo expuso en las conferencias magistrales inaugurales, junto a Martín Rubén López (miembro de la AAJC) y Vaniria Mela (de la Asesoría General de Gobierno de Neuquén. Los temas analizados fueron: derechos humanos en el orden provincial; derechos humanos de familia y minoridad; derechos humanos y la justicia constitucional regional; derechos humanos y la justicia constitucional ambiental; derechos humanos y la justicia constitucional; derechos humanos y el litigio estructural. También: derechos humanos y la administración pública, derechos humanos y las nuevas tendencias, los sujetos de derechos no humanos, derecho animal, derechos humanos y tratados internacionales y derechos humanos y la justicia transnacional. PANELISTAS Y EXPOSITORES Entre los panelistas que participan están, la doctora Gladys Midon, miembro de la AAJC, Alejandro Avalos (Paraguay), Plauto Cardoso (Brasil), Alan Vargas Lima (Bolivia), Jaime Cubides Cardenas (Colombia), juristas especializados; Profesores, Académicos, Jueces, Fiscales, Defensores; Patricio Maraniello (presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional). Norma Morandini, exsenadora por Córdoba y referente de derechos humanos, pidió a los presentes que “ayuden a la ciudadanía a entender y ser pacificadores sociales”. También agradeció, como periodista, lo aprendido durante los dos días. Posteriormente manifestó estar asombrada de saber cuánta gente está haciendo tanto, y sabe tanto, sobre derechos humanos. Grillo expuso en la conferencia magistral inaugural. Hubo una amplia gama de temas tratados durante la cita en Neuquén.

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4PÁG. Resistencia, Agosto de 2017 Nuevas herramientas para empleados y profesionales El Poder Judicial avanza con su política de modernización, informatización y digitalización Recibo digital de sueldos, expansión el sistema INDI, implementación de los certificados digitales de deuda judicial y el desarrollo del módulo de consulta de jurisprudencia de la biblioteca jurídica. Como continuidad de su política de modernización, informatización y digitalización, el Poder Judicial del Chaco implementó nuevos recursos que simplificarán los trámites, agilizarán las causas y facilitarán el acceso a la información dentro y fuera del mismo. Se trata de la adhesión a la ley 7849 de recibos de sueldo digitales, la expansión el sistema de ingreso digital de escritos (INDI), la implementación de certificados digitales de deuda judicial y el desarrollo del módulo de consulta de jurisprudencia. Para ello INFOJUS entrevisto a Omar Amad (secretario de Superintendencia Nº 1 del STJ), Daniel Chapo (jefe de la Dirección de Tecnologías de la Información) y Hugo Robledo (jefe de la Biblioteca Jurídica “Dalmacio Vélez Sarsfield”), quienes brindaron detalles, perspectivas y ventajas de los recientes desarrollos tecnológicos. RECIBOS DIGITALES DE SUELDO Los recibos digitales de sueldo son los únicos válidos para la gestión de trámites de empleados públicos. Los empleados judiciales pueden acceder a ellos utilizando su usuario y clave personal habitual en recibos.justiciachaco.gov.ar. Por otra parte, ante el requerimiento de un organismo público o privado para la gestión de cualquier tipo de trámite que precise del recibo de sueldo, la persona deberá citar el código alfanumérico para que el solicitante valide en la web www.recibo.chaco.gob.ar. Desde su puesta en funcionamiento no es procedente la obligatoriedad de requerir recibo de sueldo en formato papel. Al respecto Amad explicó que la adhesión a la ley 7849, a través de la resolución 693/17, “tiene que ver con una política del STJ desde el año 97 que viene trabajando con la modernización, informatización y digitalización del Poder Judicial”. “Esto tiene un impacto muy interesante, ya que muchas veces, sobre todo en el interior, se demoraba un poco la entrega de los recibos de sueldo”, detalló y enfatizó: “ahora prácticamente va a ser en tiempo real. Una vez acreditado el salario, van a poder descargarlo mediante el link en la web del Poder Judicial”. El secretario de Superintendencia subrayo que el recibo digital “tiene la misma validez que el Amad valoró la política de modernización constante que tiene el STJ. Desde la DTI, Chapo, enfatizó el impacto positivo que tienen las nuevas herramientas disponibles. de papel”. Al tiempo que valoró el trabajo para el desarrollo del micrositio de consulta realizado conjuntamente por el Departamento de Liquidaciones de la Dirección General de Administración y la Dirección de Tecnologías de la Información dependiente de la Secretaría de Superintendencia Por su parte, Chapo, detalló que dada la obligación del Poder Judicial, como empleador, de entregar los recibos “pudimos allanar una metodología de uso para que los empleados judiciales desde sus equipos, a través de una validación interna que realizamos con nuestros usuarios, accedan en forma directa a los recibos digitales”. “La ventaja es la facilidad de uso y cubre con la obligación de entregar y poner a disposición de los empleados los recibos”, añadió. CERTIFICADO DIGITAL DE DEUDA JUDICIAL Otro de los avances está vinculado con la implementación de certificados digitales de deuda judicial. La versión en papel está vinculada con la obligación que tienen los tribunales de ejecutar y cobrar la tasa de justicia, cuando esta no fue voluntariamente abonada. Chapo explicó que hasta ahora “esa deuda de tasa de justicia se reclama a través de estos certificados que se generan en el juzgado y llegan, mediante papel, a la DGA para que luego de un análisis y disposiciones del STJ, se pueda reclamar judicialmente el cobro de esa deuda”. Pero de aquí en más “va a facilitar la tarea al juzgado, puesto que la ejecución de estas planillas estará automatizada”. Asimismo reducirá “sustancialmente la cuestión de errores de confección por montos erróneamente incorporados o por mal cálculo de las tasas porcentuales”. En tanto que a la DG le posibilitará “un control mucho más eficiente, incluso de los planes de pago… que hoy en día resulta artesanal (aunque muy meritorio) por parte de la oficina que lo lleva adelante, pero que no deja de provocar alguna posibilidad de error o duda”. Mientras tanto Amad consideró que el impacto será “no solo para el profesional abogado, que es quien muchas veces debe sortear los tiempos

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5Resistencia, PÁG. Agosto de 2017 Acceso a recibos digitales en la dirección recibos.justiciachaco.gov.ar. en lograr tener y obtener el certificado en forma manual, sino para todos los usuarios del servicio público de justicia”. En la misma línea valoró que la implementación de este sistema fue un “pedido expreso” del consejo de abogados de Resistencia y los colegios de abogados de las seis circunscripciones “respecto a la celeridad de los trámites. Incluye esto al sistema de ingreso digital de escrito (INDI), también pedido especialmente por los abogados del interior”. “Hay otras provincias que tienen este sistema. No obstante lo cual el Chaco siempre está siempre a la vanguardia. A pesar de que tenemos pocos recursos materiales, el capital humano con que cuentan en DGA y DTI es capacitado, tiene ganas, y con lo que tenemos hacemos frente a la realidad”, evaluó. En otro tramo de la entrevista relató, como ejemplo del rol pionero de la justicia chaqueña, que: “años atrás fue de mención, en los congresos de tecnología de la información, el sistema integrado de gestión de información (SIGI) utilizado en el sistema penal. También les sirvió de experiencia piloto a algunas provincias que nos pidieron que le mostráramos cómo funcionaba este sistema”. Esto, concluyó, queda enmarcado dentro de la decisión del STJ de “estar cerca, siempre, de los justiciables y los profesionales forenses”. Al tiempo que constituye “una mejora en los procesos de eficacia y eficiencia que tiene un tribunal” en pos de “mejorar el servicio y la calidad de la justicia”. NOVEDADES EN EL INDI Una de las herramientas más útiles puestas en marcha por el Poder Judicial recientemente fue el sistema de ingreso digital de escritos (INDI). Este permite a los abogados realizar sus presentaciones a través de internet, con un usuario y contraseña diseñados de forma tal que garantiza su identidad. La implementación el INDI se hizo primero con dos tribunales que tienen jurisdicción provincial: la Cámara de Apelaciones del Crimen y la Cámara Contencioso Administrativa. Amad remarcó que se encuentra “avanzado” y es utilizado activamente por los profesionales. Por ello invitó “a quienes aún no hayan bajado el formulario desde la web para tener su usuario y contraseña, que lo hagan, ya que eso les permite acceder en forma directa”. Posteriormente dijo que realizarán “las capacitaciones correspondientes en el resto de los fueros”. “Es un cambio de cultura muy fuerte. Tanto del lado interno del Poder Judicial, como desde los abogados. Ellos nos han ayudado mucho e insisitieron para que sus colegas se animen a utilizar el sistema”, agregó. También enfatizó que el sistema apunta a la despapelización “algo que nos incumbe a todos como sociedad. “El STJ está preocupado porque el gasto en papel es importante, muchas veces hemos tenido que reducir la entrega porque era como que no se cubría la demanda”, completó. Al mismo tiempo “tiene que ver con la oralidad de los procesos. Creo que no está lejos el momento en que el expediente judicial va a ser virtual, donde habrá actos procesales como la demanda, contestación de la demanda y la sentencia que estarán en papel, pero se va a reducir a un mínimo e hojas, ni siquiera cien. Para Chapo “la experiencia fe buena. No provocó sobrecarga, ni sobreexigencia de los sistemas, con lo cual estamos en proceso de finalizar la implementación para toda la ciudad de Resistencia, en todo lo que sea ámbito penal”. La implementación gradual tuvo como objetivo “hacer un testeo y facilitar el trabajo a los abogados de las ciudades más lejanas a estos tribunales que, si bien tienen carácter provincial, sus sedes están en Resistencia”. Describió la expansión del INDI como “un anhelo” compartido con los abogados “nos solicitan independizarse lo más posible de la asistencia física hacia los estrados del tribunal”. “Una y básica es que damos validez de la identidad del profesional que se ‘logea’ (de acuerdo a procedimientos que están establecidos) y que su presentación tiene toda la validez que la efectuada, a la vieja usanza, en mesa de entradas”, relató. Los abogados, dijo, ven que “estos avances le solucionan el hecho de estar perdiendo tiempo, en el buen sentido de la palabra (por el tránsito, estacionamiento, etcétera), para trasladarse desde un estudio a un estrado”. En los juzgados el trabajo es “exactamente el mismo”. Incluso “en el caso del fuero penal, hasta con un alivio, porque los escritos ingresan directamente en cada expediente. Con lo cual se descarga tarea de la mesa de entradas (o de quien era encargado de digitalizar un escrito presentado por el profesional), y lo encuentran con avisos y advertencias en el expediente, en la posición que corresponde a las pruebas de la parte”. La biblioteca jurídica apresta el módulo de consulta de jurisprudencia El jefe de la biblioteca del STJ, Hugo Robledo, detalló el proceso que llevó a la reformulación integral del sistema utilizado para la consulta de jurisrpudencia. “Evaluamos el sistema ante los constantes pedidos de información de nuestros usuarios, con el objeto de determinar los problemas que llevaban a la pérdida de datos para poder recuperar la información precisa solicitada”, comentó. Así explicó que “la función primordial de nuestra biblioteca es brindar información concisa, precisa, oportuna en el momento que lo requieran los usuarios”. Ese contexto los condujo a “replantear todo el proceso de trabajo, respecto a la búsqueda y recuperación de la información de jurisprudencia, para luego proponer la reingeniería del sistema, lo cual, sólo se logró con la participación de todos los actores involucrados”. Durante esta tarea detectaron “la necesidad de establecer nuevas variables a considerar para el formulario de búsquedas de sentencias, tomando como referencia el sistema en línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sj.csjn.gov.ar/sj)”. “En este sentido, y como un avance que agrega valor a los formularios tanto de carga como de búsqueda, se estableció de manera predeterminada el acceso y uso del tesauro SAIJ. Logramos que el tesauro se pueda consultar de forma automática, con el objeto de hallar un listado de los términos preferidos (ordenados de modo jerárquico, temático y alfabético), un listado de descriptores (sinónimos de los términos preferidos), las relaciones existentes entre dichos términos y, por último, las definiciones de estos términos”, describió. El sistema de información de jurisprudencia se compone de dos partes: la primera es un módulo de carga donde los usuarios habilitados podrán realizar la carga de la jurisprudencia de su dependencia. La segunda es el módulo de consultas, allí los usuarios finales podrán consultar jurisprudencias específicas mediante la aplicación de filtros, a través de una interfaz amigable. Desde la DTI, Chapo relató que el módulo “surge por una prioridad de parte del STJ, y sus salas, que necesitaban y pretendían que jueces, tribunales y profesionales tuvieran un “La función primordial de nuestra biblioteca es brindar información concisa, precisa, oportuna en el momento que lo requieran los usuarios”, dijo Robledo. herramienta de búsqueda jurisprudencial absolutamente similar a la que usa la Corte Suprema, bajo su mismos criterios y parámetros de búsqueda”. “Hicimos un trabajo muy exhaustivo con la biblioteca. Robledo se comunicó con el Ministerio de Justicia de la Nación, quienes nos brindaron una API para tener el mismo tesauro que utiliza la CSJN”, señaló. Finalmente precisó que la consulta estará disponible vía web: “la idea es que sea una herramienta de uso habitual para todo el que litiga en el Chaco. Y, además, mantendrá los procedimientos actuales para quienes quieran hacer la búsqueda en persona”. Vista para el usuario final del módulo de consulta de jurisprudencia.

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6PÁG. Resistencia, Agosto de 2017 Fallo destacado – Sala Criminal y Correccional El STJ confirmó la condena al femicida de Verónica Romero Fue luego que rechazara el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Juan Ramón Soto. De esta manera quedó ratificada la sentencia 06/16 de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia (que lo encontró responsable de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y femicidio), y el fallo 24/17 del Alto Cuerpo que avaló el pronunciamiento de dicho tribunal. El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Juan Ramón Soto, por el asesinato de Gladys Verónica Romero, ocurrido el 26 de marzo de 2013 en Resistencia. Así se desprende de la respuesta negativa dada por la Sala Criminal y Correccional del STJ, en la sentencia 143/17, al recurso extraordinario federal solicitado por la defensa de Soto, contra la sentencia 24/17 de dicha sala. Esta confirmó el pronunciamiento 06/16 de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia que lo declaró responsable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y femicidio. Ahora, si bien comienza a aplicarse la ley de ejecución de la pena, la parte apelante solamente pueden acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante el debate ante la Cámara quedó demostrado que Soto asesinó a Romero con diez puñaladas propinadas con un arma blanca en el interior del Volkswagen Surán propiedad de la víctima, entre las 18 y 20 horas de aquel día en la intersección de avenida Las Heras y Seitor. También quedó constatado el estado de indefensión de la víctima mortal, dado que no tuvo posibilidad de resistirse al ataque sorpresivo. CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA En marzo de este año la Sala Criminal y Correccional del STJ, integrada por Emilia Valle y Rolando Toledo, resolvió desestimar el recurso de Soto contra la sentencia de la Cámara. La defensa sostenía que el allanamiento a su vivienda fue contrario a la ley, que se cortó la cadena de custodia en la toma y análisis de las muestras y que no se tomó declaración a dos testigos propuestos. Sin embargo los camaristas, ratificados luego por el Alto Cuerpo, coincidieron en que nunca fue violentado su derecho a defensa y que todas las partes cumplieron sus funciones dentro de los parámetros procedimentales estipulados. Respecto al allanamiento, los jueces del Superior sostuvieron que se hizo “en cumplimiento de una resolución debidamente fundada y motivada, dictada por la Jueza de Garantías Nº3, Dra. Rosalía Beatriz Zozzoli, quien además, presenció integralmente el desarrollo del allanamiento en reguardo de las garantías y derechos constitucionales, labrándose el acta con las formalidades correspondientes”. Asimismo, tuvo lugar “en presencia de la principal moradora y de un testigo ajeno al personal policial, cumpliéndose de esta manera con la totalidad de las exigencias establecidas el primer párrafo del artículo 206” del Código Procesal Penal del Chaco. Atento a todo eso el STJ sostuvo no advertir “que en el caso se hayan vulnerado derechos del imputado, ni se haya actuado en violación de los preceptos constitucionales ni legales o de forma, no habiéndose alegado ni demostrado que se hayan implantado en el domicilio pruebas incriminatorias”. Posteriormente rechazaron las “dudas” planteadas respecto al resguardo de las muestras tomadas del portafolios. Esto, enfatizaron, quedó desestimado totalmente “con la sola lectura de la testimonial del Dr. Sergio Fabián Moro, quien explicó paso a paso el protocolo que se siguió en este y se aplica en todos los demás para la recolección, resguardo y remisión de las muestras al laboratorio de Bioquímica Molecular”. Por último, recordaron que los dos testigos ofrecidos por la defensa “fueron escuchados e interrogados largamente por las partes, y con preguntas aclaratorias de parte del tribunal. Ello pese a que no fueron propuestos como peritos de control de la autopsia. HECHO ACREDITADO Valle y Toledo respaldaron la tarea del tribunal, con quienes compartieron los argumentos y razonamientos. Así pudo establecerse que la muerte de Romero ocurrió entre 5 y 12 horas antes de la autopsia, lo que ubica el suceso temporalmente entre las 18 y 20 del 26 de marzo. “no se advierten vicios en el razonamiento seguido por los judicantes para arribar a las conclusiones asertivas en lo que respecta a la existencia del hecho y la autoría”, añadieron. En ese sentido indicaron que hubo un análisis plural de las piezas de convicción “que le permitieron obtener la conclusión no querida por la defensa y sin desatender los límites que impone el sistema de evaluación adoptado por nuestro ordenamiento procesal”. Además definieron como acertado el análisis e la escena del crimen y las heridas que presentaba Romero en sus brazos, a las que la Cámara concatena “con un episodio anterior de violencia protagonizado por Verónica y Soto, en el que ella se defendió del mismo modo”. “EL PUNTO CULMINANTE” La sentencia del STJ concluyó resaltando que la muerte de Romero “configura el típico caso de femicidio”, en el que “el autor se siente provocado frente a ejercicios de derechos por parte de la mujer. El ejemplo paradigmático es el de la mujer que quiere elegir con quién y cómo estar en pareja. Y en otros casos el homicidio suele ser el punto culminante de una relación de violencia contra la mujer en donde se persigue prácticamente su reducción a la servidumbre. El autor de forma más o menos consciente tiene una concepción machista de las relaciones entre el hombre y la mujer y concibe a esta última como a un sujeto carente de los derechos mínimos de libertad respeto y capacidad de decisión”. DENEGACIÓN DEL RECURSO FEDERAL Posteriormente, la Sala Criminal y Correccional analizó, y rechazó, el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Soto para que su caso llegue a la Corte Suprema. La sentencia 124/17 describió como poco segura la justificación en torno a la existencia de cuestión federal, “con argumentos de mera discrepancia entre lo afirmado por el recurrente y la postura de esta Sala respecto de la regulación procesal en estudio”. Además fustigó las “inconsistencias e ilogicidades” del recurso al asignar al estado de detención del imputado “una entidad tal que no la tiene en el contexto fáctico del caso”. Esto, además, restando mérito al contexto del allanamiento, en el había una persona habitando la vivienda cuando se llevó a cabo. Valle y Toledo sostuvieron que el texto “adolece de razones que evidencien de qué modo el ingreso de las autoridades judiciales y policiales a la vivienda habitada por la sobrina puso en crisis el ejercicio legítimo del imputado detenido a la privacidad e intimidad, pues sólo así será atendible la crítica que señala una ilegalidad en la falta de intervención del nombrado en el acto procesal para ejercer los derechos que constitucional y legalmente se le reconocen a todo allanado”. Tampoco demostró la existencia de una relación “directa e inmediata” entre lo debatido en la causa y las normas federales invocadas. Sobre el final recordaron lo dicho por la reconocida jurista Silva B. Palacio de Caeiro respecto al artículo 3, inciso “e” de la Acordada 04/2007 de la CSJN, respecto a que: “para que se configure la relación directa e inmediata, no basta la mera discrepancia con el criterio del tribunal superior... en la interpretación y aplicación del derecho común, tampoco es suficiente... la invocación genérica de la arbitrariedad, ni se trata solamente de controvertir los fundamentos de la sentencia... De allí, que es fundamental acreditar que los errores u omisiones de la sentencia, tienen gravedad y entidad que la descalifican como acto judicial válido, en razón de la restricción que implican sobre el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio u, otras garantías constitucionales que puedan resultar afectadas”. Por último, recordaron que el artículo 11 de la acordada en cuestión dispone que la Corte “desestimará la apelación con la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, en el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal o que lo haya hecho de modo deficiente”.

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7Resistencia, PÁG. Agosto de 2017 Corzuela, segundo encuentro interpoderes Marcados progresos en los procedimientos contravencionales conjuntos en el interior Nuevos e importantes avances en la unificación de criterios y pautas para la realización de procedimientos contravencionales conjuntos, en la cuarta circunscripción judicial, tuvo como resultado la segunda reunión interpoderes realizada, en esta oportunidad, en la ciudad de Corzuela. Allí representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y la policía analizaron el grado de consecución de los objetivos propuestos en el primer encuentro desarrollado, en junio, en Charata. También plantearon las metas de cara a la tercera reunión, fijada para el 6 de noviembre en Hermoso Campo. En la jornada estuvieron presentes: la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, la defensora general Alicia Alcalá, el intendente local Rafael Carrara, el inspector de justicia de paz y faltas Nelson Mussin, todos los jueces de paz y faltas de la circunscripción (Charata, Corzuela, Las Breñas, General Pinedo, Hermoso Campo y Gancedo), representantes del Poder Ejecutivo provincial, intendentes, representantes municipales, integrantes de salud pública, policía, subsecretaría y Agencia Nacional de Seguridad Vial, y asociaciones de la sociedad civil. La moderación de las disertaciones corrió por cuenta de Mussin y de la jueza de paz y faltas local, Eliana López. AMPLIA CONVOCATORIA En diálogo con el Servicio Informativo Judicial, la jueza López expresó su satisfacción por la “amplia convocatoria”, a la vez que remarcó: “hubo más gente de la que esperábamos. Cada localidad estuvo representada por su intendente, o un funcionario designado por éste, los presidentes de los consejos deliberantes y jueces de faltas municipales, de aquellas que poseen”. “Analizamos todos los avances y cada uno fue muy sincero respecto de los estancamientos que se produjeron”, completó. También asistieron fiscales de la cuarta circunscripción, junto al fiscal de la Cámara del Crimen de Charata, Reynaldo Francia, miembros de la Unidad de Protección Integral (UPI) y el juez de paz y faltas de Campo Largo, José Luis Haertel con quien “estamos siempre en contacto, dada su proximidad, si bien pertenece a la segunda circunscripción”, precisó López. Fue de gran valor la asistencia de Marcelo Domecq por la subsecretaria de Seguridad Vial; Agustín Teijero y Nicolás Corral de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes informaron sobre implementación de un registro nacional de personas inhabilitadas para conducir. En este punto pidieron el aporte de los jueces de faltas para que cualquier inhabilitación en tránsito sea informada a través de un sitio web destinado a ello. Los temas tratados durante la jornada fueron: situación actual de la policía de la cuarta circunscripción judicial y la justicia contravencional (Gisela Tehan, y Alvaro Llaneza, jueces de paz de Hermoso Campo y Charata, respectivamente); animales sueltos (Gabriela Ponce, juez de paz de Las Breñas); nocturnidad (Daniel Ríos, juez de paz de Gancedo y Mariel Pelaye, juez de paz suplente de General Pinedo); centros de rehabilitación para personas con adicciones (Claudia Araujo, juez de faltas de Charata y representante de FUNNEA, Fundación Nuevo Enfoque en Adicciones); relación, en los procedimientos contravencionales, de la policía y los hospitales locales (Eliana López y Claudia Araujo) y delito de abigeato: consideraciones generales, modo de intervención. (Elio Mari, fiscal de investigación Nº 1 de Charata). CONCLUSIONES En materia de nocturnidad se propuso que en las localidades donde existen jueces de faltas municipales, haya un trabajado coordinado con el municipio porque “aunque mejoró el control de menores en los locales bailables, salen a la calle y permanecen en la vía pública”. Por su parte la presidente Grillo y el fiscal de investigación N° 3 de Charata, Hugo Baigorri, propusieron trabajar en conjunto en materia de adicciones. Asimismo serán invitados para el tercer encuentro asesores del menor, defensores y jueces de familia. Además la municipalidad de Charata informó que están culminando los últimos detalles antes de poner en funcionamiento destinado a alojar a los animales sueltos, el cual se comprometieron a crear en la reunión de junio. Finalmente analizaron algunos conflictos que emanan de la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes respecto a la competencia administrativa de la UPI y la competencia judicial penal de los fiscales. López detallo que el debate se dio “porque la ley 2086-C establece que a un menor de edad se le puede tomar una denuncia. Pero los fiscales plantearon que, de esa manera, están sujetos a la posibilidad de nulidades. Entonces se decidió coordinar acciones para evitar que eso suceda y proponer una modificación de la ley”. La reunión concitó la atención de distintos estamentos del Estado provincial y sus poderes. La policía provincial intervino activamente aportando ideas y propuestas. Amplia participación tuvo la continuidad del trabajo para optimizar los procedimientos contravencionales conjuntos.

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8PÁG. Resistencia, Agosto de 2017 Disertó en la 7ª feria del libro jurídico Valle definió el acceso a Justicia como “un derecho humano esencial” En su disertación afirmó que ello implica obtener respuesta a necesidades jurídicas. “Desde el Poder Judicial, con la ayuda de los abogados, debemos promover la equidad procesal que garantice tal objetivo”, afirmó. La Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Emilia Valle expuso sobre acceso a Justicia en el Poder Judicial provincial, en el marco de la séptima feria del libro jurídico llevada a cabo en la Casa de las Culturas, y organizada por el Colegio de Abogados de Resistencia. Allí señaló que aquel “es un derecho humano esencial” y “un principio fundamental de todo sistema de justicia e implica no solo que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos, sino además que sus conflictos sean resueltos oportuna y adecuadamente”. También remarcó: “nunca debe faltar entre los imperativos el de ampliar aún más  las vías de acceso a Justicia”, porque “es obtener respuesta a necesidades jurídicas”. El panel estuvo compuesto también por Enrique Zuleta Puciero, quien analizó las necesidades jurídicas insatisfechas y Elizabet González (coordinadora integral de las relaciones entre el Poder Judicial y los pueblos indígenas del Chaco) que abordó el tema “Acceso a Justicia y comunidades indígenas”. Previamente, en la apertura, Valle felicitó a los abogados y abogadas por su día, enfatizando el fortalecimiento de la relación institucional y el diálogo permanente entre el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados, y agradeció a la entidad el acompañamiento que se le brindara en oportunidad de concursar para el cargo de  Ministra del STJ. En el inicio de la jornada estuvieron presentes en la mesa, además, el vicegobernador Daniel Capitanich, los diputados Darío Bacileff Ivanoff y Sergio Vallejos, y el presidente del Colegio de Abogados, Diego Gutiérrez. Valle sostuvo que el acceso a justicia implica “la solución de los conflictos, tener respuestas”. Un nutrido auditorio siguió atento las disertaciones. INSTANCIA DE REFLEXIÓN Valle afirmó estar muy satisfecha de exponer “en este panel que aborda una temática tan sensible, como lo es la de las necesidades jurídicas insatisfechas y acceso a justicia, que pone fuertemente la mirada en los sectores más vulnerables de la ciudadanía que, por distintas causas (socioculturales, económicas, políticas, geográficas) no tienen acceso a los mecanismos institucionales para reclamar y hacer efectivos sus derechos o bien, accediendo,   no obtienen   respuestas o las obtienen tardíamente”. “Justamente se corresponde el concepto con las cuatro categorías de necesidades jurídicas de las que se habla en el manual de Acceso a Justicia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”, añadió. Posteriormente afirmó que, desde el Poder Judicial: “tenemos que recordar que, cuando hablamos de planificación estratégica, al definir  la misión, en tanto razón de ser, fin o   y propósito fundamental de la institución, decimos que nuestra misión es la de  impartir justicia,  resolviendo casos, controversias y conflictos de manera rápida, independiente, imparcial, transparente y, remarcamos, garantizando acceso a Justicia sin discriminación alguna”. Más adelante la jueza del STJ indicó: “cuando definimos otro de los elementos estratégicos,   la visión, en tanto imagen de futuro, decimos que queremos vernos como un Poder Judicial fuertemente independiente,  confiable para los usuarios, comprometido con la excelencia administrativa y el recurso humano, innovador en la prestación del servicio, que disponga de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento y los administre de modo eficiente, que sostenga una comunicación proactiva con la sociedad, y recalcamos una vez más, accesible”. Explicó también   que entre los lineamientos estratégicos (que van cambiando en toda planificación de acuerdo a las etapas, épocas y necesidades) “figura siempre el de ampliar aún más las vías de acceso a Justicia”. Esto, puntualizó, “es mucho más que obtener el pronunciamiento,  es obtener la solución de los conflictos, tener respuestas”. “El acceso a justicia, debemos recordarlo siempre, es un derecho humano esencial, el de toda persona a tener un ámbito en el cual hacer valer el derecho del cual se entienda asistida y de lograr la satisfacción del mismo... sin distinción  de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencia religiosa, etcétera”, amplió. Valle remarcó que se trata de “un principio fundamental de todo sistema de justicia y,  en tal sentido, desde el Poder Judicial, debemos promover la equidad en el acceso a justicia”. Porque, dijo: “existe una clara diferencia entre reconocer la igualdad formal ante la ley y establecer la obligación del Estado de proveer asistencia jurídica para garantizar que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y las instancias a las que pueden recurrir para asegurar su debido ejercicio”. ESTADO ACTUAL Posteriormente la jueza del Superior Tribunal señaló oportuno preguntarse “¿Cómo estamos en materia de acceso a Justicia en el Poder Judicial Chaqueño?”, luego de lo cual enumeró una serie de avances entre los que se cuentan: el Juzgado Multifuero de Misión Nueva Pompeya, el registro de traductores de lenguas indígenas, la creación de la coordinación integral de relaciones entre la justicia y los pueblos indígenas (a cargo de Elizabet González), la designación de representantes en Villa Ángela, Nueva Pompeya y Castelli para que atiendan a las comunidades moqoit, qom y wichí. También recordó la dilatada trayectoria del Centro Público de Mediación que acaba de cumplir 21 años, la creación del Centro Judicial de Género, la Mesa de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía, la existencia de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, el Nuevo Diseño Organizacional del sistema Penal (que permitió aumentar los requerimientos de elevación a juicio, y reducir el tiempo entre la comisión del hecho hasta la sentencia). Además los 79 juzgados de Paz y Faltas distribuidos en toda la provincia, un amplio abanico de leyes y la información disponible sobre acceso a Justicia.   No obstante ello,   Valle aseguró “nos hacemos cargo de que falta mucho más” y agregó: “no estamos exentos de las causas que hacen a la crisis de credibilidad y legitimidad del Poder Judicial” aunque “en distintos ámbitos somos reconocidos como una de mejores justicias  del país”. “El desafío es estar, más que nunca, cerca de la sociedad que, legítimamente, nos interpela y reclama”, completó. Finalmente “Decía un Ministro de la Corte Suprema: ‘El juez es en gran medida un ingeniero que construye, yo agrego, con ayuda de los abogados y abogadas, junto a los otros poderes del Estado, una sociedad mejor, más justa, más equitativa y más igualitaria. Éste es nuestro desafío y contamos con ustedes para lograrlo”. “DEBE SER DESDE LA HORA CERO” A su turno Elizabet González enfatizó que el acceso a Justicia “debe ser desde la hora cero, porque si no es tiempo valioso que se pierde”. En tal sentido recordó que, no hace mucho tiempo, aquel derecho “era realmente nulo para los pueblos indígenas”. “Hemos sido muy pacientes… hoy todavía se ve una barrera muy grande que existe cuando debemos acudir a una dependencia judicial”. Aquella, describió, no se limita al idioma, sino que también abarca la cultura e idiosincrasia. González ponderó al Juzgado Multifuero como “histórico en América Latina” y afirmó estar “muy orgullosa” de “contar con profesionales en nuestro pueblo. Ahora lo que deseamos es que puedan progresar”.

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