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Julio 2017

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Año 5 N°90 - Julio 2017 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco XXIII encuentro de profesores de la materia PÁGS. 4-5 EL ROL DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA VIDA COTIDIANA, EN VOZ DE LOS MÁS RECONOCIDOS DOCENTES Educadores de larga y reconocida trayectoria dialogaron con INFOJUS sobre la importancia que ésta rama del derecho tiene para la sociedad. También analizaron la forma en que la justicia, como poder, se vincula con el federalismo, el desarrollo humano, la división de poderes y la transparencia. La Casa de las Culturas recibió a miembros de la AADC de todo el país. Asisten a cursos como pena sustitutiva Sáenz Peña trabaja en la concientización de infractores de tránsito PÁG. 3 La modalidad es aplicada por la Jueza Celia Altamiranda desde hace años y se enmarca dentro de las disposiciones del artículo 20 del Código de Faltas Laura Buyatti, jueza multifuero del menor de edad y la familia de Villa Ángela “Los sueños que se sueñan juntos se convierten en realidad” Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral Ordenan al Estado satisfacer derechos de una familia en situación social extrema PÁG. 6 En una conferencia organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la magistrada repasó los logros cosechados por su juzgado en materia de adopción. PÁG. 8 Editorial El derecho constitucional, herramienta para una sociedad mejor PÁG. 2

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2PÁG. Resistencia, Julio de 2017 Editorial EL DERECHO CONSTITUCIONAL, HERRAMIENTA PARA UNA SOCIEDAD MEJOR La primera semana de agosto la ciudad de Resistencia fue sede el XXIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional, el evento más importante de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cuyo objeto fue debatir sobre los temas actuales y más trascedentes en la materia. La temática giró en torno a la relación de la Justicia con cuatro ejes de fundamental importancia en el momento: transparencia, división de poderes, federalismo y desarrollo humano. Cada debate estuvo signado más que por la transmisión de conocimiento, por la búsqueda de soluciones y el ofrecimiento de propuestas a cada problema concreto. Resulta pertinente, entonces, recordar la importancia del derecho constitucional en nuestra vida cotidiana y en el quehacer diario tanto de las instituciones como de cualquier ciudadano. El valor de instalar estos temas en la agenda es muy elevado, ya que la Constitución es la carta de navegación de nuestra república y debemos conocerla cabalmente a fin de respetarla y hacerla valer. El proceso de descreimiento institucional por el que atraviesa hoy nuestra sociedad tiene un profundo vínculo con la falta de sentimiento constitucional de la que padecemos los argentinos. Y es a fin de reivindicar la fuerza normativa del texto supremo que debemos dedicarnos arduamente a su enseñanza y difusión, con el objeto final, por supuesto, de su absoluto acatamiento. BASE DE LA CONVIVENCIA SOCIAL La Constitución regula las bases de la convivencia social, regula y limita el poder del Estado, determina la forma en que se ejerce el poder y la manera en que los órganos que lo ejercen se relacionan y, por supuesto, cataloga libertades, derechos y deberes. De allí, que el derecho constitucional no sea una rama más del derecho: es del cual nacen todas las otras ramas del ordenamiento jurídico. El derecho constitucional regula la vida institucional de un país, la forma en que los poderes constituidos ejercen las funciones que la norma suprema categórica y taxativamente les demarca. Además, establece aquellos de derechos de los que goza inclaudicablemente cada ciudadano como titular de la soberanía popular sobre la que reposa todo nuestro ordenamiento, toda nuestra república. La Constitución Nacional es un pacto que da vida a nuestra organización institucional, por lo que la responsabilidad de su obediencia y acatamiento radica en todas y cada una de las personas que formamos parte de esta organización. Aunque, con mayor grado de responsabilidad, en las autoridades y funcionarios públicos. Ello implica que el ciudadano debe inmiscuirse es el conocimiento constitucional, a fin de evaluar y exigir a las autoridades públicas el cumplimiento de los mandatos constitucionales. No solo en las urnas, bianualmente, sino día a día, mediante los múltiples mecanismos de control que ofrece nuestro sistema normativo. La necesidad de valorizar el sistema constitucional, que los temas vinculados a ello ingresen y permanezcan en agenda radica en que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, y su incumplimiento debería ser motivo de responsabilidad por parte de las personas que ejercen el poder. En dicho sentido adquieren relevancia los conceptos que nos aporta la doctrina, de Constitución formal y Constitución material. La primera es aquella que efectiva y normativamente nos rige (con cada una de sus reformas) desde 1853 hasta 1994. La segunda indica, como enseñaba el maestro Germán Bidart Campos desde la dimensión sociológica, aquello que se cumple y lo que no. Este gran autor destacaba que la Constitución posee en sí misma fuerza o vigor normativos, lo que significa que es exigible, obligatoria, aplicable y vinculante para todos: gobernantes, autoridades y particulares (Manual de la Constitución Reformada, Ediar, 2003, Tomo I). Para garantizar esta fuerza normativa es que debemos conocer las normas que nos amparan, regulan y rigen el estado constitucional y convencional de derecho en el que vivimos, cuya responsabilidad conservación y mantenimiento radica en cada ciudadano. El respeto del sistema constitucional es responsabilidad de todos. Como se decía más arriba, el articulado supremo regula tanto la distribución y el ejercicio del poder como las libertades, derechos y garantías de los que goza cada persona que quiera habitar el suelo argentino. La Constitución, en toda su magnitud, es una garantía y nos provee de todos los mecanismos necesarios para defenderla y hacerla valer. LA REFORMA DEL ‘94 Cuando nos referimos a los derechos y garantías no podemos obviar la incorporación, en 1994, mediante el artículo 75 inciso 22, de los pactos e instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos. Este catálogo que posteriormente fue ampliado a través del procedimiento que el mismo artículo dispone, contando hoy con catorce instrumentos elevados a dicha jerarquía. Esta mal llamada “hiperinflación” de derechos no sólo normativiza una serie de postulados que otrora tenían vigencia virtual a través de principios generales en materia de derechos humanos tales como: pro homine, pro libértate u otros similares; sino que, además, impone al Estado la obligación internacional de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, y lo somete a responsabilidad internacional ante los órganos de aplicación de aquellas convenciones. Sin ir más lejos, la Republica Argentina fue condenada internacionalmente en reiteradas oportunidades por el accionar de los tres poderes del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano que encabeza el Pacto de San José de Costa Rica y cuyo sistema se erige como un verdadero ius commune interamericano) encontró responsable a nuestro país por el incumplimiento de los derechos más variados. Desde la vida y la integridad física, pasando por la libertad de prensa y expresión, hasta el debido proceso y el respeto por las garantías judiciales, entre otros. Estos reproches también recayeron en cabeza de nuestra provincia, tanto por parte del sistema interamericano (integrado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) como del sistema universal (a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU). Algunos de los casos más resonantes fueron: Greco y L.N.P., entre otros, erigidos como bisagras en la materia, y motivos de importantes avances y mejoras. PREGUNTAS NECESARIAS Ahora bien, previo a alcanzar el cabal cumplimiento de las normas constitucionales debemos preguntarnos ¿Cuánto nos resta aún para el cabal conocimiento de nuestros derechos y obligaciones constitucionales? ¿Cuánto hacemos a diario, como autoridades o como simples vecinos para que el otro conozca las libertades de las que goza, los medios que posee para hacer valer aquellas garantías o la forma en que los funcionarios pueden responder ante la ciudadanía por el incumplimiento de sus deberes? Debemos crear conciencia y sentimiento constitucional, promulgar y difundir sus preceptos, sus contenidos. Hace más de 30 años el tratadista español Lucas Verdú pretendía, a través de la divulgación y reafirmación de ese sentimiento constitucional volver a las cosas, las sustancias y a la necesidad de legitimar el poder, de reintegrarlo a la realidad. El objetivo era que la sociedad civil encuentre motivos de adhesión afectiva al ordenamiento que disciplina nuestra convivencia (El sentimiento constitucional. Aproximación al estudio del sentir constitucional como modo de integración política, Madrid, Reus, 1985). De allí que los esfuerzos deben estar dirigidos a conocer la Constitución, valorarla y reconocerla como la más eficaz garantía en resguardo de las libertades y derechos humanos, de nuestra forma republicana y democrática de gobierno. También a valorar el estado constitucional y convencional de derecho como nuestra forma de vida, y tomar conciencia de su importancia y la responsabilidad que a todos nos cabe en su mantenimiento. Finalmente, convencernos de que las herramientas para una sociedad mejor están al alcance de nuestras manos y sólo requieren efectiva voluntad de cumplimiento por parte de todos. Año V Número 90 Julio de 2017 Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del Chaco López y Planes 215 Resistencia | Chaco Dirección editorial Superior Tribunal de Justicia www.justiciachaco.gov.ar Presidente Iride Isabel María Grillo Ministros Rolando Ignacio Toledo Emilia María Valle Alberto Mario Modi María Luisa Lucas Redacción, fotografía, diagramación y edición Àrea de Prensa Departamento de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación Contacto Area de Prensa (DCPRI) Teléfono 0362-4452893 prensa@justiciachaco.gov.ar

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3Resistencia, PÁG. Julio de 2017 Tránsito: concientizar y educar Juzgado de Faltas de Sáenz Peña sanciona a infractores con la asistencia a un curso de educación vial La jueza Altamiranda (tercera desde la izqierda) junto a los capacitadores. El objetivo es que los infractores tomen conciencia y cumplan con la sanción impuesta. Un nuevo curso de educación vial, impuesto como sanción por infracciones al Código de Faltas relacionadas con el tránsito, se desarrolló en el SUM del Juzgado de Paz y Faltas de Sáenz Peña. La modalidad es aplicada por la Jueza Celia Altamiranda desde hace años y se enmarca dentro de las disposiciones del artículo 20 del Código de Faltas provincial que prevé la sustitución de las penas de arresto o multa por una “instrucción especial” (por ejemplo: asistencia a un curso educativo, entre otras). Al respecto Altamiranda señaló: “Una vez más el balance del tribunal es muy satisfactorio, ya que asistieron más de 90 infractores a cumplir la sanción”. En ese sentido sostuvo que “en razón de la gran cantidad de expedientes por infracciones al tránsito (más de 900 durante 2016 y, aproximadamente, 400 en lo que va del presente año) se arbitrarán los medios para el dictado de un nuevo curso durante 2017”. CARACTERÍSTICAS Y MODALIDAD El dictado del curso-sanción llevado a cabo durante tres semanas y finaliza el martes 8 de agosto, intenta crear conciencia de los riesgos que se corren por los malos hábitos en el manejo de la vía pública. Su objetivo es que la sociedad comprenda que las normas de tránsito Auspiciado por el Centro de Estudios Judiciales deben ser respetadas, no sólo porque ellas obligan o imponen determinadas conductas, sino porque la consecuencia del incumplimiento será una sanción. Al igual que en anteriores ocasiones colaboró el Gabinete Científico del Poder Judicial (licenciados Marcela Iznardo y Ariel Darocas). Además de la valiosa participación del jefe de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Interior (Policía Caminera) y personal a cargo, quienes dictaron lo relativo a controles de alcoholemia, aportando material y ejemplos prácticos. Durante la última jornada asistieron y colaboraron miembros de la Asociación Padres en Ruta de dicha ciudad. Luego fueron sorteados tres cascos reglamentarios para motocicletas donados por Wolcoff Motos. Por último se llevó a cabo el examen final consistente en un cuestionario práctico dirigido a evaluar los conocimientos fijados en los infractores concurrentes. Comenzó el programa de perfeccionamiento profesional en Derechos Humanos El procurador general Jorge Canteros, la defensora general Alicia Alcalá, Gustavo Iglesias (defensor público oficial a cargo del Programa de Aplicación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación) y Víctor Abramovich (procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), integraron el panel sobre “los Derechos Humanos presentes en la labor jurídica”, del programa de perfeccionamiento profesional en DD. HH. que dio comienzo en el Salón Obligado de Casa de Gobierno del Chaco. La iniciativa, auspiciada por el Centro de Estudios Judiciales, la Defensoría General, librería Contexto y organizada por la Secretaría de DD.HH. del gobierno provincial, contempla una serie de talleres mensuales que culminarán en diciembre. Tiene como destinatarios a profesionales del derecho, trabajadores de organismos públicos vinculados a los DD.HH. y al sistema de Justicia; estudiantes de derecho, profesorado en ciencias jurídicas y políticas, trabajo social, entre otras; líderes y dirigentes sociales en actividad en organizaciones populares y técnicos de equipos y ONG`s que realizan tareas socio-territoriales. En nombre de los organizadores, el secretario de DDHH del gobierno provincial, Juan C. Goya destacó especialmente la presencia de los cadetes del servicio penitenciario. “A través de estos programas lo importante es construir una ética de defensa de los DDHH... No hay obediencia debida en la violación de DDHH. No hemos conseguido erradicar la violencia en los institutos carcelarios. Por eso nos seguimos preguntando `cómo hacemos para llegar a la Justicia”. EL PANEL Canteros destacó el carácter vanguardista de la provincia que incorporó la figura de la Defensoría General. “Lo destaco porque vengo propiciando que esto se replique en todas las provincias (lo que me trajo peleas con mis colegas)”, señaló. Tras consignar el elevado número de femicidios que registra la provincia y afirmar que ese crimen constituye una grave violación de derechos humanos, realizó una pormenorizada descripción del funcionamiento del nuevo diseño organizacional del sistema penal (NDO) en la primera circunscripción judicial. Destacó que el nuevo sistema penal “trata de acercar la justicia al justiciable”, que un 22% de las casusas que ingresan son sometidas a mediación; el trabajo de las mesas de atención a la víctima y sostuvo que, gracias a la implementación del área de tramitación común ATC) “los fiscales se dedican únicamente a investigar”. Además lamentó que las bondades del NDO sólo se implementan en la primera circunscripción judicial por la falta de presupuesto para extender su puesta en marcha al resto de la provincia. Valoró la creación de la fiscalía especial de DD.HH. y ponderó la puesta en marcha del sistema integrado de gestión e información (SIGI). Este “permite que desde mi oficina pueda ingresar a cualquier expediente de la primera circunscripción judicial” y que “los defensores oficiales desde su despacho puedan tener la información de la marcha de las causas”, como los defensores particulares que pueden acceder a esa información acercándose a una computadora de la Procuración. Finalmente expresó: “Todos hemos nacido libres, tenemos nuestras ideas, pensamientos, diferencias, pero algo esencial a los DD.HH. es que tenemos el derecho a ser tratados de manera idéntica y respetuosa”. Luego, Alcalá, realizó una minuciosa reseña de la que describió como la “práctica de la efectivización de los derechos humanos implementada por el Ministerio Público de la Defensa en Canteros y Alcalá disertaron en el inicio de las jornadas que culminarán en diciembre. el corto tiempo que estamos funcionando”. “Estamos trabajando en distintas áreas y con distintos grupos de personas; niños, niñas y adolescentes (NNA), salud mental, género, pueblos originarios, personas privadas de su libertad, víctimas, y adultos mayores”, puntualizó. Por otra parte informó que desde la Defensoría General se informa men- sualmente a los menores privados de la libertad alojados en Tres Horquetas el estado de su situación procesal. Mencionó el trabajo activo e integrado con distintos sectores de la comunidad: Asociación Pensamiento Penal, consejo y colegio de abogados, y Comité contra la tortura, para la elaboración de un proyecto de Código Procesal Penal para adolescentes”.

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4PÁG. Resistencia, Julio de 2017 Durante el XXIII encuentro de profesores de la materia Expertos analizaron el rol del derecho constitucional en la vida cotidiana Resistencia recibió, por primera vez, al encuentro organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Docentes de larga y reconocida trayectoria explicaron la importancia que ésta rama del derecho tiene para la sociedad. También la forma en que la justicia, como poder, se vincula con el federalismo, el desarrollo humano, la división de poderes y la transparencia. Durante dos jornadas la Casa de las Culturas recibió a docentes de todo el país en el marco del XXIII encuentro de profesores de derecho constitucional. La actividad, organizada por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) giró en torno a cuatro ejes: “justicia y transparencia”, “justicia y división de poderes”, “justicia y federalismo” y “justicia y desarrollo humano”. Además fueron renovadas las autoridades, producto de lo cual fue electo presidente Daniel Sabsay y vice Sergio Díaz Ricci. En diálogo con INFOJUS, seis profesores analizaron la importancia del derecho constitucional en la vida diaria, el nivel de conocimiento que tiene al respecto la ciudadanía, el estado de la justicia como poder y el aporte que pueden hacer las universidades para mejorar el estado de cosas. Iride Isabel Grillo (Universidad Nacional del Nordeste) “Estamos caminando un nuevo orden social y político” Para la presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y docente de la UNNE como sociedad “estamos caminando un nuevo orden social y político”, al tiempo que resaltó el sentido de pertenencia que aprendió de los pueblos originarios. Al mismo tiempo convocó a los docentes a “replicar entre todos estos conocimiento” y valoró el “debate fuerte” que tuvo lugar durante las jornadas. Y señaló la necesidad de “replantearnos los constitucionalistas, cómo estamos en cuanto a la legitimidad de nuestras instituciones”. Grillo considera que la función de juzgar que tiene la justicia “se ve agudizada porque se agrega el ejercicio del control de convencionalidad y constitucional, que es de tipo político y requiere la dosis justa de prudencia y valentía”. Por otra parte invitó a “repensar la necesidad de encontrar formas de conciliar el orden natural y el convencional”. También estimó preciso “revisar nuestros modos de pensar, sentir, de ser, el discurso” porque “si no vamos a estar cada vez más lejos de lo que espera de nosotros hoy la ciudadanía”. Posteriormente pidió evaluar “cómo estamos en cuanto a la violación de derechos humanos en democracia”, dado que “las responsabilidades individuales y colectivas se nos vienen encima”. Asimismo, bregó por “más control de convencionalidad, de constitucionalidad y mayor tutela judicial efectiva. Por último se refirió a la independencia judicial en cuanto a la intangibilidad de los haberes. “Existe una deficiencia y debilidad que debemos revertir” puntualizó y concluyó: “es vergonzoso que haya tantas asimetrías”. Pablo Manili (Universidad de Buenos Aires) “El derecho constitucional es todo” El profesor Pablo Manili afirma, sin dudar: “El derecho constitucional es todo. Realmente el que no alcanza a ver la enorme influencia que tiene en su vida diaria es ciego, está ajeno a la realidad”. Regula nada más y nada menos que el poder y la libertad. Es decir: hasta dónde llega el Estado y cuáles son las libertades que los individuos podemos ejercer. “Cuando paga la factura de la luz y viene con un tarifazo, ahí está el derecho constitucional para ponerle límite al gobierno. Cuando un político roba, la Constitución tiene un remedio para eso. También cuando un juez no es independiente o es corrupto. En definitiva, toda la vida cotidiana está regida por la Constitución”. Su preocupación por el nivel de desconocimiento de la sociedad resulta evidente: “solo el 20% de las personas encuestadas tienen una idea, más o menos relativa, de lo que es la Constitución y sus derechos. Tenemos una deuda muy grande con nuestra sociedad en esta materia” y esto, agrega “es responsabilidad de políticos, medios de comunicación, universidades, todos”. “El enfoque del congreso fue cómo la justicia influye en estos tópicos (NdeR: los descriptos al inicio el artículo) ¿Y por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los que la justicia está seriamente cuestionada. Lamentablemente hay malos ejemplos dentro de ella y, en general, hay una sensación en la gente de que la justicia no alcanza para garantizar estos valores”. Así completa su descripción resaltando: “Existe una creencia generalizada, y creo yo con razón, de que la justicia llega tarde: juzga a los gobernantes cuando ya se fueron del poder. Pero ningún juez se anima a juzgarlos a los poderosos cuando todavía están allí”. Al respecto su conclusión es precisa: “Si el derecho no es capaz de proveer algún remedio para la pobreza, realmente no serviría para nada… debe ser una herramienta para mejorar la situación de la gente”. Finalmente remarca que el rol de la universidad pasa por “informar y formar a los alumnos”, porque “además de darles conocimientos debe concientizar respecto de la importancia de respetar las normas para poder vivir en libertad”. Martha Altabe de Lértora (UNNE) “Es el que da validez a las normas jurídicas” “Todo tiene que ver con el derecho constitucional, porque es el que le da validez a todas las otras normas jurídicas que deben ir en coincidencia con él”, puntualiza la profesora Martha Altabe de Lértora. En ese sentido, agrega, que se trata de “un derecho vivo, con el que la gente se relaciona permanentemente: el derecho a trabajar, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable, a la tierra, a la igualdad, etcétera. Siempre le digo a los alumnos que se escucha en las radios, se lee en los diarios, es la vida del día a día”. “Creo que hay mucha gente que no conoce sus derechos y si los conocen, algunos, no saben cuáles son los medios para hacerlos efectivos. Dónde deben reclamar, cómo hacer”, completa para describir un panorama con el que coincidirán la mayoría de sus colegas. Altabe sugiere realizar “un proceso de alfabetización jurídica” que debe partir desde el Estado. Durante la entrevista con INFOJUS explica: “Todos los poderes están obligados a hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”, motivo por el que cual “deberían asegurar a sus ciudadanos el cumplimiento de los derechos”. Por eso, cuando ello no sucede, “las personas acuden al poder Judicial y éste se transforma en el garante efectivo del cumplimiento de los derechos”. “Las facultades tienen que brindar profesionales, probos, honestos y capacitados”, porque eso “redunda en beneficio del Poder Judicial, nuestra sociedad y las provincias”, dado que “tiene que ver con la formación de clases dirigentes, gente que ocupará un lugar en la judicatura, asesorarán a los poderes, etcétera”, concluye.

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Sofía Sagüés (UBA, UCA y UCES) “Valores que forman parte de nuestra organización social” Para la profesora Sofía Sagüés resulta “importante entender que el derecho constitucional no es una norma aislada, lejana al día a día de cada uno de nosotros”. Por el contrario, implica “la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la coordinación de los elementos que nos identifican como sociedad: cómo nos organizamos y respetamos, cuáles son los valores que forman parte de nuestra organización social”. “Todos ejercemos derecho constitucional, interpretamos la constitución y debemos ser conscientes de nuestros derechos, los del otro y respetarlos”, remarca. La docente sostiene que “hay una falencia muy grande de ser consciente de los derechos que se es titular. Eso repercute lamentablemente en que los mecanismos de tutela no siempre son ejercidos”. Este problema, sostiene, debe ser trabajado “entre todos” desde la educación inicial. Mientras que a la universidad reserva “un rol fundamental” en la transmisión de cultura cívica en los distintos estados de la sociedad. Por eso pide tomar conciencia que aquella forma “un elemento determinante de lo que entendemos por cultura cívica. Esto es generar interlocutores válidos entre el poder judicial y la sociedad”. “Las universidades son una usina de formación cívica para generar ciudadanos, no súbditos, como decía el doctor Fayt (NdeR: Carlos, ex juez de la CSJN), conscientes de sus derechos que puedan acceder al poder judicial en búsqueda de tutela y que el sistema funcione”, amplía. Todos los elementos analizados durante la jornada “tienden a un funcionamiento del Poder Judicial cercano a la realidad social, a la gente. Que sería la contracara de lo que acabamos de señalar. Esto lo puede hacer a través de distintos mecanismos: dando a conocer conocer su funcionamiento, decisiones, procedimientos”. También mediante “la transparencia de sus funcionarios. No solamente de la decisión en sí, sino de cómo se adopta” y “cómo se presenta ante los otros poderes, como articular, cómo se respeta la división de poderes”. “En el juego armónico de los distintos de poderes está la búsqueda de la defensa de la libertad” reflexiona y agrega que el federalismo “implica que el poder judicial tenga en cuenta la particularidad de cada sociedad y la considere”. Sagüés define al desarrollo humano como “uno de los compromisos más trascendentes del derecho constitucional. Porque si todos los sectores de la sociedad no tienen acceso a aquel, éste otro como tal está en una gran deuda”. La justicia, concluye: “tiene todas la herramientas para ser un poder independiente, solvente, consistente en la fuerza de sus decisiones y protectorio de los sectores vulnerables. Pero necesita estar en contacto con la sociedad”. Alfredo Vítolo (UBA) “Manual de instrucciones de la vida en sociedad” “La Constitución es, de alguna manera, el manual de instrucciones de la vida en sociedad y presenta los mismos problemas que aquel”, sostiene el profesor Alfredo Vítolo. “¿Cuántas veces compramos un electrodoméstico y no leemos el manual? Justamente por no leerlo a veces nos pasan cosas que no querríamos que nos pasen. Nos falta conocimiento”, completa. En ese sentido la define como la regla de convivencia en “una sociedad estructurada, organizada para cumplir los objetivos que el preámbulo fija: asegurar los objetivos de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad”. Sostiene que debe comprendérsela como “un conjunto de instrucciones abiertas que admiten una cantidad de alternativas que permiten una alternancia entre los signos políticos de gobierno”. Vítolo es contundente al posicionar el conocimiento respecto a la Constitución en un nivel “deficiente” y atribuirlo a “una culpa colectiva”. “La Constitución lo que busca hacer es arbitrar la diferencias... un sistema donde todos podamos converger. Desde la AADC estamos trabajando en llevar la conciencia a los estudiantes, particularmente de colegios primarios, de la importancia de la constitución nacional y de las provincias”, explica. Por otro lado indica que la idea de justicia “no es algo que permea solamente al poder judicial: justa debe ser la ley, justa debe ser la acción ejecutiva y justa debe ser la decisión judicial”. Sobre este último subraya: “tiene que ser clara, fácilmente entendible, no tiene que ser compleja en su planteo y debe estar fundada en hechos concretos y reales”. A lo que suma un factor fundamental: “no ser simplemente una construcción de lo que me gustaría ser o que dejaría de gustarme”. Esto tiene como consecuencia inmediata que “si la decisión del juez es justa, yo tengo que acatarla. Aunque no me guste”. Para el federalismo “es necesario tener en cuenta las particularidades locales. No es lo mismo el habitante de una gran ciudad como Buenos Aires, con los de una provincia o el interior profundo. La realidad es diferente, la comprensión es diferente, inclusive, tener en cuenta las diferentes valoraciones que distintos grupos de la república tienen sobre diversos temas”. En tal sentido, “la existencia de distintos grupos no lleva a dejar de pensar que somos una unidad como República Argentina. El equilibrio entre esa individualidad y la pertenencia al grupo es el tema central del debate”. “Creo que el Poder Judicial vive en el mundo, no es un conjunto de señoras y señores que están aislados. Reciben las presiones y escuchan la opinión pública. Pero esto no tiene que alterarlos ni influenciar de ninguna manera la toma de decisión. Deben hacerlo con conocimiento y no por temor o agradecimiento al poder que los nombró”, finaliza. 5Resistencia, PÁG. Julio de 2017 Marcelo López Alfonsín (UBA) “Nos percatamos de su presencia cuando nos falta” La Constitución “estuvo desde siempre en la vida cotidiana. Pero ha tenido un impulso muy fuerte en dos momentos: uno la recuperación democrática, con un candidato que recitaba el Preámbulo y marcaba el camino para recuperar el sentido histórico de la convivencia democrática. Y por el otro, la reforma constitucional de 1994, donde lo que más se afirmaron fueron los derechos humanos”. Así el docente Marcelo López Alfonsín describe la trascendencia que tiene la Carta Magna en la vida y agrega: “muchas veces recién nos percatamos cuando nos falta”. En disidencia con sus demás colegas, considera que “hay un conocimiento mucho más fuerte” en la sociedad “del que nosotros mismos nos damos cuenta como operadores del derecho”. “Tengo la ocasión de ser juez en lo contencioso administrativo y tributario en la CABA y es muy raro que en cualquier acción de amparo u ordinaria no haya una invocación o pedido por parte de un justiciable basado en la Constitución Nacional, tratados internacionales o, en nuestro caso, la Constitución porteña”. En su descripción subraya que para los jueces “es inevitable el test de constitucionalidad y de convencionalidad que tenemos que hacer cuando tomamos una opción en el marco de un expediente”. Además considera que “se ve también alguna demanda de protagonismo en lo que tiene que ver con la tutela judicial de los derechos. No tanto en la idea de cómo están consagrados, vistos y sentidos, sino en la idea de defenderlos y protegerlos. Ese es el rol fundamental de la justicia”. Respecto al estado de “la justicia” propone separar a la criminal federal “que se conoce como ‘Comodoro Py’”, a la cual define como “un lastre de la democracia, dicho con todas las letras”; de aquel juez “que resuelve los problemas de la gente, ahí yo no veo que exista una demanda tan fuerte. Pero bienvenida si está para poder satisfacerla, porque es el rol que tenemos todos los operadores jurídicos”. “La enseñanza del derecho constitucional está siempre ligada con el mayor o menor fortalecimiento que tiene la democracia”, precisa. Al mismo tiempo da como ejemplo la “mayor conciencia democrática” existente en las aulas, que se refleja “no solamente en quienes damos la materia, pero también en los alumnos que vienen día a día con demandas más fuertes”. Estela Sacristán (UCA, Univ. de Lomas de Zamora, Univ. Austral) “Para conocer los derechos no hace falta ser abogado” Por su parte, la profesora Estela Sacristán fundamenta la importancia del derecho constitucional en que “hay ciertos mínimos que las personas tienen que conocer. Tienen garantías que le da la Constitución”. “Para conocer cuáles son los derechos no hace falta ser abogado, hay que tener conciencia de que está y que puede ser reglamentado, limitado, etcétera dentro de las condiciones que la propia constitución fija” ejemplifica. Cree que esta tarea de conocimiento puede estar a cargo de los órganos de gobierno, “mediante campañas al estilo de ‘conozca usted sus derechos’”. Porque “a nadie se le ocurriría que tiene limitaciones para ejercer su libertad de expresión, pero hay cuestiones más específicas (por ejemplo el vecino que tiene que pagar la luz o el gas) en que también es bueno conocerlo. Ahí hace falta, obviamente, un trabajo muy delicado en lo que es lenguaje. No puede ser el mismo”, señala. Sacristán dice que la independencia de la justicia “es neural en una República”. Lo que no implica jueces “fuera de la tierra”, dado que “son seres humanos que no pueden estar desconectaos del mundo real. Pero lo que si exige es esa imparcialidad e independencia, sobre todo de los poderes políticos”. Más adelante reflexiona sobre un tema de vital actualidad: “la justicia no se resuelve con manifestaciones en la calle. Hay canales para que la sociedad participe. Pensemos en el sistema de amicus curiae que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un canal ordenado para que el interesado en el tema pueda opinar”. Respecto al rol de las universidades, sostiene que “no solo deben concentrarse en los aspectos teóricos, sino también en los prácticos. Porque el derecho constitucional aparece ‘al final de la película’. En ese contexto es muy importante que no se pierda el alumno, ni tampoco el profesor, en la teoría. Que entienda cuál es la práctica”. “Al final lo que necesitamos, en el caso de los futuros abogados, es que en la práctica operen como tales y no como teóricos. Si no estaríamos haciendo filosofía del derecho, que es algo mucho más especializado, y que apunta, sí, a estudios muy teóricos”, culmina.

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6PÁG. Resistencia, Julio de 2017 Fallo destacado – Sala Civil, Comercial y Laboral Ordenan al Estado satisfacer derechos de una familia en situación social extrema Fue a raíz de una acción de amparo presentada por la asesora del menor de Castelli. La sentencia consideró que la ayuda, además de insuficiente, no se mantuvo en el tiempo. También destacaron el nuevo paradigma de protección a los niños, niñas y adolescentes. El Estado provincial recibió la orden judicial de tomar una serie de medidas específicas para la satisfacción de las necesidades de una madre y sus hijos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad social extrema. La resolución emanada desde la Sala Civil, Comercial y laboral del Superior Tribunal de Justicia, bajo el número 141/17 confirmó las sentencias de primera instancia y Cámara. Éstas tuvieron como en base a una acción de amparo impulsada, en agosto de 2015, por la asesora del menor de edad de Castelli, Gabriela Toloza. Allí la funcionaria exigió que se orden al Estado “cesar en su omisión de brindar asistencia” al grupo familiar. Ahora el Juzgado del Menor de Edad y la Familia de dicha localidad deberá hacer un seguimiento del estado de situación y atención de las necesidades sociales de los integrantes de la familia en cuestión. Además, si lo considera pertinente, podrá adoptar medidas administrativas o judiciales conducentes al restablecimiento de los derechos sociales de las personas afectadas. Entre las medidas que deberá tomar el Ministerio de Desarrollo Social figuran: tramitación de documentos de identidad de los niños, gestión de una vivienda digna para el grupo familiar, atención médica, etcétera, conforme a las necesidades de los beneficiarios. POBREZA E INCAPACIDAD ORGANIZATIVA En su decisión los jueces María Luisa Lucas y Alberto Mario Modi subrayaron que la condición de “vulnerabilidad social” no está referida en forma exclusiva una situación de pobreza como carencia de recursos materiales, “sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes bienes y servicios”. Al respecto sostuvieron que el individuo “se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y su mundo de relaciones familiares y comunitarias”. Por ello “se vincula con la precaria situación laboral, con la fragilidad institucional (a nivel de organismos intermedios y de acciones protectoras del Estado) y con el debilitamiento o ruptura de la red de relaciones familiares, comunitarias y sociales. Este es el tejido que debemos recomponer” Además explicaron que la compleja situación requiere el monitoreo de los organismos técnicos administrativos “responsables de la materia con la modalidad de intervención inmediata, la que debe ser sostenida a lo largo del tiempo a fin de alcanzar sus finalidades”. En otro pasaje de sus argumentos valoraron el sustento y razonamiento del fallo e la Cámara de Apelaciones, en virtud de la ponderación realizada sobre la causa, la prueba colectada y el derecho estimado aplicable. La sentencia de Alzada dejó claro que la acción de amparo constituye un proceso especial de rango constitucional, como manifestación real y operativa del acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y no una acción residual o subsidiaria como lo planteó la provincia en su apelación. ASISTENCIA INSUFICIENTE Previo al recurso de la asesora del menor, la provincia brindó asistencia material. Pero esta, tal como coincidió la justicia, resultó insuficiente y no tuvo continuidad en el tiempo. Ello impidió restablecer los derechos de los accionantes, en sentido contrario a lo argumentado por la parte demandada. La medida de protección integral aludida comenzó a partir de una denuncia en sede policial debido a la situación de vulnerabilidad de la familia en cuestión, ante la cual intervino el Juzgado del Menor el 26 de septiembre de 2013. A partir de ese momento fueron elaborados numerosos informes socioambientales que daban acabada cuenta de la situación de precariedad habitacional, económica y social del grupo familiar. Luego de casi dos años de trabajo, el 14 de agosto de 2015, y ante la falta de respuestas a las necesidades por parte del órgano técnico administrativo de la provincia responsable, fue que la asesora del menor promovió el amparo. Un informe elevado a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia permitió conocer que, en esa misma fecha, comenzó a brindarse respuesta parcial a familia con la provisión de módulos de alimentos, colchones, frazadas y la gestión de turnos médicos. NUEVOS PARADIGMAS DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Lucas y Modi explicaron que la medida impulsada por la asesora del menor “se encuadra dentro del nuevo paradigma en materia de políticas públicas de protección integral de los derechos de los niños, plasmada en la ley nacional 26.061 ‘Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes’ (la que a su vez encuentra su correlato a nivel local en la ley 7162). Esta nueva visión da cuenta de los mandatos que se imponen a los responsables institucionales de su ejecución, tomando como referencia las premisas, principios y estándares que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establecen, en resguardo de las personas menores de edad. EL ESTADO, RESPONSABLE La ley define al Estado como el responsable inmediato de la satisfacción de los derechos de los niños, remarcaron los jueces. En tren de ello “establece, en forma expresa, la responsabilidad de los Organismos del Estado en el establecimiento y control de la política pública”. Asimismo identifica al Poder Ejecutivo, a través de los organismos creados al efecto, como el principal responsable de la generación de una política social que garantice, a través de acciones positivas, el ejercicio de los derechos de los niños. Es por este motivo que la mayor parte de la ejecución del sistema y sus modalidades de intervención quedan en cabeza de ellos. El Poder Judicial, en tanto, con la pérdida de sus facultades tutelares, no desaparece como actor en el escenario de la política social, sino que asume el rol de marcar el incumplimiento y ordenar la acción de los otros poderes frente a la amenaza o vulneración de derechos. Queda constituido como como un enclave insoslayable en la construcción de estados “que efectivamente garanticen el goce de los derechos, tal como postula el nuevo modelo”. En ese ecosistema, los defensores de menores, que continúan en sus funciones, pueden constituirse como actores que impulsen el control de legalidad de la política social, en resguardo del cumplimiento de la ley.

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7Resistencia, PÁG. Julio de 2017 Organizada por la Asociación Pensamiento Penal Unas doscientas personas participaron de la charla sobre cannabis medicinal Disertaron especialistas y abordaron sus aspectos médicos, éticos y jurídicos. Fue declarada de interés judicial por el Superior Tribunal de Justicia. Alrededor de 200 personas concurrieron recientemente a la charla respecto al cannabis medicinal sus aspectos médicos, éticos y jurídicos, que tuvo como disertantes a la diputada nacional Lucila Massin, Carlos Magdalena (jefe de neurofisiología del Hospital de niños R. Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires y director de la carrera de médico especialista en Neurología infantil de la UBA) y Mariano Fusero (abogado y especialista en política de drogas del Centro de investigación y docencia –CIDE- de México y miembro de entidad organizadora). La actividad organizada por la Asociación Pensamiento Penal concitó la atención del Superior Tribunal de Justicia, que la declaró de interés judicial, la Legislatura provincial, que la declaró de interés legislativo y la Defensoría General, que también la declaró de interés y dispuso su adhesión, junto al INSSSEP y la secretaria de DDHH de la provincia. Además de la gran convocatoria de público (los asistentes desbordaron el salón auditorio legislativo “Nilda TF de Vaernet” y muchos debieron sentarse en el piso), también se destacó la presencia de la defensora general del Poder Judicial, Alicia Alcalá, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, los legisladores provinciales Luis Obeid, Sergio Vallejos y Germán Bittel, candidato a diputado provincial. LA CHARLA Durante más de tres horas el público escuchó las definiciones ofrecidas por los especialistas luego de la apertura en la que la diputada Massin se refirió a las limitaciones de la ley 27350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, aprobada este año por el Congreso de la Nación. Señaló al respecto que esas restricciones hacen endeble la funcionalidad de la flamante normativa dado que los pacientes que necesitan acceder al producto con urgencia, no pueden hacerlo, o porque el producto, por su costo, resulta inaccesible, o porque aún no se iniciaron las investigaciones locales que dispuso la ley, además de que sigue penalizado el autocultivo. Magdalena inició su exposición revelando cómo se aproximó al tema del cannabis medicinal, a partir de que sus pacientes le mostraran la efectividad del producto para disminuir convulsiones o dolores intensos. El neurólogo detalló cómo, a partir de esa constatación, comenzó a estudiar el tema y así descubrió que no sólo en Argentina sino que a nivel internacional diversas investigaciones y publicaciones científicas acreditaban fehacientemente el valor terapéutico de esta sustancia para un sinnúmero de dolencias que abarcan desde epilepsias refractarias hasta el Parkinson, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes y un largo etcétera de padecimientos- Por su parte, Fusero ofreció una pormenorizada historia de la prohibición del Cannabis y se sumó a las afirmaciones de Magdalena en cuanto a la exhaustiva recopilación de investigaciones que han comprobado de modo contundente la efectividad de esta planta para combatir múltiples enfermedades. Luego hizo foco en la Ley de narcomenudeo y señaló que su aplicación contribuyó a engrosar las estadísticas de criminalización de jóvenes en estado de vulnerabilidad socio económica. Denunció que “entre el 70 y 80 por ciento de las causas de la Justicia Federal está vinculada a perseguir consumidores” y criticó que el (de la Justicia) Federal es “un fuero de excepción que tiene a cargo graves delitos como corrupción, narcotráfico, etc.”, y que “en realidad se dedica fundamentalmente a perseguir consumidores”. “Ustedes acá tienen un fuero de narcomenudeo con una dilapidación de recursos enmascarada en una cuestión de persecución al crimen organizado que no persigue a ningún narcotraficante”, opi- Una multitud se dio cita en la Cámara de Diputados para la jornada sobre cannabis medicinal. nó luego, el especialista. Y afirmó que este fuero “claramente está persiguiendo pibes de barrio, humildes”. Agregó que la Procunar –Procuraduría de Narcocriminalidad- relevó que “en todos los lugares donde se crearon fueros de narcomenudeo y se empezó con estas posturas de guerra a las drogas respecto a la venta minorista, lo que sucedió es que disminuyó la posibilidad de la Justicia Federal de investigar el crimen organizado y (en cambio) aumentaron los índices de criminalización de los usuarios mediante figuras que están relacionadas con la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema hace 31 años con el fallo Bazterrica y desde hace ocho años en el fallo Arriola”. Al culminar el evento los asistentes comentaban a los organizadores su entusiasmo por la seriedad y profundidad con que fue abordado el tema y demandaron que se realicen más actividades de este tipo. Trataron situación de los detenidos con padecimientos mentales y discapacidad La defensora genera Alicia Alcalá asistió a la jornada realizada en el IPRODICH. Recientemente la defensora general, Alicia Alcalá, participó de una reunión en la que trataron la situación de las personas con padecimientos mentales y discapacidad que están alojadas en comisarías y alcaidías del Chaco. El encuentro se realizó en la sede del IPRODICH, fue convocado por la secretaría de derechos humanos. Participaron, además, representantes del Servicio Penitenciario Provincial y del Comité de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La junta valuadora del IPROCIDH iniciará, en los próximos días, visitas y nueva evaluaciones. Por otra parte acordaron organizar una mesa de trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esas personas, y lograr sean trasladadas a lugares acordes con la problemática que presentan. REUNIÓN DEL ÓRGANO DE REVISIÓN CON EL SENADOR AGUILAR Por otra parte, el plenario del Órgano de Revisión local se reunió con el senador por el Chaco Eduardo Aguilar, en relación a un proyecto de ley para la constitución de un centro modelo de tratamiento y recuperación de adicciones a las drogas, que funcionaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo, en la sede del ex Hospital Pediátrico. El senador explicó que el proyecto consistiría en un instituto ambulatorio o de internación que garantice un abordaje integral e interdisciplinario, dentro de políticas de rehabilitación y reinserción social del adicto. Los integrantes del plenario hablaron sobre los estándares para la habilitación de centros de tratamiento en salud mental y, particularmente, en aquellos orientados únicamente al consumo problemático de sustancias. Hicieron foco en la importancia de que los sistemas de atención garanticen la inclusión social y la construcción de sistemas de apoyo. Además explicaron las funciones del OR y quedaron a disposición para elaborar un informe con recomendaciones tendientes a garantizar la protección de derechos, así como el cumplimiento de la ley de salud mental.

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8PÁG. Resistencia, Julio de 2017 Laura Buyatti, jueza multifuero del menor de edad y la familia de Villa Ángela “Los sueños que se sueñan juntos se convierten en realidad” Invitada a disertar en una conferencia organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la magistrada repasó los logros cosechados en materia de adopción por su juzgado. Bajo este concepto de trabajo en equipo la Laura Buyatti, juez del Juzgado Multifuero del Menor de Edad y la Familia de la III circunscripción judicial, con asiento en Villa Ángela, fue invitada a brindar una conferencia en el Colegio Público De Abogados de la Capital Federal en materia de adopción. El objetivo fue comentar y poner en conocimiento el trabajo que realizó y que, pese a contar con solo tres años de experiencia, dio fructíferos resultados. La disertación tuvo como ejes los temas: proceso de vinculación, nuevas herramientas implementadas, trabajo coordinado entre los operadores intervinientes, el acercamiento de las partes y su seguimiento en miras al interés superior del niño. Al respecto Buyatti explicó: “decimos que es fructífero, porque desde noviembre de 2016 a lo va del año, en la Secretaria Social Asistencial a cargo de Elisabeth Gómez, se otorgaron 27 guardas preadoptivas. Estas incluyen conjuntos de hermanos, en su mayoría niños de más de ocho años y adolescentes a través de la búsqueda en red federal, lo que significa que los pretensos adoptantes no se encuentran residiendo en nuestra provincia; puesto que la intervención de la red federal de registros solo es posible cuando se agotan las posibilidades de Registro Centralizado de Adoptantes del Superior Tribunal de Justicia del Chaco”. Ello responde a los lineamientos estratégicos que desde el día uno fueron dados por Buyatti a su equipo de trabajo, los que no hubieran sido posibles sin la predisposición del equipo interdisciplinario, la asesora de menores y demás funcionarios de la circunscripción. También gracias a la “amplia, eficiente e imprescindible colaboración del RCA a cargo de Marta Colussi, Lilian Borelli, Lucio Duarte Pertile y el trabajo en red con la directora, celadoras y equipo técnico del Pequeño Hogar Nº 4 de Villa Ángela. La invitación al evento fue cursada a a través de la gestión realizada por Graciela Haydee González (coordinadora de la comisión de relaciones internacionales e interprovinciales de la mencionada entidad). La relación de González con el juzgado de Villa Ángela tuvo su origen en que es actualmente es guardadora preadoptiva de una niña de 9 años que se encontraba alojada, desde agosto de 2016, en el Hogar Nº 4. Ella quedó gratamente sorprendida por el trabajo coordinado y expedito llevado a cabo, y creyó necesario que fuera replicado. Buyatti (izquierda) junto a Elizabeth Gómez, secretaria socio-asistencial de su juzgado. “TRANSMITIR EXPERIENCIAS” La conferencia fue brindada el lunes 7 de agosto con una amplia concurrencia, entre los que se destacaron abogados, integrantes del poder judicial, pretensos adoptantes del RUAGA (Registro único de Aspirantes a guardas con fines de adopción) y la honorable presencia del embajador Miguel Ángel Espeche Gil. Buyatti recalcó: “No vengo a explicar qué significa el instituto de la adopción, ya que ustedes tienen en esta ciudad la mayoría de los maestros y doctrinarios de los que todos hemos aprendido. Más bien vengo a transmitir las experiencias, el trabajo mancomunado, los recursos con los que contamos en el interior del interior de la provincia del Chaco; los que han arrojado maravillosos resultados”. Luego pormenorizó los casos relevantes, en los que las situaciones conflictivas no hicieron perder de vista el derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerables de contar con una familia. “Hay que contrarrestar su situación de origen con decisiones acertadas, pero fundamentalmente tempranas”, explicó. Más adelante señaló: “No podemos tener años a nuestro NNA esperando por una respuesta, es nuestra responsabilidad”. “La sensibilidad del fuero no solo requiere de jueces que se ocupen día a día, sino que cuenten con la valentía, determinación y precisión de tomar decisiones. Aun cuando exista la posibilidad de que, con todos los dictámenes profesionales favorables de los equipos intervinientes, el proceso de vinculación entre el NNA y los pretensos adoptantes pudiere llegar a fracasar”, agregó. Asimismo, mencionó que “es posible cumplir con el procedimiento establecido por la ley provincial 2086 C (antes ley 7.162) en el término legal”. En cuanto a los procesos de vinculación recalcó: “es imprescindible que se desarrolle en el posible centro de vida. Es decir, en su casa, con su familia, que se adapte a la vida cotidiana de la nueva familia, sus modos y costumbres”. “No creo que sea la única modalidad de vinculación, pero sí que es la más amena” ya que “la vinculación es mutua y la aceptación no es solo para el NNA, es también para los pretensos adoptantes”, reflexionó. Por otra parte, comentó que en el último tiempo, dado que los pretensos adoptantes son de otras provincias, utilizan medios tecnológicos como “las videollamadas, chats, Whatsapp, Skype, son herramientas que logran un acercamiento entre los pretensos adoptantes y los niños. Se rompe la primera barrera de la incertidumbre, se logra el primer acercamiento”. “Esto es muy favorable. Comprobamos cómo baja el nivel de tensión y ansiedad que tanto el NNA como el pretenso adoptante tienen”. CONCLUSIÓN “Es responsabilidad exclusiva de los jueces y operadores judiciales comprometernos con la función, una función social clave. Tenemos leyes claras, concretas, que permiten flexibilizar el proceso”, resaltó Buyatti. Finalmente remarcó: “para cumplir con nuestra función, en materia de adopción, no es necesario dejar de lado la letra de la ley, es necesario cumplirla a rajatabla. Pero dependerá de cada juez que, como director del proceso, logre que las decisiones que involucren a los más vulnerables, sean oportunas y tempranas. Esta es la única forma de que todo NNA cuente con una familia que asegure su futuro y bienestar”. Sobre normas ambientales EL HORNO PIROLÍTICO JUDICIAL APROBÓ NUEVA AUDITORIA DEL IRAM El Centro de Tratamiento de Residuos Especiales del Poder Judicial (CeTRE) cumplió con los objetivos de la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), bajo los lineamientos de la norma ISO 14.001, que realizó personal del IRAM en el predio ubicado en el kilómetro 1.008 de la ruta 11. Además fue valorado el “compromiso e involucramiento” del Superior Tribunal de Justicia, la Secretaría de Superintendencia y el Cetre para con el SGA. El procedimiento tuvo como finalidad verificar el estado y cumplimiento de las normas ambientales vigentes y la mejora continua de procesos, conforme al SGA cuya certificación data del 2013. Además tuvo lugar una reunión de revisión por la dirección entre el secretario de Superintendencia Nº 2, Lisandro Yolis; el responsable técnico del CeTRE, Francisco Colcombet y el auditor del IRAM, Ruben March. Es de destacar que si bien existen en el país varias instituciones que trabajan con la gestión ambiental, son pocas las dependencias como el CeTRE que logran la certificación de ISO 14.001 y la mantienen en el tiempo. Tal es así que fue el primer organismo dentro del Poder Judicial en obtenerla. De izquierda a derecha: Lisandro Yolis, Francisco Colcombet y Rubén March durante la reunión en el STJ.

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