Revista del Departamento de Derecho - Universidad Gastó Dachary

 

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Número 3 - Diciembre 2016

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Editorial UGD Universidad Gastón Dachary Salta 1912, Posadas, Misiones, Argentina Teléfono: +54 (0376) 4438677 Fax: +54 (0376) 4438677 Revista del Departamento de Derecho de la Universidad Gastón Dachary. Número 3. Contacto: editorial@dachary.edu.ar Colección Revistas de la Editorial UGD

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Sumario “El Método Socrático en relación a la formación de competencias para audiencias ante Tribunales Superiores” 4 Breves reflexiones del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación 7 Los paradigmas del Poder de Im- perium. Del enfrentamiento a la intermediación 12 Prueba científica y nulidad de la sentencia firme. ¿Es hábil revisar la cosa juzgada en virtud del descubrimiento de nuevas técnicas probatorias? 23 Staff Rectora: Prof. Alba Pérez Chilavert Secretaria de Extensión: Lic. Gabriela Lichowski Coordinador Editorial UGD: Lic. Jerónimo Peralta Rodríguez Director de Abogacía -UGD: Dr. Juan Manuel Lezcano Editora Revista Derecho UGD: Dra. Vanesa Carolina Rosas Diseño de Tapa: DG. Rodrigo Benítez Corrección: Gabriela Loreiro ISSN 2408-4581 ISSN XXXX-XXXX Editorial Año de aprendizajes y nuevas perspectivas Dra. Carolina Vanesa Rosas Es un gusto volver a encontrarnos en esta nueva entrega de la Revista del Departamento de Derecho de la UGD compartiendo en esta oportunidad aportes valiosos de los docentes de esta Casa en un año que jurídicamente nos ha dejado muchos aprendizajes, atento a que durante el mismo hemos transitado los primeros pasos en la aplicación del Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1° de Agosto de 2015, generándose así en la praxis de los distintos operadores del derecho el desafío de su estudio para dar, cada uno desde su lugar específico, interpretaciones a “lo nuevo”, que, como toda novedad, entraña dudas, planteos con nuevas visiones y perspectivas, y que nos mueve a todos a ser estudiantes nuevamente. El nuevo Código consagra lo que se ha denominado la “constitucionalización” del derecho privado, dejando de lado así la tajante división entre “lo público” y “lo privado”, mirando al derecho como un todo, y planteando el diálogo de fuentes como norte a seguir para la resolución de los casos que se plantean. Sin dudas hay mucho camino por recorrer, y por ello se tornan muy valiosos los aportes de los docentes que a través de los trabajos que compartimos en el presente número nos aportan una mirada acerca de temas propios de su disciplina, y que nos hacen crecer a todos.

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4 El Método Socrático en relación a la formación de competencias para audiencias ante TribunalesSuperiores Por Juan Manuel Lezcano, Profesor Titular y Adjunto, de la Universidad Gastón Dachary. Profesor Auxiliar de la Universidad Católica de Santa Fe - juanmanuellezcano@gmail.com Resumen: En el siguiente trabajo se ofrece una reflexión sobre diferentes aspectos del Método Socrático y su utilidad en la enseñanza del derecho, en relación a las audiencias ante tribunales superiores. I. Introducción En la presente ponencia trataremos de caracterizar una de las competencias más importantes de la práctica profesional, que es nada menos la que permite desempeñarse en las audiencias públicas de tribunales superiores. Así intentaremos, desde la caracterización y fundamentación del análisis tanto epistemológico como normativo, describir las competencias profesionales necesarias para desenvolver en audiencias ante tribunales superiores, para luego relacionarlas con el ejercicio práctico de la profesión. Considerando que mediante esta secuencia identificaremos las diferentes cuestiones, para madurar las herramientas en la formación de grado y vincularlas con el Método Socrático en el ámbito de las ciencias jurídicas. II.Consideraciones generales sobre el método socrático Cabe recordar que el rechazo al relativismo de especialistas en retórica y estudiosos del lenguaje jurídico, llevó a muchas universidades a utilizar el hábito socrático como un método inductivo; probablemente en la búsqueda de definiciones universales que no tenía una intención puramente teórica, sino más bien práctica como la de formación de competencias necesarias como por ejemplo para las audiencias ante tribunales superiores. El Método Socrático, que también denominamos mayéutica asume el desafío de la modernidad y redefine el contorno de la enseñanza en las ciencias jurídicas, en términos que trans- cienden los modelos tradicionales, ya conocidos de enseñanza, y la coloca en sintonía con el nuevo paradigma educativo, centrado en el estudiante y en su aprendizaje, más que en el docente. “La mayéutica como método en la educación de los futuros abogados, adaptada a la contemporaneidad, se sustenta en lo siguiente puntos: a) La comunicación constante, y sistemática organizada entre instituciónestudiante - docente - orientador y entorno de aprendizaje. b) La interactividad, como actividad fundamental del proceso de aprendizaje. c) La interconectividad entre temas, conocimientos, experiencias y casos. d) Exploración de nuevas posibilidades de aprendizaje y desarrollo. e) El vínculo: aprendizaje - materiales - docente - orientador - estudiante. f) Acceso a diferentes escenarios de aprendizaje y combinación de opciones multimediales de logro de experiencias de aprendizaje”1. La finalidad que se sigue con la aplicación de este método enseñanza, es ser más eficaz y diversificar la enseñanza del derecho utilizando en cada caso el método más apropiado en función de los estudiantes, los contenidos y la estrategia pedagógica elegida. III. La formación de competencias y ruptura con los antiguos esquemas jurídico Entendemos que el uso de este método en el conocimiento de las ciencias jurídicas, se relaciona con la práctica profesional; ya que al pensar conjunta y 1- TANTALEÁN ODAR, Christian F. “El proceso de enseñanza aprendizaje en el derecho y su relación con el método mayéutico de Sócrates”. En línea en http://www.derechoycambiosocial.com/revista017/aprendizaje%20en%20el%20derecho.htm

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El Método Socrático en relación a la formación de competencias para audiencias ante Tribunales Superiores 5 cooperativamente los aspectos teóricos del mismo con el de la práctica profesional se logra el enriquecimiento de la tarea profesional desde la realidad jurídica práctica. La práctica profesional como realidad contemporánea en la que deben insertarse los profesionales identificándose con un conjunto de fenómenos jurídicos en expansión parte de la premisa de algunas posturas que afirman que podemos o no compartir que el derecho está técnicamente hablando donde lo dejó Justiniano. Ya que si analizamos el contexto de la inflación legislativa que corrompe diariamente el sistema jurídico sin que haya intentos serios de trabajar sobre el problema, entendemos que todo el derecho se nos presenta como un conjunto de disposiciones y principios de la índole más diversa pero estructurada en forma muchas veces desordenada. Esta última afirmación sin lugar a dudas ha quedado desactualizada con el concepto moderno de los digestos jurídicos2, como forma y herramienta de limpieza normativa mediante su organización y esquematización en plexos orgánicos dinámicos que están siendo redimensionados mediante herramientas informáticas. Pero en ese orden normativo y la sanción de nuevos códigos, el sentido de la revisión tanto en el ámbito legislativo, como doctrinario y pedagógico (en el caso de las universidades) lo podemos caracterizar como grandes procesos investigativos que inconscientemente cada operador del derecho realiza día a día. Atento a que está en juego el efectivo conocimiento de las normas vigentes que la propia ley presume y las competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía3. IV. El desempeño profesional y la formación de competencias específicas La práctica y el desempeño profesional se visualizan e infieren a través de las acciones que realiza el abogado, ya que el conocer la normativa aplicable a partir de un encuadre del caso constituye el primer estadio de la estrategia jurídica y es resultado de la ejercitación de una competencia. El término competencia es habitual del mundo del trabajo, no de la ense- El Método Socrático asume el desafío de la modernidad y redefine el contorno de la enseñanza en las ciencias jurídicas y la coloca en sintonía con el nuevo paradigma educativo, centrado en el estudiante y en su aprendi- zaje. ñanza. Cuando conversamos de abogados asesores o abogados litigantes, estamos concibiendo el rol que cumplen. Al analizar el rol, dicho concepto es de suma utilidad a la hora de comprender el enfoque que buscamos en práctica y desempeño profesional, relacionándolos con la utilización de plexos normativos sistemáticos y consolidados como los conocimientos de la argumentación jurídica. Es por lo mencionado con anterioridad que debemos recordar tres ejes fundamentales de la práctica profesional que son: SABER - HACER - SER. A partir de ello es que nos preguntamos qué saberes debería tener el abogado para lograr abarcar las tareas específicas que el mercado laboral demanda ya sea en el Estado, Empresas, Estudios Jurídicos, etc. Seguramente la respuesta sobre qué habilidades debía poseer y por sobre todo qué saber, va a tener un punto en común, el manejo de competencias especificas en audiencias y en especial la de los altos tribunales. Es que esto último que el contexto de la cultura jurídica tiende a dos cuestiones actuales: a) una neo hermenéutica: advierte la falsedad de la función del juez al limitarse a una mera subsunción lógica de los hechos en la norma. Aplicar sin crear. No existen leyes claras per se, todas precisan interpretación y esta no constituye una mera reconstrucción de la voluntad de un legislador que es un mero artificio conceptual; y b) la fragmentación del sistema de derecho privado a través de las leyes especiales extracodiciales: la proliferación legislativa llevará a relativizar e incluso a cuestionar el rol del Có- digo como eje del sistema normativo del derecho privado. Ya no estaríamos en presencia de un monosistema de derecho sino más bien de una especie de archipiélago, donde cada materia obedece a sus propios principios y reglas y no es reconducible a una normativa general y supletoria como la del viejo Código4. V. Conclusiones Si bien las facultades de derechos y las universidades tienden en determinados periodos a adaptarse en todas sus funciones al desarrollo de un perfil, tanto para docentes como los egresados de la carrera de abogacía, creemos necesario algunas precisiones para integrar las actividades científicas a la práctica profesional mediante la utilización del 2- Ver BRENNA, Ramón G. “El Digesto Jurídico. Un camino hacia la democratización de la información jurídica” en Diario La Ley 22/11/2011, 1. 3- Ver LEZCANO J. y TOTINO SOTO. M. “Escenario normativo contemporáneo y el ejercicio de la abogacía” en el Suplemento de Práctica Profesional (elDial.com - DC18D7), 2012. 4- LEZCANO, Juan M. “La investigación en el derecho y su vinculación con la práctica profesional” elDial.com - DC1AD7

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El Método Socrático en relación a la formación de competencias para audiencias ante Tribunales Superiores 6 método socrático. Ya que al discutir el perfil de los futu- ros abogados que formamos; en el sentido de que los mismos pueden convertirse solamente en "técnicos jurídicos" dejando de lado la formación de "ingenieros jurídicos”, es decir de quienes piensan y crean las instituciones jurídicas creemos necesario aportar las siguientes ideas: 1. Profundización de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, adquiridos en la/s ciencia/s que son objeto de su formación profesional y plasmarlos en trabajos académicos desde la materias especificas; 2. Intensificación del aprendizaje de los métodos de investigación científica aplicada a las ciencias que son objeto de su formación profesional; 3. Lograr estímulos que motiven el interés y desarrollo de trabajos de investigación aplicada que permitan fortalecer los aprendizajes recibidos; 4. Favorecer y acompañar un estado de reflexión permanente de los egresados acerca del contenido y alcances de la formación profesional que vienen sobrellevando en la Universidad; 5. La promoción de la cultura jurídica que fortalezca la competencias mediantes diferente métodos pedagógicos para el desenvolvimiento tanto del estudiante avanzado como del novel abogados en la escenario de las audiencias antes superiores tribunales. VI. Bibliografía BRENNA, Ramón G. "El Digesto Jurídico. Un camino hacia la democratización de la información jurídica" en Diario La Ley 22/11/2011, 1 NINO, Carlos, "Un país al margen de la ley", Emecé, 2ª edición, Buenos Aires, 1992. LEZCANO J. y TOTINO SOTO.M. "Escenario normativo contemporáneo y el ejercicio de la abogacía" en Revista digital elDial.com (DC18D7), 2012. TANTALEÁN ODAR , Christian F. “El proceso de enseñanza aprendizaje en el derecho y su relación con el método mayéutico de sócrates” en línea en http://www.derechoycambiosocial.com/revista017/aprendizaje%20en%20el%20derecho.htm

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Breves reflexiones del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación 7 Mgter. Viviana Teresita Vallaro, Abogada, Magíster en Magistratura y Derecho Judicial, Univ. Austral - Adjunto de Derechos Sucesorios, UGD - Poder Judicial Posadas - Misiones. Argentina. vivianavallaro@yahoo.com Mgter. Martín Rubén López, Abogado, Especialista en Técnicas de Litigación. Magíster en Magistratura y Derecho Judicial, Univ. Austral. Adjunto de Derecho Comercial y Empresarial, UGD. Poder Judicial. Posadas, Misiones.Argentina. martinrubenlopez@gmail.com “Los jueces son, en cuanto ministros de la ley, servidores del derecho para la realización de la justicia, que puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas, derivadas razonablemente del ordenamiento jurídico vigente...incluso en los principios que lo integran para la decisión de los casos concretos” Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación1 Sumario: En el presente trabajo se analiza el deber de motivación de los jueces y su relación con el principio de razonabilidad aplicable a toda decisión jurisdiccional, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil y Comercial recientemente sancionado. A través del pensamiento de destacados juristas nacionales, así como del panorama brindado por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y la destacada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se podrá visualizar que las decisiones razonablemente fundadas componen la garantía del debido proceso legal. El deber de fundamentar las sentencias es hoy parte del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Palabras claves: Juez - Deber de resolver - Razonabilidad - Sistema Interamericano de Derechos Humanos Introducción El deber de los jueces de resolver los casos sometidos a su jurisdicción se encontraba contemplado en el art. 15 del Código Civil de Vélez Sarsfield. El nuevo art. 3 del Código Civil y Comercial (CCyC) formula un agregado no previsto en el mencionado art. 15, al expresar que “la decisión debe ser razonablemente fundada”. Esta innovación abre el análisis hacia el deber de los jueces de fundar sus sentencias que tiene como correlato el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada o motivada por parte del órgano jurisdiccional. El derecho-deber de motivar las sentencias constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva o al debido proceso, contemplado en la nueva visión dada al art. 18 de la Constitución Nacional. Es que el art. 18, establece las reglas, principios y garantías del debido proceso, tanto sustantivo como adjetivo. De la inviolabilidad de la defensa en juicio, se deriva el derecho al proceso, pues para que exista defensa, debe previamente asegurarse mediante garantías que el mismo se desarrolle debidamente y además que se tenga oportunidad de acceder al proceso. Justamente, el debido proceso legal ha ido evolucionando, desde el derecho a la defensa en juicio y el derecho a la jurisdicción, a un derecho fundamental a la protección eficaz por parte de los tribunales de justicia, denominado derecho a una tutela judicial efectiva2. Esta nueva visión del art. 18, viene a complementarse con la expansión del bloque de constitucionalidad que a través de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos -art. 75 inc. 22 Constitución Nacional (CN)- debe ser analizado a la luz de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina, al ratificar por medio de la Ley Nº 23.054 (sancionada en Marzo de 1984) la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, acepta y reconoce la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el deber de motivación de la sentencia constituye un componente fundamental de las garantías del debido proceso legal. Pero además de fundada, el precepto bajo análisis establece que debe ser “ra- 1- CSJN, 10/7/2012, Fallos: 335:1305 2- Cfr. TOLLER Fernando M., “El moderno derecho a la tutela judicial efectiva: de las garantías formales al derecho a la protección de los derechos materiales”, Derecho Administrativo, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, legislación y práctica”, 45, (2003), 543.

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Breves reflexiones del art. 3 Código Civil y Comercial de la Nación 8 “Resulta imprescindible que la sentencia explicite los argumentos de derecho o de hecho en los que funda sus conclusiones decisivas, ya que cabe reiterar- la falta de argumentación básica de sus fundamentos priva a los justiciables del más elemental derecho de fiscalizar el proceso reflexivo del sentenciador”. zonada” es decir sus fundamentos deben abarcar tanto el camino lógicoracional, o conforme a la razón, como el aspecto sustantivo o axiológico, el camino de “lo justo”. El presente trabajo aborda la motivación de las sentencias judiciales analizando el art. 3 del CCyC, partiendo del Anteproyecto de reforma, presentado por la Comisión Redactora del Código, pasando por el panorama brindado por el Código de Ética Iberoamericano, para ahondar en el tratamiento del tema en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Utilizamos en el desarrollo del trabajo extractos de las tesis de Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, como aportes sustanciales al contenido del artículo analizado. Decisión razonablemente fundada En los fundamentos de la Comisión redactora del anteproyecto se afirmó que “se regula la obligación de decidir, dirigida a los jueces, conforme con la tradición en nuestro Código Civil” y agregan que la decisión debe ser razonablemente fundada, “esta disposición se aplica extensivamente a todos los jueces que deben decidir casos con obligación de fundarlos”3. Así el nuevo CCyC revaloriza el rol de los jueces en la resolución de los conflictos judiciales. Entonces, además de estar fundada, se exige que tal fundamentación sea razonable. Así el adverbio utilizado “razonablemente” indica que debe ser conforme a la razón, como un acto de discurrir el entendimiento, argumento o demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa. Así la norma consagra, el principio de razonabilidad, ya precedido en la Constitución Nacional, en la jurisprudencia nacional y en el sistema interameri- cano; y ahora expresamente en el CCyC, al estipular que la razonabilidad es lo contrario de la arbitrariedad. Es útil recordar que, en el Estado de Derecho Constitucional en que vivimos, es trascendente que el juzgador fundamente las decisiones jurisdiccionales. Como sostiene el Alto Tribunal correntino, al referirse a este tema: “… Resulta así imprescindible que la sentencia explicite los argumentos de derecho o de hecho en los que funda sus conclusiones decisivas, ya que, cabe reiterar, la falta de esta argumentación básica de sus fundamentos decisivos priva a los justiciables del más elemental derecho de fiscalizar el proceso reflexivo del sentenciador.” Agrega que “… A la par que posibilita el control social difuso sobre el ejercicio del poder por los jueces, ya que destinatarios de las resoluciones judiciales no son solamente las partes de un litigio dado sino también y fundamentalmente, el pueblo, Juez de los jueces”4. Entiendo que exigir a los jueces que sus sentencias sean razonablemente fundadas no es producto del imaginario de los justiciables, sino que es una acción con basamento constitucional conforme a la cual las decisiones judiciales deben contener una resolución clara, cierta y motivada de los asuntos que generaron su expedición. Como sostiene Leandro Guzmán “la motivación de la sentencia es una garantía estructural de una jurisdicción democrática, de la independencia del juez y del proceso, del respeto por el principio de defensa en juicio y del interés de la comunidad”5. Y señala Rodolfo Vigo que “las sociedades democráticas imponen un esfuerzo justificatorio especial por parte de aquellos que ejercen el poder. El mero argumento de autoridad ya no satisface en el ámbito de una cultura que desconfía del poder y que se nutre del 3- Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación Comisión de Reformas Decreto 191/2011 - http://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf 4- STJ de Corrientes, “M., O. A. c/ F., A. M”, 25/09/2014, en Revista Actualidad Jurídica. Familia y Niñez, n° 127, año X, noviembre, Córdoba, Nuevo Enfoque, 2014, 4062. 5- GUZMÁN, Leandro, Derecho a una sentencia motivada, Ed. Astrea, 2003, 11.

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Breves Reflexiones Del Art. 3 Código Civil y Comercial de la Nación 9 pluralismo. Esas razones de índole política y social han fortalecido la necesidad de motivación que pesa sobre los jueces…”6. La argumentación no sólo abarca la justificación interna -consistente en la necesidad de explicar y describir el camino lógico-jurídico que el juez ha recorrido- sino también la justificación externa -que refiere al contenido sustancial de la decisión, los valores y principios presentes en la resolución-7. El art. 3° debe ser analizado conjuntamente con el art. 2° del Código Civil y Comercial que dice: "... La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento". Estas pautas interpretativas, constituyen un universo de herramientas para que los fallos judiciales sean una decisión razonablemente fundada. Además, el Código Iberoamericano de Ética Judicial explicita en qué consiste el deber de motivar la sentencia. Así el art. 19 indica: “Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión” y el art. 20 agrega: “Una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión arbitraria, sólo tolerable en la medida en que una expresa disposición jurídica justificada lo permita”. La fundamentación de las decisiones judiciales constituye una garantía del correcto ejercicio del poder conferido a las instituciones judiciales; pese a que aún hoy, persiste en algunos ámbitos, la visión pretendidamente objetiva y aséptica del derecho, siendo que la perspectiva juridicista del paradigma del Estado de Derecho decimonónico8 ha entrado en franco retroceso. Más aún, cuando en los tiempos actuales predomina el paradigma del Estado de Derecho Constitucional y Convencional, que requiere una labor más creativa del juez. Esta labor creativa -opuesta a la labor del juez como boca de la ley- no implica describir y sistematizar sin ningún compromiso de valores. Al contrario, se advierte una irrupción de valores, principios y derechos fundamentales que cargan al derecho de un contenido moral ineludible9. Motivación de la sentencia en el sistema interamericano El deber de motivación de las sentencias que pesa sobre los jueces es una consecuencia del sistema republicano y democrático de gobierno que exige la justificación del ejercicio del poder. En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el deber de motivación de las sentencias es un componente de la garantía del debido proceso legal, y debe ser interpretado a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso “Apitz Barbera”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”10. En los casos “Yatama vs. Nicaragua” y “Chaparro Álvarez vs. Ecuador”, también expresó: “El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los ór- “Una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión arbitraria, sólo tolerable en la medida en que una expresa disposición jurídica justificada lo permita”. 6- VIGO Rodolfo Luis, Interpretación jurídica (del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas perspectivas), Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006, 36. 7- Ibidem 8- VIGO Rodolfo Luis, “La ética en la interpretación judicial”, en Cianciardo Juan (coord.), La interpretación en la era del neoconstitucionalismo. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2006, 345 ss., 346. 9- Cfr. Idem, 347. 10- Corte IDH, “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela”. Sentencia del 5 de agosto de 2008, pár. 77.

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Breves reflexiones del art. 3 Código Civil y Comercial de la Nación 10 “La motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. ganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”11. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala: “El deber de motivación es una de las garantías incluidas en el art. 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso”12. En el mismo caso refiere al contenido del deber de motivación sosteniendo que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado… la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”13. Resulta determinante para interpretar el alcance de la garantía de motivación de las sentencias -como parte integrante del debido proceso- realizar en cada caso un control de convencionalidad. Por lo tanto compete al Estado Argentino y en particular al Poder Judicial, realizar en el marco del control de convencionalidad, el análisis de la Convención y de la interpretación de la misma por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al alcance del deber de motivación de las sentencias judiciales. Como corolario de lo expuesto hasta aquí, cabe destacar que el deber de motivación es un componente más de la garantía del debido proceso legal, que implica la necesaria función de los órganos jurisdiccionales de los Estados partes del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, de resolver las decisiones sometidas a su conocimiento teniendo en cuenta lo alegado por las partes y las pruebas analizadas en el proceso. Conclusión Para concluir, consideramos -por un lado- que la novedad del artículo bajo análisis se encuentra en el agregado final, en la expresión "mediante una decisión razonablemente fundada", de la mano del Estado de Derecho Cons- titucional y Convencional que vivimos, exige justificar a los jueces mejor las decisiones, abandonando formalismos y prácticas inconducentes, para pasar a explicar de un modo claro las verda- deras razones que motivan la decisión, mejorando el contenido argumental y posibilitando el control de lo decidido por los interesados. El deber apuntado no es menor, si re- paramos en las deficiencias que la prác- tica del derecho suele mostrar a través de textos que presentan escasez o au- sencia total de argumentos, falacias de distinto tipo, argumentación incondu- cente o incoherente con la conclusión, recurrencia interminable a citas y trans- cripciones que no siempre guardan re- lación lógica y concreta con las postulaciones o resoluciones que pre- tenden fundarse Y por otro lado, conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos entendemos que el deber de motivar las decisiones judiciales, es un compo- nente de la garantía del debido proceso legal y recae por igual sobre todos los órganos jurisdiccionales de los Estados parte del sistema. Es así que el juez –expresamente in- dicado en el art. 3 del CCyC- que debe dirimir los asuntos que caen bajo su ju- risdicción mediante una decisión ra- zonablemente fundada. Conjuntamente con este recaudo, la resolución judicial deberá contener los argumentos jurídicos respetando la 11- Corte IDH, Caso “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador”. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, pár. 107. Caso “Yatama vs. Nicaragua”. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153. 12- Corte IDH, “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela”. Sentencia del 5 de agosto de 2008, pár. 78. 13- Idem.

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Breves reflexiones del art. 3 Código Civil y Comercial de la Nación 11 subsunción de los hechos al derecho, con estricta adecuación a los mandatos constitucionales y convencionales emergentes de la Constitución Argentina, muy especialmente los vinculados a los tratados constitucionalizados (art. 75. inc. 22 C.N.), y la jurisprudencia emanada de la aplicación de dichos instrumentos. FINIT CORONAT OPUS Bibliografía • Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Julio César Rivera y Graciela Medina (Dir.), T.I, La Ley, Buenos Aires, 2014. • Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Se- bastián Picasso (Dir.), T. I, Infojus, 2015. • DEPETRIS, Carlos Emilio, “Hacia un cambio en la práctica jurídica: Notas sobre el Capítulo 1 del Título preliminar del Código Civil y Comercial”, 2015 infojus.gov.ar Id DACF150652, 2015. http://www.infojus.gob.ar/carlos-emilio-depetris-hacia-cambio-practica-juridica-notas- sobre-capitulo-1-titulo-preliminar-codigo-civil-comercial-dacf150652-2015-06- 01/123456789-0abc-defg2560-51fcanirtcod (última visita 30/11/2015) • Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Comisión de Re- formas Decreto 191/2011 en Nuevocodigocivil.com http://www.nuevocodigocivil.com/wp- content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf (última visita 30/11/2015) • GUZMÁN, Leandro, “Derecho a una sentencia motivada”, Ed. Astrea, 2003. • MASCIOTRA, Mario, “Deber de fundar las sentencias”, La Ley 2013-F. • PORRAS, Alfredo Rafael, “Decisión razonablemente fundada: principio de razonabilidad”, La Ley Gran Cuyo 2014 (diciembre), 1178, AR/DOC/4277/2014. http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a000001 51600bfecd2eabd6dc&docguid=i5D4FF1EB77D2056BC5BA095C286E1D75&hitguid=i5D4FF1 EB77D2056BC5BA095C286E1D75&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB87AF31C98881AF32 BE7421AC4E&searchFrom=&savedSearch=false&context=7&crumb-action=append (última visita 30/11/2015) • TOLLER, Fernando, “El moderno derecho a la tutela judicial efectiva: de las garantías formales al derecho a la protección de los derechos materiales”, Derecho Administrativo, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, legislación y práctica”, 2003 • VERBIC Francisco, “Motivación de la sentencia y debido proceso en el sistema interameri- cano”. La Ley, 2014-A. • VIGO Rodolfo Luis, “Interpretación jurídica, (del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas perspectivas)”, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006. • VIGO Rodolfo Luis, “La ética en la interpretación judicial”, en Cianciardo Juan (coord.), La interpretación en la era del neoconstitucionalismo. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2006.

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12 Los paradigmas del Poder de Imperium Del enfrentamiento a la intermediación Germán Luis Noguera, Abogado y Procurador (UCSF - 2007) egresado Summa Culmen Gaudem; Contador Público (UNaM - 1995); Especialista en Tributación (UNaM - 2012) y Especialista en Sindicatura Concursal (UNaM - 2012). Es Profesor de cursos de grado en la Universidad Gastón Dachary (UGD – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas). Doctorando en el área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha dictado cursos de posgrado en el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Autor de artículos de su especialidad en varias publicaciones. SUMARIO: En el presente trabajo el autor pretende exponer de manera sucinta, los paradigmas del derecho público a la luz de la doctrina mayoritaria por una parte, para luego compararlo con el paradigma propuesto por el Dr. Carlos F. Balbín. Ambos paradigmas son analizados bajo el tamiz del principio de igualdad, concebido como aquella garantía que en términos formales requiere del legislador otorgar igualdad de trato a los habitantes que se encuentren en igualdad de condiciones, en tanto que desde el punto de vista material se exige del Estado legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Finalmente se destaca a la desigualdad de trato como aquel atributo del poder imperio del Estado que permite distinguir a las normas públicas de las privadas. I. Introducción En las páginas que siguen se aborda el alcance del poder de imperio del Estado, considerando el criterio de la doctrina clásica en primer lugar, que se caracteriza por oponer los derechos subjetivos del ciudadano con el ejercicio o resultado de las competencias atributivas del poder, para luego analizar el criterio sugerido por el Dr. Carlos Francisco Balbín, por el cual se propone considerar al Estado como un intermediario entre los derechos subjetivos de los ciudadanos, antes que enfrentados. Para el desarrollo de los criterios reseñados se recurrirá al principio de igualdad, contemplado formal y materialmente en los artículos 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, por resultar dicho concepto un parámetro inescindible del análisis orientado a la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos. Actualmente, existe un generalizado consenso en la doctrina de incluir en el campo del derecho público -comprensible de privilegios y limitaciones- a aquellas disciplinas asociadas a la noción de autoridad, soberanía o desigualdad1 -v.g.: derecho constitucional, tributario y administrativo- sobre la base del enfrentamiento entre el poder inherente al Estado, con los derechos subjetivos de los ciudadanos. Conviene aclarar respecto del alcance de tales términos, que el ciudadano no debe ser considerado un súbdito del poder, del Estado o de la Administra- ción, debiendo el derecho regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ponderando el parámetro de desigualdad o asimetría que se verifica entre las potestades públicas y los derechos de los ciudadanos2. Jurídicamente, entendemos que una norma es de derecho privado en la medida que contemple la vigencia del principio de igualdad entre las partes, ubicando en el campo de las normas de derecho público a aquellas relaciones que tienen en cuenta el principio de justicia redistributiva, para lo cual se ha de valer de los privilegios o prerrogativas que justifican el extremo opuesto que se verifica a través de relaciones de desigualdad entre las partes. Desde el plano sustantivo del derecho público, los derechos fundamentales se pueden distinguir del poder estatal, por el destinatario de tales conceptos, teniendo en cuenta que únicamente los individuos o personas se pueden erigir como únicos titulares de derechos, en tanto que el Estado lo hace como único depositario del poder que nace de un acuerdo entre partes (individuos), pudiendo ser ampliado o limitado en su alcance a través de las garantías destinadas a proteger los derechos fundamentales. Sobre tales premisas, se afrontará la situación de desigualdad que se revela entre las prerrogativas propias del Estado, con relación a los derechos individuales, sin que ello implique asumir una posición de enfrentamiento como 1- Salomoni, Jorge L. Originalidad del Fundamento de la Responsabilidad del Estado en la Argentina (Alcances y régimen jurídico con especial referencia a la extracontractual). El Derecho. Suplemento de Derecho Administrativo. Bs. As. 29/03/2000. Pág. 619. 2- Schmidt-Abmann, Eberhard. Le teoría General del Derecho Administrativo como Sistema. Madrid. Marcial Pons. 2003. Págs. 21/22.

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Los Paradigmas Del Poder Imperium. Del Enfrentamiento A La Intermediación 13 se ha planteado hasta la fecha por parte de los partidarios de la doctrina contemporánea mayoritaria. El análisis que se propone requiere abordar el estudio de la función política del Estado, concibiéndolo como un intermediario entre los derechos de los ciudadanos, en su rol de destinatarios de las prestaciones públicas a cargo del Estado, como también de los contribuyentes cuyas prestaciones de dar, hacer o no hacer, se encuentran destinadas a cubrir el financiamiento de las prestaciones públicas. 1.1. El paradigma actual del Derecho Público Considerando que la igualdad ha sido estipulada como una relación que responde a dos preguntas: (a) ¿Igualdad entre quienes?, e (b) ¿Igualdad en qué?3, con la aclaración de que “no es posible encontrar en la realidad una relación de igualdad absoluta…” puesto que “… la igualdad es siempre una abstracción desde un punto de vista determinado de una desigualdad dada”4. De modo concordante con lo expuesto, la igualdad ha sido definida como una relación entre dos o más objetos, los cuales coinciden en un elemento tomado en consideración5. Atendiendo el alcance del concepto de igualdad, ¿existe un parámetro de comparación que permita establecer si entre el Estado y los habitantes existe igualdad frente a la norma jurídica que regule el vínculo entre ambos sujetos? Desde el plano subjetivo, el problema se plantea por el hecho de encontrarse comprendida la persona del ciudadano entre los elementos naturales que conforman el “Estado”, provocando dicha particularidad que la comparación entre ambos sujetos resulte abstracta, por en- contrarse incluido el primero de los conceptos citados entre los elementos esenciales del último concepto. Trazando un paralelo con dicho extremo, se puede apreciar la irracionalidad del criterio señalado, en la pretensión de comparar un determinado órgano del cuerpo humano considerado en forma aislada, con la totalidad del cuerpo humano. De lo expuesto surge que toda confrontación de competencias derivadas del ejercicio del poder, con los derechos subjetivos atribuidos a los ciudadanos, encierra el problema de no El ciudadano no debe ser considerado un súbdito del poder, del Estado o de la Administración, debiendo el de- recho regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. contar con un parámetro común que facilite dicha comparación. El actual paradigma que provoca incertidumbre, crisis y conflicto en el campo del conocimiento dogmático del derecho público, obedece a que el mismo pretende acceder al conocimiento suficiente y necesario inherente al equilibrio entre el poder y los derechos de las personas, vale decir, enfrentando el poder con los derechos, sin reparar en la imposibilidad de llevar adelante con meridiana expectativa de éxito dicho estudio. Antes de abocarnos a la distinción del objeto de estudio del derecho público y privado, debemos orientar nuestra búsqueda en el enfoque que adopta el Estado como sujeto de derecho público, ponderando los siguientes elementos: 1. El poder estatal, que debe estar ordenado y justificado de modo idóneo para la satisfacción del interés público; 2. La organización de competencias decisorias, gestionadas responsablemente por ese poder público; 3. Un procedimiento interno y externo para concretar la expresión legítima de esas decisiones; 4. La capacidad directiva y de programación de decisiones que, por su trá- mite y finalidades, pueden ser impuestas más allá de un marco preciso e incluso frente a quienes no las hayan consentido específicamente.7 En dicho esquema, cabe preguntarse si permiten los indicadores señalados distinguir al Estado de los habitantes. La respuesta dependerá de las premisas que se adopten en materia de igualdad o de desigualdad, para luego definir el lugar que el mismo ha de ocupar en el campo de las relaciones jurídicas públicas. Sostiene Balbín7 que en este punto no es posible pensar y construir el derecho administrativo desde el campo de los derechos individuales exclusivamente, siendo necesario redefinir dicho pilar en términos de derechos sociales y colectivos que permitan repensar las reglas e institutos de nuestro conocimiento a partir del nuevo enfoque. Ello responde al análisis del procedimiento administrativo o contencioso administrativo judicial, que no resulta ser igual desde el plano de los derechos individuales que incorporando en su caso los derechos 3- BOBBIO, Norberto. “Igualdad y Libertad”. Introducción de Gregorio Peces Barba. Ed. Paidós I.C.E.| U.A.B. Pensamiento Contemporáneo 24. Barcelona. 2000. Pág. 54. 4- RADBRUCH, G. Filosofía del derecho. Ed. Revista del derecho privado. Madrid. 1944. Pág. 46. 5- ROSSANO C. “L’eguaglianza giuridica nellórdinamento constituzionale”. Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene. Napoli. 1966. Págs. 224,255, citado por Didier, María Marta. El principio de igualdad en las normas jurídicas. Ed. Marcial Pons. Bs. As. 2012. Pág. 22. 6- Schmidt-Abmann, Eberhard. Ibid. Pág. 295. 7- Balbín Carlos F. Manual de derecho administrativo. Ed. La Ley. 2ª Ed. Bs. As. 2013. Pág. 28.

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Los Paradigmas Del Poder Imperium. Del Enfrentamiento A La Intermediación 14 El nuevo paradigma exige enfrentar a los derechos versus otros derechos, sobre la base de principios, reglas e institutos propios, con el objeto de contener el ejercicio del poder del Estado, asumiendo que el mismo se habrá de verificar entre los diversos derechos del ciudadano con intermediación del poder estatal. sociales o los nuevos derechos colectivos. Se trata de demarcar el vínculo entre Estado, derecho e individuos, en las siguientes premisas: i. Si el Estado debe servir a los ciudadanos y no de manera viceversa; ii. Si el derecho público (abarcativo del Constitucional, Administrativo y Tributario) entendido como regímenes de relaciones asimétricas, debe ceñirse a una directriz igualitaria, orientada a establecer reglas para el ejercicio razonable de competencias estatales tendientes a garantizar derechos y reducir la desigualdad entre los ciudadanos8. 1.2. Hacia un nuevo paradigma del Derecho Público El conflicto señalado al describir el paradigma clásico exige repensar el concepto de los derechos y del poder mismo, sus prerrogativas y límites. Igualmente de profundo y complejo es el modo de resolución del conflicto, porque no constituye un simple intento por redefinir el límite del poder y el contenido de los derechos, sino también de repensar el otro paradigma básico del derecho público que es el interés público, vale decir, la justificación del derecho. Entre los diferentes elementos que intervienen desde esta perspectiva encontramos9: 1. El poder y su justificación, es decir, el interés público; 2. Las prerrogativas y sus límites; 3. Los derechos de las personas; 4. El equilibrio entre el poder y los derechos. El aporte intelectual que se destaca en el esquema del Dr. Balbín, señala que el paradigma no está dado por el equilibrio entre poderes y derechos subjetivos como se planteó en términos históricos, ni debe ser el conflicto entre “Poder versus Derechos”, por tratarse de un esquema diferente de “Derechos versus Derechos”. De este modo, el objeto estudio del derecho público se deberá enfocar en la intermediación estatal entre derechos, antes que en el enfrentamiento del poder con los derechos. Mientras que el fundamento del derecho privado se encuentra constituido por los límites de las libertades y los derechos individuales en función del interés de los otros individuos; el fundamento del derecho público se apoya en el respeto y protección del bien común, antes que en el interés o bien de cada individuo. Juan Linares Quintana diferenciaba lo público y privado, precisando que “... por lo menos todo lo que se refiere a la organización del sujeto estatal que ejerce la administración, en especial del poder ejecutivo, a las formas del ejercicio de la función, a gran parte de los medios que ella utiliza y a la competencia en sentido estricto, tiene las características de derecho predominantemente público”10. Así como el derecho público parte de un concepto de estado mínimo11, el estado social y democrático de derecho, exige completar conceptos tales como el del acto administrativo y de derechos individuales, el de reglamentos y servicios, derechos sociales y personas activas. El nuevo paradigma exige enfrentar a los derechos versus otros derechos, sobre la base de principios, reglas e institutos propios del derecho administrativo, con el objeto de contener el ejercicio del poder del Estado -entendido como el conjunto de prerrogativas que persiguen el reconocimiento de derechos versus otros derechos-, asumiendo que el mismo se habrá de veri- 8- Cassese, Sabino. Las bases del Derecho Administrativo. Madrid. MAP. 1994. Pág. 69. “… Con la transformación de los poderes constitucionales … se han adoptado, en efecto, cada vez más leyes dirigidas a asegurar la igualdad entre los ciudadanos entendida en sentido sustancial. Estas leyes, han llamado a las Administraciones para que sean quienes garanticen tal igualdad, mediante la prestación de servicios tales como el de la enseñanza, el sanitario, el de la seguridad social, etc”. 9- Balbín Carlos F. Ob. Cit. Pág. 29. 10- Linares, Juan F. Caso Administrativo no Previsto. Bs. As. Astrea. 1976. Pág. 86. 11- Donde concepto tales como actos administrativo, derechos individuales -básicamente la libertad y la propiedad- y el administrado reflejan este criterio.

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Los Paradigmas Del Poder Imperium. Del Enfrentamiento A La Intermediación 15 ficar entre los diversos derechos del ciudadano con intermediación del poder estatal. El criterio que adopta el Dr. Balbín, no analiza el derecho público desde el enfoque del poder y sus prerrogativas, sino que lo hace desde el plano de los derechos fundamentales asumidos como límite y justificación del propio poder. Vale decir, estudiando las funciones estatales administrativas pero sin prescindir de los derechos fundamentales. En suma, se trata de asumir un enfoque desde el lugar de los derechos inherentes a los individuos enfrentados entre sí, pero con la intermediación del Estado, que en el esquema Aristotélico interviene mediante el ejercicio de prerrogativas propias de la justicia legal o general12, al considerar las relaciones que se fundan en lo debido a la comunidad por los individuos que la componen y ordenando todas las demás virtudes al bien general. 2. La desigualdad como atributo normativo público Dijimos anteriormente que el derecho público es abarcativo de disciplinas tales como el derecho constitucional, administrativo y tributario, por constituir el resultado del principio de justicia redistributiva para lo cual se ha de valer de privilegios y/o prerrogativas. Ello implica reconocer una situación de desigualdad, donde el Estado se ha de ubicar en un lugar de ventaja como titular de privilegios o prerrogativas respecto de los individuos titulares de derechos fundamentales. Precisamente, es a partir de tales atribuciones que el Estado se distingue jurídicamente de sus habitantes y que en términos comparativos justifica atribuirle un trato diferente, por la desigual- dad de circunstancias que abarcan no sólo el aspecto subjetivo, sino que además, comprenden el resultado de las competencias -que en materia pública se interpretan como autorizaciones que el ordenamiento le atribuye- para que el mismo pueda garantizar una igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Atendiendo al aspecto sustancial o del contenido de la prestación pública propiamente dicha, es posible advertir que el fundamento que da origen a las reglas del derecho público, revelen una nota de desigualdad de trato entre las partes -individuos y Estado- antes que de igualdad, dada por los privilegios estatales, entre los que se pueden mencionar el carácter ejecutorio de sus actos, el régimen especial de los bienes de dominio público, el agotamiento de las vías administrativas, la presunción de legitimidad de los actos administrativos y el carácter meramente revisor de los tribunales sobre las decisiones del Ejecutivo. Cabe advertir respecto de la relación jurídica pública que se ha de verificar cuando el Estado intervenga en el ejercicio de su poder de imperio frente a los habitantes, la habitual confusión que se presente con respecto a su contenido, que al provenir de una misma fuente de derecho para ambos sujetos (Estado y ciudadanos), conduce a interpretar erróneamente que los mismos se encuentran en una situación de igualdad frente a la norma de donde surgen dichas relaciones jurídicas. Sobre el particular, dice Coviello que “es ésta la distinción más antigua que se ha hecho de las normas jurídicas; pero Mientras que el fundamento del derecho pri- vado se encuentra constituido por los límites de las libertades y los derechos individuales en función del interés de los otros individuos; el fundamento del derecho pú- blico se apoya en el respeto y protección del bien común, antes que en el interés o bien de cada individuo. 12- Cassagne, Juan Carlos, Ibídem, Pag. 61. La Justicia Como Fin Del Estado. Santo Tomas De Aquino, Suma Teológica, t. VII, Pág. 271 -2.2 A. 58 a.1.-. “La justicia (que constituye una virtud superior)… cuya división en especies se origina en Aristóteles y luego es adoptada en la escolástica -aunque con algunas variaciones-. Se pueden distinguir la “justicia legal o general”, al considerar las relaciones que se fundan en lo debido a la comunidad por los individuos que la componen, ordenando todas las demás virtudes al bien general. De ello se sigue que todos los actos del hombre deben orientarse al bien común. Se desprende de esta doctrina que el bien del individuo debe subordinarse al bien de la comunidad siendo condición primordial para la existencia de la sociedad, la primacía del bien común. El contenido de la “justicia legal o general” comprende además de los deberes establecidos por las normas del llamado derecho positivo, aquellos que se deben a la comunidad por aplicación de los principios del derecho natural. Subordinada a la “justicia legal o general” se encuentra la “justicia particular”, cuyas especies son las llamadas “justicias conmutativa y distributiva”. Santo Tomás de Aquino expresó que la “justicia particular” es aquella que se ordena a una persona privada, pero que respecto de la comunidad es como la parte del todo. Ahora bien, toda parte puede ser considerada en un doble aspecto: 1) En la relación de parte a parte, el orden se encuentra dirigido por la “justicia conmutativa”. 2) En la relación del todo respecto a las partes, el orden se encuentra por la “justicia distributiva”, que busca repartir proporcionalmente los bienes comunes.

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