Ipso Iure Año 11 No. 21

 

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Ipso Iure Año 11 No. 21

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Ipso Iure Por el derecho mismo Año 11, Num. 21, Agosto 2016 Quién es Quién Mtro. Luis Marín Bolaños Artículos DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY (JURISPRUDENCIA EUROPEA). Dr. Isidro Mendoza García EL AMPARO ADHESIVO. Dr. Eduardo Tepalt Alarcón BREVES COMENTARIOS AL PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE. Mtro. Felipe Velez Teista EL JUICIO ORAL EN MATERIA MERCANTIL. Mtro. Gonzalo Pérez Hernández Portada: La Búsqueda de la Justicia (fragmento). Autor: Ismael Ramos. (Suprema Corte de Justicia de a Nación). Publicación Universitaria de Distribución Gratuita

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Ipso Iure Por el derecho mismo ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO Dr. Manuel Plata García Licenciado en Derecho por la UNAM, Especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM, Especialidad Judicial por el IEJ de la SCJN. Diplomado en Juicio Oral Acusatorio, Curso de Técnicas de Interrogación y Contra interrogación por la Western School Of Law, San Diego, California; Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Abogado Postulante, miembro del Claustro de Posgrado de Nuestro Instituto. Mtra. Gabriela Gaytán Aceves Miembro del Claustro Académico de Posgrado en Ciencias Jurídico Penales, Profesora en Educación Básica por la Escuela Nacional de Maestros, Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica nacional, Licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, Maestra por el mismo instituto, Perito Criminalista para la PGR, así como apoyo del FBI y Policía Francesa, Catedrática de diferentes Instituciones en el País. Dr. Juan Jesús Juárez Rojas Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Penal por la UNAM, Doctor en derecho por este Instituto, Licenciado en Relaciones Internacionales, Técnico en Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo de Recursos Humanos, por la UNAM. Miembro del Claustro de Posgrado de nuestra Alma Máter. Dr. Octavio Trueba Castellanos Licenciado en Derecho por la UNAM, Especialidad en Derecho Procesal Penal, por el INACIPE, Maestría en Ciencias Penales, por la Universidad Anáhuac, Curso de Amparo en Materia Fiscal, Diplomado en Amparo Penal, Diplomado en Amparo. Miembro del Claustro de Posgrado de este Instituto. Lic. Gilberto Valdez Enríquez Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho campus III de la UNACH, Diplomado en Derecho Ecológico, Abogado Postulante, profesor de diferentes materias de Derecho en diversas Instituciones del estado de Chiapas, miembro del Claustro Académico de Licenciatura de nuestro Instituto. Mtro. Julián Cisneros Contreras Licenciado en Derecho FES Aragón de la UNAM, Maestro en Ciencias penales, Diplomados en Derecho Penal, en Juicio Acusatorio, con Especialidad en Ciencias Penales. Miembro del claustro de posgrado de nuestra Alma Máter. Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Licenciado en Derecho, Maestro en Ciencias Penales y Doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, Ex presidente de la Academia Nacional de Criminalística por la CONCAAM, Ex delegado de la Confederación de Colegio de Abogados de México en Chiapas, Catedrático de diversas materias a nivel Licenciatura y Posgrado.

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17 17 14 12 10 08 06 03 02 Ipso Iure Por el derecho mismo Contenido Mtra. Gabriela Gaytán Aceves Artículos ¿Quieres leer los números anteriores? Ingresa a este Vinculo y podrás leer en linea o descargar todas las publicaciones anteriores http://ies.edu.mx/site/category/ipsoiure/ LA JURISDICCIÓN CONCURRENTE Y LA JURISDICCIÓN AUXILIAR EN MATERIA DE AMPARO. Dr. Manuel Plata García GENERALIDADES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. Dr. Juan Jesús Juárez Rojas ¿Y DÓNDE QUEDÓ EL PERITO? Mtra. Gabriela Gaytán Aceves ¿CÓMO LITIGAR CONTRA EL GOBIERNO? Dr. Octavio Trueba Castellanos ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA PROFESIÓN DE LA ABOGACÍA. Dr. Manuel Plata García LOS ORÍGENES DE LA PERFILACIÓN CRIMINAL. Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles BREVE OPINIÓN: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¿ES UN DEBER O UN DERECHO? Mtro. Julián Cisneros Contreras. Relevante Febrero - Agosto 2016 Cuadro de Honor 18 56 54 28 Ipso Iure Año 11, Núm. 21 Agosto de 2016 Director General.- Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Directora Administrativa.- Lic. Sofía M. Robles Loarca Diseño y Maquetación.- Ing. Raymundo A. Herrera Rodríguez, L.C.C. Luis Gerardo Serrano León. Corrección de Estilo.- Mtro. José A. Hernández Urbina Relevantes.- C. Sergio Arturo Gutiérrez Alfaro. Revista Semestral Publicada y editada por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, Av. Río Verde y Calle del Molino S/N, Colonia La Isla, C.P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tels. +52 (967) 678-56-69, 678-96-47, 631-61-63. Revista Universitaria de Publicación Gratuita, Prohibida su Venta, Prohibida su reproducción parcial o total sin el expreso permiso del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas”. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la opinión de este Instituto. Anuario Generación 2016 Maestría en Ciencias Penales Especialidad en Jurídico Penal Licenciatura en Derecho Generaciones con Anuario Histórico Doctores Honoris Causa Generaciones 2011-2016 Licenciatura Maestrías Doctorado Memoria Fotográfica Eventos Relevantes 2011-2016 Epígrafes

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Mtra. Gabriela Gaytan Aceves La maestra Gabriela Gaytán Aceves, es sin duda una gran académica, preocupada por la calidad en la enseñanza y por darle a sus alumnos parte de los vastos conocimientos que la respaldan. Oriunda de la ciudad de Puebla, Puebla. Cursó sus estudios básicos, en ese hermoso lugar, para más tarde iniciar una gran trayectoria académica y profesional, que a continuación detallaremos un poco. La maestra Gaytán es profesora en Educación Básica por la Escuela Nacional de Maestros, Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es además Licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales por el Colegio Libre de Estudios Universitarios y Maestra en Criminalística por el mismo instituto. Con el fin de seguir preparándose recibió distintos cursos dentro de los que sobresalen: Criminalística de Campo, Investigación Médico Legal de la Muerte, Investigación de Crímenes Violentos, Competencia Laboral en Criminalística de Campo, Ciber Criminalidad, Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Investigación en la Escena del Crimen, Investigación del Lugar de los Hechos, Argumentación Jurídica y Expresión Oral, Balística Aplicada en el Manejo de Armas de Fuego, Preservación de la Evidencia, Manejo y Aplicación de Software en el Análisis de Reconstrucción de Hechos, Investigación Criminal, Análisis y Procesamiento de la Escena del Crimen. Cursos recibidos y amparados por grandes instituciones nacionales e internacionales como: La Embajada Francesa en México, Academia Nacional de Seguridad Pública Departamento de Estado de los E. U. A., Departamento de Justicia de los Estados Unidos Grupo de Investigación Colombia. Estos han sido impartidos por la Procuraduría General de la República, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, etc. No es prudente olvidar, que dentro de su currículo destacan también la impartición de diversos cursos, conferencias y talleres. En los cuales su calidad académica y humana sobresalen a cada paso que da. Dentro de su haber profesional un largo expediente la respalda destacando grandes puestos como Perito Criminalista para la PGR, así como apoyo del FBI y Policía Francesa, es catedrática de diferentes Instituciones en el País así como miembro del Claustro de Catedráticos de posgrado de nuestra Alma Mater. 2 Ipso Iure Agosto 2016

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Artículo por Dr. Manuel Plata García LA JURISDICCIÓN CONCURRENTE Y LA JURISDICCIÓN AUXILIAR EN MATERIA DE AMPARO. 1. Jurisdicción en Materia de Amparo. Actualmente la jurisdicción en materia de amparo a través de la cual se ejerce el control constitucional y de convencionalidad, se encuentra establecida en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 1º de la Ley de Amparo, ambos preceptos en relación con el artículo 1°, fracciones I, III, IV, V y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que en los dos primeros numerales se dispone que los tribunales de la federación, resolverán las controversias que se susciten por los actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y de las garantías para su protección, en tanto que en el último precepto precisa cuáles son esos tribunales con dicha jurisdicción. Los artículos citados, disponen respectivamente lo siguiente: “Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.” Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: “I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” “Artículo 1o.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: Agosto 2016 Ipso Iure 3

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I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación; … III.- Los tribunales colegiados de circuito; IV.- Los tribunales unitarios de circuito; V.- Los juzgados de distrito; … …, y VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.” 2. Órganos del Poder Judicial de la Federación con Jurisdicción en Materia de Amparo. Indudablemente que, a la luz del apartado precedente, se desprenden con toda claridad los órganos que tienen jurisdicción en materia de amparo, recayendo tal facultad en los tribunales de la federación, siendo éstos los que detalla el último numeral transcrito, dentro de los que cabe destacar los órganos que no precisamente son de origen tribunales de la federación sino tribunales estatales o locales, de los cuales, unos tienen total jurisdicción, esto es, para tramitar en su integridad y resolver la controversia del amparo y otros sólo actuar como auxiliares para recibir la demanda y proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. todo acierto, la jurisdicción concurrente” Definitivamente, como ya lo adelantamos, comulgamos con la posición del Doctor Burgoa, en el sentido de que lo apropiado es hablar de jurisdicción concurrente y no competencia concurrente, en tanto que la jurisdicción refiere a la facultad para juzgar en materia de amparo que recae en los tribunales de la federación y, en cambio, la competencia alude a las reglas de quien tiene jurisdicción para conocer de un asunto atendiendo a la materia, territorio, grado y cuantía, en la inteligencia de que por lo que hace a la cuantía, desde hace muchos años no existe en materia de amparo, aunque hubo un largo lapso en que si existió, no sólo atendiendo al aspecto económico sino también a la naturaleza del conflicto. Si bien es cierto que esta jurisdicción ha tenido poca frecuencia en la práctica del juicio de amparo, lo cierto es que la ley abrogada la contemplaba expresamente en el artículo 37, en tanto que ahora en la nueva Ley de Amparo, ha desaparecido. La nueva Ley de Amparo, esto es la que entró en vigor el 3 de abril de 2013, tiene un error por omisión en cuanto a que por lo que hace a la jurisdicción concurrente, ya no la contempla en su articulado, lo cual no implica que no exista, pues en la Constitución si se encuentra debidamente establecida. Esto nos lleva a una interrogante ¿Qué sucede o va a suceder en la práctica con esta jurisdicción concurrente en el amparo judicial indirecto penal en que se debe materializar? 2.1. Jurisdicción o Competencia Concurrente. Es frecuente escuchar en el foro hablar indistintamente de “competencia concurrente” y “jurisdicción concurrente”, refiriéndose al conocimiento del amparo que se extiende al superior del tribunal responsable, sin embargo consideramos que lo correcto es referir a la segunda terminología, tal como igualmente lo consideró el extinto Doctor Ignacio Burgoa, en su obra “El Juicio de Amparo”, donde señala, refriéndose a la Ley abrogada, que: “otra de las modalidades introducidas por la Constitución y por la Ley deAmparo en materia de competencia en el juicio de amparo, es la concerniente a lo que se ha dado en denominar, con La interrogante planteada anteriormente obedece a que en la Constitución, concretamente en el artículo 107, fracción XII, subsiste dicha jurisdicción y no así en la vigente Ley de Amparo que es Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, entonces tenemos una contradicción entre la ley primaria y la ley secundaria. Ciertamente, el artículo 107, fracción XII, de la Constitución dispone lo siguiente: “La violación de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, 4 Ipso Iure Agosto 2016 las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.” ¿Entonces, a qué ley debemos estar, a la Constitución o a la Ley de Amparo? La respuesta es sencilla, obviamente atendiendo a la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Carta Magna, debemos estar a dicha supremacía y consecuentemente, la jurisdicción concurrente es evidente que prevalece y existe jurídicamente y en la práctica aunque no esté contemplada en la Ley de Amparo. Esta jurisdicción para conocer de amparo, sólo se limita a la materia penal respecto de actos emanados de autoridades judiciales locales o federales, por violaciones a los derechos de seguridad jurídica que tutelan los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución. No obstante todo lo anteriormente comentado sobre la jurisdicción concurrente en materia de amparo, cabe destacar una interrogante que no resuelve la Constitución ni la Ley de Amparo. En efecto, considerando que los tribunales unitarios de circuito, actualmente conocen, entre otros casos, de apelaciones contra resoluciones dictadas en procesos penales y de amparos contra actos de otro tribunal unitario, qué sucedería con la jurisdicción concurrente, si en un momento dado, el tribunal unitario de circuito, al resolver una apelación contra la negativa a otorgar el beneficio de la presunción de inocencia y con el mismo la libertad, contra una orden de aprehensión, contra un auto de formal prisión o contra auto vinculación a proceso, en que se aleguen violaciones a los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución, y el interesado quiera optar por la jurisdicción concurrente en amparo, la pregunta sería ¿En quién recaería la jurisdicción concurrente?, ¿acaso en los Tribunales Colegiados o en la Suprema Corte?, o en este caso ¿no existe la competencia concurrente? queda ahí la interrogante anotada para especular sobre ello. Tampoco podemos dejar pasar la oportunidad para poner de relieve la superficialidad que se tuvo en el “Diccionario Jurídico Mexicano” del

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Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, al tratar lo relativo a la jurisdicción concurrente pues, en nuestro concepto, emite una idea que, nos parece totalmente errónea. El Diccionario en cita sostiene que, la jurisdicción concurrente “Es la facultad otorgada a jueces y tribunales de distinto fuero o competencia, para conocer del inicio de un juicio por motivos especiales de tiempo o de lugar”. A fin de clarificar esto, es menester destacar que, tratándose de amparo, la competencia concurrente no siempre recae en tribunales de distinto fuero, pues tratándose de un juzgado de distrito con jurisdicción en proceso penal, tenemos que su superior jerárquico es un tribunal unitario de circuito, esto es, son tribunales del mismo fuero (federal); sin embargo, lo que si constituye un error imperdonable, es que en la idea emitida se sostenga que la competencia concurrente se da para conocer “del inicio de un juicio”, ya que dicha competencia, como es bien sabido, no se da para conocer del inicio de un juicio, sino para conocer de él en su integridad, esto es, con plenitud de jurisdicción, o sea, para recibir la demanda, substanciar el juicio y resolverlo. Es evidente que, los autores de esta parte del Diccionario en cita, confundieron la jurisdicción concurrente con la jurisdicción auxiliar de amparo, en cuyo evento, ciertamente, si se da jurisdicción “para conocer del inicio del juicio de amparo” en un juez de distinto fuero, siendo curiosa otra deficiencia más, pero ésta por omisión del Diccionario, ya que no se emite concepción alguna sobre la “jurisdicción o competencia auxiliar”, de ahí que consideremos que en tal obra de consulta no se analizaron debidamente a las jurisdicciones concurrente y auxiliar que existen tratándose de amparo judicial indirecto penal, lo cual nos parece muy lamentable, pues resulta imperdonable que una obra de tal naturaleza e importancia para el foro, tenga deficiencias y omisiones de semejante magnitud. 2.2. Competencia Auxiliar Esta competencia es llamada también “supletoria” por Don Alfonso Noriega en su libro “Lecciones de Amparo” , al referir a los casos en que un juez de primera instancia o cualquier autoridad judicial del lugar en tratándose de actos graves y urgentes, la demanda se puede interponer ante dichas autoridades locales. cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: Por su parte el extinto Doctor Burgoa, denomina a esta competencia auxiliar también como “anexa” en su obra “El Juicio de Amparo”, al señalar: “La competencia de que están investidas las autoridades judiciales que mencionan los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo se denomina anexa o auxiliar, porque la función de aquéllas propiamente se reduce a coadyuvar, mediante la preparación del juicio respectivo, con los jueces de distrito, en los lugares en que éstos no tengan su residencia”. Es pertinente señalar que las obra in supra citada fue escrita a la luz de la Ley de Amparo abrogada, lo que induce a realizar la aclaración en el sentido de que el número que refiere la actual Ley a dicha jurisdicción auxiliar, es el artículo 159 al regular la suspensión en materia penal. El propio Doctor Burgoa, refiere en su obra citada, que la competencia anexa o auxiliar fue establecida en la Ley de Amparo “...en vista de la urgencia de determinados casos, que ameriten la pronta intervención de la Justicia Federal para prevenir serios perjuicios y daños que pudieren sobrevenir al interesado”. La competencia auxiliar, anexa o supletoria, a diferencia de la concurrente, se otorga por la ley a los jueces de primera instancia o autoridades judiciales del lugar, en los términos que precisa el citado artículo 159 de la Ley de Amparo que, para mayor claridad procedemos a transcribir: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo.” “Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de Cabe destacar, por último, que esta competencia auxiliar, supletoria o anexa, al igual que la “jurisdicción concurrente”, la debemos denominar “jurisdicción auxiliar”, atento a que no hace referencia a materia, territorio, grado o cuantía, sino únicamente a uno de los tribunales que tienen jurisdicción en materia de amparo, aunque sea de manera muy limitada, como su denominación lo indica, esto es, auxiliando a la Justicia Federal. Agosto 2016 Ipso Iure 5

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Artículo por Dr. Juan Jesús Juárez Rojas GENERALIDADES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas y facultades inherentes al hombre, que por su importancia se tornan indispensables para su existencia. Menciona José Zamora Grant en su obra Justicia Penal y Derechos Fundamentales: “Se habla de derechos humanos como el género de una serie de prerrogativas generalmente contenidas en las codificaciones, pero que un derecho en cuanto tal no se encuentre incluido en algún o algunos de los sistemas jurídicos, no quiere decir que sea inexistente y que no deba respetarse.” Los derechos humanos, al incluirse en los instrumentos legislativos, adoptan modalidades específicas que pueden considerarse como especies del género derechos humanos. La modalidad en la que éstos se incorporaron durante muchos años en la Constitución Política mexicana fue como garantías individuales, hasta la reciente reforma de junio de 2011 en la que se adoptó el término derechos humanos. El Diccionario Jurídico Mexicano, explica a los derechos humanos como “…un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al ser humano, considerado individual y coercitivamente.” Estos derechos se han consolidado en la estructura jurídica del Estado contemporáneo. En consecuencia, este no sólo tiene el deber de reconocerlos sino además de respetarlos y defenderlos, concretando su actuación a los límites señalados en el marco jurídico que para tal efecto existe, mismo que le impone en determinados casos la obligación de abstenerse y en otros de actuar, con el fin de garantizar, precisamente a los individuos, la vigencia de sus libertades y derechos consagrados en la Constitución Federal como garantías de la persona. El término jurídico o expresión “derechos humanos”, según las épocas o lugares ha recibido y recibe denominaciones diversas. Así se habla de derechos naturales, de derechos innatos, de derechos fundamentales, de derechos individuales, de derechos de la personalidad, de derechos subjetivos, de derechos del hombre y del ciudadano o derechos públicos subjetivos, o de libertades publicas fundamentales entre otras. Jorge Carpizo al respecto comenta, “el tema de los Derechos Humanos es recurrente en la historia de la humanidad, porque está estrechamente ligado con la dignidad humana; tuvo gran impulso hace poco más de dos siglos, con las declaraciones norteamericanas y francesas sobre ellos; pero es especialmente después de la 6 Ipso Iure Agosto 2016

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Segunda Guerra Mundial y en estás últimas cuatro décadas cuando se convierten en una de las grandes preocupaciones de las sociedades y cuando el tema se internacionaliza…” La Organización de las Naciones Unidas manifiesta la siguiente definición: “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece en su artículo 6º la siguiente apreciación: “Los derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los Pactos, los Convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Analizaremos ahora los dos primeros artículos de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” “Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” El artículo 1°, refiere el derecho a la libertad; y a la propia condición de los seres humanos al nacer “libres”. Otro derecho básico es la igualdad, misma que reúne a los hombres como uno mismo, en dignidad y derechos. En la práctica del respeto y la identidad, de cada uno. El artículo 2° manifiesta frena la discriminación, y echa mano del principio de universalidad y se aplica a todos los individuos sin importar características, físicas, mentales, económicas, sociales. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresa: “Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.” Concluimos que los Derechos Humanos son prerrogativas o facultades inherentes al hombre, originarias desde su nacimiento y que evolucionan a lo largo de su vida, sin importar, ninguna característica biológica, física, intelectual o social de este y que el Estado debe respetar y proteger. Agosto 2016 Ipso Iure 7

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¿Y DÓNDE QUEDÓ EL PERITO?. Artículo por Mtra. Gabriela Gaytan Aceves Con el inicio del Sistema Acusatorio Adversarial, quedan atrás muchas prácticas viciadas y obsoletas, se pretende aniquilar la corrupción, despresurizar al agonizante sistema carcelario con la finalidad de “ahora sí” impartir Justicia y de “ahora sí” tener un efectivo sistema de reinserción social; pero ¿Es esto real?, ¿Sólo ganamos?¿Estamos quitando lo malo e implementando lo bueno? 8 Ipso Iure Agosto 2016 Probablemente como observadores pensamos que sí, sin embargo hay algunos aspectos que no deberíamos perder de vista... como ejemplo: el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que debiera ser del dominio de todas y cada una de las corporaciones que en algún momento en el desempeño de sus funciones llegan a actuar como Primer Respondiente en hechos que probablemente constituyen un delito; este protocolo debió ser estudiado, practicado y revisado antes de dar marcha al sistema por quienes serían sus operadores y como en cualquier cirugía el cirujano cuenta con todo el instrumental para llevar a cabo la operación quirúrgica que es de su encargo; el policía que interviene en un hecho probablemente delictivo debe conocer y tener dominio del Protocolo Nacional y debe además contar con todos y cada uno de los materiales necesarios para llevar a cabo dicha función. Tristemente, a pesar de que se tuvieron 8 años para preparar el inicio del sistema es en últimas fechas que se ha estado preparando a las policías en la aplicación del Protocolo Nacional del Primer Respondiente y a pesar de que ya se encuentra implementado el Sistema Acusatorio hay corporaciones que apenas están tomando esa capacitación y otras en las que el personal no cuenta con el material necesario para llevar a cabo esa labor como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dejaremos este problema logístico y administrativo para ocuparnos de otro problema menos visto pero sustancial.... El perito y su intervención en el Lugar de los hechos o lugar de Intervención. A la par del Protocolo Nacional del Primer Respondiente se publica el Protocolo Nacional del Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de Intervención, sobre la base de la necesidad de atender a la preservación y protección del Lugar de los hechos y de los Indicios en la inmediatez, sin dar espacio a la alteración del Lugar y los Indicios por razón de tiempo-distancia, problemática de arribo, condiciones climatológicas, peligrosidad, Etc. Es así que los cuerpos policiales han sido capacitados para procesar el Lugar de intervención cuando no se cuente con peritos que acudan al Lugar de los Hechos, para ello el Protocolo Nacional del Policía con capacidades para procesar el Lugar de la Intervención enuncia los siguientes pasos: Procesamiento. Inicia con las técnicas de búsqueda de los indicios o elementos materiales probatorios, y finaliza con la entrega de los mismos a la autoridad responsable de su traslado, y se integra con las fases siguientes: Observación. Inicia el procesamiento mediante la observación, la cual deberá ser ordenada, minuciosa, exhaustiva y completa.

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Búsqueda. Establece la técnica de búsqueda de acuerdo a las características del lugar. Localización e identificación. Localiza e identifica los indicios o elementos materiales probatorios, asignando número, letra o la combinación de ambos. Evaluación intermedia. Realiza la evaluación intermedia del lugar de intervención, la cual se lleva a cabo posterior a la observación, con el fin de planificar los métodos y técnicas para la fijación a desarrollar, así como para el procesamiento de los indicios. En caso de que se requiera el desarrollo de actividades distintas al procesamiento, lo hará del conocimiento del Ministerio Público, para que éste determine lo conducente. Registro de Cadena de Custodia. Inicia con el registro de Cadena de Custodia de forma objetiva, de acuerdo a lo que perciba e identifique, evitando ambigüedades que debiliten la actuación y el registro, conforme a la normatividad de Cadena de Custodia correspondiente. Documentación. Documentación del lugar y de los indicios o elementos materiales probatorios, antes, durante y después del procesamiento; siempre que sea posible, por los siguientes métodos de documentación: Escrita, Fotográfica, Croquis general y a detalle. Recolección de los indicios o elementos materiales probatorios. Realiza la recolección de los indicios o elementos materiales probatorios, de conformidad a su tipo o naturaleza. Embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios. Embala los indicios o elementos materiales probatorios, mediante la utilización de cajas, bolsas o recipientes nuevos, debiendo sellar, firmar y etiquetar los mismos. Al finalizar el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, debe concluir con el llenado correspondiente del registro de Cadena de Custodia. Evaluación final del lugar de la intervención. El coordinador de la Policía con capacidades para procesar, o la Policía con capacidades para procesar realiza la evaluación final del lugar de intervención, mediante un último recorrido del lugar, desarrollando las actividades siguientes: Supervisar que se hayan procesado todos los indicios localizados. Recuperar los insumos, residuos o desechos remanentes de la intervención. Realizar una observación final (ordenada, minuciosa, exhaustiva y completa), mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda referidas anteriormente, las cuales permitirán, en su caso, la detección de indicios no percibidos en inspecciones anteriores. En caso de localizar algún indicio, se procederá a las actividades de identificación, documentación, recolección, embalaje, etiquetado y registro de Cadena de Custodia que corresponda. En este orden de ideas se implica que el documento con el que se contará al final de la intervención del elemento con capacidades para procesar consiste en un informe del lugar y de los indicios encontrados en el mismo a través del formato del IPH y de entrega del Lugar de Intervención y de los Indicios, en el mejor de los casos la Carpeta de Investigación contará con fotografías con suerte completas y croquis del lugar con la ubicación de los indicios colectados por el policía con capacidades para procesar. Luego entonces: ¿Dónde queda el documento Dictamen que arroja la opinión de un experto respecto de la mecánica y dinámica de los hechos?, ¿Quién valora la posición de los indicios en el lugar y establece una correlación l ó g i c a entre ellos?, ¿Quién correlaciona con usada para cometer un delito? ¿Quién confirma la causa de la muerte en un aparente suicidio? Para que no se deje el lugar sin estudio ante esa simple apariencia, para no perder ningún elemento en caso de que en la necropsia resulte que la causa de muerte no corresponde con lo que era la apariencia en el lugar. Estando claros de que el policía como primer respondiente y el policía con capacidades para procesar no cuentan aún ni con las atribuciones ni con los conocimientos suficientes para emitir una opinión experta (Dictamen) respecto de los hechos ocurridos en el lugar en su conjunto, pues estamos de acuerdo en que cada indicio o elemento material probatorio llegará al laboratorio correspondiente y será estudiado de manera aislada y no podrá concatenarse con otras para estructurar una teoría con soporte científico. ¿No está el Sistema Acusatorio dejando un hueco en el estudio de los casos y en la estructura de la teoría del caso que integra el Ministerio Público o la Defensa que en muy pocas ocasiones cuentan con conocimiento de Criminalística suficientes apenas y para atinar a solicitar alguna especialidad pericial? Luego entonces no siempre simplificando, resolvemos. Pues probablemente se atenderá más rápido la colección de indicios, pero perderemos la esencia del estudio del Lugar de los hechos y de probar científicamente lo que en el Lugar de Intervención dejó el delincuente y que solo el ojo experto puede captar. conocimientos científicos los diferentes indicios de diferente naturaleza? ¿Quién establece la implicación de que las huellas de una persona se localicen en una posición determinada en el arma Agosto 2016 Ipso Iure 9

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Artículo por Dr. Octavio Trueba Castellanos ¿CÓMO LITIGAR CONTRA EL GOBIERNO? A lo largo del tiempo hemos escuchado diversas historias en donde los gobernados litigan asuntos en contra del Gobierno ya sea Federal o Local y en donde al final del caso se comenta “AHORA FALTA QUE LE PUEDAS COBRAR AL GOBIERNO” o “ES IMPOSIBLE QUE LE COBRES AL GOBIERNO UNA DEUDA” o también “NI MODO QUE LE EMBARGUES AL GOBIERNO SUS BIENES”, entre otras frases que nos hacen ver al Gobierno como un ente al que le puedes ganar los litigios, pero que no le puedes cobrar ni un céntimo de lo que se condenó mediante sentencia. Es el caso que en lo particular tuve recientemente una experiencia de contienda legal en representación de una empresa constructora en su calidad de Actora y en contra de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, la cual ya había litigado con diversos abogados desde el año 2008 ese conflicto de intereses, pero que desde el año 2011, a pesar de haber sentencia condenatoria en contra del Gobierno de la Ciudad de México, haberse ido a la apelación y habérsele negado el amparo contra la resolución condenatoria, les fue imposible (o poco interesados) a los abogados que tenía mi cliente el exigir el cobro de lo ordenado por la sentencia de referencia. Consecuentemente y posterior a diversas pláticas con mi cliente, le hice ver la problemática real en la que se encontraba y la negligencia a la que nos enfrentaríamos de diversas personas y autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia de mérito, por lo cual, le plantee dos vías en búsqueda del cumplimiento de dicha ejecutoria; la primera, tramitar diversos procedimientos de carácter administrativo en contraloría y en contra de las autoridades involucradas con el cumplimiento a la ejecutoria, lo cual podría ser más rápido y posiblemente exitoso para presionar a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México al cumplimiento; y, segunda, tramitar un juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades involucradas con el cumplimiento a la ejecutoria de mérito y que en el supuesto de ser admitido y ganado, buscar finalmente el cumplimiento de dicha sentencia, con la salvedad que dicho procedimiento nos llevaría más tiempo y el riesgo de permitir el ofrecimiento de pruebas a la parte contraria que pusiera en riesgo el cumplimiento a la ejecutoria con una posible nulidad de juicio concluido, lo cual era remoto, pero posible. Ante ese dilema, mi cliente prefirió que intentáramos inicialmente los procedimientos administrativos ante la contraloría interna de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en contra de diversas autoridades, así como en la contraloría interna de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México contra diversos servidores públicos involucrados en el cumplimiento a la ejecutoria. Después de dar seguimiento a ambos procedimientos en las respectivas contralorías internas, se evidenció la interconexión de los funcionarios de dichas contralorías para no emitir resoluciones que afectaran los intereses del Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual, después de seis meses de litigio, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México resolvió que la autoridad obligada al cumplimiento de la Sentencia en proceso de ejecución sería la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Con esta resolución se requirió a la contraloría interna de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México para que emitiera su resolución y abiertamente dijeron en pocas palabras “QUE DARÍAN CUMPLIMIENTO LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES A LA SENTENCIA DE REFERENCIA, EN EL MOMENTO EN QUE MI CLIENTE CUBRIERA LOS PAGOS QUE EXIGÍA LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISRITO FEDERAL”, es decir, “NO VAMOS A PAGAR HASTA QUE CUMPLAS LAS EXIGENCIAS DE LA DEMANDA QUE PERDIMOS”. Con posterioridad a lo señalado en dicha resolución mi cliente evidenció que el Gobierno de la Ciudad de México a pesar de saber que no tenía la razón, además de haber una sentencia emitida por una autoridad Judicial Federal, estando sus contralorías coludidas para negarse al pago, no iban a dar cumplimiento internamente con lo ordenado en la sentencia. Decepcionante, sí. Con esto, y ante la falta de cumplimiento a la sentencia del juicio principal, se decidió promover el juicio de amparo indirecto por incumplimiento a la ejecutoria. Una vez promovida la demanda fue 10 Ipso Iure Agosto 2016

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admitida por el Juzgado de Distrito en materia Civil en turno, quien después de notificar a las autoridades señaladas como responsables y responder ofreciendo pruebas que fueron materia del juicio principal, requerir todas las constancias del juicio principal y llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio, resolvió a favor de mi cliente, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que las autoridades señaladas como responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria en los términos de la misma. Ante dicha resolución, las autoridades señaladas como responsables del Gobierno de la Ciudad de México promovieron el recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil. Misma autoridad jurisdiccional la cual después de haber analizado el asunto por largo tiempo, resolvió confirmar la sentencia de amparo indirecto recurrida, con la adición de ordenar a la autoridad judicial encargada de la ejecución de la sentencia para que agotara todos los medios legales a su alcance para el cumplimiento de la misma, incluso el inicio del correspondiente procedimiento penal previsto en la Nueva Ley de Amparo en contra de las autoridades renuentes al cumplimiento de la sentencia. Todo este procedimiento llevó a mi cliente una espera de dos años más a su viacrucis. Con esa resolución, se ordenó a la autoridad judicial encargada del cumplimiento a la ejecutoria de mérito para que a su vez girara los oficios correspondientes a las autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios, así como a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de referencia. Como era de esperarse, muchas de las autoridades señaladas como responsables en el cumplimiento a la ejecutoria se deslindaron de su respectiva responsabilidad, canalizándola a un total de tres autoridades que deberían dar cumplimiento a la ejecutoria, siendo dos de ellas de la Secretaría de Obras y Servicios y la otra de la Secretaría de Finanzas. Las dos primeras autoridades, a lo largo del procedimiento de ejecución en reiteradas ocasiones manifestaron que era indebido el pago, en virtud que mi cliente debía pagar primero y en su caso que operara el procedimiento de COMPENSACIÓN CIVIL; mismas contestaciones que no fueron consideradas procedentes por la autoridad jurisdiccional ejecutora. Con ello se inició el procedimiento de imposición de multas, las cuales llegaron por cada servidor público hasta los $27,000.00 pesos por ocasión de renuencia. Se procedió en consecuencia a requerir al superior jerárquico de dichas autoridades para que dieran cumplimiento a la ejecutoria, siendo en este caso el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Misma autoridad que al ser requerida, dio contestación a través de un representante legal, quien mantuvo el criterio de las autoridades señaladas como responsables, volviéndose renuentes en el cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En virtud de ello, se solicitó al órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de la sentencia para que librara la orden de arresto que como medio de apremio se había establecido a las autoridades señaladas como responsables, incluyendo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual fue novedoso, ya que en la última década no se había presentado algo similar, sino al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Una vez concedida la Orden de Arresto en contra de dichas autoridades, procedieron de forma inmediata a la promoción de sendos amparos indirectos en contra de la orden de arresto, lo cual se puede corroborar incluso en los medios electrónicos y buscaron con este amparo se suspendiera no solo la orden dada, sino el cumplimiento a la ejecutoria, para lo cual me dieron vista y manifesté que una cosa es la suspensión de la orden de arresto y otra muy distinta el cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Por ello, el Juzgado correspondiente consideró procedente lo manifestado y ordenó una vez más el cumplimiento de la sentencia con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, procederían a dar vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito de desobediencia a un mandato judicial. Ante ese panorama, continuaron renuentes al cumplimiento y en espera que el amparo fuera benévolo a sus intereses, lo cual no sucedió y se procedió a dar un ultimátum para que en el término de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria. Pasados los cuales nos encontramos con que no estaba el pago para tener por cumplida la sentencia de mérito, lo cual obligó al Juez encargado del cumplimiento de la ejecución de la sentencia darme vista y solicitamos se diera intervención al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión del delito de desobediencia. Lo cual fue acordado de conformidad por el Juez de referencia. Es hasta entonces que las autoridades señaladas como responsables del Gobierno de la Ciudad de México decidieron remitir el pago correspondiente conforme a lo ordenado en la sentencia de mérito, solicitando al Juez encargado de la ejecución de la sentencia para que desistiera de la remisión del expediente al Ministerio Público de la Federación. Mi cliente cobró lo ordenado en la sentencia que le favorecía y se hizo justicia. Con todo este contexto les pregunto a los detractores, a los no creyentes en la administración de justicia y cumplimiento de sentencias en contra del Gobierno, ¿ES POSIBLE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN CONTRA DEL GOBIERNO? Y LA RESPUESTA ES “SI SE PUEDE, CON TIEMPO, ESTRATEGIA LEGAL Y PACIENCIA”. Creo que es necesario que tanto alumnos, como la sociedad en general dejen de ver al Gobierno como ese Goliat invencible y poderoso al que no se puede obligar y se le trate de igual a igual cuando la ley le asiste al gobernado. Agosto 2016 Ipso Iure 11

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Artículo por Lic. Gilberto Valdez Enriquez. ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA PROFESIÓN DE LA ABOGACÍA. Los estudiosos del derecho, sabemos que la condición de alumnos universitarios, de esta profesión, va más allá del espacio de tiempo que pasamos en las aulas en contacto con nuestros maestros y condiscípulos. Significa, búsqueda la de nosotros mismos, que en esa edad llena de inquietudes y planes, se extiende a veces en largos años de exploración de todas las supuestas verdades, desafiando dogmas y a la propia sociedad, hasta que encontramos nuestro camino, con la tolerancia a toda clase de ideas y libertades de pensamiento y expresiones. En ese marco de ideas, es fundamental referirnos un poco a ciertos conceptos que debe tener presente el abogado en el ejercicio público o privado de su quehacer jurídico, ya que éste, de acuerdo a su desempeño causará impacto en la sociedad en la que se desempeña. Decía Don Eduardo J. Couture que, la abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios; por eso en muchas ocasiones los abogados somos sujetos por parte de la sociedad donde se desenvuelve de críticas, burlas y sátiras como “ENTRE ABOGADOS TE VEAS”, “NO SON ABOGADOS, SON ABOGANSTERS”, “ESE ES ABOGADO HUIZACHERO” “ABOGADO PICAPLEITO” y hasta “ABOGADOS DEL DIABLO”, etc. Pero también frente a esta serie de opiniones, el prestigio de los abogados ha sido objeto de reconocimiento entre miembros destacados de la sociedad como emperadores, estadistas, estudiosos en todas sus formas, poetas, etc. En Roma, por ejemplo, se les denominó, sacerdotes y profetas de la justicia; Alfonso el sabio llamo a los jueces “omnes justos” y a los abogados oficio muy provechoso; en España al abogado se le consideraba caballero y después de 20 años de ejercicio profesional y de doctrina, condes. Por todo esto, al abogado debe de vérsele como un hombre de conciencia justa y palabra verdadera, y hasta un profesional de la palabra, que con base a la ley vigente y no proscrita, haga valer la justicia a costa de su propio desvelo, pero no a costa de malas artes, dádivas o sistemas contrarios, porque en ello va su prestigio y su calidad humana. El único fin del abogado en su ejercicio profesional cotidiano debe ser, lograr la justicia por el único medio que lo debe de hacer, el derecho. Por sí, el derecho persigue fines concatenados entre sí; la justicia, el orden, la seguridad, la libertad, la paz, la igualdad, la equidad, etc., sirven para perfeccionar y a realizar al hombre en plenitud integral; sin una u otra, la sociedad posiblemente existiría pero lo haría en medio del desorden y el caos. El actuar del abogado dentro de esta sociedad es fundamental, pero lo debe de hacer en forma digna y como un verdadero soldado de la justicia y libre de todo elemento que le limite su desenvolvimiento, porque la injusticia es siempre una forma de servidumbre y fuente de violencia. Un principio fundamental de lo justo e injusto es tratar igual a las partes en un conflicto pero también es justo tratar desigual a los desiguales, cuando vemos que la norma se contrapone a la justicia. Ulpiano definió a la justicia como “la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo”; Aristóteles como “la más alta de las virtudes”; El abogado también debe ser factor de cambio, debiendo hacer del derecho un instrumento útil para el desarrollo y progreso de la sociedad humana, debe de estar atento a los avances y necesidades que benefician o perjudican al ser humano socialmente. El abogado no debe de actuar por caridad, debe de hacerlo convencido de que es justo lo que pide en favor de su representado; la caridad no es justicia. El abogado debe ser procurador de la justicia siempre, aun a costa de su propia existencia y fe inquebrantable en ella; como decía Calamandrei “quien tiene fe en la justicia consigue siempre, aun a despecho de los astrólogos, hacer cambiar el curso de las estrellas”; el abogado debe tener siempre presente que puede cambiar el curso de las cosas anómalas si tiene una causa justa que defender y lucha incansablemente por ella. El abogado digno, justo, honesto, procurador, comprometido con su 12 Ipso Iure Agosto 2016

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profesión y con la sociedad, también debe de ser ético en su desempeño, ya que eso le permitirá actuar con rectitud, en conciencia con sus representados y vertical con las entidades procuradoras de la justicia; siempre debe tener presente que está al servicio del derecho y que es un coadyuvante de la justicia. Aquel abogado que busca en la profesión la forma de destacar pero utilizando la mentira, falseando hechos, documentos, etc. o como decía Mirabeau que es “un mercader de palabras, de mentiras y de injurias”, no se le puede llamar abogado. El abogado no debe utilizar y mucho menos permitir el cohecho para alcanzar su objetivo, ya que existe el derecho y los medios permitidos por la ley para llegar al cumplimiento de este; el abogado que haga uso de este nefasto procedimiento está faltando gravemente al honor y a su ética profesional. El abogado debe convencer al juzgador con razonamientos claros, precisos y exactos y con apego a la verdad real e histórica; no debe de valerse de influencias por amistad, compadrazgos, políticas, o recomendaciones para alcanzar el triunfo en sus diversos conflictos litigiosos, del único elemento que debe echar mano es del derecho y sus doctrinas. El abogado debe de ser libre para aceptar o rechazar el patrocinio de un asunto si éste es contrario a sus principios y convicciones; el abogado debe hacer entender a su patrocinado que no ha estudiado para andar haciendo trampas a sus contrarios sin la base del derecho para alcanzar la justicia; con esto conserva su independencia y libertad y guarda su honor y dignidad. Don José Campillo Sainz dice al respecto: “La profesión de abogado es un ministerio que se ejerce de alguna manera en beneficio público para que la justicia se complete y el derecho se aplique”. El abogado al igual que las demás profesiones, pero sobre todo el primero como conocedor del derecho, tiene la obligación de la guarda del secreto profesional, debe ser para él, un deber y un derecho, solo por una causa grave que ponga en grave riesgo al derecho y a la justicia puede ser relevado de tan gran responsabilidad. El abogado, debe de atender con eficiencia y dedicación y con apego al derecho y a sus doctrinas, todos los asuntos con los cuales se ha comprometido, de la competencia que sea y el grado de uno y otro; siempre debe de actuar con la diligencia atinada, hablando a sus patrocinados con la verdad sobre el éxito o la derrota de cada uno de ellos. El abogado, en el ejercicio de su profesión, no debe de cohechar a un funcionario para que sus asuntos continúen su curso normal, porque con ello contaminamos el actuar de los servidores públicos y contribuimos a la corrupción que tanto daño a hecho a nuestra sociedad. Lo cierto es que el abogado vive una realidad en donde se debaten las ambiciones, las asechanzas, las amenazas, etc. para que se haga lo justo o injusto, pero siempre deberá de guardar su verticalidad a costa de todo. El abogado, siempre debe guardar el respeto debido a las autoridades y miembros de los tribunales legalmente establecidos, y cuando su persona se vea afectada por una mala determinación de ésta, deberá de hacer uso del derecho vigente existente para defender su postura; jamás deberá denostar su actuar por otros medios que no sean estos. Su ministerio lo obliga a no dejar indefenso al miserable ni dejar tampoco al culpable sólo con la vergüenza de su responsabilidad o culpa; deberá de hacer un juicio justo si tiene una conciencia recta y bien cimentada. Para concluir y por ilustrativo es importante conocer los preceptos que don Quijote dio a Sancho Panza cuando iba a gobernar la Insula de Baratania que a la letra dicen: *Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. *Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las informaciones del rico. El abogado, no debe de utilizar su profesión para enriquecerse; sus honorarios estarán basados en la dificultad del asunto y en la capacidad económica de la persona que solicita sus servicios, al grado que si ésta es sumamente pobre podrá coadyuvar con ella sin cobrar honorario alguno. Esto no significa que no ponga en el asunto toda su dedicación, diligencia, y capacidad para atenderlo. Entre los abogados, siempre debe de haber una solidaridad, cofraternidad y caballeresca relación; siempre debe de existir el respeto y la ayuda mutua y si en algún momento podemos influir para resolver los asuntos de nuestros patrocinados debemos de coadyuvar para ello sin que los intereses de estos se vean menoscabados. A los jueces debemos de verlos siempre como coadyuvantes de la justicia a través del derecho y no como nuestros enemigos, ya que ellos interpretando las normas les dan sentido a éstas de tal manera que se apeguen a los valores, necesidades y reclamos del ciudadano. Una justicia retardada no es justicia, como dice un viejo apotegma, y eso lo deben de tomar muy en cuenta los jueces en su ejercicio social de impartición de justicia. Es seguro que no todas las normas sirven para resolver todos los actos que la vida ofrece; el abogado trata siempre desafortunadamente en muchas ocasiones con la miseria y la flaqueza humana. El patrocinado en muchas ocasiones revela al abogado las injusticas del que ha sido víctima y también las que ha cometido, sus faltas, sus incumplimientos al derecho, a la moral y a la ética, y el abogado tiene la obligación de aconsejar conforme a las normas éticas y del derecho. *Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. *Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. *Si acaso doblare la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con la de la misericordia. *Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mentes de la injuria, y ponlas en la verdad del caso. *No te ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. *Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que te anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. *Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. *Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. 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