Bomberos 080 Nº3 1.1

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Revista profesional de bomberos

Popular Pages


p. 1

BOMBEROS 080 RERVEIVSITSATAPRPORFOEFSEISOINOANLALDEDEBOBMOBMEBREORSOS NNº3º1JMulaiorz2o0210616 Castilla y León. La triste realidad en los Servicios de Bomberos Rotativos azules. 48 años de retraso en Europa La dignidad de ser bombero. Hasta que dejas de serlo Alarma de aviso en los parques. Procedimiento de trabajo Bombas centrífugas. Operaciones en impulsión y refrigeración Autoescalas automáticas. Emplazamiento técnico-táctico Incendios industriales. Demostrar en horas lo aprendido en años I Concurso Nacional de Fotografía de Bomberos. Entrevista a Bernabé Sanchís Ginard Objeción de conciencia. El ejercicio en los Servicios de Bomberos Smoke on the water. La intervención de los bomberos en incidentes marítimos Nutrición y concienciación. Mejora tu energía, concentración y actividad física a través de la alimentación 2º Premio nacional. Foto de Joaquín Alfaro

[close]

p. 2

REVISTA DIGITAL FUENTE PORTADA Joaquín Alfaro. 2º Premio nacional de fotografía EDITA CUBP Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales DISEÑO Y MAQUETACIÓN Bernardo Castillo Rojas Jose M. Botía Nortes REDACCIÓN, CONTACTO Y PUBLICIDAD Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. redacción@cubp.es Bomberos 080 y CUBP no se identifican necesariamente con las opiniones icluidas en los artículos de esta revista. Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización 080 BOMBEROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 3

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS La libertad de expresión es un derecho reconocido en el artículo10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. De forma similar el artículo 20a) de la Constitución Española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Por otro lado, el artículo 20d) reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Pero, ¿Qué significan estos conceptos exactamente?, ¿Podemos decir lo que queramos cuando queramos?, ¿Debemos evitar difundir información pública o sobre altos cargos si somos funcionarios o delegados sindicales?... El Tribunal Constitucional ha diferenciado claramente entre libertad de expresión u opinión y libertad de información, aunque a veces en la práctica no sean tan fáciles de distinguir. La libertad de expresión tiene por objeto la difusión de pensamientos, ideas y opiniones (concepto más amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) mientras que el derecho a comunicar información se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Mientras los hechos son susceptibles de aportación de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza no, así a quien ejercita la libertad de expresión no le es exigible la prueba de la verdad, la cual sí que condiciona la legitimidad del derecho de información (STC 4/1996, de 19 de febrero). La Constitución precisa que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en ella y en las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y dispone que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. La ley que desarrolla esta protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Afortunadamente, nuestra jurisprudencia constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy garantista en cuanto al derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se refiere a opiniones sobre personajes públicos. Efectivamente, uno de los criterios de ponderación más utilizados por el Tribunal Constitucional en el análisis de la libertad de expresión y de información es la condición o cualidad de las personas implicadas. Así la STC 148/2001, de 27 de junio señala que los denominados “personajes públicos” (lo que incluye autoridades políticas y funcionarios) deben soportar, en su condición de tales, el que sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones www.cubp.es BOM1BEROS 080

[close]

p. 4

se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos (no siendo así sobre su vida privada de forma estricta). Como hemos dicho, el precepto constitucional exige la veracidad en el caso del derecho a la libertad de información, no obstante, es importante aclarar que la jurisprudencia lo ha interpretado reiteradamente como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (SSTC, entre otras, 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002, de 25 de febrero; 75/2002, de 8 de abril), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha otorgado finalmente su amparo a un funcionario sancionado por una supuesta “falsedad” advirtiendo de que la libertad de expresión de los funcionarios merece una protección constitucional reforzada si su ejercicio constituye un “instrumento necesa- rio para la efectividad de otros bienes o valores constitucionalmente protegidos, y la defensa de un derecho e interés legítimo propio”. El Tribunal Constitucional añade que estos principios serán de aplicación aunque sus expresiones puedan calificarse como inadecuadas, molestas o incluso hirientes. Pero, en todo caso, la reacción administrativa frente a una extralimitación no debe producir, por su severidad, “un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad, o un efecto disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada. Conviene decir que en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 2935/2014) se aclara que el derecho a las libertades de información y de expresión de un delegado sindical priman sobre el derecho al honor de los cargos públicos a los que involucre en el caso de que éste difunda información sobre su gestión o críticas hacia el estado del servicio que gestione. Es decir, que si bien existe un amparo suficiente respecto al derecho a difundir información sobre una verdad subjetiva, todavía está más amparado jurisprudencialmente si se trata de un delegado sindical. Pongamos un ejemplo que clarifique estos derechos recogidos en la legislación europea, nacional y jurisprudencial poniéndolo en el contexto de los Cuerpos de Bomberos: Imaginemos que un funcionario de un cuerpo de 080 BOM2BEROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 5

bomberos, que además es delegado sindical, se le requiriese por parte de la plantilla para informarle de ciertas deficiencias en el servicio.Y éste, después de escuchar las declaraciones de sus compañeros in situ, decidiera manifestar públicamente dichas deficiencias en ese mismo momento a través de los medios disponibles a su alcance (como por ejemplo un vídeo). En tal caso nos encontraríamos con que: 1. El funcionario estaría actuando con diligencia puesto que se limita a hacer pública la información en el mismo momento en el que la está recibiendo por parte de los compañeros en cuestión. Por tanto, no se podría alegar premeditación manifiestamente mal intencionada bajo el supuesto de la “no diligencia” de los hechos. 2. La constatación de la información se ajustaría perfectamente a las características del hecho subjetivo, puesto que se encontraba en el parque y ante los propios compañeros que ponen en conocimiento los hechos y, por tanto, la información se supondría contrastada, ya que además proviene de otros funcionarios públicos. 3. De acuerdo con los medios a su disposición, haría pública dicha información. No existiendo tampoco ninguna presunción de intencionalidad en los efectos de la difusión debidos a la elaboración premeditada del material o equipos con los que preparó tal información. 4. Dicho funcionario, en todo momento actuaría convencido de que la información que estaba proporcionando al ciudadano constituiría un “instrumento necesario para la efectividad de otros bienes o valores constitucionalmente protegidos y la defensa de un derecho e interés legítimo propio. En este sentido, los bomberos somos considerados servicios esenciales ​según STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3, los cuales son aquellos con incidencia en la seguridad de personas o bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o urgencias médica. 5. Estaría actuando en el interés legítimo propio, pues creería estar haciendo lo correcto en un legí- timo interés corporativo, dado que las deficiencias en un servicio esencial no se quedan en la baja eficacia de cara al servicio a los ciudadanos, sino que además suponen una clara amenaza para la seguridad de los bomberos que acuden a las intervenciones en precario, y que por tanto le afectarían a él mismo como parte de dichos equipos de intervención. 6. Por último, según la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, al tratarse de un delegado sindical primaría el derecho a la libertad de información aun en el supuesto caso de que sus declaraciones, o algún aspecto de aquellas, pudieran suponer una lesión del honor de algún cargo o servicio público. Por tanto, nos encontraríamos claramente en un supuesto de verdad subjetiva contemplado en distintas ocasiones por la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, y una puesta en práctica del derecho a la libertad de información, con mayor soporte jurídico en cuanto que se trata de un delegado sindical, y por tanto, no habría suficientes argumentos jurídicos ni morales para sancionar a este funcionario público. Esperemos que no nos tengamos que encontrar nunca en esa tesitura, pero “si ocurriera”, convendría tener claros los preceptos del ordenamiento jurídico que recogen y amparan este tipo de derechos y libertades y abstenerse de intentar imponer sanciones a quien no corresponda ni, por tanto, merezca.Y si fuera así, lo justo sería invocarlos y llevar el caso ante las autoridades judiciales correspondientes. www.cubp.es BOM3BEROS 080

[close]

p. 6

TACBOLNATDEENIDOS PARTE DE NOVEDADES Castilla y León. La triste realidad en Servicios de Bomberos José Ignacio García Rubio 6 Rotativos azules. 48 años de retraso en Europa José Manuel Botía Nortes 10 MANUAL DE PREVENCIÓN La dignidad de ser bombero. Hasta que dejas de serlo (1ª parte) Equipo de redacción B080 14 Alarma de avisos en los parques. Procedimiento de trabajo José Manuel Botía Nortes 16 REVISIÓN DE MATERIALES Bombas centrífugas. Operaciones en impulsión y refrigeración José Manuel Botía Nortes 20 FORMACIÓN DIARIA Autoescalas automáticas. Emplazamiento técnico-táctico Jesús Hernando Domínguez 26 GUARDIA EN EL PARQUE Incendios industriales. Demostrar en horas lo aprendido en años Mikel González De Reparaz 30 I Concurso Nacional de Fotografías de Bomberos. Entrevista a Berna Sanchís Ginard Equipo de redacción B080 36 Objeción de conciencia. El ejercicio en los Servicios de Bomberos Óscar Mohand Montes 42 PRIMERA SALIDA Smoke on the water. La intervención de los bomberos en incidentes marítimos Jaime Bleye 46 080 BOM4BEROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 7

TACBOLNATDEENIDOS 50 PREPARACIÓN FÍSICA Nutrición y concienciación. Mejora tu energía, concentración y actividad física a través de la alimentación Arantxa Ezcurdia 54 TABLÓN DE ANUNCIOS www.cubp.es BOM5BEROS 080

[close]

p. 8

PANRTOEVEDDEADES Castilla y León La triste realidad en Servicios de Bomberos Desde la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (creada en enero de 2014) exigimos que se cumplan las leyes relacionadas con el servicio público de bomberos, y defendemos un modelo de servicio de extinción de incendios y salvamento profesional, compuesto por bomberos, funcionarios de carrera, agentes de la autoridad, y en ello hemos puesto todo nuestro empeño, uniendo a todos los bomberos de las distintas provincias. De 870 bomberos profesionales que hay en Castilla y León, somos más de 500 bomberos asociados, uniéndonos en un frente común con todos los sindicatos para luchar por una Ley del Fuego y defendernos del intrusismo que amenaza nuestra profesión y la calidad del servicio público que prestamos a la ciudadanía. A continuación detallo cual es la nor- mativa de referencia (y que recordemos se está incumpliendo) y cuál es la situación en las diferentes provincias de nuestra comunidad, en comparación con otras provincias de similares características de otras comunidades. Castilla y León, la comunidad más extensa de España (94.296 km2) y 2.478.376 habitantes repartidos en 9 provincias, con núcleos de población pequeños y diseminados, carece de servicios de bomberos profesionales en la mayor parte del territorio, aparte de las capitales de provincia y 4 poblaciones de más de 20.000 habitantes (Ponferrada, Aranda de Duero, Miranda de Duero y Medina de Campo) en la actualidad solo la provincia de Valladolid tiene todo su territorio cubierto por parques de bomberos profesionales y a medias la diputación de Zamora cumple con la competencia que tienen la diputaciones de prestar el servicio 080 BOM6BEROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 9

de extinción de incendios y salvamento que viene recogido en la LBRL (ley 7/1985 de 2 de abril) que hasta el año 2013 en que se modificó la redacción decía: Artículo 36. 1. Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso: ter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. Si nos vamos al artículo 31.2 a) dice: Artículo 31. 1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Y con la modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el año 2013 quedó así: Queda claro que la prestación del servicio la tienen que ofrecer las Diputaciones. La interpretación que hacen las Diputaciones en Castilla y León de la LBRL 7/85 es, cuando menos, muy curiosa, después de mezclar otros artículos de la citada Ley pasan la responsabilidad a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. La Ley dice que un Ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, si no tiene recursos, será la Diputación quien asumirá la prestación. Con el modelo que siguen algunas Diputaciones en Castilla y León, no hace sino engañar a los Ayuntamientos a los que obliga a asumir una competencia para la cual no tienen recursos económicos y que consideramos una responsabilidad ajena. Lo que hacen la mayoría de las Diputaciones es firmar convenios con los Ayuntamientos, les dan una cantidad de dinero (que en la mayoría de los casos sirven para pagar incentivos por el servicio realizado a Voluntariosos), material, vehículos y formación, y es el Ayuntamiento el que se ocupa de prestar el servicio con voluntarios, de esta manera pasan la responsabilidad al pequeño ayuntamiento. La Ley 8/2006 de 10 de octubre de voluntariado en Castilla y León dice: Artículo 36. 1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: c. La prestación de servicios públicos de carác- Artículo 3. Concepto de voluntariado. 1. A los efectos de la presente norma, se entiende por voluntariado la participación social, organizada de personas físicas en el desarrollo de actividades de interés general a través de las entidades de voluntariado a las que se refiere el Capítulo IV de esta Ley, siempre que reúna las siguientes condiciones: www.cubp.es BOM7BEROS 080

[close]

p. 10

a. Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable. b. Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de una obligación personal o de un deber jurídico. c. Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida. d. Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio, en su caso, de los incentivos que legalmente puedan establecerse, con el único objeto de facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria, y del reembolso de los gastos que esta actividad realizada pudiera ocasionar. e. Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya sean éstos promovidos por las administraciones públicas de Castilla y León o por cualesquiera otras de las entidades de voluntariado reguladas en la presente Ley. 3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir a las prestaciones a que estén obligadas las administraciones públicas u otras entidades, al trabajo remunerado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos. La ley 4/2007 de 28 de marzo, o ley estatal de voluntariado habla de lo mismo en referencia al altruismo del personal voluntario. TÍTULO II . Asistencia a los ciudadanos. CAPÍTULO I . Servicios para la asistencia ciudadana. Artículo 35. Servicios para la asistencia ciudadana. Tienen el carácter de servicios para la asistencia ciudadana las organizaciones, colectivos, entidades o instituciones que tienen por objeto la protección, asistencia y socorro de las personas, los bienes y el medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León. Artículo 36. Clasificación. A los efectos de esta Ley, los servicios de asistencia ciudadana se clasifican en servicios esenciales y servicios complementarios. a. Son servicios esenciales aquellos cuyas funciones y actividades son prestados por una Administración, de forma directa o indirecta, cuya concurrencia es necesaria en las situaciones de emergencia, dada su disponibilidad permanente, pluridisciplinariedad o especialidad. b. Son servicios complementarios los que, perteneciendo a Administraciones, organizaciones o agrupaciones profesionales o voluntarias, públicas o privadas, se movilizan para concurrir en las emergencias, complementando la intervención de los servicios esenciales. Artículo 37. Servicios esenciales y complementarios. De conformidad con lo establecido en el artículo anterior y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de: 1. Servicios esenciales para la asistencia ciudadana: a. Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS y SEIS) b. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. c. Los servicios de asistencia sanitaria en emer- gencias. d. Los servicios de lucha contra incendios fores- tales. e. Los servicios de socorro, rescate y salvamen- to. 2. Servicios complementarios: a. El voluntariado de protección civil. b. Las organizaciones técnicas y profesionales 080 BOM8BEROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 11

en materia de seguridad. c. Los servicios de la Administración no clasifica- dos como esenciales. d. Las empresas públicas o privadas, cuando por la naturaleza de su actividad se consideren necesarias para la prestación de asistencia ciudadana. e. Otros medios auxiliares. SECCIÓN I. De los servicios esenciales para la asistencia ciudadana. Artículo 38. Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 1. A los efectos de esta Ley, son servicios de Pre- vención, Extinción de Incendios y Salvamento los profesionales y los medios materiales asignados a las tareas y funciones descritas en el artículo siguiente. 2. Los bomberos profesionales ostentan el ca- rácter de Agente de la Autoridad en el ejercicio de las funciones encomendadas en esta Ley. 3. Se consideran, a todos los efectos, colaboradores de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: a. Los voluntarios para la extinción de incendios. b. El personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas. 4. Cuando este personal realice tareas de colaboración dentro del ámbito competencial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, éstas se llevarán a cabo bajo la dirección, la organización y el control de dicho servicio. PROVINCIA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SUPERFICIE (Km2) 8.050 14.022 15.581 8.052 12.336 6.922 10.306 8.110 10.556 HABITANTES 171.647 365.972 498.223 170.513 352.414 163.171 92.221 526.223 185.432 PARQUES PARQUES PROFESIONALES VOLUNTARIOS 11 3 19 21 1 11 3 12 14 54 6 42 Comparativa provincias de Castilla y León www.cubp.es BOM9BEROS 080

[close]

p. 12

PANRTOEVEDDEADES Rotativos azules 48 años de retraso en Europa Desde 1968, la Convención de Viena estableció el color azul o rojo para los vehículos prioritarios. Y así se ha adoptado en todos los países de la Unión Europea, menos en uno de ellos, en el que siguen siendo amarillo auto. ¿Adivináis cuál?... Las luces V1 son aquellas que requieren PRIORIDAD, como por ejemplo los vehículos de policía, bomberos o ambulancias. La luz V2 es aquella que indica PRECAUCIÓN, por ejemplo ante vehículos voluminosos o lentos, como puede ser un camión de grandes dimensiones, una máquina excavadora o un tractor. 080 BOM1B0EROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 13

En nuestra normativa, de manera reiterada se ha mantenido la exclusividad del color azul para los servicios de policía, dejando que el resto de vehículos prioritarios utilicen el mismo color que la señal de los V2, que es amarillo auto. Es decir, a pesar de que en toda Europa la diferenciación existente corresponde a la obviedad de Prioritarios – precaución, aquí se ha sostenido el monopolio del color azul para la policía, dando por hecho que lo importante no es la visibilidad y el mensaje que está indicando esa señal: Déjeme pasar que se trata de una emergencia, sino que lo importante es mantener a toda costa el privilegio de llevar el color azul por parte de los vehículos policiales. el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. En esta reforma de la Ley de Tráfico se introdujo en la disposición adicional primera el siguiente texto: “El Gobierno introducirá en el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, las modificaciones necesarias con el fin de que el color de la señal luminosa de todos los vehículos prioritarios sea azul“. No obstante tampoco se ha llevado a efecto. Feuvert ya se adelantaba y nos informaba con este cartel: En el año 2006 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso para este menester; sin llevarse a cabo finalmente. En 2010 volvió a aprobarse otra proposición no de ley en dicha cámara, también sin éxito. En 2011 volvió a aprobarse otra proposición, y finalmente en el BOE 85 del 08/04/14 se aprobaba la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica Por último, el RDL 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, mantiene dicha disposición adicional primera con el mismo texto. Se supone que el siguiente paso es modificar el Reglamento General de Vehículos aprobado por RD 2822/1998 de 23 de diciembre, e introducir la obligatoriedad de que el color de TODAS LAS SEÑA- www.cubp.es BOM1B1EROS 080

[close]

p. 14

LES V1 SEAN AZULES. Ahora bien ¿Por qué razón se han tardado casi 50 años en dar ese paso? ¿Por qué cada vez que se ha intentado se han echado atrás? En 2011, un diputado (de cuyo nombre no quiero acordarme…) admitió públicamente que estas medidas estaban siendo bloqueadas por altos cargos de la jefatura de la Agrupación de Tráfico (con representación en el Consejo Superior de Tráfico), argumentando que dicho color debía ser exclusivo de los vehículos policiales por razones de la operativa interna de los mismos; como por ejemplo no confundir un vehículo de emergencia que se aproxime con uno policial; cosa que al mantener el monopolio sobre el color de la señal V1 ahora no ocurre. Este argumento y otros de esa naturaleza interna, como puede verse, no está relacionado en absoluto con la seguridad vial y no debe admitirse como argumento en un Consejo Superior de Tráfico. Este político aseguraba que debido al peso político que tienen estos altos cargos, dichas medidas europeistas se estaban viendo bloqueadas en el reglamento una y otra vez. De verdad, sin pretender exagerar, pero esto es más propio de la España anterior al 78 que de un país integrado en la Unión Europea.Y esto no se puede tolerar por más tiempo. de paso. Porque NO es más importante acudir a detener a un ladrón que acudir a un infartado, o a un accidente de tráfico con atrapados, por poner un ejemplo. Las emergencias; en general, requieren PRIORIDAD DE PASO, y la señal europea que indica dicha prioridad es la señal V1 AZUL. Por poner un ejemplo, resulta absolutamente ridículo que los vehículos policiales acudan al mismo servicio que los bomberos, por ejemplo en un accidente de tráfico, y que ellos lleven la señal V1 azul y nosotros y el SAMU la llevemos amarilla auto, en el mismo momento, y para la misma emergencia. Es que no hay por dónde cogerlo… “Los Servicios de Emergencia necesitamos estar representados en las sesiones del próximo Consejo Superior de Tráfico que introduzca este cambio en el Reglamento General de Vehículos” Lo que está claro es que en Europa somos los únicos que no los llevamos azules.Y las razones para llevarlos azules en Europa no son fruto del capricho o de la envidia respecto a los vehículos de policía. La razón es LA SEGURIDAD. Nuestra señal luminosa es V1, es PRIORITARIA, o sea, que independientemente de las razones que tenga uno para acudir a un servicio de emergencia o que requiera prioridad de paso, lo que necesita es que se sepa claramente que lo que pide es prioridad Durante más de 40 años los bomberos, y los servicios de emergencia de este país, estamos soportando el tener que salir a las emergencias con el corazón en un puño, porque nos vemos obligados a tener que pedir prioridad con una señal luminosa que indica “precaución conmigo que soy lento”. Lo que se tra- 080 BOM1B2EROS Nº 3 Julio 2016

[close]

p. 15

duce en una peor conducción de emergencia, y sin duda alguna, en un peor servicio al ciudadano. Los conductores se confunden, no se apartan, y un día sí y otro también, nos vemos obligados a lidiar con esa situación. En Europa tienen bastante claro que un atraco, el robo de una cartera o cualquier otro asunto policial, NO ES MÁS IMPORTANTE EN TÉRMINOS DE PRIORIDAD Y SEGURIDAD VIAL, que un accidente de tráfico, una caía en altura o cualquier otra emergencia con vidas en peligro. En Europa los ciudadanos tienen la certeza de que si lo que se acerca es una luz azul, se trata de una emergencia, y no se han de parar a pensar si se trata de algo delictivo o no, SIMPLEMENTE SE APARTAN. En algunas CCAA, con las competencias de tráfico transferidas, como Cataluña, los propios gobiernos autonómicos han “pactado” con sus jefes de tráfico poder llevarlos azules. Pero eso no se puede hacer extensivo al resto del Estado. Podéis imaginad por qué. Estaremos al tanto de esta modificación, que espera- mos que no tarde mucho en introducirse en el nuevo reglamento, y cuando lo haga, que sea de manera definitiva. Porque es de justicia, y de sentido común, que los vehículos prioritarios lleven una señal distinta a la de los vehículos que no lo son. Y que dicha señal sea la misma para todas las emergencias, independientemente de que su naturaleza sea delictiva o no. Eso no es lo importante, “Lo verdaderamente importante es que la seguridad de los ciudadanos esté garantizada cuando circulamos en emergencia y necesitamos prioridad de paso” José Manuel Botía Nortes Bombero del Consorcio Provincial de Alicante www.cubp.es BOM1B3EROS 080

[close]

Comments

no comments yet