Relaciones Laborales 112

 

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Revista de Relaciones Laborales de Valencia

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/112 Mayo 2016 Época V relaciones laborales Revista del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia Antonio V. Sempere Navarro Abogado y Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Designado Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo “Me sorprende la escasez de medios humanos que se ponen al servicio de cada Magistrado” Información colegial / Noticias sociolaborales Aula técnica / Jurisprudencia

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sumario_3 04_entrevista Antonio V. Sempere Navarro. Abogado y Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. 07_información colegial 11_aula técnica Próximas actividades formativas organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, etc. La huelga en nuestro ordenamiento jurídico, en la jurisprudencia y en la historia. El cambio doctrinal en el tratamiento del rescate de planes de pensiones a los efectos de mantener el requisito de carencia de rentas en el subsidio por desempleo para mayores de 55 años 15_noticias sociolaborales 16_jurisprudencia 22_área fiscal Novedades de la Sala IV del Tribunal Supremo. Edita Comentarios de actualidad sobre impuestos. 22_bolsa de trabajo De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y actividades para el interés del colectivo]. La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (incluyendo domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica) y datos de pertenencia al grupo (número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se editen, teniendo el fichero la consideración de de fuente accesible al público. Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. Sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales y al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan en beneficio del colectivo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. CL Grabador Esteve, 4 1ª – 46004 Valencia. Relaciones Laborales es una publicación mensual del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en la misma podrán hacerlo, enviándonos artículos, opiniones o cualquier otro tipo de material periodístico de interés para la linea editorial de la revista a la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4, 1ª • 46004 Valencia • colegio@cograsova.es. Las colaboraciones, opiniones y artículos irán firmados por sus autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido. Consejo de Redacción Presidente: Ricardo Gabaldón Gabaldón Directora: Carmen Pleite Broseta Subdirector: Óscar Martorell Tronchoni Jefe de Redacción: Rafa Lupión Ruiz Consejo de Redacción: Salvador Aguado Martínez, Dulce Aguilar Llácer, Enrique Albelda Salom, Joaquín Alcoy Moncholí, José Buenaventura Barberá, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Andrés González Rayo, Teresa Luengo Lloret, José Madolell Pedrajas, Raquel Martínez Pardo, Araceli Sanchis Sanjuán, Lourdes Sanz Calderón, Ana Tur García, Elsa Zamora García. Gerente: Pablo Pernas Verdugo Coordinadora: Mada Rivas Rausell Sede: Grabador Esteve, 4, 1ª 46004 Valencia Impresión: www.iplgrafica.com Depósito legal: V-3244-2007 Núm. ejemplares: 2.500 Distribución gratuita.

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4_entrevista Antonio V. Sempere Navarro Abogado y Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Designado Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo “Es casi insoportable el tiempo medio que se tarda en resolver cualquier asunto” Antonio V. Sempere, ilicitano ejerciente, cumple ahora dos años desde que cambiara la Cátedra Universitaria, que compaginaba con tareas de abogacía, por los expedientes judiciales del Tribunal Supremo. Con tal motivo responde las preguntas que le formulamos. Háblenos del panorama desde su responsabilidad en la Sala IV del Tribunal Supremo, ¿qué inputs ha recibido desde su llegada?¿hay algo que le haya sorprendido? Salvo el triste fallecimiento de Manuel R. Alarcón, en estos dos años todas las percepciones que he recibido son muy positivas. Me gustaría que los justiciables (en realidad, sus asesores) pudieran comprobar cómo se abordan realmente los asuntos; los niveles de atención, estudio y deliberación son sumamente elevados. El sistema de trabajo interno exige una gran dedicación y garantiza el máximo nivel de tutela judicial. Me sorprende la escasez de medios humanos que se ponen al servicio de cada Magistrado. Más que aumentar el número de integrantes del Tribunal Supremo, lo que debería pensarse es en rentabilizar su capacidad. ¿Cómo? Mediante un sistema de Lerelaciones laborales trados adjuntos (similar al del Tribunal Constitucional) que permita aumentar la productividad, al actuar como apoyo. También deseo resaltar, una vez más, el error de quienes piensan que las aulas universitarias y la realidad jurídica son o deben ser mundos separados; que existe una fuerte presión de asuntos sobre la Sala Cuarta; que la inversión en medios personales debe reorientarse para hacer más eficaz la tarea de quienes ejercen jurisdicción; en fin, que asistimos a una etapa refundacional de nuestro Derecho del Trabajo, incluyendo la vertiente jurisprudencial ¿Cree que hay un exceso de judicialización del ámbito laboral? ¿A qué es debido? ¿Cómo habría que resolverlo? Creo que es casi insoportable el tiempo medio que se tarda en resolver cualquier asunto. La jurisdicción social ha perdido una de sus principales razones de existir y todo esfuerzo que se haga en tal sentido valdrá la pena. El primer antídoto para evitar la excesiva judicialización es el correcto cumplimiento de las normas. Implantar esa cultura en todos

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entrevista_5 los sectores (desde la mayor a la menor de las empresas valencianas, desde el mayor al menor de los sindicalistas, desde la más veterana al más moderno de los Graduados Sociales. En segundo lugar, por lo que sea, los medios de solución extrajudicial de conflictos no acaban de desempeñar el papel relevante que pueden asumir. Se trata de una vertiente que debemos potenciar entre todos. Por último, la litigiosidad posee múltiples causas, comenzando por las dos anteriores como son incumplimientos y escasa virtualidad de los remedios extrajudiciales; la dotación de medios materiales y humanos no siempre es la adecuada; la coordinación de las distintas Administraciones puede mejorar; la mejor administración de recursos (gastar lo mismo, organizar mejor) aún tiene recorrido; la modernización de las legislaciones (nuevas tecnologías, estructura judicial) todavía no ha culminado… ¿Cuál es la tipología más habitual de los casos que llegan a su Sala? Numéricamente, la inmensa mayoría de asuntos que accede a la Sala Cuarta lo hace a través del recurso de casación para la unificación de doctrina. Eso significa que ha habido previamente dos sentencias que se han ocupado del supuesto (una de órgano unipersonal y otra de órgano colegiado) y se accede al tercer grado jurisdiccional en busca de una solución diversa. En segundo lugar están los supuestos de casación clásica. Se trata de litigios colectivos (por ejemplo, un despido) conocidos en instancia por un Tribunal (TSJ o Audiencia Nacional) y trasladados ante el Supremo para su reconsideración. Adicionalmente, hay otros mecanismos o recursos (de cuantía creciente) que trasladan el litigio a la Sala Cuarta: demandas de revisión, de error judicial, de nulidad de actuaciones, o de aclaración. Considera que la actual Ley Reguladora de la Jurisdicción Social está a la altura de las circunstancias actuales del país en lo referente a la judicialización de de los conflictos laborales. Se trata de una Ley todavía joven, que posee muchos recovecos inexplorados y que viene a significar la mayoría de edad del orden social de la jurisdicción, exigiendo el máximo nivel de competencia y dedicación a cuantos ejerzan actividades profesionales ante ella. No alcanzo a comprender cómo todavía hay quienes consideran que están ante algo menor o de “segundo nivel”. Ni los intereses en juego (sumamente relevantes), ni la arquitectura jurisdiccional (en sintonía con la LEC) ni la complejidad de las normas sustantivas aplicadas (por no hablar de su riqueza y heterogeneidad) casan con ese anquilosado prejuicio. La cercanía de quienes nos dedicamos al Derecho del Trabajo juega malas pasadas a quienes deducen esa conclusión a partir de una apariencia amable. En la actualidad la Sala está inadmitiendo masivamente los recursos de casación por falta de contradicción e identidad en las sentencias de contraste. ¿No considera excesivamente riguroso el criterio de la sala en estos recursos? La casación unificadora ya es la tercera oportunidad que los litigantes han tenido para que su asunto sea estudiado jurisdiccionalmente; por fuerza, el número de asuntos que acceden a la cúspide no puede ser igual que el de los examinados en la base, salvo que hablemos de otro modelo de organización judicial. Los profesionales saben bien la angostura que deriva del actual art. 219 LRJS, idéntico a su predecesor en la LPL, de modo que son conscientes del criterio interpretativo dominante. Dicho lo cual, es seguro que puede haber resoluciones discutibles, aunque puedo garantizar que se extrema el celo para justificar la inadmisión. También es bueno recordar que la LRJS abrió nuevas vías de acceso a la unificación, apenas utilizadas en la práctica. Por otro lado, no podemos olvidar que la sensación de quien ve inadmitido su recurso casacional frecuentemente es la opuesta a la que experimenta la contraparte. La tutela judicial no puede amparar solo a quien recurre, sino que se extiende por igual y la Sala, con sus inevitables equivocaciones, aplica las normas de manera objetiva. Dicho todo ello, y como estudioso de las resoluciones recaídas, no creo que atravesemos una etapa especialmente rigurosa en la admisión de recursos, la verdad. ¿Qué le pide a la nueva legislatura, ahora que se repiten las elecciones legislativas? Profesionalmente, siempre he tenido una posición muy respetuosa hacia el legislador, sea cual sea su perfil, limitando mis críticas a los aspectos técnicos, no solo porque eso ya nos ha dado siempre mucho trabajo (perdón por la ironía) sino también por mi concepción respecto de lo que debe ser un Profesor (trasladar visiones útiles para todo el espectro de posiciones profesionales o ideológicas). Antes de ser Magistrado he escrito muchas veces que el Derecho del Trabajo no iba a resolver los problemas de desempleos o modernización productiva (al margen de que pueda estorbar o auxiliar); que las leyes deben poder reposar y penetrar progresivamente en la realidad; que con las mismas normas se puede llegar a sitios muy diversos; o que la gran revolución sería incidir sobre las conductas (sindicales, patronales, funcionariales, docentes, etc.) y alumbrar normas consensuadas, técnicamente meditadas. Como es lógico, no he cambiado de idea. Hay voces que afirman que hay incluso un exceso normativo y otras que reclaman mayores reformas, ¿en qué lado se sitúa usted? En las aulas y en los escritos vengo diciendo lo mismo: la mayor reforma que se precisa no está en los cambios normativos sino en el cumplimiento de las normas ya existentes. Con las mismas leyes podemos llegar a sitios muy diversos; con las mismas normas puede haber buenos o malos empleadores, excelentes o pésimos trabajadores, infractores o cumplidores, etc. Por paradójico que resulte, deposito muchas esperanzas en las personas y las organizaciones; si se prefiere, en la “cultura” (sindical, empresarial, académica, judicial), que en las leyes. Lo dramático es que se aprueben normas y no se cumplan. El desafío de una sociedad democrática no puede acabar en la elección de gobernantes y aprobación de leyes. Mi postura personalísima: que las normas importantes surjan con un amplio consenso y perduren un tiempo razonable. relaciones laborales

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6_entrevista Los Tribunales Laborales tienen fama de comportarse “pro trabajador” ¿comparte esta opinión? ¿Ha cambiado esta tendencia con la crisis? El Derecho del Trabajo es un ordenamiento compensador de desigualdades, tanto si hablamos de normas sustantivas como procesales y los órganos de la jurisdicción social son los encargados de aplicarlas. La nueva legislación actúa más pro empleo que pro operario; estamos en una compleja fase de reequilibrios, ajustes y (por qué callarlo) dudas de todo tipo. Un momento apasionante que va desde la selección de la norma aplicable hasta su concordancia con el resto del ordenamiento, siempre a la luz de la Constitución. De todos modos, la misma jurisprudencia (por ejemplo, sobre despidos colectivos, sobre indefinidos no fijos, descuelgues, ultra actividad, subsidio por desempleo, etc.) es percibida de modo muy diverso. Y es que, en mi opinión, los clichés son inservibles. ¿Qué papel considera que deben tener los Graduados Sociales para mejorar la situación? ¿Qué opina de estos profesionales? No creo que haya un solo perfil profesional de Graduado Social; desde luego, para mí son tan válidos quienes han abierto su propio Despacho para el ejercicio liberal de la profesión como los que han optado por ocupaciones en régimen laboral o asalariado, en empresas, organizaciones sindicales o patronales, en Gabinetes interdisciplinares, Mutuas, Compañías de servicios, etc. Asimismo me merecen máxima consideración quienes han circulado por los terrenos de la gestión de personas, la prevención de riesgos laborales, la docencia, la consultoría, el diseño de profesiogramas, las auditorías u otros muchos terrenos donde se tiene un perfil menos convencional. Siempre me han gustado las adaptaciones, las innovaciones y he defendido que el Título académico debe capacitar para un sinfín de ocupaciones. relaciones laborales El nuevo tiempo en que estamos ayuda a entender la posibilidad de que las facultades profesionales solo estén monopolizados en casos muy contados, previa justificación objetiva y razonable de ello. Los Graduados Sociales que se desempeñan como asesores de pymes, sin menoscabo del resto, ocupan un lugar estratégico para conseguir los objetivos que las normas laborales se marcan. A veces la TGSS se ha fijado en ellos, pero creo que hay margen para una implicación mucho mayor del colectivo en esas tareas. Ofrecerá usted una conferencia en las X Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales sobre los criterios de la compatibilidad de las pensiones y el trabajo, ¿nos puede avanzar de forma breve las principales novedades que se han producido en este ámbito? La idea es revisar la regulación, aprovechando la relativa claridad que otorga la existencia de un nuevo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social; a la vez, procurando anotar el diferente enfoque que para cada prestación hay en la norma y examinando jurisprudencia reciente. La regulación de las incompatibilidades es incoherente y está plagada de parches. Se han ido cerrando o abriendo puertas a la compatibilidad (jubilación parcial, flexible, activa o con trabajo poco rentable; inválidos absolutos con profesiones exigentes; pensiones de viudedad generadas en plena juventud por persona que trabaja; etc.) sin exponer cuáles son las finalidades perseguidas. Para quienes no conocen la legislación resulta ininteligible que la pensión de invalidez sea fácilmente compatible con trabajo productivo y la de jubilación posea un marco complejísimo; que en la de viudedad se combinen perspectivas contradictorias; que en desempleo haya una regulación titubeante y confusa; o que la empresa ignore la causa de la incapacidad temporal cuando de ella depende la compatibilidad con unas u otras actividades./RL

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información colegial_7 Mayo 3º. SEM. JUBILACIÓN 23 y 25 de Mayo De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 50€ colegiados D. Julio Alonso Cabrero, Graduado Social y D.P. – CAISS “Russafa”. Junio 5º DESAYUNO DE TRABAJO 2016 NOVEDADES JURISPRUDENCIALES RESPECTO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA EMPRESA 3 de Junio De 9 a 11 h. Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8) Colegiados: 25€ (Incluye desayuno) Sr. D. Ángel Blasco Pellicer, Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo. Próximas actividades formativas TALLER PRÁCTICO: CÁLCULO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIZACIÓN. IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA PYMES Plazas Agotadas (Lista de Espera) 24 y 26 de Mayo De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 40€ colegiados D. José Manuel Simarro García, Graduado Social y Asesor Fiscal. Dª. Ainhoa Simarro Arce, Licenciada en Derecho. Licenciada en ADE y Máster en Auditoria y Desarrollo Directivo. SEM. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA y EJECUTIVA, DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6 y 8 de Junio De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos del Colegio 40€ colegiados Sr. D. Moisés Magallón Ortin, Director de la Administración 46/05 de la TGSS de Valencia. Sr. D. Arturo Eduardo Martínez Aparicio, Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva en Valencia. COLABORA: TGSS y GRUPO GLORIETA Julio 6º DESAYUNO DE TRABAJO 2016 CONVENIOS, PACTOS Y ACUERDOS DE EMPRESA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS, NATURALEZ Y RÉGIMEN JURÍDICO 1 de Julio De 9 a 11 h. Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8) Colegiados: 25€ (Incluye desayuno) Sra. Dª. Gemma Fabregat, Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Departamento del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. relaciones laborales

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8_información colegial CONSULTAS ASESORÍA LABORAL VIRTUAL PORTAL COGRASOVA CARLOS ALFONSO MELLADO Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Valencia. GEMMA FABREGAT MONTFORT Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia PREGUNTA 1 Subsidio de maternidad Buenos días, Tenemos una mujer que en momento de dar a luz no tenía los 180 días cotizados, en esta situación tenemos dos cuestiones: 1. La suspensión del contrato de trabajo de 16 semanas que establece el art. 48.4 del Estatuto de los trabajadores y 2. La cuestión de la prestación económica de seguridad social, al no tener el requisito de los 180 días cotizados, no puede acceder a la prestación de 16 semanas y cobra el subsidio de maternidad que tiene una duración de 42 días (6 semanas) 3. En este punto, nos encontramos ahora, ha finalizado la prestación de 42 días y sigue disfrutando de las 10 semanas de suspensión del contrato. 4. Por tanto, entiendo que estas 10 semanas que le quedan de descanso la empresa no tiene obligación de retribución, (ya que se trata de una prestación directa del INSS). 5. La cuestión es: ¿si se puede considerar un periodo de suspensión del contrato no retribuido? RESPUESTA 1 Efectivamente, en esta situación el contrato queda suspendido por el período de 16 semanas que establece el TRET y solo recibe como prestación del INSS en pago directo los 42 días a contar desde la fecha del parto en concepto de maternidad no contributiva, al no alcanzar el período mínimo de cotización exigido para la prestación de maternidad. Por lo tanto durante las 10 semanas restantes perdura la suspensión del contrato pero sin retribución alguna ni por parte de la empresa ni por parte del INSS en tanto no se produzca durante este período la reincorporación voluntaria de la trabajadora. PREGUNTA 2 Dietas Hola buenos días: Tengo claro que en un contrato 401 (obra o servicio) no se pueden especificar” dietas exentas”. Mi duda es, ¿en un contrato 402 estarían exentas o al ser temporal tampoco? RESPUESTA 2 Lo que se tiene en cuenta es la naturaleza del contrato, no su temporalidad. En el caso de contratos por obra o servicio determinado no procede el abono de cantidades en concepto de dieta, ya que tal concepto lleva implícito el desplazamiento temporal del centro o lugar de relaciones laborales trabajo habitual a otro distinto. Las peculiaridades de esta modalidad contractual conllevan que la obra sea el centro o lugar de trabajo habitual desde el inicio al fin previsto de la relación laboral, y el desplazamiento diario a la referida obra no fundamenta que deban abonarse cantidades en concepto de dieta, ello con independencia de que procediese abonar pluses de distancia o transporte urbano. Por el contrario, quedarán incluidas en la citada base de cotización las cantidades abonadas bajo tal concepto en los supuestos de contratos de trabajo para obra o servicio determinado, pues no puede atribuírseles la naturaleza de dietas. PREGUNTA 3 Devolución bonificaciones contrato microempresas Buenos días, En primer lugar agradecerles su colaboración. Mi duda reside en que, si se realiza un contrato bonificado de un joven por microempresas o empresarios autónomos, en el que se exige el mantenimiento del trabajador durante 18 meses, si se realiza un despido objetivo declarado como procedente, ¿se entiende como una extinción por causa no imputable al empresario?. La redacción de la norma expresa que “Debe mantenerse en el empleo al trabajador contratado al menos dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba”. Es por ello que no tengo claro si la causa no imputable al empresario se refiere sólo a decisiones unilaterales del trabajador, o por el contrario ante un despido disciplinario o un despido objetivo también se entendería como causa no imputable al empresario. RESPUESTA 3 La ley 11/2013, que convalidó el RDL 3/2014, en su art. 10 apartado 4, establece los dos requisitos de mantenimiento de empleo (18 meses en el caso del trabajador bonificado y un año en el nivel de empleo de la empresa). En el último párrafo del apartado mencionado se indica que “No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente.......” Por lo tanto se entiende un despido objetivo reconocido como procedente no se debe de tener en cuenta ni para el requisito de mantenimiento del contrato de 18 meses ni para el mantenimiento de un año del nivel de empleo de la empresa. PREGUNTA 4 Contratación de minusválidos En la ley 43/2006 se establecen bonificaciones para minusválidos .En el artículo 5.1 se establecen como exclusiones en el apartado d) la contratación de trabajadores que hayan causado baja con una anterior empresa con un contrato indefinido para minusválidos. (es el caso de mi empresa , no puedo contratarlo porque anteriormente tenía en otra empresa un contrato indefinido y fue baja voluntaria) Mi pregunta es: ¿siguiendo con lo establecido en el mismo apartado 3 de este mismo artículo 5 (en relación con el 5.1 c)), podría contratar al minusválido en mi empresa con un contrato temporal de 3 meses (con o sin minusvalía) y luego darlo de alta en la misma empresa como indefinido como minusválido? creo entender que el artículo citado (esto es 5.3 ) solamente prohíbe que haya existido relación laboral anterior con la misma empresa o grupo de empresas con un contrato indefinido pero no dice nada al respecto de las contrataciones temporales por lo que entiendo que si se podría hacer un contrato temporal y esto no supondría la excepción citada en el apartado c) “ trabajadores que en los 6 meses anteriores a la fecha de contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa grupo de empresas con un contrato temporal o formativo, de relevo o de sustitución” me urge bastante. Gracias. RESPUESTA 4 Suponemos que se refiere al artículo 6.3. Efectivamente si le contrata como temporal y luego lo contrata como indefinido, la excepción de la letra c) del artículo 6.1 no rige al tratarse de contratación de discapacitado. La excepción del contrata indefinido previo ya no regiría por haberse extinguido hace más de tres meses. Por ello pensamos que puede ser posible aunque siempre cabe que le aleguen un supuesto de fraude de ley que pese a todo creemos que no concurre, aunque obviamente no podemos asegurar el comportamiento de la administración.

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información colegial_9 Jornada INCAPACIDAD TEMPORAL Jornada EL TRABAJO AUTÓNOMO, ALGUNOS PROBLEMAS DE ACTUALIDAD El Salón de Actos del Colegio albergó, el pasado 6 de abril una jornada sobre Incapacidad Temporal cuyo ponente fue Julio Alonso Cabrero, Graduado Social y D.P. - CAISS “Rusaffa”. La jornada, organizada por Cograsova con la colaboración del Grupo Glorieta, fue inaugurada por Ricardo Gabaldón, Presidente del Colegio. Seminario práctico CONSTITUCIÓN Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES El pasado 7 de abril en el Salón de Actos del ADEIT Cograsova organizó una jornada para analizar algunos problemas de actualidad del Trabajo Autónomo. Los ponentes fueron Gemma Fabregat Monfort, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho-Universidad de Valencia y Vicedecana de economía y sostenibilidad, José Juan Luján Alcaraz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia y Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Álvaro Orts Ferrer, Consultor Legal en Orts Consultores, LOPD, LSSI, Mentoring Emprendedores, Mª. Luisa Salas Martí, Subdirectora Provincial de Gestión Descentralizada de la TGSS de Valencia y Carolina Verdés Pastor, Vicepresidenta Territorial Valencia de APAFCV. La jornada contó con la colaboración de la Cátedra de Trabajo Autónomo, ATA, la Asociación de Asesores Fiscales, el Grupo Glorieta y Activa Mutua. Fue inaugurada por Carmen Pleite Vicepresidenta 1ª y Ricardo Gabaldón, Presidente del Colegio. La constitución y disolución de sociedades mercantiles fue abordada en un Seminario Práctico organizado por Cograsova con la colaboración del Grupo Glorieta y Ateneu el pasado 8 de abril. Los ponentes fueron Alberto V. García Moreno, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de Valencia. Despacho Martin Queralt y Mª. José Vañó Vañó, Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universitat de Valencia. La inauguración corrió a cargo de Vicente Vercher, Secretario General del Colegio. relaciones laborales

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10_información colegial NUEVO SERVICIO ALOJAMIENTO WEB PARA TU DESPACHO PROFESIONAL Os recordamos el nuevo servicio puesto en marcha por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Se trata del alojamiento web (en inglés web hosting). Es el servicio que provee a los usuarios de Internet de un sistema para poder almacenar información sobre tu despacho profesional. Cograsova ofrece ahora un nuevo servicio para todos los colegiados y hosting de páginas web. Gracias a este nuevo servicio, los colegiados podrán alojar su correo y sus páginas web con Cograsova a partir de 5 euros al mes (dominio aparte). El plan de alojamiento “No Administrado” quiere decir que Cograsova se limitará a ofrecer la conectividad, recursos, panel de control y todas las herramientas necesarias para administrar el plan contratado. Te detallo a continuación las características del hosting: Servidor en España con IP Española. PHP: v5.2, v5.3, v5.4, v5.5 MySQL: v5.5 Uptime Garantizado 99.9% Backups Diarios Panel de control: cPanel/WHM En cualquier caso, nuestro servicio de informática se encuentra a tu disposición para ofrecerte la información que necesites respecto a esta nueva posibilidad. Espero que resulte de tu interés y contribuya, como es nuestra intención, a que recibas del Colegio los mejores servicios posibles. Desayuno de trabajo LA DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO COMO CAUSA DE DESPIDO DOCTRINA DE JUZGADOS DE LO SOCIAL, AL DÍA La Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, Mª Luisa Segoviano fue la ponente en el tercer desayuno de trabajo de 2016 organizado por Cograsova con la colaboración del Grupo Glorieta y el Banco Santander. En esta ocasión el tema a tratar fue la disminución de rendimiento como causa de despido. El desayuno tuvo lugar en la sede del Banco Santander en la calle de las Barcas de Valencia el 22 de abril y fue inaugurado por Carmen Pleite, Vicepresidenta 1ª del Colegio. La última doctrina y jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales en el Orden Jurisdiccional Social fue analizada en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia el pasado 28 de abril en una jornada organizada por Cograsova con la colaboración del Grupo Glorieta. Los ponentes fueron Miguel Ángel Beltrán Aleu, Magistrado – Coordinador del Juzgado de lo Social número 1 de Valencia, José Ramón Hernández Dols, Magistrado del Juzgado de lo Social número 12 de Valencia y Sagrario Plaza Golvano, Letrada de la Administración de Justicia. La inauguración corrió a cargo de Teresa Hueso, Tesorera del Colegio. NECROLÓGICA Por medio del presente, lamentamos comunicar el reciente fallecimiento del compañero DON JESÚS VALENCIANO BARBA, el pasado 24 de abril, colegiado ejerciente de esta Corporación Profesional desde el año 1989. El Presidente, la Junta de Gobierno y el Gerente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, participan tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. Trasladamos a su familia, amigos y compañeros, nuestro más sentido pésame. relaciones laborales

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aula técnica_11 La huelga en nuestro ordenamiento jurídico, en la jurisprudencia y en la historia Andrés González Fernández Abogado y Graduado Social Socio-Consultor AG&AG Auditores y Consultores Laborales Director Escuela Superior de Estudios Laborales En primer lugar cabe recordar que la regulación de la huelga actual deviene de un Real Decreto-Ley (R.D.L. 17/1977) preconstitucional que fue parcialmente derogado por la Sentencia STC 11/1981, que a la vista del contenido de la Constitución de 1978, consideró numerosos preceptos contrarios a la misma. Queda pues un texto limitado, que no puede resolver esta problemática y que con el paso del tiempo se revela como ineficaz para resolver la pluralidad de situaciones que se derivan del uso de este mecanismo de defensa de los intereses de los trabajadores. Eso sí, la situación actual, que quizá no satisface a ninguna de las partes en conflicto, parece menos insatisfactoria para las entidades sindicales, quienes en alguna ocasión llegaron a decir que “la mejor Ley de Huelga, es la que no existe”, en alusión a que la desregulación actual es una buena situación al no “encorsetar” su práctica. Al respecto han sido muchas las voces que han criticado la situación actual, unos con mayor énfasis que otros, señalando el tiempo transcurrido desde la vigencia del Real Decreto-Ley 17/1977 sin una Ley de Huelga ajustada a la realidad social de nuestro tiempo (38 años), requiriendo a los poderes públicos el acometer tal empresa, sin éxito. Así, se dice que los dos partidos que vienen gobernando el país no han intentado regular la práctica de este derecho constitucional, unos por afinidad con los criterios sindicales antes citados, otros por aquello de “vamos a dejarlo y no crear más problemas”. Pero tal análisis es parcialmente inexacto y esto motiva este breve comentario que hago a continuación. Así es, en el mes de octubre de 1992, gobernando el PSOE y siendo Presidente del Gobierno D. Felipe González Márquez, sí existió un Proyecto de Ley Orgánica de Huelga, que si no fructificó no fue por la determinación del Gobierno, sino por presiones sobre su contenido provenientes precisamente del partido que le daba soporte. Pero eso es otra historia que puede documentarse acudiendo a las hemerotecas. Lo cierto es que tal proyecto contenía alguna precisión que conviene traer aquí para su análisis y determinación de su conveniencia. Por ejemplo, su artículo 4.2 permitía el establecimiento vía convenio colectivo a modo de cláusula obligacional de un acuerdo que imposibilitara recurrir a la huelga durante su vigencia. Por su parte, se declaraba ilegal la huelga que pretendiese alterar lo pactado en convenio, sin que se entendiese ilegal si su motivación era reclamar su interpretación, el cumplimiento de lo estipulado o la reivindicación de aspectos no contenidos en aquel (artículo 5.1.b). Esta última cuestión daba lugar a que previsiblemente, ultimado un convenio y establecida la condición de paz social, pudiera acudirse a la huelga para reivindicar otras materias no pactadas, dando lugar a la negociación continua como por entonces sucedía en Italia y cuyas consecuencias aún recuerdan nuestros hermanos italianos de aquella época. También aludía el Proyecto (artículo 6) a la posibilidad de no cumplir con el plazo de 5 días de preaviso, si se acreditaba la existencia de fuerza mayor o estado de necesidad, como el atentado a los derechos fundamentales de los trabajadores, cuestión ésta que a nadie se le escapa el juego que daría en la actualidad. Así, el artículo 7 pretendía que los trabajadores huelguistas pudieran permanecer en los locales de la empresa, ejerciendo su derecho a reunión, sin impedir la actividad de los no participantes en la huelga. ¿Se imaginan, huelguistas y no huelguistas compartiendo techo? Si se lo imaginan, ya saben la respuesta; si no lo hacen, prueben y así lo sabrán. Éstas y otras cuestiones fueron, digo yo, la causa de la retirada del comentado proyecto y la solidificación del texto del Real Decreto-Ley 17/1977. Ahora bien, la respuesta jurisprudencial ha venido configurando este derecho de forma amplia y con evidente lógica tendencia a su protección, aproximando el texto de la fallida reforma a la doctrina judicial, por lo que parece relaciones laborales

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12_aula técnica conveniente repasar, aunque sea a modo muy resumido, algunas respuestas judiciales sobre este derecho fundamental y ver si éstas guardan relación con aquella no nacida Ley. A saber, distinguiendo las distintas modalidades, las huelgas pueden ser políticas, de solidaridad, contra lo dispuesto en convenio (novatoria, de interpretación, por causa ajena al mismo, incumplimientos del convenio, de adaptación al ordenamiento jurídico), y para forzar la negociación colectiva. En cuanto a su realización, observamos aquéllas con abandono del centro de trabajo, con ocupación del mismo, rotatorias, intermitentes, e indefinidas. Todas ellas presentan visos de legalidad o ilegalidad, aunque esto último es poco probable dada la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo. Entre las ilegales encontramos las novatorias, si bien el T.C. en sentencia 332/1994 formuló ciertas matizaciones al respecto admitiendo su legalidad en determinados casos, como también hizo la S.T.S. de 8/06/2011 sobre la realizada para forzar la negociación de materias no cerradas en el convenio y que fueran relegadas a negociaciones posteriores, y la S.T.S. de 15/10/2009 en cuanto a materias no contenidas en el convenio y que pueden ser negociadas en ámbitos inferiores. Como puede apreciarse, incluso modalidades declaradas ilegales por el Real Decreto-Ley del año 1977, han sido consolidadas como legales por los tribunales de justicia, reduciendo notablemente la posibilidad de declaración de ilegalidad, que junto con la doctrina en materia de “esquirolaje” interno o externo, dejan a las empresas en situación de evidente desequilibrio en estas situaciones de alteración laboral; sin que con esta consideración se persiga dejar sin contenido el citado derecho. Derecho a la huelga, ¡sí!, protección de la empresa, ¡también! En todo caso, equilibrio de intereses. Salvo mejor criterio./RL relaciones laborales

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Información elaborada por aula técnica_13 El cambio doctrinal en el tratamiento del rescate de planes de pensiones a los efectos de mantener el requisito de carencia de rentas en el subsidio por desempleo para mayores de 55 años Extracto del artículo de Eva María Blázquez Agudo. Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Publicado en la Revista de Información Laboral num.4/2016 de Lex Nova I. El subsidio de desempleo para mayores de 55 años como remedio a la carencia de rentas de los trabajadores expulsados del mercado laboral Como bien se conoce, existen dos niveles de protección en la situación de desempleo involuntario. El primero estrechamente ligado a la contributividad, que permite el acceso a la prestación hasta un máximo de 720 días, y el segundo de corte asistencial que, aunque en la mayoría de los casos relacionados a una previa contribución, únicamente se concede a aquellos sujetos que carecen de rentas en determinados supuestos tasados. Así, el subsidio por desempleo es una prestación que trata de cubrir la situación de necesidad que consiste en encontrarse sin empleo de forma involuntaria y, además, carecer de otras rentas. Es decir, se trata de un recurso de subsistencia. Asimismo, se reconoce una modalidad especial para los mayores de 55 años, que se encuentren en cualquiera de las situaciones anteriores. Este último derecho tiene como objetivo claro atender a los trabajadores expulsados del mercado laboral prematuramente, que dadas sus características, va a ser difícil que encuentren un nuevo puesto de trabajo. Con la regulación de esta prestación se busca una fórmula para atender su situación de necesidad hasta el momento de su jubilación. El legislador ha concretado esta situación para los mayores de 55 años por entender que es cuando los trabajadores pueden encontrarse en la tesitura descrita. En todo caso, no se trata de atender a todos los mayores de 55 años que no puedan reinsertarse en el mercado laboral, sino únicamente a los que carezcan de rentas, tanto personales como familiares. Este requisito no solo debe demostrarse en el momento de solicitud del beneficio, sino que debe mantenerse durante todo su disfrute. En concreto, se entiende por carencia de rentas a los efectos de acceder al beneficio descrito, a tenor del artículo 275.2LGSS, la falta de ingresos, de cualquier naturaleza, superiores, en cómputo mensual, al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la proporción de las pagas extraordinarias. No se escapa que en este ámbito un elemento esencial, sobre el que gira la sentencia comentada, es el concepto de renta manejado en este contexto. Aunque en principio parece ser omnicomprensivo, existen ciertas excepciones, como se verá. Pero, asimismo, otro elemento pri- mordial será la forma de computarla, puesto que la elección de este modo influirá directamente en el acceso y mantenimiento del derecho al subsidio. II. El deber de comunicar las circunstancias personales y sus efectos El artículo 299 LGSS señala como obligación de los beneficiarios de las prestaciones de desempleo la solicitud de la baja en los beneficios cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción. El momento concreto de ejercicio de dicho deber será cuando se produzcan dichas situaciones. Como obligación anexa a esta, se recoge la necesidad de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas, si no se ha cumplido estrictamente con el plazo de comunicación. En el supuesto de la sentencia analizada, la actora estaba percibiendo el subsidio por desempleo para mayores de 55 años (en aquel momento, para mayores de 52) y parece que supera el límite de rentas necesarias para mantener dicho derecho. El Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante, SEPE) entiende que la subsidiada ha incumplido su deber de comunicar esta situación y declara extinguido la percepción del beneficio. En concreto, la beneficiaria del subsidio por desempleo rescata un plan de pensiones, y el SEPE valora que la cuantía rescatada es superior al límite económico fijado para mantener el derecho. El SEPE defiende que la beneficiaria debería haber presentado copia del IRPF con el fin de acreditar esas rentas, y como no lo hizo, concluye que debe ser sancionada no solo con la devolución de las prestaciones indebidamente cobradas, sino también con la extinción del derecho. Frente a esta actuación, se puede contraponer la existencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se había establecido en aquel momento, que la falta de comunicación a la entidad gestora de la percepción puntual de ingresos por superar los límites de rentas marcados en la norma, no da lugar a la extinción, sino solamente a la suspensión. Sobre todo es aplicable esta doctrina a los supuestos, como el analizado, en que dichos rendimientos aparecen expresamente en la declaración tributaria de los beneficiarios, señala el Tribunal. Así, parece que en estas circunstancias debe interpretarse que el beneficiario no relaciones laborales

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14_aula técnica tiene ánimo de fraude, ya que ha declarado tributariamente sus rendimientos. Además hay que añadir la necesidad de buscar un criterio proporcional a la hora de establecer la sanción, sobre todo teniendo en cuenta que una vez que se pierde el derecho al subsidio por desempleo, aunque sea por circunstancias temporales, únicamente podrá accederse de nuevo al beneficio, cuando se vuelvan a cumplir todos los requisitos exigidos por la norma. Por lo que la extinción del derecho por obtener unas rentas esporádicas, parece desproporcionado para el daño provocado a un sujeto que tenía reconocido un medio de vida hasta el acceso a la jubilación y no ha ocultado sus rentas, lo que queda probado con la presentación de su declaración ante la Agencia Tributaria. Esta es la línea seguida por la sentencia analizada en el supuesto, que cambia la opción de la extinción por la de la suspensión del subsidio durante el período de un año, cuando el subsidiado percibe como cuantía del rescate de su plan de pensiones un importe superior al límite de ingresos establecido para mantener el derecho, obligando al SEPE a restaurar la prestación durante el resto del tiempo y hasta su jubilación, estimando en parte las reclamaciones de la beneficiaria. III. La valoración económica de los planes de pensiones en el requisito de carencias de rentas 1. El fin del tratamiento de los planes de pensiones como ingreso asimilado a renta de trabajo El concepto elegido de rentas computables para determinar la carencia en el subsidio por desempleo es totalizador y omnicomprensivo, es decir, se incluyen todos los ingresos del desempleado. En este sentido, el art. 275.4. LGSS señala que a efectos de valorar la carencia de rentas se computa cualquier bien, derecho o rendimiento derivado del trabajo, capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional. Al margen de esta definición legal, que recoge alguna excepción expresa, la jurisprudencia ha ido construyendo una doctrina sobre los elementos que se incluyen o no en ese concepto. En la materia que aquí interesa, el rescate de los planes de pensiones, hasta ahora se trataban como un ingreso nuevo, no sustitutorio del anterior, un rendimiento prestacional cuya naturaleza se equipara a renta de trabajo. Con independencia del tiempo a lo largo del cual se haya generado, lo importante es el momento de rescate, sin que en ningún caso se pueda valorar como una renta diferida. Se trata, según la doctrina hasta ahora aplicada, de una renta a contabilizarse en el momento concreto de su percepción. Con independencia de esta cuestión la LGSS incluye como renta a valorar en el concepto de carencia de ingresos suficientes a las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como a los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés vigente, con la excepción de la vivienda ocupada habitualmente por el trabajador. En la sentencia analizada esta doctrina es aplicada directamente al supuesto del rescate de los planes de pensiones. Se entiende que lo que computa no es el ingreso que supone el rescate del plan de pensiones, que superaría el importe límite para mantener relaciones laborales el subsidio por desempleo, sino la plusvalía o beneficios que le haya generado dicho plan de pensiones. Se entiende que con el rescate lo único que lleva a cabo el beneficiario es un cambio de elemento patrimonial (un producto de previsión social por dinero) y, por tanto, no es valorable como renta como no lo era anteriormente el propio plan. Habría que estar a los beneficios que le haya podido generar dicho plan durante el tiempo en que lo ha mantenido, es decir, a su plusvalía, y como no consta este dato, el Tribunal concluye que no puede valorar ningún importe a los efectos del mantenimiento del subsidio. 2. Los efectos de la nueva calificación en la sanción propuesta por la entidad gestora Retomando la cuestión sobre la sanción aplicada por el SEPE (la extinción del subsidio por desempleo por no haber comunicado la cuantía obtenida por el rescate del plan de pensiones), hay que volver a recordar la normativa que recoge la LISOS en estos supuestos. Dicha ley contempla, como ya se señaló, la posibilidad de sancionar tanto con la suspensión de la prestación, como con la extinción, opción esta última elegida por el SEPE en el supuesto analizado. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que no es posible en ningún caso esta aplicación desde el nuevo concepto de renta que se le aplica a los planes de pensiones. Al cambiar la valoración de los ingresos obtenidos en el rescate del plan de pensiones, la consecuencia inmediata es la inaplicación de las sanciones reguladas en la ley, dado que no es posible la interpretación por analogía. Es decir, la LGSS describe la conducta infractora como “no comunicar la obtención de rentas y percibir prestación por desempleo indebidamente”, y con la nueva calificación no hay rentas que comunicar, dado que no consta que haya habido plusvalías, de forma que no es posible la sanción (la extinción del subsidio) que fue impuesta por el SEPE a la beneficiaria del subsidio por desempleo. IV. Conclusión: un cambio de doctrina La sentencia de unificación de doctrina del Tribunal Supremo 65/2016 supone un importante cambio de doctrina en la valoración del rescate de cualquier tipo de plan de pensiones a los efectos de cumplir el requisito de carencia de rentas y, consecuentemente, mantener el subsidio por desempleo de mayores de 55 años. En consecuencia, superada expresamente la doctrina anterior, habrá que entender desde ahora que la cuantía rescatada de un plan de pensiones no es un ingreso a los efectos de determinar el mantenimiento de la carencia de rentas en el subsidio por desempleo, puesto que el beneficiario lo único que hace es sustituir un elemento patrimonial (plan de pensiones) por otro (dinero). Lo que sí se valorará es la plusvalía o beneficios generados por este durante el tiempo que subsistió. Con esta nueva interpretación se da un nuevo paso en la necesaria protección de los trabajadores desempleado mayores de 55 años, que tienen una débil posición en el mercado laboral actual, tratando de mantener sus recursos hasta el momento del acceso a la jubilación, teniendo en cuenta que una vez extinguido su derecho, no podrán de nuevo acceder a este beneficio más que si vuelven a cumplir las condiciones exigidas por la norma./RL

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Información elaborada por noticias sociolaborales_15 La tasa de paro sube al 21% en el arranque del año El número de parados en España subió en el primer trimestre del año en 11.900 personas, mientras que se destruyeron 64.600 puestos de trabajo, lo que reflejó un ligero deterioro del mercado laboral en el inicio del año coincidiendo con la finalización de los contratos asociados a la temporada navideña. Según datos publicados a finales de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro se situó en el 21 por ciento de la población activa, una décima más que al término de 2015, al afectar a 4,79 millones de personas. La sólida expansión de la economía española -creció un 3,2 por ciento en 2015- no fue suficiente para reducir la elevada tasa de paro del país, que lleva cinco años y medio por encima del 20 por ciento y es la segunda más alta de Europa después de Grecia. Los datos de destrucción de empleo en el primer trimestre de la democracia con un gobierno en funciones muestran sin embargo una mejoría con respecto a años anteriores al ser la menor caída de ocupados para un primer trimestre desde 2007. Además, en términos desestacionalizados, el empleo incluso creció, un 0,87 por ciento, encadenando diez trimestres consecutivos al alza. La cifra de desempleados también mejora si no se tienen en cuenta los efectos del calendario, en un trimestre en el que cayó entera la Semana Santa, ya que el paro registró en el período un descenso del 2,74 por ciento, sumando 12 trimestres seguidos de reducción. Estas cifras, junto a la mejora significativa del deteriorado mercado de trabajo español con respecto a hace un año -con 574.800 ocupados más y 653.200 parados menos-, llevaron al ministro de Economía español en funciones, Luis de Guindos, a hacer una lectura positiva de la Encuesta de Población Activa (EPA). “La EPA muestra que crecimiento de empleo se ha acelerado”, dijo De Guindos en un desayuno informativo, señalando que el programa económico que España presentará a Bruselas prevé la creación 470.000 puestos de trabajo al año en el período 2016-2019. La mayoría de los puestos de trabajo se perdieron en el sector de servicios, aunque mucho menos que en el mismo periodo de hace un año, mientras que la industria ganó empleados. La caída del empleo se debió exclusivamente al sector privado, que perdió 82.100 trabajadores, mientras que en el sector público creció en 17.600 personas. La ayuda de 426 € será compatible con la remuneración por cuenta ajena Solo un día después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. La prórroga tendrá efectos hasta el 15 de abril de 2017. Entre las principales novedades del Programa se incluye la posibilidad de compatibilizar la prestación de 426 euros con la remuneración recibida al trabajar por cuenta ajena, con el fin de facilitar la inserción de un colectivo con especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. La novedad citada tiene por objeto facilitar la inserción de un colectivo con especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Así el 87% de las personas contratadas, acogidas a la compatibilidad, han mantenido su empleo tras finalizar el programa. Cabe destacar también que se rebaja del 20 al 18% el umbral de la tasa de paro para asegurar la próxima prórroga automática del PREPARA, prevista para el mes de agosto de este año. A su vez, para facilitar que el programa atienda a quienes cumplen todos los requisitos, salvo el vigente en la redacción actual de estar inscrito como demandante de empleo el 1 de diciembre de 2014, se amplía el colectivo potencialmente beneficiario a los inscritos como demandante de empleo a 1 de abril de 2016. El Programa tiene su origen en el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo que fue rubricado el 15 de diciembre de 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Como consecuencia del citado Acuerdo, se aprobó el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. Este programa, extraordinario y específico, se dirige a los trabajadores desempleados de larga duración que se encuentran en una situación de especial necesidad, con cargas familiares, y que realizan una búsqueda activa de empleo. A pesar de que el plazo para solicitar el acceso al programa venció el pasado 15 de abril se ha estimado oportuno prorrogarlo debido a que, según el Gobierno, “ha sido ha sido eficaz para la inserción y atención de los desempleados de larga duración”. En cifras, gracias a este programa y a fecha de 31 de marzo de 2016 se ha atendido a 161.583 desempleados de larga duración. A todos ellos se les ha realizado un Itinerario Personalizado de Inserción. Además, se han beneficiado de la prestación económica de 426 euros casi 100.000 personas (99.410). Un 16% de los beneficiarios de la prestación han sido insertados en el mercado laboral (15.212), con datos de febrero, rozando en algunas comunidades autónomas el 30% de inserción. El Programa PREPARA fue prorrogado el pasado 15 de febrero hasta el próximo 15 de agosto de este año, si bien con la rebaja del límite de la tasa de paro del 20 al 18% se asegura su mantenimiento con posterioridad a esta fecha. El impacto económico de la lucha contra el fraude laboral desde 2012 supera los 15.300 millones de euros Durante el acto de clausura de la I Jornada de Formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Servicio Jurídico de Seguridad Social, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, resaltó que las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social, han alcanzado un impacto económico global desde el año 2012 estimado en 15.371 millones de euros”. La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido detectar más de 5.000 empresas ficticias en lucha contra el fraude contra las empresas ficticias, empresas sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones, y aflorar más de 125.000 contratos En cuanto a las actuaciones encaminadas a aflorar cantidades no declaradas a la Seguridad Social, recogidas en expedientes liquidatorios, Báñez informó que arrojan un impacto económico de más de 4.661 millones de euros. Durante su intervención la titular de Empleo declaró que el fraude debe ser combatido con todos los instrumentos posibles “porque supone una competencia desleal e injusta hacia las empresas que sí cumplen sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social”. Además, añadió, el fraude a la Seguridad Social supone una merma al instrumento de solidaridad más importante que existe y permite pagar más de 9 millones de pensiones”. El fraude laboral supone “una agresión intolerable” contra los derechos laborales básicos de los trabajadores. “Esos derechos son, ha continuado, tener un trabajo, estar afiliado a la Seguridad Social, tener pensión de jubilación, formación y prestación por enfermedad, entre otros”. Medidas abordadas en esta legislatura que quedan en el tintero por el 26-J La legislatura, que será la más corta de la historia reciente, ha permitido sacar adelante un Real Decreto, el que prorroga la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con cargas familiares, mientras que otras muchas proposiciones de Ley y no de Ley se han quedado en el tintero. Concretamente, una de las iniciativas aprobadas por unanimidad, fue la que instaba a negociar un calendario de alzas para que el Salario Mínimo Interprofesional se situara en el 60% del salario medio neto. La lucha contra el fraude fiscal ha sido otro de los puntos de coincidencia que han unido a PSOE, Podemos y Ciudadanos. Así como la denominada “Ley 25, de emergencia social”, impulsada por Podemos y que el Congreso aprobó tramitar para enmendarla en comisión, aunque ha quedado aparcada hasta que la formación morada decida revitalizarla. También los autónomos o el desempleo juvenil han sido objeto de debate en el Congreso, que aprobó crear dos subcomisiones para estudiar mejoras en el sistema de cotización de los emprendedores y medidas de lucha contra el paro entre los jóvenes menores de 30 años, y que de nuevo deberán plantearse en un futuro./RL relaciones laborales

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