Revista del Depto. de Derecho N°2 - UGD

 

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Revista Derecho N°2 - UGD

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ISSN 2408-4581

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Editorial UGD Universidad Gastón Dachary Salta 1912, Posadas, Misiones, Argentina Teléfono: +54 (0376) 4438677 Fax: +54 (0376) 4438677 Revista del Departamento de Derecho de la Universidad Gastón Dachary. Número 1. Contacto: editorial@dachary.edu.ar Colección Revistas de la Editorial UGD

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Sumario “El juez civil y la prueba: Algunas reflexiones sobre el significado y alcance del principio imparcialidad judicial” 4 Editorial Un espacio para el Derecho Público Dra. Carolina Vanesa Rosas El Proceso Abreviado Laboral en el marco del nuevo Código de Procedimiento de la Provincia de Misiones. Un salto a la celeridad procesal 10 La Democracia y su ejercicio. El presupuesto participativo de la ciudad de Posadas como una oportunidad 20 Así como en el primer número de la Revista generamos un espacio de reflexión para el Derecho Privado, en esta oportunidad propiciamos reflexiones en el ámbito del Derecho Público, es decir, de esta parte del derecho en la cual se siente una fuerte presencia estatal dados los bienes jurídicos tutelados. Colegas de esta Casa de Altos estudios reflexionan, y nos invitan a acompañarlos en esa tarea, acerca de temáticas relevantes en todo estado de Derecho, vinculadas al debido proceso garantizado desde nuestra propia Carta Magna; nos instan a reflexionar acerca de la labor judicial, a analizar el proceso mismo y la valoración judicial de la prueba. En esta línea de análisis, y con profundo anclaje local, siguiendo la identidad de nuestra Universidad, y considerando la novedad que aún entraña la reforma procesal en nuestra provincia de Misiones a partir de la entrada en vigencia de los nuevos Códigos Procesales en marzo de 2014, en el presente número se pone especial atención a los procesos urgentes en el Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la provincia de Misiones. Rector: Ing. Luis Enrique Lichowski Secretaria de Extensión: Lic. Gabriela Lichowski Coordinador Editorial UGD: Lic. Jerónimo Peralta Rodriguez Director de Abogacía -UGD: Dr. Juan Manuel Lezcano Editora Revista Derecho UGD: Dra. Vanesa Carolina Rosas Diseño de Tapa: DG. Marisa Figueredo Corrección: Gabriela Loreiro ISSN 2408-4581 Los procesos urgentes en el régimen del Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones 30 El Derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo 44 Staff También, y con una mirada local en el aporte de la construcción de una ciudadanía comprometida con lo público, se reflexiona sobre aspectos tales como el presupuesto participativo, como una herramienta interesante en el marco de la democracia participativa. Cada docente, desde su disciplina propia nos permite en su trabajo indagar acerca de estos temas de gran relevancia en el quehacer cotidiano. ISSN XXXX-XXXX

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4 El juez civil y la prueba Algunas reflexiones sobre el significado y alcance del principio imparcialidad judicial1 Por Juan Manuel Lezcano, Abogado - Doctorando UNL - UCSF - Docente en UCSF - UGD- Investigador UCSF - UGD juanmanuellezcano@gmail.com SUMARIO: I - Introducción. II - La prueba judicial y la convicción del magistrado. III - El juez y la prueba. IV - El concepto de “debido proceso”. V - Inconstitucionalidad por privación de prueba. VII - Inconstitucionalidad por inidoneidad del juez. VIII - La garantía de imparcialidad. IX - Conclusiones. X - Bibliografía. I. Introducción En el presente trabajo se pretende caracterizar la cuestión probatoria desde la íntima relación que existe con el principio de imparcialidad, lo cual exige algunas precisiones a poco que se profundice e intente abocar del plano meramente teórico al campo de la dinámica del proceso. Esta tarea resulta tanto más necesaria cuando se repara el contenido acentuadamente subjetivo del juicio de valoración de la prueba y arrastra un cierto riesgo de afectar de modo sustancial la garantía de un debido proceso legal, en la medida que se pretenda aprehender fuera de contexto de dicha garantía la evaluación probatoria y/o atribuibles apriorísticamente -en su caso- una eficacia insuficiente por sí para sellar la suerte del litigio. Sobre estas bases se intentará delinear aquí la incidencia e importancia de la imparcialidad judicial, así como también otros aspectos a considerar que se relacionan con objeto de la valoración para deducir la formación de la convicción del magistrado. Esto último creemos está íntimamente relacionado con los principios del derecho procesal y en especial con el de imparcialidad ya que “para comprender el planteo del tema, lo primero que cabe hacer es recordar qué se entiende por principios procesales: se trata, simplemente, de puntos de partida. Pero así como nadie puede caminar hacia ninguna parte (siempre que lo haga tomará una dirección: hacia adelante, hacia atrás, etcétera), ese punto de partida debe ser visto en función de lo que se pretende hallar o lograr al llegar”2. II. La prueba judicial y la convicción del magistrado Destacaba Capograssi, la “doble magia” que se experimenta en el proceso, que por un lado el “hacer revivir lo que ya no vive, lo que está ahora gastado”, y por el otro de “hacerlo revivir en la conciencia y en el juicio de alguien que estuvo totalmente ausente y fue extraño a la experiencia que debe resurgir” 3. Surge como resultado de dicho fenómeno, la carga de reproducir para el proceso los hechos que tienen relevancia para la justa composición del conflicto de intereses, elemento que habitualmente se constata mediante otros que los representan o esgrimen al menos como vehículo para presumir su existencia, toda vez que el juez los desconoce por obra de los sucesos, o debe tenerlos por desconocidos por mandato de la ley4 , y en garantía de la legalidad e imparcialidad de la decisión. De allí entonces que se ubique como finalidad de la actividad probatoria, la de “formar el convencimiento del juez acerca de la existencia o no existencia de hechos de importancia en el proceso”5, con total independencia en cuanto a que su resultado pueda ser entendido como probable o meramente verosímil o -en cualquier caso- un hecho incluso absolutamente verdadero si se quiere, que no es tal con abstracción del sujeto cognoscente, ya que como bien observa Hessen , “el conoci- 1- El siguiente artículo es parte del trabajo presentado en el “X Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista” Azul-2009. ALVARADO VELLOSO, A. “Imparcialidad Judicial”. En línea http://campus.academiadederecho.org/upload/webs/Bari/BARI%20LA%20IMPARCIALIDAD%20JUDICIAL.pdf 3SPINELLI, “Las pruebas civiles”, p. 9, Ed. Ejea.Bs.As.1985. 4Ver STEIN, “Das private Wissen des Richters”, traducida al castellano por Andrés de la Oliva Santos, y publicada por la Universidad de Navarra (España). 5CHIOVENDA, “Principios de derecho procesal civil” t. 2, p. 296. Ed. Reus.Bs.As.1964: COUTURE, “Fundamentos de derecho procesal civil” pp. 100/1, Ed. Aniceto López, 1942. 2-

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“EL JUEZ CIVIL Y LA PRUEBA. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL” 5 miento es por esencia una relación entre un sujeto y un objeto”. Ahora bien, las “razones por las cuales el juez obtiene su convencimiento y saca la conclusión” también se hallan comprendidas dentro de la materia probatoria, pues ésta no se limita a acercar al proceso las fuentes, sino que especialmente la cualidad “que de ellas deriva, bajo la acción de la regla de experiencia”7 que viene a configurar lo que Carnelutti ha dado en llamar el argumento de prueba, para estimar “la existencia o la inexistencia del hecho a probar”8. De ello se desprende que es prueba el testimonio, el documento, el indicio así como el argumento, que “no es algo que exista objetivamente, en el hecho o fuera de él, sino que expresa la reasunción de éste (...) en la regla de experiencia a fin de extraer su deducción”9. Es que si pensamos que la prueba judicial incluye tanto la fuente, el medio a través del cual se la introduce o incorpora para el proceso como el argumento que de aquellas se extrae, cuya eficacia se examinará a contraluz de las reglas de la “sana crítica” y en su conjunto, pues bien puede ocurrir que la conclusión aislada de un solo medio probatorio se vea empero contradicha por la restante prueba arrimada a los autos. los alcances de dichos poderes. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación faculta al juez para ordenar las diligencias imperiosas a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos (art. 36, inc. 2º), siempre que se respete el derecho de defensa (disposición citada) y que se mantenga la igualdad de las partes en el proceso (art. 34, inc. 5º, ap. a). También de la norma general antes aludida, el mismo Código contiene varias disposiciones suplementarias: puede el juez disponer la comparecen6 hechos tienen una doble limitación: le está vedada, como ya dije, la posibilidad de investigar hechos no alegados y tampoco puede verificar la existencia de hechos expresamente admitidos por la parte contraria (con excepción de los llamados procesos civiles “penalizados” donde el interés público hace que se amplíen las facultades judiciales11. Restringidos en la forma expuesta, los poderes del juez, cabe, todavía, establecer cia de los litigantes a fin de requerirles las explicaciones que estime necesarias (art. 36, inc. 4º); decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyere necesario (inc. 5º); mandar que se agreguen documentos existentes en poder de los litigantes (inc. 6º); ordenar medios de prueba no ofrecidos (art. 378); interrogar libremente a las partes (art. 415) y pedirles las explicaciones que estime necesarias (art. 438); citar de oficio a los testigos mencionados en los escritos de constitución del proceso y or- El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación faculta al juez para ordenar las diligencias imperiosas a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, siempre que se respete el derecho de defensa (disposición citada) y que se mantenga la igualdad de las partes en el proceso. denar que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para proceder al careo o aclarar sus declaraciones (art. 452); ordenar la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas o de otra especie, de objetos, documentos o lugares; mandar que se realicen exámenes científicos para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; disponer la reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada (art. 473); solicitar informes a academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas (art. 477); ordenar el reconocimiento judicial de lugares o de cosas (art. 479). La interpretación restrictiva que se le ha dado a los poderes indicados ha tornado poco usual su aplicación. Se viene reiterando que el juez no puede suplir el error, la omisión ni la inactividad de las partes. En contexto, el juez debe actuar de oficio cuando las partes no han cumplido eficientemente con la carga de probar los hechos afirmados; de lo contrario la ac- III. El juez y la prueba Si afirmamos que los límites del juez10 para verificar los hechos invocados por las partes es uno de los dogmas más caros al principio dispositivo es que el juez no puede indagar la existencia de hechos no afirmados por las partes. Las facultades del juez para esclarecer los 67- DEVIS ECHANDIA, “Teoría General de la Prueba Judicial”, t.I, 1974, p. 273. Bs. As. CARNELUTTI, “La prueba civil”, Ed. Depalma, 1970. “El resultado de la búsqueda jurídicamente limitada o regulada no es pues la verdad material o, como diríamos mediante una eficaz redundancia, la verdad verdadera, sino una verdad convencional (...) que se denomina (...) formal (...) o judicial, porque se la busca mediante leyes jurídicas y no sólo mediante leyes lógicas, y únicamente en virtud de esas leyes jurídicas reemplaza a la verdad material” (p. 21). 8CARNELUTTI, Ob. cit., p. 195 9CARNELUTTI, Ob. cit., p. 195 10Ver ALVARADO VELLOSO, A “EL GARANTISMO PROCESAL”. Conferencia pronunciada en el I Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, Azul, 4 y 5 de Noviembre de 1999. 11Ver PERALTA REYES, Víctor M., “Efectos de la cosa juzgada penal sobre el juicio civil. El supuesto de sentencia penal absolutoria”, LA LEY 29/03/2005, 1, BENAVENTE, María I., “Dos problemas recurrentes: la prejudicialidad y la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente”, JA 2003-IV-277, Comentario a: C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 20/2/2003 - Jollada, Oscar N. v. Rithner, Heriberto A.

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“EL JUEZ CIVIL Y LA PRUEBA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL” 6 tividad del juez sería innecesaria. Sentís Melendo nos indica entre los peligros más naturales y frecuentes que exhiben los pomagistrados judiciales no sólo pueden sino que deben utilizar sus potestades para esclarecer la verdad de los hechos que, debidamente alegados, se hallen controvertidos, cualquiera sea la actividad de los litigantes en la etapa probatoria y esto sin afectar el debido proceso. Esto sin acudir al cómodo argumento de que sobre éstas pesa la carga de la prueba. Ante la duda sobre la forma en que sucedieron los hechos, el juez debe tratar de esclarecerlos y asegurar así el debido proceso ya que si las partes tienen la carga de la prueba, aquél tiene el deber de dar o reconocer la razón a quien la posee. Los magistrados judiciales no sólo pueden sino que deben utilizar sus potestades para esclarecer la verdad de los hechos que, debidamente alegados, se hallen controvertidos, cualquiera sea la actividad de los litigantes en la etapa probatoria y esto sin afectar el debido proceso. deres del juez en esta materia, el no ejercicio de ellos; un magistrado puede pasarse la vida sin hacer uso de los poderes que la ley ha puesto en sus manos, y que los ha puesto para que se ejerciten . Esclapez se pronuncia en expresiones parecidas: no hay que temer a las facultades otorgadas a los jueces en materia 12 probatoria; “la ley 50, dictada en el año 1863, otorgaba facultades más amplias que las que, 90 años después, confirió la ley 14.237 y desde 1863 hasta ahora nunca se han tenido noticias de que los jueces hayan pecado en arbitrariedad por exceso de dichas facultades; al contrario el peligro está en que el juez, por exceso de trabajo o por indiferencia, no haga uso de esas potestades cuando la situación del pleito así lo exige. Las partes siguen siendo dueñas de los hechos, con la carga de su respectiva prueba, pero el juez se reserva el derecho de investigar esos hechos a fin de que la verdad legal que surge del expediente y la verdad real que surge de los hechos, sea una sola”13. En la Exposición de Motivos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación examinamos que entre los propósitos que orientaron a los autores del proyecto, convertido después en ley, se hallaba el de “dotar a los jueces de mayores atribuciones en lo referente a la dirección y ordenación de las causas, de manera tal que el proceso, sin dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, no se de-sarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes”. Los jueces no deben renunciar a este principio rector del Código vigente. Los 1213- IV. El “debido proceso” Numerosos textos constitucionales, hablan de “debido proceso”, “proceso en legal forma”, “proceso establecido”, “formas previstas por la ley”, etcétera. Muchas de esas locuciones tienen relación directa o indirectamente, con algunas expresiones contenidas en la Carta magna inglesa y su ulterior desenvolvimiento en los Estados Unidos. Pero no conocemos, ni en la doctrina inglesa ni en la de los Estados Unidos, un estudio que instituya la relación evidente que existe entre esos textos y las instituciones que en el derecho codificado, de origen romano, encaran los mismos fenómenos. Los libros y estudios que más adelante serán citados, examinan el tema en el ámbito propio del derecho de cada país o de cada sistema. Una visión común de este tema en ambos sistemas, no ha sido expuesta hasta ahora, que nosotros sepamos, en ninguno de los dos sistemas jurídicos. Podemos señalar en este trabajo, que la doctrina y la jurisprudencia de los Estados Unidos, coinciden, en términos generales, con las soluciones instituidas en los códigos y leyes de los países de procedencia jurídica romana. Incluimos en éstos, por supuesto, aquellos países del norte de Europa que en su tiempo recibieron el derecho romano y sobre SENTIS MELENDO. “La Prueba. Los grandes temas del Derecho Probatorio”, Ed. Ejea., Bs. As., 1978, p. 208. “Los tres principios rectores del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” en Revista Jurídica de San Isidro, t. 1968-II, p. 245.

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“EL JUEZ CIVIL Y LA PRUEBA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL” 7 sus fórmulas forjaron ulteriormente su ciencia del derecho. De lo expresado hasta aquí puede percibirse manifiestamente este fenómeno de disparidad de medios de técnica jurídica dado que la geografía nos ha colocado en el vértice de un triángulo cuyos otros extremos se encuentran en forma casi equidistante, en Europa y en los Estados Unidos. En muchos puntos, esas dos mentalidades no se comprenden; nosotros, por nuestra parte, en más de una oportunidad, tenemos el privilegio de comprenderlas a las dos. Concibamos, pues, la experiencia de saber qué quiere decir “debido proceso” en el léxico angloamericano, de dónde ha surgido, y en el léxico de la codificación en el que ha sido virtualmente adoptado y seguramente nos encontremos ante una diferente concepción desde los sistemas jurídicos citados. su legislación interna, establecer el régimen de presunciones legales que ha de regir la tarea de los jueces. Pero junto a ese principio se ha sostenido que viola la garantía constitucional, el establecimiento de presunciones ilógicas o que instituyen “una discriminación odiosa” o que tienden a privar a una parte de oportunidad razonable para presentar los hechos pertinentes a su defensa16. Igualmente aquí cabe enunciar la distinción entre motivos de nulidad, por infracción a la ley y motivos de inconstitucionalidad de la ley por violación de la garantía del proceso. “Las garantías de la prueba conciernen, en el sistema de la codificación, a la ley ordinaria, la que ordena la producción de la misma con un criterio de razonable equidad para ambas partes, con arreglo al principio de igualdad de las mismas en el proceso”17. Con nuestro criterio, sería correcta la solución de que una ley estableciendo una presunción absurda o irrazonable que no admita prueba en contrario, es violatoria de la garantía constitucional de defensa en juicio y al principio de imparcialidad. V. Inconstitucionalidad por privación de prueba Cuando se intenta examinar en conjunto las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos en materia probatoria, se advierte que habitualmente se trata de corregir errores de procedimientos o desviaciones de aquellas garantías que todos los códigos procesales, especialmente de la materia criminal, consideran como una garantía mínima del demandado. Pero se ha señalado que se viola la garantía del debido proceso y el de imparcialidad, cuando se obtiene una condena por la presentación de un testigo que las autoridades acusadoras reconocen que es perjurio14 , o cuando se trata de una simple apariencia de juicio15. Linealmente ligado a estas circunstancias, se halla el tema relativo a las presunciones legales. La jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estado Unidos ha concluido que compete a los Estados, en 14- VI. Inconstitucionalidad por inidoneidad del juez La Suprema Corte de los Estados Unidos ha mantenido que es garantía fundamental la existencia de un tribunal “competente e imparcial” 18 y que viola la garantía del due process of law la existencia de un juez inferior que cobra sus servicios sólo cuando condena al demandado y no cuando lo absuelve19. Con motivaciones más consistentes desde el punto de vista de la fundamentación, nosotros deberíamos llegar a conclusiones análogas. En nuestro concepto, la garantía constitucional Se viene reiterando que el juez no puede suplir el error, la omisión ni la inactividad de las partes. En contexto, el juez debe actuar de oficio cuando las partes no han cumplido eficientemente con la carga de probar los hechos afirmados; de lo contrario la actividad del juez sería innecesaria. Mooney v. Holohan, U. S. 103, 112 (1935). 15Brown v. Mississippi, 297 U. S. 278, 286 (1936). 16Bandini Petroloum C° v. Superior Ct., 284 U. S. 8, 18 (1931); Mobile J. y K. C. R. C° v. Henderson, 279 U. S. 639, 642 (1929). 17 - COUTURE, E. “Fundamentos del derecho procesal civil”. Edit.López.Bs.As.1976, p. 124 18Jordan v. Massachussets, 255 U. S. 167, 176 (1912). 19Tumey v. Ohio, 273 U. S. 510, 523, 531 (1927).

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“EL JUEZ CIVIL Y LA PRUEBA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL” 8 exige, cuanto menos, tres condiciones: a) independencia para que el juez como fin de todos los actos procesales. Más que un ensayo o una contribución científica, cuanto precede aspira a señalar cómo podría ser un ensayo sobre un tema particular, encarado con la visión unitaria de estas “dos maneras de pensar” la búsqueda de la justicia, aquella que sólo enfoca su análisis desde la perspectiva normativa sin su anclaje en otras dimensiones del derecho y aquella que tiene una visión global del proceso en todas las dimensiones del derechos. Los magistrados judiciales no sólo pueden sino que deben utilizar sus potestades para esclarecer la verdad de los hechos que, debidamente alegados, se hallen controvertidos, cualquiera sea la actividad de los litigantes en la etapa probatoria y esto sin afectar el debido proceso. Esto sin acudir al cómodo argumento de que sobre éstas pesa la carga de la prueba. pueda hallarse por encima de los poderes políticos y aun de las masas que pretenden presionar sobre las decisiones; b) imperio, para que sus fallos no sean dictámenes académicos ni piezas de doctrina, y se cumplan efectivamente por los órganos encargados de ejecutarlos; 3) y responsabilidad, para que el poder no se convierta en despotismo. VIII. La garantía de imparcialidad Una de las dificultades más notables que se presenta hoy en el ámbito del procedimiento argentino y en materia probatoria es el cumplimiento constitucional del principio de imparcialidad, dado que ello encuentra serios obstáculos en su concreción en el actual esquema jurídico institucional y la natural resistencia al cambio que a veces presentamos los operadores del derecho. Piénsese que si el juez controla que en las medidas investigativas se cumplan las garantías mínimas que le asisten al imputado, su participación como tercero imparcial ante las fuerzas de acusación y defensa debe ser resguardada, aun cuando no exista en el ánimo del magistrado voluntad alguna de parcialidad. “A esta corriente le damos el nombre de garantismo o garantista y de ahí la explicación del Derecho Procesal Garantista que tiene un montón de cosas por delante. Hoy hemos hablado, el tema central del congreso es el papel del juez en un proceso de corte garantista. Y hemos puesto aquí arriba dos cosas de la mayor importancia: ‘el garantismo y la congruencia’, ‘El garantismo y la cautela’. Esto no es una cosa técnica, si el tercero sí o no es una cosa técnica; si preclusión si o preclusión no es una cosa técnica; pero si el juez puede sí o no, eso no es técnico, es puramente político, es la ideología política del legislador que está VIII. Visión global del campo del proceso Lo dicho hasta aquí no aspira a constituir un nuevo modo de análisis de los fenómenos procesales, ni siquiera una importancia para un tema particular. Decía Roscoe Pound, acaso el más perspicaz de los filósofos norteamericanos del derecho, que ellos no pueden concebir el derecho “como un sistema completo de legislación, según el cual todo caso sería previsto, si no por expresa disposición, al menos por una base legal para el desarrollo lógico del precepto requerido que regula el caso. Entre nosotros -dice- la legislación no ha podido ser completa, limitándose a proveer disposiciones definitivas y detalladas para situaciones de hecho igualmente definidas y detalladas” . En las palabras preliminares, como se ha dicho, aspiran a ser apenas un esfuerzo de superación de las dificultades del método. Hemos tomado un pequeño sector del mundo jurídico y hemos tratado de contemplar, en grandes planos y sin entrar en detalles de estilo, el fenómeno de la tutela constitucional del proceso. Pero persistentemente esa tutela constitucional ha tenido como esencia de estudio la garantía de imparcialidad, 20- 20 Tumey v. Ohio, 273 U. S. 510, 523, 531 (1927).

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“EL JUEZ CIVIL Y LA PRUEBA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL” 9 plasmando una norma jurídica. Y esto es lo que yo quiero discutir, y la ideología es buena, si no es Autoritarismo, si esto es el Liberalismo que me prometieron en nuestra Constitución o es el decadente Autoritarismo fascista del año 40. Una vez he preguntado que es más importante, el método o la meta, y me contestan la meta; les digo: cuanto horror se hubiera ahorrado la humanidad si Hitler no hubiera pensado como ustedes. Haciendo un juego de palabras decimos ‘el fin justifica los medios’, modificando la figura Maquiavélica”21. de lado ante el respeto estricto de ley procesal a nivel provincial y en especial en materia probatoria. La dimensión moral de la ley requiere un trato y consideración igual para todos. El derecho presupone siempre la existencia de respuestas “correctas”. Aplicar el derecho e impartir justicia es siempre concretar en respuestas correctas los derechos y los deberes de cada uno. Los magistrados judiciales deben utilizar sus potestades para esclarecer la verdad de los hechos que, debidamente alegados, se encuentren controvertidos. Si la ley procesal priva de la posibilidad de accionar, de defenderse, de producir prueba, de alegar, de impugnar la sentencia, de ser juzgado por jueces idóneos, en términos no razonables, es inconstitucional. Debe, entonces, ser invalidada como tal, dentro de los términos que instituya el derecho positivo para anular el efecto de las leyes violatorias de la Constitución. X. Bibliografía ALVARADO VELLOSO, A. “Imparcialidad Judicial”. Enlínea:http://www.eldial.com/publicador/doctrina/doctrin a.asp?archivo=DCB96.html&pie=DCB 96&titulo=La%20imparcialidad%20judicial#_ftn3 ALVARADO VELLOSO, A. “El garantismo procesal”. En línea: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/inde x.php/ctp/article/viewFile/19/54 COUTURE,E. “Fundamentos de derecho procesal civil”. Ed. Aniceto López,1942 CARNELUTTI, “La prueba civil”, Ed. Depalma. Bs.As. 1970 CALAMANDREI. P. “Derecho procesal civil”. Ed. Ejea.Bs.As. CARNELUTTI, “Impresiones sobre el Segundo Congreso de Derecho Procesal argentino”, en Rev. LA LEY, t.I. CAFFERATA NORES, José. “Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal” Editores del Puerto, Bs As, 1997. CAFFERATA NORES, José. “Garantías y Sistema Constitucional”, Revista de Derecho Penal, 2001-1, Ed. RubinzalCulzoni, Buenos Aires, Argentina. DWORKIN, Ronald. “Los Derechos en Serio”. Ed..Ariel, Barcelona, España, 1984. FENOCHIETTO-ARAZI. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado”. Ed. Astrea.Bs.As.1998 RUSSO, J.C. “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones”.Ed.autor.Misiones.2008 SPINELLI, “Las pruebas civiles”, Ed. Ejea.2005 STEIN, “Das private Wissen des Richters”. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse. Aalen,1987. Repr.1893 SENTIS MELENDO. “La prueba”, Ed. Ejea. As As: Depalma, 1979 IX. La jurisprudencia nacional y la garantía de imparcialidad Creemos que ciertos sectores de la doctrina judicial argentina no han entendido la garantía de imparcialidad de los jueces de la misma manera que la jurisprudencia internacional. Muestra de ello son fallos de los más variados fueros e instancias donde -en apretada síntesis- se señala que la circunstancia de que un juez dicte un auto de procesamiento no lo convierte de manera inmediata, al punto o al extremo tal que le impida dictar sentencia definitiva. Se señalaba que los argumentos que llevaban a pensar que la imparcialidad de un magistrado se vería afectada por haber actuado durante la instrucción se apoyan en enfoques conjeturables que carecen de un asidero firme en la realidad, pues parten de la hipótesis equivocada de “... que los jueces que investigan las causas necesariamente carecen de la imparcialidad requerida para juzgar a los actores, y el sinnúmero de resoluciones judiciales que a diario se dictan en los juzgados y constituyen un rotundo mentís a tal conclusión” . 23 22 IX. Conclusiones La garantía de imparcialidad del juez o tribunal no es algo que puede dejarse 2122- ALVARADO VELLOSO, A. “El garantismo procesal”. P.10. En línea: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/19/54 Causas: “Lopina Magdalena, Fernando”. Sala 3ª de la Cámara Nacional de Casación Penal (JA, 2000 - III - 102); “Schweizer de González” Sala 2ª de la misma Cámara (JA, 2000 - III - 100); “Expte. N° 507/99” Sala 4° de la Cámara de Apelaciones de Rosario, Santa Fe (JA, 1999 - IV - 1139); “Expte. 91.850” Tribunal Oral Penal Económico N° 1 (LL, 1993 - E - 566) y demás jurisprudencia citada en el considerando II de este último, a donde remitimos. 23“Expte. N° 507/99”, Sala 4°, Cámara de Apelaciones de Rosario, Santa Fe (JA, 1999-IV-1139).

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10 El Proceso Abreviado Laboral en el marco del nuevo Código de Procedimiento de la Provincia de Misiones Un salto a la celeridad procesal Dr. Silvio Marcial Amarilla, Abogado (UCSF), Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Social, Maestrando en Magistratura Judicial (UBA), integrante de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Reforma del Código de Procedimiento en lo Laboral de la Provincia de Misiones, Secretario del Juzgado Laboral N° 4 de la ciudad de Posadas-Mnes., Docente de la cátedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del Instituto Universitario Gastón Dachary. I. Introducción En el marco de la reforma integral de los Códigos de Procedimientos en la Provincia de Misiones, se constituyeron en el seno de la Cámara de Representantes, sendas comisiones de trabajo que se abocaron al estudio y la formulación de los anteproyectos de ley, entre ellos, del Laboral, cuya vigencia databa del año 1991. La Comisión reunió a legisladores, jueces, funcionarios judiciales e incluso participó en forma personal el Sr. Ministro de Trabajo y Empleo, conjuntamente con sus colaboradores y naturalmente el Colegio de Abogados tuvo una activa participación, de cuya proficua labor ha dado lugar el advenimiento del nuevo Código de Procedimiento en lo Laboral, individualizado como Ley XIII N° 2 del Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones, cuya sanción se produjo en fecha 10/10/2013, con inicio de vigencia a partir del 01/03/2014. La reforma tuvo como antecedes el derogado CPL, cuya estructura respetó -en gran medida- la doctrina y la jurisprudencia nacional y provincial elaborada durante los más de veinte años de vigencia de la anterior norma ritual. Tuvo en cuenta además, los distintos ordenamientos procesales vigentes en las demás provincias argentinas y muy especialmente el CPL santafesino, que a la fecha de la elaboración del anteproyecto, era el más moderno y novedoso y lógicamente pretendió aggionarse a 1- los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incorporados por la Reforma Constitucional del año 1994. La reforma estuvo inspirada fundamentalmente en los principios procesales de celeridad e inmediatez, de manera que la justicia de este fuero es- posibilidad de reclamo de sus derechos, en vista de lo cual se diseñó el proceso de baja cuantía, atribuyendo competencia en su conocimiento a los Juzgados de Paz. Recaudos de Procedencia El derogado código se había estructurado básicamente sobre el pilar de un único proceso de conocimiento ordinario, que no contemplada matices particulares o cauces formales para una pronta solución del conflicto, aún en la hipótesis en que el derecho reclamado tuviese una alta u ostensible probabilidad en cuanto a su existencia, sujetaba a las partes a su promoción y recorrido, especialmente al trabajador a transitar por todas las etapas del típico proceso de conocimiento: demanda, contestación, segundo traslado al actor, audiencia de conciliación, etapa probatoria, alegatos y sentencia, lo que lentificaba y prolongaba el camino a re- La reforma del Código de Procedimiento Laboral de la Provincia de Misiones se encuentra consustanciada con la necesidad de un servicio de justicia pro-activo, que empatice con las personas involucradas en el proceso. pecializado sea expedita y cercana a los intereses de los justiciables, especialmente el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional1, estando plasmados a modo ejemplificativo en la audiencia de conciliación y trámite antedichos principios, el régimen de notificaciones, el pago en audiencia etc. Y el acceso real y efectivo a la jurisdicción por parte de sectores más vulnerables, ya que muchas veces, las distancias entre el domicilio de éste y la radicación del juzgado, torna onerosa la correr. Naturalmente dicho proceso parte de la base de que el derecho postulado en el acto introductorio de instancia debía probarse, aún en el caso de ser verosímil o estar dotado de una fuerte probabilidad, debiendo articularse dicho proceso declarativo y de tipo único previsto por la ley ritual, sin perjuicio de declarar la cuestión de puro derecho, lo que pocas veces era solicitado o declarado procedente. En esta oportunidad el nuevo CPL ha CSJN, 21-9-2004, in re “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA”, sostuvo: “…el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional” (L.L. 2004-F-95).

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EL PROCESO ABREVIADO LABORAL EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 11 regulado separadamente el proceso ordinario, del abreviado laboral (especial), a partir del art. 202 en adelante, siguiendo parcialmente el modelo santafesino instaurado mediante la Ley 7.945; parte de una premisa mayor diferente, esto es, el derecho reclamado por el peticionante goza de un alto grado de probabilidad2, lo que da lugar al despacho de la orden judicial de cumplimiento de la prestación pendiente objeto del juicio, lo que se traduce en una intimación a la demandada para que deposite a la orden del juzgado y como perteneciente a la carátula del juicio la suma de dinero (capital, más intereses) reclamada en la demanda. El juez toma partido por la posición sustentada por el actor, dejando de lado su tradicional neutralidad , ya que otorga una credibilidad cercana a la certeza al planteo efectuado, esto indudablemente constituye un salto cuantitativo, audaz y revolucionario por parte de la novel legislación, ya que viene a cambiar de base la estructura del proceso, tal como lo conocemos; no obstante ello, el demandado tiene garantizado dentro de dicho marco el ejercicio de defensa en juicio, ya que simultáneamente a la intimación se corre traslado de la demanda por el término de diez días, pudiendo en dicho responde oponerse a la procedencia del trámite abreviado, con exposición fundada de las razones que tiene para ello y coetáneamente oponer las excepciones autorizadas por la norma ritual prevista en el art. 208 incisos a), b), c) y d) del CPL. Dicho traslado se efectúa bajo apercibimiento de que en caso de silencio o ante la falta de oposición idónea, produce los efectos de consolidar la resolución notificada, la que pasa en tal caso en autoridad de cosa juzgada material (art. 206 del CPL), ergo, la incontestación de la demanda, el silencio procesal, la respuestas evasivas, la ausencia de 2- una verdadera oposición al trámite, evidenciadas en el responde autorizan que la resolución notificada, que es la primera dictada en el proceso (de ahí la importancia de este trámite) adquiera la calidad de irrebatible o inconmovible, consolidando un verdadero derecho de propiedad del trabajador. De ahí que en los pocos casos planteados judicialmente, desde la vigencia de la nueva norma ritual (01/03/2014), han tenido un desenlace casi inmediato, ya que notificado el demandado presentó un convenio de pago o se allanó, lo que muestra por sí sólo la rapidez de la respuesta que el servicio de justicia puede brindar por este cauce formal al justiciable. Los recaudos de procedencia del juicio laboral abreviado son los siguientes: a) Está reservado para aquellos supuestos en que se reclamen sumas de dinero líquidas o fácilmente liquidables por simples operaciones contables, es decir, obligaciones de las establecidas por el Código Civil en los términos del art. 616 y siguientes. En el ámbito del derecho laboral, en que las indemnizaciones son esencialmente tarifadas, en la que la base del cálculo tiene como parámetro la mejor remuneración mensual, normal y habitual y la antigüedad, la estimación de la liquidación por el trabajador o por el juzgador se limitan a la realización de una simple operación matemática, para lo cual, incluso el juzgador se encuentra facultado para aplicar oficiosamente los convenios colectivos de trabajo y las escalas o tarifas de salarios, para lo cual debe contar actualizado en secretaría con dichos recaudos o los puede bajar de los sitios web de los organismos o entidades pertinentes (art. 91 del CPL), lo que facilita la tarea de quien debe dirimir el caso, ya 3 La reforma puso énfasis en la necesidad de que en los juicios por accidentes o enfermedades profesionales o derivados de una reparación integral, se produzca la prueba pericial médica, para lo cual el juez tiene un menú de opciones. FALCON, Enrique, “Derecho Procesal”. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, t. I, p. 481, citado por MACHADO, José Daniel (Director) y AAVV. “Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe comentado”, t. III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011., p. 103: “Las diferencias se vinculan con distintos niveles de evidencia ya que ‘verosímil’ equivale a creíble o a posible y ‘probable’ vendría a ser, dentro del menú de alternativas posibles, la que cuenta con más chances de corresponderse con la verdad material…”. 3MACHADO, J. (Director) y AAVV. Ob. cit, p. 97: “..como analizamos en otra parte, el postulado de la neutralidad encierra una ficción -si no una trampa- ya que en el fondo parte de darle la razón liminar al demandado en tanto carga la totalidad del despliegue procesal en cabeza del acreedor, incluso ante la evidencia estadística -y de sentido común- de que en la abrumadora mayoría de los casos le asiste la razón sustantiva”.

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EL PROCESO ABREVIADO LABORAL EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 12 que en la era de la comunicación y de la información se dispone con dichos datos de manera sencilla y directa, por la simple consulta una simple expresión de deseo y desbaratada la finalidad del proceso ágil y, breve que otorgue una solución en tiempo real más cercana a las necesidades de los trabajadores4. b) Pueden utilizar esta vía procesal el trabajador o un grupo de trabajadores, ya se trate de un conflicto individual o plurindividual derivado del contrato de trabajo; no pudiendo utilizar este trámite el empleador, ya que los derechos que se pretenden hacer valer tienen como titular, en calidad de sujeto procesal activo, al trabajador dependiente como pretensor de un crédito líquido o fácilmente liquidable. Puede pensar por vía de hipótesis que el empleador puede considerarse titular de un crédito respecto del trabajador, tal como es el caso, de perseguir la indemnización de daños prevista por el art. 87 de la LCT, para cuya procedencia carga con la prueba de la culpa grave o el comportamiento doloso del dependiente, lo cual implica un mayor debate y prueba, lo cual no puede ser ventilado dentro del reducido marco del juicio abreviado, máxime cuando difícilmente pueda configurarse el recaudo de la alta probabilidad del evento dañoso atribuido al trabajador, razón por la cual no resulta un cauce formal adecuado para dicho proceso, por tanto, habrá de recurrirse al juicio ordinario laboral previsto por el art. 76 del CPL y siguientes. c) Se invocan pretensiones que tornan innecesario cualquier debate causal o de derecho en torno a la procedencia del crédito, estamos en presencia de un proceso en que la pretensión tiene una alta fehaciencia en cuanto a su existencia, donde no existe una controversia en torno a los hechos, ni el derecho aplicable, estamos ante situaciones fácticas en que el ordenamiento jurídico otorga una solución específica, donde la parte debe cumplir la prestación pendiente y en su caso, ante el incumplimiento el juez debe aplicar la norma objetiva. “… El Superior Tribunal de Justicia debe garantizar por sí o por terceros la prestación de la pericia, cualquiera sea la especialidad, dictándose la acordada pertinente”. en internet. Empero, la norma no exime al actor a practicar la liquidación correspondiente; al respecto el art. 205 del CPL, estatuye expresamente que debe cuantificarse el crédito de cada concepto reclamado, y suministrarse con detalle y precisión las bases utilizadas para las operaciones contables realizadas; en rigor, muchas veces, los profesionales al practicar la liquidación, acompañan con su demanda la escala salarial correspondiente, lo que viene a dar razones serias y objetivas a la base salarial adoptada para los cálculos efectuados. Asimismo el artículo 208 in fine del CPL, establece que “las cuestiones puramente aritméticas relativas a la cuantificación del crédito no autorizan a oponer excepciones y dejan expedita la vía de ejecución de sentencia…”; si bien esta norma está en clave con el tipo de proceso breve y rápido que se pretende brindar a los justiciables, no es menos cierto que la propia norma ritual en el art. 164 establece el contenido de la sentencia definitiva, bajo pena de nulidad, en caso de condena, debe contener también la liquidación de los montos; entonces es deseable y exigible la condena en sentencia de sumas líquidas, estableciendo los rubros que prosperan con sus respectivos guarismos, para no exponer el pronunciamiento a ulteriores planteos dilatorios o nulificatorios; los principios de economía y celeridad procesal ínsito en este tipo de proceso especial, no permiten al juzgador diferir o patear para adelante, en una tarea que le es propia y exclusiva, de lo contrario, la voluntad del legislador quedaría en 4- El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reza: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

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EL PROCESO ABREVIADO LABORAL EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 13 Existe aquí una adecuación armónica entre los hechos consumados con la descripción realizada por la norma sustancial, en cuanto, refiere a conductas típicas que contienen una solución concreta, para lo cual, no se requiere alegaciones fácticas complejas, ni tampoco se requiere un amplio debate y prueba de los mismos, ni resulta necesario efectuar excelsas o refinadas valoraciones jurídicas de parte del juez. Como podrá apreciarse estamos en presencia de un tipo de proceso sencillo, donde no se discuten la causa pretendi5, ni tampoco la norma aplicable. Ello, sin perjuicio de que el empleador tiene dentro de dicho marco el ejercicio de su derecho de defensa, pudiendo alegar eventos que tornan inviable la pretensión, como por ejemplo: el pago, la prescripción de la acción, la retractación del despido, etc. d) Se acompañan documentos que en principio autorizan a tener por ciertas las circunstancias de hechos de las que dependen la existencia y cuantificación del crédito. Es importante reseñar en este punto que la norma procesal no ha cargado sobre las espaldas del trabajador la prueba de la autenticidad del documento, ya que a los fines de la admisibilidad del trámite, basta con la mera atribución del documento a la contraparte o en el caso de tratarse de documentos públicos o privados emanados de terceros, basta con que se identifique a su autor o en su caso el fedatario u oficina en la que puedan recabarse dichos recaudos. En muchos de los casos, los instrumentos presentados a juicio por parte del trabajador tienen como autor al empleador, tal es el caso de los recibos de haberes, comunicaciones postales, reglamento interno etc., en caso de negativa de su autenticidad habrá de recurrirse a la pericial caligráfica y en el supuesto de desconocerse el despacho o recepción de las comunicaciones postales habrá de oficiarse a la oficina postal correspondiente, a fin de la demostración de la veracidad de tales instrumentos. En este punto la norma ritual sanciona como temeraria y maliciosa, punible con la máxima sanción prevista en las normas de fondo y de forma, la conducta del demandado que niega injustificadamente su firma en los documentos atribuidos o niega el envío o la recepción de las comunicaciones postales, debiendo en tal caso el juez aplicar la pena a pedido de parte (art. 212 del CPL), pretendiéndose con ello que las partes tengan comportamiento ajustado a los principios moralizadores del proceso, como la buena fe, la lealtad y la probidad. e) No se encuentre controvertida la existencia de la relación laboral; este es un presupuesto procesal que limita los casos que pueden tramitarse a través de esta vía; de modo que si la relación laboral se encuentra en una situación de clandestinidad total, el trabajador deberá recurrir por la vía del proceso ordinario laboral (art. 76 del CPL). Este recaudo otorga al juez, indudablemente, certeza de que quien reclama es el pretensor laboral legitimado por la norma sustancial, ya que tiene su basamento en una relación de trabajo dependiente, conforme a la norma de fondo (arts. 21 de la LCT). Recuérdese en este punto, que el contralor de la legitimación procesal, debe realizar el juez no tan sólo ante el pedido de la contraparte, sino también oficiosamente. Sin perjuicio de la limitación de las pruebas admisibles, la norma procesal no ha atado las manos del juez, quien en la búsqueda de la solución más justa puede y debe producir aquella prueba que entienda resulta necesaria para desentrañar la litis. Regla de no exclusión en protección del principio de irrenunciabilidad Es importante destacar que el establecimiento de la regla de no exclusión sentada por el art. 203 del CPL, por 5MACHADO, J. Ob. cit, p. 101, “La llamada causa pretendi o fundamento de la pretensión se compone de dos elementos: el fáctico y el jurídico. Sólo cuando los hechos se acomodan al continente abstracto previsto por una norma jurídica que les imputa o asigna ciertas consecuencias, puede decir el actor que tiene un verdadero derecho subjetivo. La ley se refiere aquí específicamente al segundo aspecto”.

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EL PROCESO ABREVIADO LABORAL EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 14 cuanto la utilización de la vía del proceso laboral abreviado no implica renunciar a los mejores derechos de los que el trabajador resulte ser titular, por los mismos rubros o distintos rubros, ni es incompatible con el reclamo por el trámite del juicio ordinario posterior6, lo que se encuentra en consonancia con la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador sentado por los art. 12, 58, 260 y conc. de la LCT. Un ejemplo podría clarificar la cuestión, un trabajador es despedido sin causa estando deficientemente registrado, por la vía del abreviado articulará su reclamo por los derechos emanados de la relación laboral defectuosamente registrada (indemnización de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT y rubros de pago obligatorios: SAC y vacaciones proporcionales, salarios de los días del mes trabajados) y recurrir por la vía del ordinario para reclamar los mayores derechos emanados desde la verdadera fecha de ingreso, la remuneración efectivamente abonada, el encuadre convencional correspondiente y lógicamente solicitar el pago de las diferencias salariales e indemnizatorias derivadas del despido con sustento en la situación fáctica y convencional verídica, reclamando además el abono de las indemnizaciones de los arts. 9 y 10 de la LNE o en su caso del art. 1 de la Ley 25.323, teniendo en cuenta que todo pago efectuado al trabajador se considera a cuenta de lo que por derecho corresponda (art. 260 de la LCT). Es importante destacar que utilizadas ambas vías entiende el mismo juez que aquí se aplica el principio de prevención y de economía procesal; es más, al estar en vigencia la mesa de entradas única informatizada, toda controversia entre un mismo trabajador y un mismo emya tiene cierto conocimiento sobre los contendientes, lo que posibilita una más rápida solución del caso, ya sea por la vía de la conciliación o por el pronunciamiento definitivo, en el supuesto de articularse el proceso ordinario, al que se agregará por cuerda el iniciado primigeniamente. pleador, aunque la causa sea diferente, radica ante un mismo juez, el que naturalmente está en mejores condiciones para decidir la controversia, por cuanto, ante él se encuentra el expediente anterior, que seguramente será ofrecido como prueba, eliminándose la duplicación o reproducción innecesaria de elementos probatorios; además al tratarse de un mismo contrato de trabajo, el juez pecial, siendo suficiente con que se configuren los extremos previstos en el art. 202 del CPL -supra analizados para tornar procedente la utilización de esta vía procesal-; no obstante, se ha querido en aquellos casos de suficiente claridad, incluirlos en un listado abierto con la intencionalidad de que la tarea judicial sea lo más expeditiva posible, por cuanto estamos en presencia de créditos de indudable naturaleza alimentaria y el trabajador pretende efectivizarla de manera inmediata o en el plazo más breve posible. La casuística establecida a modo ejemplificativo por el legislador son los siguientes casos: a) Despido sin invocación de causa. En este caso resulta de toda nitidez el deber de pagar las indemnizaciones por despido por parte del empleador que ha resuelto terminar la relación sin alegar causa alguna que justifique su proceder, ya que estamos ante el caso denominado por la doctrina como despido incausado, ad nutum o arbitrario, ante el cual procede la reparación prevista por el art. 245 de la LCT y si no fuera otorgado el preaviso, deberá también oblarse dicho rubro. Aquí no existen hechos ni derechos controvertidos, la tarea del juez se circunscribe a aplicar la ley al caso. b) Despidos en que se viola de modo evidente la carga de suficiente claridad o resulta manifiestamente inconsistente con la configuración legal de injuria. En estos supuestos el principal dispone de manera directa la resolución contractual omitiendo invocar claramente los hechos fundantes de la ruptura del contrato de trabajo, impuesta por la norma del art. 243 de la LCT o lo hace de manera genérica o cuando se invocan eventos que contrastados con lo dispuesto por el art. 242 de la LCT, son insusceptibles de ser El siglo XXI, es el tiempo de los jueces, pero no de cualquier juez, sino de aquel, que vea en su conciudadano a alguien que sufre y clama por justicia y que se compromete a ser el camino de solución rápida y efectiva del conflicto que se lo plantea ante sus estrados, no en vano, el término sentencia etimológicamente significa sentir. Supuestos contemplados El art. 204 del CPL establece una enumeración enunciativa, no taxativa de los casos en que corresponde se imprima el trámite del juicio abreviado laboral, dado que para el legislador son de imposible previsión todos los supuestos que pueden dar lugar a este tipo de proceso es- 6MACHADO, J., Ob. cit., p. 104. “…En segundo lugar, se aclara que no hay inconsistencia ni posibilidad de deducir litispendencia en uno u otro juicio (entiéndase: el abreviado y el ordinario) aunque concurra la triple identidad a partir de la cual se configura dicha excepción. El trabajador puede intentar la vía abreviada y, simultáneamente, iniciar un trámite ordinario que tenga por objeto total o que incluya como objeto parcial el crédito demandado en aquella. En tercer lugar, si por cualquier razón se frustrare el trámite especial, puede ser propuesta luego la misma pretensión en trámite ordinario, sin que pueda oponerse la cosa juzgada material”. El art. 211 del CPL de la Provincia de Misiones preceptúa: “Sentencia. Recursos. Oídas las partes y diligenciada las pruebas pertinentes, el Juez debe dictar sentencia dentro del plazo de quince (15) días admitiendo o rechazando la excepción. Si se hace lugar a la excepción, la sentencia es inapelable para el actor, pero se considera que hace cosa juzgada meramente formal y no impide la promoción o continuación del trámite ordinario por los mismos rubros. La prueba producida con control de partes en este proceso puede trasladarse al juicio ordinario…”.

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EL PROCESO ABREVIADO LABORAL EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 15 subsumidos dentro de la calificación de injurias graves . Estos supuestos podríamos ejemplificarlos con los casos que fueran enunciados por el Dr. Grisolia, en su obra Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando se invocan causales genéricas, vagas o ambiguas, sin alusión específica a hechos puntuales, por ejemplo: “a partir del día de la fecha prescindiremos de sus servicios por reestructuración de la empresa”; o “le comunicamos el despido por injurias graves o reiterados incumplimientos”; lo que importa una vastedad de hechos que pueden ser interpretados e invocados en el juicio posterior de la manera más acomodaticia a los intereses del que dispuso la ruptura del contrato, con grave agravio al derecho constitucional de defensa en juicio, lo que no resulta admisible en virtud del principio de la invariabilidad de la causal de despido estatuida por el art. 243 de la LCT8. Difícilmente el trabajador podría articular una defensa seria y fundada, por la indeterminación de los hechos motivantes de la denuncia, exponiéndose a una situación de azar, ya que el demandado en el responde podría sostener una gran variedad de eventos9, que haría tabla rasa a cualquier defensa que se hiciera, al poder variar o acomodar los hechos, a la posición que mejor consulte sus intereses, lo que no resulta válido y autoriza a que se imprima el trámite especial, aquí en análisis. c) Despido indirecto por falta de pago de haberes, previamente intimados. Va de suyo que el incumplimiento contractual debe ser grave, difícilmente pueda admitirse como tal la mora en el pago de un 7- mes de sueldo, ya que las partes en aras del principio de la continuidad del vínculo, deben tratar de mantener la relación y su quiebre solamente sería procedente cuando la falta del empleador sea de una entidad bastante que desplace del primer plano el principio de conservación del empleo previsto en el art. 10 de la LCT. En aras de la buena fe contractual exi- mismo modo, sino previa interpelación y transcurrido un plazo razonable para el cumplimiento de la prestación objeto de reclamo, que en el derecho del trabajo como mínimo es de dos días hábiles (art. 57 de la LCT). Para la admisibilidad del proceso resulta menester acompañar el recibo de pago de los meses anteriores abonados y adjuntar las comunicaciones postales, mediante el cual se interpeló al empleador el abono de los créditos pendientes de cumplimiento contractual. d) El pago de la indemnización acordada por la ley en los demás supuestos de extinción del contrato de trabajo que sólo depende de la verificación objetiva de un hecho, siempre que el mismo se documente con la demanda. En estos supuestos se encuentran contemplados aquellos despidos originados por causas ajenas a la voluntad del empleador, como el caso de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo (arts. 247 de la LCT) o el despido del trabajador afectado por una enfermedad inculpable que le genera incapacidad laboral parcial, ante lo cual el 7 Quien imparte justicia debe sentir y hacerse cargo del dolor, del reclamo, de la necesidad del otro; en dicha inteligencia, la reforma pretende operar, pero sin ser excesivamente voluntarista; el cambio solamente es posible si todos los operadores del sistema, cambiamos nuestras prácticas y hábitos, en la búsqueda colectiva de la dignificación de la persona humana. gible en virtud de los arts. 62 y 63 de la LCT, si bien la mora en el derecho laboral se produce en forma automática (arts. 128, 137, 255 bis de la LCT) el acreedor laboral debe interpelar previamente en forma fehaciente al deudor, dando la posibilidad cierta de que este pueda reparar el daño irrogado y solamente en caso de persistencia de la conducta de incumplimiento, se podría encuadrar dicho proceder como una injuria impediente de la prosecución de la relación y por exclusiva responsabilidad del dador de trabajo. Cabe recordar que si bien la mora es automática, la injuria no se configura del empleador carece de un puesto acorde a dicha capacidad residual, obliga al pago de la indemnización reducida (art. 212 de la LCT) o la finalización del contrato de plazo fijo por expiración del término, cuya duración no haya sido inferior a un año (arts. 95 y 250 de la LCT). En estos supuestos, el hecho objetivo alegado queda plasmado en la comunicación rescisoria del vínculo y habilita al trabajador ante la falta de pago luego de transcurrido el término establecido por el art. 255 bis de la LCT, a recurrir a la instancia judicial, en cuya ocasión puede valerse de este trámite breve y expedito. ETALA, Carlos Alberto. “Contrato de Trabajo”, t. 2, 7ma. Edic. Astrea, Bs. As., 2011, p. 253, “No cualquier incumplimiento contractual configura una injuria en el sentido del artículo. Debe tratarse de una inobservancia que ‘por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La parte injuriante debe haber excedido, en su conducta frente a la otra, por su hacer o por su omisión, de lo que puede considerarse como tolerable, y el exceso debe haber sido tal que no consienta la continuación de la relación, ni siquiera provisionalmente…’”. “No todo acto de incumplimiento constituye causa de denuncia del contrato de trabajo sino sólo aquél que pueda configurar injuria y, para ser tal, tiene que asumir magnitud suficiente para el desplazamiento del principio de ‘conservación del contrato’ que consagra el art. 10 de la LCT” (CNTrab, Sala I, 25/11/98, DT, 1999-B-1805. 8“La exigencia del art. 243 de la LCT no tiene un fin en sí mismo, sino que la ratio legis no es otra que evitar la indefensión del trabajador, por desconocimiento de las causas en que el despido puede fundarse” (CNTrab, Sala I, 31/3/93, DT, 1994-A-37). 9“El despido es injustificado si no se ha individualizado correctamente en qué se funda la ruptura de la voluntad del contrato, recurriéndose a una fórmula ambigua que le permite a la demandada cambiar con posterioridad a los hechos según su criterio, en violación de lo dispuesto por el art. 243 de la LCT (CNTrab., Sala I, 31/5/99, DT 1999, N° 8, p. 2281.

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