Relaciones Laborales nº99

 

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Revista de Relaciones Laborales de Graduados Sociales de Valencia

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relaciones laborales /99 Febrero 2015 Época V Revista del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia Mª Luisa Segoviano Astaburuaga Magistrada del Tribunal Supremo “La situación actual es muy complicada” Información colegial / Noticias sociolaborales Aula técnica / Jurisprudencia

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sumario_3 04_reportaje/entrevista Mª Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada del Tribunal Supremo. 06_información colegial 11_aula técnica Próximas actividades formativas organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, etc. La doctrina de la audiencia nacional y de los tribunales superiores de justicia en materia de reestruccturación empresarial. La prestación por cese de actividad del trabajador autónomo: modificaciones introducidas por la ley 35/2014. 14_noticias sociolaborales 15_jurisprudencia 22_área fiscal Novedades de la Sala IV del Tribunal Supremo. Comentarios de actualidad sobre impuestos. Edita De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y actividades para el interés del colectivo]. La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (incluyendo domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica) y datos de pertenencia al grupo (número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se editen, teniendo el fichero la consideración de de fuente accesible al público. Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. Sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales y al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan en beneficio del colectivo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. CL Grabador Esteve, 4 1ª – 46004 Valencia. Relaciones Laborales es una publicación mensual del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en la misma podrán hacerlo, enviándonos artículos, opiniones o cualquier otro tipo de material periodístico de interés para la linea editorial de la revista a la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4, 1ª • 46004 Valencia • colegio@cograsova.es. Las colaboraciones, opiniones y artículos irán firmados por sus autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido. Consejo de Redacción Presidente: Ricardo Gabaldón Gabaldón Directora: Carmen Pleite Broseta Subdirector: Óscar Martorell Tronchoni Jefe de Redacción: Rafa Lupión Ruiz Consejo de Redacción: Salvador Aguado Martínez, Dulce Aguilar Llácer, Enrique Albelda Salom, Joaquín Alcoy Moncholí, José Buenaventura Barberá, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Andrés González Rayo, Teresa Luengo Lloret, José Madolell Pedrajas, Raquel Martínez Pardo, Araceli Sanchis Sanjuán, Lourdes Sanz Calderón, Ana Tur García, Elsa Zamora García. Gerente: Pablo Pernas Verdugo Coordinadora: Mada Rivas Rausell Sede: Grabador Esteve, 4, 1ª 46004 Valencia Impresión: www.iplgrafica.com Depósito legal: V-3244-2007 Núm. ejemplares: 2.500 Distribución gratuita.

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4_entrevista Mª Luisa Segoviano Astaburuaga Magistrada del Tribunal Supremo “Los graduados sociales desarrollan una magnífica tarea” ¿Cómo resumiría la situación actual en cuanto a conflictos laborales? La situación actual es verdaderamente muy complicada y en algunos lugares me atrevería a decir que casi caótica. Hay dos factores que han incidido de forma relevante en esa difícil situación. En primer lugar la crisis económica que ha provocado la desaparición, en unos casos y, en otros, el redimensionamiento de las empresas, lo que ha acarreado un gran número de despidos. Las empresas, ante la imparable competencia, acuden a diversas fórmulas para reducir su tamaño, como la externalización de determinadas actividades, la subcontratación…lo que desencadena nuevos despidos. El segundo factor es la reforma laboral que, dada su complejidad y las nuevas competencias atribuidas a la Jurisdicción Social, así como las nuevas perspectivas que ofrece a las empresas, fundamentalmente, en la posibilidad de adopción de medidas de flexibilidad interna, origina una gran conflictividad laboral. relaciones laborales ¿Cuáles son los más frecuentes? El “conflicto estrella” es, sin duda el despido colectivo. No podemos olvidar la alarma social que desata el despido masivo de trabajadores y la complejidad que revisten los procesos en los que se enjuicia el mismo. Hay otras cuestiones que también se plantean con cierta frecuencia, como son las relativas a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, especialmente el salario y la jornada, la inaplicación de los convenios colectivos, conflictos de concurrencia de convenios, suspensión de contratos…Están comenzando a aparecer asuntos relativos a huelgas, materia que en los últimos años no era muy frecuente y que quizás obedece a la reacción de los trabajadores ante los despidos colectivos a los que antes me he referido. ¿Cómo influye la situación económica en esta situación? Como ya apunté con anterioridad tiene una importancia capital. En época de bonanza son muchos menos los conflic-

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entrevista_5 tos laborales y no revisten la complejidad que presentan en época de crisis. No solo se desencadenan reclamaciones estrictamente laborales, frente al despido, a la reducción de salarios, al aumento de jornada.. sino también reclamaciones en materia de Seguridad Social. Hay reclamaciones en solicitud de desempleo, o de su cuantía o de la duración de la prestación, también peticiones de invalidez, de prestaciones no contributivas… ¿Qué cambios ha notado al respecto en los últimos años? No solo ha habido un incremento cuantitativo sino también cualitativo en los asuntos. Hay más reclamaciones y son mucho más complejas e, incluso, imaginativas, lo que exige un esfuerzo suplementario para tratar de resolver adecuadamente las cuestiones planteadas. ¿Han provocado alguna modificación los últimos cambios legislativos? Los últimos cambios han modificado profundamente el mapa competencial, ampliando la competencia de la Jurisdicción Social, en especial, para el conocimiento de la impugnación de los despidos colectivos. ¿Ha habido alguna variación en la protección de los trabajadores? La protección de los derechos fundamentales se mantiene incólume, como no podía ser de otra manera, sin embargo hay determinados aspectos de la relación laboral que se han visto directamente afectados, como la posibilidad de modificar, si concurren las causas legalmente establecidas, las condiciones del contrato de trabajo, no solo las que el trabajador disfrutaba por mor de dicho contrato, sino también las fijadas en Convenio Colectivo, que pueden afectar a aspectos esenciales de la relación laboral como salarios, jornada, horario ¿Cómo valora la actividad profesional de los Graduados Sociales? Desarrollan una magnífica tarea, están muy próximos a los justiciables, habitualmente conocen los problemas desde su inicio y todo ello contribuye a que tengan una eficaz actuación ante los Tribunales. Por otro lado su gran preparación, especialmente en materia tan ardua como la Seguridad Social, los convierte en pieza clave en el día a día de los Tribunales y Juzgados. ¿Qué opina del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia? Es un magnífico Colegio del que me gustaría destacar dos aspectos primordiales, en primer lugar el dinamismo y curiosidad que muestra ante todo cambio legislativo o jurisprudencial y, en segundo lugar, la inquietud formativa que presenta, que le lleva a mantener una formación continua de los colegiados y una constante organización de cursos, jornadas, conferencias… que son seguidos con gran entusiasmo por los colegiados./RL relaciones laborales

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información colegial_6 Febrero Seminario LA EMPRESA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, ASPECTOS CRÍTICOS 9 y 11 de Febrero De 16´30 a 18´30 h. Salón de Actos del Colegio 45€ colegiados D. Juan José Camino Frías, Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. D. Antonio Moreno Martínez, Jefe adjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. JORNADA en Gandía CASOS PRÁCTICOS e INCIDENCIAS DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN CRET@ 18 de Febrero De 16´30 a 18´30 h Casa de la Cultura Marqués González de Quirós (Paseo de Germanías, 13 de Gandia) Gratuito para colegiados y colaboradores de Activa Mutua y Glorieta D. Amadeo Signes, Director de la Administración de la TGSS de Gandía. D. José Luis Coloma, Gerente de Sislei Informática. Marzo PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 1: EL COACHING EN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 6 de Marzo De 9 a 14 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA Jornada NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2015 13 de Febrero De 9´30 a 12´30 h. Salón de Actos de Cajamar (Sede: Paseo de la Alameda, 34) 20€ colegiados D. Damián Beneyto Calabuig, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Seminario LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN 23 y 24 de Febrero De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos del Servef 50€ colegiados D. Julio Alonso Cabrero, Graduado Social y D.P. del INSS – CAISS “Russafa”. Abril PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 3: OPTIMISMO 9 de Abril De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA JORNADA CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2014. REFORMA IMPUESTO SOCIEDADES 2015 16 y 17 de Febrero De 16´30 a 19´30 h. Salón de Actos del Colegio 45€ colegiados D. Óscar García Sargues, Técnico de Hacienda. Administración AEAT de Catarroja. JORNADA-TALLER NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 25 de Febrero De 16´30 a 18´30 h Salón de Actos del Colegio Gratuito para colegiados D. Manuel López Escobar, Gerente de Tridentia y Proteclia. relaciones laborales Próximas actividades formativas TALLER PRÁCTICO GESTIÓN EMOCIONAL Y CONTROL DE ESTRÉS EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES 20 de Febrero De 9 a 13 h. Salón de Actos del Colegio 10€ colegiados D. José Manuel Simarro García, Graduado Social y Asesor Fiscal. COLABORA: Arse´s Consultec S.L PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 2: INTELIGENCIA EMOCIONAL 26 de Marzo De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA

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información colegial_7 Abril NOVEDADES TÉCNICAS PARA LOS AUTÓNOMOS (Nuevas fechas) 17, 23 y 24 de Abril Viernes 17 (9´30h) / Jueves 23 (16´30h) / Viernes 24 (9´30h) Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia (Profesor López Piñero, 14). 40€ (Incluye materiales y diploma. Se entregará un libro sobre la Nueva Ley de Mutuas y Trabajo de los Autónomos). 17 abril Inauguración. EL TRABAJO DE LOS AUTÓNOMOS Trabajo autónomo, regulación jurídica y diferenciación del trabajo laboral. D. Carlos Alfonso, Catedrático de Derecho del Trabajo. Trabajo de familiares, administradores y colaboradores. Dª. Gemma Fabregat, Profesora Titular de Derecho del Trabajo. Trabajo autónomo económicamente dependiente. D. Alberto Ara, Graduado Social y Abogado, miembro de ATA. Coloquio final 23 abril FISCALIDAD DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DEL TRABAJO FAMILIAR Y DE LOS ADMINISTRADORES Y SOCIOS Repaso a las diferentes modalidades para determinar el rendimiento. Dª Carolina Verdés, Gabinete de estudios de APAFCV y FETTAF. Repaso al criterio del IVA de caja y gastos deducibles en ED y EDS. D. Alejandro Álvaro, Administrador AEAT-Sagunto. Aspectos puntuales sobre el IVA en Régimen General y requisitos formales de las facturas. D. Javier Martín, Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Asesor Fiscal. Problemática de los socios y administradores de las sociedades mercantiles en el marco de la reforma fiscal. D. José Rivaya, Inspector Dependencia Regional de Inspección. Coloquio final 24 abril SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO, DE FAMILIARES Y DE ADMINISTRADORES Encuadramiento y otras cuestiones en materia de Seguridad Social D. Vicente Escrivá Garcerán, Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia. Dª. Mª Luisa Salas Martí, Subdirectora Provincial de Gestión Descentralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia. Prestaciones cese actividad D. Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Valencia. Coloquio final Concurso del autónomo. D. Santiago Senent, Magistrado. La financiación de las PYMES y microempresas. D. Juan Ignacio Ruiz, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Derivación de responsabilidad hacia los administradores. Dª Carmen Estevan, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universitat de Valencia. Sesión de Clausura. Entrega de diplomas y Vino de honor. ORGANIZAN: Cograsova / Cátedra / ATA / ICAV / Univ. de Valencia - Facultad de Derecho / Asociación Profesional Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. COLABORAN: Grupo Glorieta / Activa Mutua / Banco Santander / Tirant lo Blanch Mayo PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 4: RESILENCIA 7 de Mayo De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA Junio PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 5: COMUNICACIÓN PARA RELACIONARNOS CON ÉXITO 4 de Junio De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 6: LIDERAZGO POSITIVO 25 de Junio De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA relaciones laborales

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8_información colegial CONSULTAS ASESORÍA LABORAL VIRTUAL portal cograsova CARLOS ALFONSO MELLADO Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Valencia. GEMMA FABREGAT MONTFORT Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia PREGUNTA 1 DISTRIBUCION IRREGULAR JORNADA La cuestión es la siguiente SOBRE LA DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA: Aunque éste es un asunto complejo por su falta de regulación en algunos aspectos concretos (contratos temporales, fijos discontinuos, a tiempo parcial, reducción de jornada por guarda legal, etc.), no lo es en algo tan básico como : la distribución de las 262,5 horas (15% de la jornada anual pactada en Convenio colectivo de Tejas y Ladrillos) no tiene más límites que las 10 horas diarias y las 60 semanales (además, por supuesto, del respeto al mínimo de 30 días de vacaciones anuales y 14 días festivos al año). Por tanto, sin excederse de ese límite, el empresario podrá distribuirlas libremente a lo largo de “todos los meses del año” cumpliendo con el preaviso mínimo de 5 días establecido en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores. Si por ejemplo, en septiembre se han utilizado 32 horas de esa “bolsa”, el cómputo es sobre ese exceso de la jornada ordinaria, no del total de los horas trabajadas en el mes. Por lo tanto, considerando estos aspectos la duda es la siguiente. En el supuesto de aplicar la jornada irregular se consideraría dicha jornada, solamente de la que excede, es decir, en el supuesto de 8h/día de jornada habitual , se aplica la distribución irregular, y se pasa a 10/día,como seria computable: a.- Jornada irregular, 10h/día, 2h aplicadas en exceso que irían computando hasta llegar al máximo. b.- Jornada irregular, 10h/día, independientemente de dicho exceso, computarían todas como jornada irregular a efectos del computo establecido en convenio. RESPUESTA 1 En principio la regulación que parte de la legal parece considerar que el empresario puede distribuir irregularmente un número de horas; por lo tanto si la jornada es regular de 8 horas (por ejemplo), esas primeras 8 horas son de distribución regular, las que serán de distribución irregular serán las otras, las que supongan un exceso por encima de las 8 horas o, en su caso, una disminución sobre esas 8 horas. Es decir si unas semanas se trabajan 10 horas y otras 6 diarias, en realidad son 2 horas de distribución irregular por día, las de 8 a 10 y las 8 a 6. Esa parece ser la interpretación más lógica porque las 8 (o 9 o las que sean habituales en el resto de días y semanas es la jornada regular y por tanto esas restantes no son objeto de distribución irregular). PREGUNTA 2 TRABAJADOR EN RÉGIMEN GENERAL Y A LA VEZ ASIMILADO A RÉGIMEN GENERAL SIN DESEMPLEO Y FOGASA Un trabajador está contratado en Régimen General en una empresa en la que presta sus servicios a tiempo completo. Posteriormente constituye una sociedad con otros socios, que no tiene nada que ver con la que trabaja, y es nombrado administrador, y su participación en el capital es de un 1,59%. El encuadramiento en esta nueva sociedad seria Régimen General sin desempleo y Fogasa. La cuestión es si el alta en Régimen General asimilado puede ser a tiempo parcial. O podría entenderse como pluriempleo y seria a tiempo completo. La otra cuestión, en caso de pluriempleo, como cotizaríamos de incurrir en base máxima. Me explico, si por su primer trabajo estuviera en base máxima y como asimilado tuviera 150,00 euros de salario, ¿Estaríamos ante un alta asimilada a tiempo completo, pero con muy poquita cotización? ¿Que sería igual que si fuera a tiempo parcial? RESPUESTA 2 No es posible la contratación a tiempo parcial en el supuesto planteado ya que la asimilación a trabajadores por cuenta ajena del régimen general consiste en una ficción legal al solo efecto de su inclusión en el citado régimen (con exclusión de la cotización por desempleo y FOGASA), por lo que no le son de aplicación las normas generales del Estatuto de los trabajadores, dada la naturaleza mercantil de la relación y, por tanto fuera del ámbito de aplicación del contrato a tiempo parcial (Ver STS de 20.11.203 y de 1.07.2002). Dada entonces la situación de pluriempleo de cara a la cotización a la seguridad social, habrá que solicitar la distribución de topes a la TGSS. Dicha distribución se efectuará de forma proporcional al salario percibido en cada una de las empresas, de modo que la suma de ambas bases de cotización coincida con la base máxima vigente. PREGUNTA 3 Jubilación Demorada Un cliente autónomo que en Marzo de 2014, decide prolongar su vida laboral hasta los 66 años (Marzo de 2.015), solicita el cálculo del importe de su jubilación a dicha fecha . Ante mi sorpresa, me encuentro con que su base de cotización que era de 1.890 euros mensuales, la rebajan, a 1.797 euros, a partir del cumplimiento de los 65 años (de 04 a 12 del 2014). Sin embargo, la cotización por la contingencia de IT, continua siendo sobre la base de 1.890 euros . Me presento en el INSS para resolver el problema y se encuentran tan sorprendidos como yo. Tienen que consultar con un teléfono de régimen interno, donde les confirman que el cálculo esta bien. Con el fin de presentar una Reclamación previa me remiten a la LGSS 1/1994 donde por ningún sitio aparece tal medida. Con la reducción de base comentada, el cliente ve reducida su pensión en 42 euros mensuales, respecto a la pensión calculada con sus bases de 1.890 euros. ¿Hay posibilidades de que prospere una Reclamación Previa contra este cálculo emitido por el INSS? RESPUESTA 3 La solución se encuentra en la D.A. 32ª del TRLGSS, modificada por el art. 2.2 de la Ley 27/2011 y en concordancia con el art. 13 del RD 1132/2002. En síntesis, las reglas de cálculo de la base reguladora de jubilación de un trabajador autónomo que accede a la jubilación demorada con exoneración de cuotas, como se desprende del caso que plantea, son las siguientes: 1ª. Las bases de cotización tomadas en consideración para la determinación de la base reguladora serán equivalentes al resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización, de enero a diciembre, del año natural inmediatamente anterior al comienzo del periodo de exención de cotización, en el porcentaje de variación media conocida del índice de precios al consumo, en el último año indicado. Sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a las cuantías de las bases mínimas, o únicas, de cotización fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores por cuenta propia, incluidos en en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 2ª. A efectos del cálculo de dicho promedio se tomarán las bases de cotización, de enero a diciembre, correspondientes a la actividad por cuenta propia por la que esté exonerado de cotización. 3ª. Si no existieran bases de cotización en todas las mensualidades del año natural anterior al comienzo del período de exención de cotización, se tomará el promedio de las bases de cotización que existan, dividido por el número de meses al que las mismas correspondan. 4ª. De no existir bases de cotización en el año anterior, se tomarán las bases de cotización del primer año en que existan, calculando el promedio citado conforme a las reglas citadas en los apartados anteriores; dicho promedio se incrementará en el porcentaje de variación media del año, o años naturales anteriores, hasta llegar al año correspondiente al del período de exoneración de cuotas. PREGUNTA 4 COMPUTO RECIPROCO DE COTIZACIONES La consulta viene referida al computo de cotizaciones entre tres regímenes de seguridad social diferentes; es el caso de una señora que acredita cotizaciones en autónomos (unos 20 años), en régimen general (unos 10 años) y en el sistema especial de empleados de hogar (unos 2 años) ahora, cumplida la edad ordinaria de jubilación para este año 2015 (65 años y tres meses) se plantea acceder a la jubilación contributiva cumple con todos los requisitos de edad, carencia genérica (más de 15 años cotizados) y especifica (2 años cotizados dentro de los últimos 15) que marca la ley en cuanto a la pensión de jubilación pero la duda versa en saber si las cotizaciones en el sistema especial de empleados de hogar se computan conjuntamente (computo recíproco de cotizaciones) a las de autónomos y régimen general a la hora de hacer el cálculo del total de años cotizados para el acceso a la pensión, es decir, si estos tres regímenes, donde acredita cotizaciones, se aplica el computo reciproco de cotizaciones. RESPUESTA 4 Si. El cómputo recíproco de cotizaciones alcanza a los tres regímenes, siempre y cuando no se trate de períodos superpuestos; es decir cotización simultánea en varios regímenes, en cuyo caso estos períodos superpuestos se descontarían y se contabilizarían como si se hubiera cotizado en un solo régimen. Si la alternancia entre regímenes es sucesiva y no simultánea, se acreditarían en el caso planteado 32 años de cotización total a efectos de carencia y de porcentaje. relaciones laborales

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información colegial_9 Jornada Actualidad y novedades en materia de recaudación Necrológica don francisco mora díez El pasado 8 de enero se celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia una jornada para analizar la de Reforma de la Ley General Tributaria. Los ponentes fueron Leopoldo Benavent Comes, Jefe de Equipo Regional de Recaudación AEAT Valencia y José Antonio Fuentes Giménez, Inspector de Hacienda del Estado Excedente. La inauguración corrió a cargo de Carmen García, Vocal de la Junta de Gobierno. Lamentamos comunicar que el pasado 24 de enero de 2015, falleció el compañero DON FRANCISCO MORA DÍEZ, a los 87 años de edad, Graduado Social promoción de 1956 y con más de 50 años dedicados a nuestra profesión, padre de nuestro también compañero José Carlos Mora Díaz. El Presidente, y la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, participan tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. Trasladamos a su familia, amigos y compañeros, nuestro más sentido pésame. Incluimos una foto de la entrega de la Mención de 50 años de colegiación que se hizo entrega el 21 de diciembre de 2012. SERVICIO GRATUITO: BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT LO BLANCH Comunicamos el nuevo Servicio Gratuito, que el Consejo Valenciano de Graduados Sociales, ha puesto a disposición de los colegiados y que se establece, en virtud de un Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Valenciano y Grupo Glorieta, para acceder a toda la Biblioteca Virtual de la Editorial Tirant Lo Blanch. La mencionada Biblioteca Virtual está compuesta por un fondo editorial de más de 2000 libros de todas las ramas del Derecho y todos también disponibles en formato e-book. Estos libros se pueden ver a través del ordenador, por Tabla de Contenidos y también en dispositivos móviles Smartphone y Tableta. El Graduado Social colegiado podrá hacer búsquedas por materias del Derecho, por títulos, autores, etc., exportar textos y párrafos a su PC, etc. El servicio de Biblioteca Virtual dispondrá de todos los libros que se publiquen en el Editorial Tirant, antes incluso de que se comercialicen en la Librería físicamente, e incluye las materias de Financiero, Laboral, Mercantil, Contable, Gestión Inmobiliaria, Extranjería, Civil y Penal. Este Servicio está disponible a través de la página web del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. Esperamos que este nuevo servicio sea de vuestro interés. relaciones laborales

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10_información colegial RESUMEN CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE CINCO VOCALES EJERCIENTES Y 1 VOCAL NO EJERCIENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA a) CARGOS QUE DEBEN CESAR: Cinco Vocales Ejercientes Un Vocal No Ejerciente b) CARGOS A CUBRIR: Cinco Vocales Ejercientes Un Vocal No Ejerciente c) CALENDARIO ELECTORAL: Exposición del Censo Electoral. Del 31 de diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015. d) PRESENTACION DE CANDIDATURAS: Del día 16 de enero al 6 de febrero de 2015, a las 15 horas. e) PROCLAMACION DE CANDIDATOS: El día 16 de febrero de 2015. El día 17 de febrero de 2015 se circularán las candidaturas a todos los colegiados, abriéndose un plazo para la presentación de impugnaciones, que finalizará el día 23 de febrero, que serán estudiadas por la Junta de Gobierno, si las hubiese, el día 24 de febrero de 2015. f) PERIODO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL: Del día 27 de febrero al día 27 de marzo de 2015. g) ELECTORES: Serán todos los colegiados que se encuentren al corriente de sus cuotas el día 31 de marzo de 2015. h) ELEGIBLES: Todos los colegiados de esta Corporación, siempre que se encuentren al corriente de sus cuotas al día 31 de marzo de 2015, y lleven DOS AÑOS, como mínimo COLEGIADOS. i) CELEBRACION DE LAS ELECCIONES: El día 31 de marzo de 2015. EL COLEGIO FIRMA UN CONVENIO CON WOLTERS KLUWER El Colegio de Graduados Sociales de Valencia ha firmado un convenio de colaboración con Wolters Kluwer, para la obtención de unas importantes ventajas para los colegiados de Valencia. Wolters Kluwer, ofrece entre otras ofertas, un pack de emprendedor para el colegiado que inicie el negocio, presentación de productos nuevos a los colegiados, oferta especial con descuentos para los colegiados respecto de sus productos y servicios, en sus líneas de negocio. relaciones laborales

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aula técnica_11 La doctrina de la audiencia nacional y de los tribunales superiores de justicia en materia de reestruccturación empresarial Son numerosas las sentencias dictadas en esta materia por los Tribunales citados, que permiten conocer los criterios jurídicos por los que se rigen a la hora de resolver los procedimientos de impugnación colectiva de las decisiones empresariales de extinción de contratos de trabajo, cuyo examen permite a los usuarios del derecho y más exactamente a aquellos con actuación en la jurisdicción laboral, determinar sus pautas de actuación profesional, cuidando aquellos aspectos trascendentales en la preparación, negociación y materialización de los expedientes de extinción colectiva, cuyos matices pueden ser decisivos en la resolución de los mismos. Por ello, entendiendo que una visión de conjunto puede ayudar en este sentido, he seleccionado una serie de sentencias que expuestas cronológicamente y con un breve detalle de sus aspectos más relevantes, permita a modo de guía dar a conocer la doctrina jurídica básica a tener en cuenta en este tipo de encargos profesionales, reforzando así la actuación de aquellos abogados y graduados sociales que tengan y consideren la oportunidad de hacerlo. Así, esta selección es la siguiente: 1.- TSJ de Cataluña, sentencia 13/2012 de 23/05, que determina la existencia de fraude de ley el ocultamiento de la verdadera dimensión empresarial al formar parte de un grupo de empresas, y, además por la falta de concreción de la clasificación profesional de los trabajadores afectados y por aportación de criterios genéricos de afectación. Despido colectivo NULO. 2.- TSJ de Madrid, sentencia 601/2012 de 25/06, que viene a determinar que la falta de aportación de la documentación económica completa y del informe técnico exigido, así como la falta de concreción del periodo previsto para la realización de los despidos y de la relación nominativa de los trabajadores afectados o de los criterios tenidos en cuenta para su designación; así como la exigencia de grupo de empresas con responsabilidad solidaria, justifican la estimación de la demanda. Despido colectivo NULO. 3.- Audiencia Nacional, sentencia 90/2012 de 25/07, en la que se acredita que la empresa llevó a cabo durante el periodo de consultas negociaciones paralelas con los afectados, vaciando de contenido el proceso negociador, por lo que se declara NULA la decisión empresarial. 4.- Audiencia Nacional, sentencia 91/2012 de 26/07, que declara NULA la decisión empresarial por actuaciones fraudulentas durante las negociaciones, ya que la empresa no abonó los salarios a los afectados durante tres meses y sí lo hizo al resto de los trabajadores y vendió activos bajo alegación de dación en pago de deudas sin documentar. Por otra parte, las empresas que conformaban un grupo empresarial solicitaron concurso que fue admitido por el Juzgado correspondiente. Por ello, las codemandadas excepcionaron la incompetencia de jurisdicción, considerando que el litigio corresponde en exclusiva al juez del concurso. Sin embargo, esta excepción se desestimó por cuanto que la demanda es anterior a la declaración del concurso según la fecha de presentación y que para la acumulación al concurso de los procedimientos declarativos ya iniciados se precisa que el juez del concurso evalúe la conveniencia de su acumulación y así lo considere y declare, sin olvidar el Auto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 28/09/2011 que señala que cuando la causa de pedir afecte a empresas concursadas y no concursadas, como es el caso, el conocimiento del litigio corresponde al orden social. 5.- Audiencia Nacional, sentencia 142/2012 de 21/11, que declara la procedencia de los despidos por razones económicas, desestimando la vulneración del derecho a la negociación por incluir en el listado del ERE los concretos trabajadores afectados entre los que figuran representantes unitarios con las garantías previstas en el art. 68 b, E.T., si bien rectificando posteriormente su inclusión excluyendo a estos del despido. 6.- TSJ del País Vasco, sentencia 2.980/2012 de 11/12, que reconoce la legitimación activa de los sindicatos con preferencia en el Comité de Empresa e implantación suficiente, y, declara la nulidad de los despidos por incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe, que mantuvo una posición inamovible e inflexible en relación al número de contratos a extinguir, nominando “ab initio” a los afectados a quien informó individualmente de ello. Abogado y Graduado Social Socio-Consultor AG & AG Auditores y Consultores Laborales Director Escuela Superior de Estudios Laborales Andrés González Fernández 7.- Audiencia Nacional, sentencia 50/2013 de 20/03, que convalida los despidos practicados en base a causas económicas y organizativas, siendo la actividad empresarial dependiente del sector de construcción y habiendo reducido su actividad en un 70%, desde 2.007 a 2.012. En cuanto a la legitimación pasiva de empresas del grupo que nunca fueron empleadoras de los afectados, la A.N. recuerda la STS de 23/10 de 2012, en cuanto a los criterios de extensión de la responsabilidad empresarial, concretando que no basta la concurrencia de empresas en un grupo, sino que se precisan otros elementos adicionales, entre los que destaca la prestación de modo simultáneo e indiferenciado en varias sociedades del grupo, que en este caso no se da. 8.- TSJ de la CC.AA.VV., sentencia 920/2013 de 23/04, en cuyo procedimiento los actores pusieron de manifiesto la existencia de incumplimientos por parte de la empresa respecto al seguido, no sólo en lo que atañe a la documentación sino además al periodo de consultas. Así la empresa no procedió a presentar una redacción definitiva del plan de recolocación externa limitándose genéricamente a señalar que iba a contratar con una empresa de recolocación, y, la fiabilidad de la pretensión empresarial se vio afectada gravemente por la reducción posterior del número de afectados que pasaron de ser 439 a 394 y por la no afectación de 116 trabajadores incluidos en el listado definitivo, que trajo consigo un total final de afectados de 278 y con modificación de las exigencias de titulación, lo que induce a considerar la falta de buena fe negociadora y la ausencia de voluntad de negociar, que conduce a la NULIDAD de los despidos practicados. 9.- Audiencia Nacional, sentencia 143/2013 de 11/07, correspondiente a CASER, SA y compañías vinculadas, declarándose la procedencia de los despidos practicados por cuanto que la empresa aportó toda la documentación exigida, existió una verdadera negociación con ofertas y contraofertas y finalmente se suscribió un acuerdo con el 64.15% de la representación legal de los trabajadores, acreditándose la situación negativa mediante las cuentas consolidadas y auditadas, así como por los informes técnicos ratificados en juicio. 10.- Audiencia Nacional, sentencia 154/2013 de 30/07, en la que se declara la inexistencia de mala fe negociadora de la empresa y la acreditación de la situación económica, con cierta conducta empresarial reprobable pero carente de entidad para declarar desvirtuado el objetivo del periodo de consultas. Se declara pues ajustados a derecho los despidos practicados. Destaca la sentencia la posibilidad de conformar “comisiones híbridas” compuestas por representantes de los trabajadores y por representantes elegidos “ad hoc” si se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Reglamento. 11.- Audiencia Nacional, sentencia 190/2013 de 28/10, que declara ajustada en derecho la medida empresarial al acreditarse la situación económica negativa y acreditase por parte del banco social una posición maximalista pese al acercamiento empresarial a las posiciones de contrario acreditando su buena fe negociadora. NOTA: Sin embargo, no resuelve, por inactividad probatoria de los demandantes, la repercusión del hecho de que la empresa en otros centros no afectados formaliza numerosos contratos de trabajo para la realización de trabajos propios y habituales de su actividad simultáneamente a los despidos practicados, sin optar a un expediente de movilidad geográfica alternativo. 12.- TSJ de la CC.AA.VV., sentencia 2338/2013 de 4/11, que declara nulos los despidos practicados en RTVV por la alteración de los listados y de los criterios de designación precedentemente delimitados y aprobados finalmente, impidiendo que los ya afectados pudieran haberse beneficiado del nuevo criterio de no afectación, vulnerando así el principio de igualdad. No obstante, los aspectos citados, las sentencias referidas contienen otros aspectos fundamentales de necesario conocimiento, por lo que es recomendable su lectura exhaustiva para mejor conocer de la doctrina jurídica de aplicación a estos procesos. Advirtiendo de que la Ley 1/2014, de 28/02, ha matizado las situaciones que conducen a la declaración de la nulidad de los despidos, limitando su posibilidad a las causas que concreta. Salvo mejor criterio./RL relaciones laborales

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Información elaborada por 12_aula técnica La prestación por cese de actividad del trabajador autónomo: modificaciones introducidas por la ley 35/2014 Artículo elaborado por Raquel Presa García-López y publicado en la Revista de Información Laboral num. 1/2015 (Lex Nova Thomson Reuters). Aunque la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, tiene como título el de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS) (1) , en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo su contenido no se contrae a la regulación de dichas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, sino que a través de sus disposiciones adicionales y finales procede a introducir una serie de modificaciones respecto de la prestación por cese de actividad, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto. (1) año completo. Sigue excluido en este cómputo el primer año de inicio de la actividad [artículo 5.1.a), apartado 1º]. b) A la existencia de ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas, se añade la posibilidad de ejecuciones administrativas. En todo caso, las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos han de comportar al menos el 30% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior, en lugar del 40% exigido en la redacción anterior [artículo 5.1.a), apartado 2º]. 5.2. Pérdida de licencia administrativa La pérdida de la licencia administrativa que constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica y profesional, se contempla como causa de situación legal de cese de actividad siempre que no venga motivada por la comisión de infracciones penales. En la anterior redacción se exigía que la pérdida no viniera motivada por incumplimientos contractuales o por comisiones de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante (artículo 5.1.c). La misma redacción se introduce en la disposición adicional 7ª, letra c), relativa a los trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente. 5.3. Divorcio o separación matrimonial No se introduce un nuevo requisito, porque se mantiene la separación matrimonial declarada en la correspondiente resolución judicial, pero se hace más precisa la fórmula utilizada al sustituir el «acuerdo de separación matrimonial» por la mera mención a la separación matrimonial (que, como es sabido, puede ser tanto contenciosa como de mutuo acuerdo). Se elimina acertadamente la precisión consistente en que el autónomo que se divorcia o separa deje de ejercer las funciones «a causa de la ruptura o separación matrimonial», dado que en este supuesto ha de cumplirse, como en todos, el general requisito de cesar en la actividad totalmente (artículo 5.1.e). 5.4. Consejeros, administradores, o trabajadores que posean el control de una sociedad mercantil capitalista, previstos en la disposición adicional 27ª TRLGSS Se introduce un nuevo número 2 en el artículo 5 de la Ley 32/2010, relativo a la situación legal de cese de actividad respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia por aplicación de la disposición adicional 27ª del TRLGSS. Dicha situación se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma, y la sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos de la nueva redacción del apartado 1.a).1º o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las 2/3 partes de la cifra del capital social. 5.5. Trabajadores autónomos económicamente dependientes que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto Como novedad, la situación legal de cese de actividad prevista para los trabajadores autónomos económicamente dependientes será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente dependiente, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, y en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos (artículo 5.3, último párrafo). 6. Acreditación de la situación de cese de actividad La nueva redacción del primer párrafo del artículo 6.1 añade en todo caso, como documento que se debe adjuntar junto con la solicitud sin perjuicio de otros documentos acreditativos, la declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes de la situación de cese de actividad y la fecha de efectos del cese. Además se deja indicada la posibilidad de que el interesado aporte, si lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente, además de los documentos que para cada caso concreto de cese de actividad se mencionan expresamente. 6.1. Motivos económicos, técnicos, técnicos, productivos u organizativos (artículo 6.1.a). Además de los documentos de carácter contable, profesional, fiscal, administrativo o judicial que se mencionaban en la anterior redacción, se añade la necesidad de La Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 86 y siguientes de la Constitución Española, prevé el dictado de un nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En este trabajo, se relacionan las modificaciones incorporadas en dicha Ley, haciendo expresa referencia a los artículos de dicha Ley que se han visto afectados. 1. La protección sigue siendo voluntaria, pero se prevé la posible revisión del régimen de voluntariedad Las modificaciones operadas en el articulado de la Ley no han afectado al carácter voluntario de acceso al sistema de protección por cese de actividad la cobertura. Pero su disposición adicional segunda contempla la posibilidad de revisión del sistema que nos ocupa, y confiere al Gobierno el plazo de 5 años desde la entrada en vigor de dicha Ley, para remitir al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección por cese de actividad y su incidencia económica al objeto de revisar, en su caso, el régimen de voluntariedad así como su régimen financiero. 2. Cesa la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder al sistema de protección por cese de actividad. No se exige que el trabajador autónomo tenga cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al entender que suponía una carga económica que no guarda relación financiera ni material con el sistema de protección del cese de actividad. Serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario y obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales según aconsejen las características y riesgos de la actividad, desvinculándose la protección por cese de actividad de la cobertura de estos riegos. La eliminación de esta obligación conlleva la modificación de todos los preceptos tanto de esta Ley como de la normativa concordante, que aludían a la misma. 3. Mecanismo de invitación al pago El artículo 4.1.e) de la Ley 32/2010, en su redacción originaria, había regulado el mecanismo de invitación al pago para el acceso a las prestaciones del sistema de protección por cese de actividad, exigiendo que dicho mecanismo opere únicamente en el supuesto de que el interesado tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la protección. Sin embargo, con la nueva redacción desaparece la mención a la necesidad de tener cubierto dicho periodo mínimo o periodo de carencia, de tal forma que la invitación al pago se realizará aunque dicho periodo se incluya en el descubierto. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. El plazo para el ingreso de las cuotas debidas no experimenta variación alguna. 4. Ampliación de causas de situación legal de cese de actividad en caso de establecimiento abierto al público En la nueva redacción del artículo 5.1.a), la transmisión del establecimiento abierto al público se equipara al cierre del mismo durante la percepción de la prestación. Po otra parte, se permite al autónomo titular del inmueble en el que se ubica el establecimiento realizar sobre aquél actos de disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del autónomo en la actividad finalizada. 5. Situación legal de cese de actividad. 5.1. Se reduce el nivel de pérdidas que determine la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional a) Se minora notablemente el porcentaje de pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad que dan lugar a la situación legal de cese de actividad, pasando de unas pérdidas superiores al 30% de los ingresos o superiores al 20% en dos años consecutivos completos, a pérdidas superiores al 10% de los ingresos obtenidos en un relaciones laborales

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aula técnica_13 aportar en todo caso los documentos que acrediten el cierre del establecimiento en los términos establecidos en el artículo 5.1.a) de la Ley 32/2010, la baja en el censo de actividades económicas la baja en el Régimen Especial de la seguridad social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de la baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada. Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a)1º de la Ley 32/2010, así como mediante las declaraciones de IVA, del IRPF, y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aprobadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad. El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución. 6.2. Fuerza mayor. Se elimina la mención expresa a la fuerza mayor y su forma de acreditación. 6.3. Cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas (artículo 6.1.b). Se introduce la acreditación del cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas, mediante acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero junto con el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios se requerirá la aportación del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de reducción del capital por pérdidas. En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los términos de lo establecido en el apartado 5.2 de la Ley 32/2010. 6.4. Trabajadores autónomos económicamente dependientes que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto (artículo 6.2, primer párrafo). Los medios de acreditación de las situaciones de cese de actividad de los trabajadores económicamente dependientes, se extienden expresamente a los trabajadores autónomos económicamente dependientes que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto. 7. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad 7.1. Se establece que la solicitud de cobertura de la protección de cese de actividad habrá de dirigirse a la misma mutua a la que los trabajadores autónomos se encuentren adheridos, eliminándose la referencia a la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una mutua, se mantiene la remisión a la disposición adicional 4ª de la Ley 32/2010 (artículo 7.1, párrafos primero y segundo). 7.2. Se modifica el momento del nacimiento del derecho, pasando de ser el primer día del mes inmediatamente anterior a aquél en el que se produjo el hecho causante del cese de actividad, a ser a partir del segundo mes posterior a aquél en el que se produjo el hecho causante del cese de actividad (artículo 7.1., párrafo tercero). 8. Periodos de veda obligatoria (Régimen Especial de Trabajadores del Mar) Se añade una letra e) al artículo 8 de la Ley 32/2010, el cual versa sobre la duración de la prestación económica. El periodo de duración de la prestación por cese de actividad se encuentra en función de los periodos de cotización dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la escala del artículo 8.1 de la ley 32/2010. Con la nueva previsión, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, los periodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del periodo de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos periodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad. 9. Cálculo de la prestación por cese de actividad en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Se introduce una nueva previsión aplicable al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, consistente en que la base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los periodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del periodo de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese en la actividad, siempre y cuando en esos periodos no se hubiera percibido prestación por cese de actividad (artículo 9.1, segundo inciso). 10. Tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad La antigua redacción del artículo 14.3 de la Ley 32/2010, establecía el tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad en el 2,2 por ciento. La nueva redacción remite al tipo de cotización que se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien deja definida la fórmula aplicable para su cálculo, en función del gasto por prestaciones de cese de actividad y las bases de cotización del período comprendido entre el 1 de agosto del año anterior y el 31 de julio del corriente (siendo el corriente el año anterior a aquél al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado) de modo que, para que se produzca una modificación del tipo de cotización, al alza o a la baja, la variación de éste según la fórmula ha de ser mayor de 0,5 puntos porcentuales. El tipo de cotización mínimo será del 2,2%, y el máximo será del 4%. Si, alcanzado el tipo máximo del 4%, se precisan ajustes superiores, se revisarán al alza los períodos de carencia en al menos 2 meses. En todo caso, el primer año de aplicación de la fórmula será 2016, por lo que hasta entonces seguirá vigente el tipo de cotización del 2,2 por ciento. 11. Resultado positivo anual que las mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección por cese de actividad. En el artículo 16.2, se establece expresamente que el resultado positivo anual que las mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el 25% de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación y cuya finalidad será el atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión. Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la reserva de estabilización en los términos establecidos, el excedente se ingresará en la TGSS con destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.4 TRLGSS. En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios asociados./RL relaciones laborales

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14_noticias sociolaborales Cuatro millones de españoles trabajan en “negro” Más de cuatro millones de empleos están bajo la sombra de la economía sumergida, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de toda la población comprendida entre 16 y 65 años y a un 18% de la población activa, según la patronal de empresas de trabajo temporal (ETTs) Asempleo, lo que en términos macroeconómicos supone que la economía sumergida en España representa más de un 20% del PIB, el equivalente a 240.000 millones de euros. Con estas cifras, España se sitúa entre los tres países de Europa con más peso sobre el PIB de la economía informal. Una de las principales causas del empleo sumergido es el empleo precario. Así, Asempleo entiende que “lacras como el insuficiente control de las condiciones laborales, contratos laborales atípicos, prestaciones sociales y derechos laborales limitados o ausencia de los mismos, niveles elevados de inseguridad laboral, sueldos bajos o gran riesgo de lesiones y enfermedades laborales pueden conducir al deterioro del mercado y a la pérdida de competitividad a medio plazo”. En este sentido, la organización señala que la intensidad y la calidad en la creación de empleo en 2015 y 2016 estarán directamente ligadas, entre otros factores, al afloramiento de los puestos de trabajo no declarados. Entre los consejos que aporta Asempleo para revertir la situación se encuentran el controlar si los contratos temporales responden verdaderamente a las necesidades de la empresa y no a necesidades permanentes; dotar a los agentes profesionales de intermediación y colocación laboral de todos los recursos necesarios para poder casar la demanda y la oferta de trabajo y, por último, aumentar la tasa de participación de las ETT. El Fogasa podría estar pagando “prestaciones fraudulentas” El Tribunal de Cuentas teme que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) esté pagando “prestaciones fraudulentas” como consecuencia de la ineficacia en su gestión, su “falta de previsión” y la falta estructural de personal que sufre desde hace años, según consta en el ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, ejercicio 2013’. Según el documento, a 31 de diciembre de 2013 existían 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% más que un año antes y un 295% por encima de la cifra de 2007. En el mismo periodo, la plantilla del Fondo sólo se incrementó un 0,07%. Esto elevó a 201,52 días el plazo medio de resolución de cada expediente, muy lejos de los tres meses previstos legalmente y por encima de los 185,47 días que se marcaron en 2012. Según el Tribunal, esta acumulación “no es consecuencia de un hecho económico aislado y concreto, sino del incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios”, lo que a su juicio “denota una falta de previsión” del Fogasa, que “debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes”. En estas circunstancias, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda cree que la falta de personal conlleva un “importante riesgo de extravío de documentación” y de “defectos y demoras” en los expedientes, pero además teme que se estén pagando prestaciones de forma “fraudulenta” y sin ningún control efectivo. Y es que a la falta de datos estadísticos completos y precisos sobre concursos, juicios o situación laboral de los trabajadores, que pueden afectar a la procedencia de las solicitudes, se suma que el número de letrados es “insuficiente” y que no hay un procedimiento homogéneo para decidir a qué juicios asisten, sino que “cada uno decide discrecionalmente, sin justificar los motivos de su no asistencia”. Por otra parte, la falta de comunicación del Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal ha permitido que algunos trabajadores estén cobrando prestaciones por duplicado, y tampoco se están remitiendo adecuada y homogéneamente a la Agencia Tributaria (AEAT) los casos de deudas por subrogación para su cobro. Para corregir la acumulación de expedientes, en agosto de 2013 el Fogasa puso en marcha el Proyecto GRETA, para el que realizó una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec por casi 3,27 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cree que este contrato “no debió aceptarse desde el punto de vista de la legalidad vigente” ya que entre las actividades en las que Tragsa está especializada no se cuenta ninguna administrativa, sino agrícolas, ganaderas o medioambientales. El Gobierno aprueba una cartera común para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo Entre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado una norma que se enmarca en el “primer eje de la agenda” del Ejecutivo, la creación de empleo: se trata de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo​ , que busca “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional”, según Soraya Sáenz de Santamaría.​ Con este Real Decreto, por primera vez desde el traspaso de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas, se fija “el marco común con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos”, explicó la vicepresidenta, que añadió que las comunidades, podrán ampliar o complementar esta cartera. Información elaborada por El Ejecutivo es consciente de que “queda mucho camino por recorrer” y de que la gran prioridad es acortar “los tiempos del desempleo al empleo”, según Báñez. Esa es la meta de la Estrategia Española de Activación para el Empleo puesta en marcha por el Gobierno, y la cartera común de servicios presentada el viernes supone un paso más en esa dirección. “Es la reforma del mercado de trabajo silenciosa, porque estamos trabajando con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo para hacer eficaces los servicios públicos de empleo a disposición de los desempleados y de su vuelta al mercado de trabajo”, ha asegurado Báñez. La ministra ha manifestado que la nueva cartera común de servicios no solo garantiza la igualdad de acceso en cualquier oficina pública del territorio nacional, sino que además permite “hacer un seguimiento de qué se está ofreciendo como atención personalizada a los desempleados” y “orientar los recursos públicos a los resultados”. Con esta reforma, los servicios de empleo se concentrarán en la orientación profesional, desde la elaboración de un perfil individualizado de la persona desempleada hasta el asesoramiento sobre las tendencias del mercado. También desarrollarán labores de intermediación con las empresas, de formación y, por último, de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. Varapalo del Tribunal Supremo a la reforma laboral En contra de lo que perseguía la ley 3/2012 y del espíritu de la reforma laboral, el TS ha sentenciado que los trabajadores no perderán sus derechos si su convenio ha caducado y no se consigue negociar un nuevo acuerdo en el año siguiente al término de su vigencia. El Supremo considera que “las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador (...) aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia”. Establecido lo anterior, el Alto Tribunal insta a las empresas que quieran cambiar estas condiciones contractuales a que lo hagan por la vía del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (modificación sustancial de las condiciones de trabajo), todo ello “sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio” En resumen, la Sala de lo Social del Supremo ha considerado por ocho votos a seis, que aunque un convenio colectivo termine su vigencia, sea denunciado y pase un año sin lograr pactar uno nuevo, los derechos colectivos de dicho acuerdo se contractualizan, es decir, pasan a ser propios de cada trabajador afectado entendiendo que han quedado incorporados a su contrato de trabajo./RL relaciones laborales

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jurisprudencia_15 Novedades de la Sala iv del Tribunal Supremo Mª Luisa Segoviano Astaburuaga Magistrada Sala IV del Tribunal Supremo ÚLTIMAS SENTENCIAS DE LA SALA IV Febrero 2015 STS 22/09/14 CASACIÓN 314/13. Despido colectivo. Demanda dirigida contra empresa que, posteriormente es declarada en concurso y contra otras empresas que no están en concurso y forman parte de un grupo de empresas. “SEGUNDO.- 1.- En el rechazo de la primera de las denuncias hemos de seguir la misma línea argumental que con acierto fue utilizada por la sentencia recurrida y que sigue el Ministerio Fiscal en su detallado informe: como el art. 3.h LRJS excluye del orden social «las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso», la cuestión de que tratamos por fuerza ha de resolverse conforme a las previsiones de la Ley 22/2003 [9/Julio], de las que son tres los preceptos que inciden en la cuestión litigiosa: a) El art. 8.2, con texto que literalmente reproduce el art. 86. ter LOPJ, dispone que «[l]a jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en... 2º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado...». b).- El art. 64.1, conforme al cual «Los expedientes... de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo. Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez del concurso». Y c.- El art. 51.1, conforme al cual «Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia. No obstante, se acumularán aquellos que, siendo competencia del juez del concurso según lo previsto en el artículo 8, se estén tramitando en primera instancia y respecto de los que el juez del concurso estime que su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores». 2.- Tres de las expresiones utilizadas en los preceptos citados, cuales son «en los que sea empleador el concursado» [art. 8.2], «una vez declarado el concurso» [art. 64.1] y «se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso» [art. 51.1], ponen claramente de manifiesto que la «jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso» requiere que la presentación de la demanda por despido sea posterior a la declaración de concurso, como precisa el ATS -Sala de Conflictos- 24/06/10 [rec. 29/09 ]; con lo que no se hace sino confirmar que la regla general de que la competencia para conocer los conflictos entre empleadores y empleados en materia de extinción de contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, corresponde -de acuerdo con lo prevenido en los arts. 1 y 2.a LRJS - a los órganos jurisdiccionales del orden social, y tan sólo como excepción a los de lo mercantil. Así lo recuerda el ATS -Sala de Conflictos- de 28/09/11 [rec. 30/11 ], que interpretando precisamente la excepción que el propio art. 51.1 LC dispone, la Sala de Conflictos de este Tribunal ha afirmado que «[d]e la exégesis de la norma deriva que para que proceda la acumulación al concurso de los juicios declarativos que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso en los que el deudor sea parte se requiere: 1) Que se trate de juicios que sean competencia del juez del concurso según lo previsto en el artículo 8 LC; 2) Que se estén tramitando en primera instancia; 3) Que el juez del concurso estime que su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores». 3.- Con arreglo a esta doctrina, en el caso de autos se excluye la competencia del Juez del concurso, de una parte porque no consta resolución alguna suya en orden a la atracción de competencia; y de otra porque la demanda interpuesta lo ha sido contra empresas ya declaradas en concurso y otras que no se hallan en tal situación, afirmando -con confirmación judicial dada por la sentencia recurrida- de que se trata un grupo de empresas a efectos laborales, circunstancia ésta que, en la doctrina del referido ATS 28/09/11, trasciende a la competencia y excluye el posible conocimiento de la pretensión por parte del Juzgado de lo Mercantil” STS 20/10/14 Recurso 3291/13. Despido. Cesión ilegal de trabajadores desde AENA a la empresa contratista del servicio de atención y protocolo de las salas de autoridades. Ilícito prestamismo laboral por parte de la empresa. “CUARTO.- El artículo 43.1 ET establece que la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan. Y en el número 2. Se dice que “ En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: relaciones laborales

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