Ipso Iure Año 10 No. 18

 

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Ipso Iure Año 10 No. 18

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Ipso Iure Por el derecho mismo Año 10, Num.18, Febrero 2015 Quién es Quién Mtro. Juan Moreno Sánchez Artículos ESBOZO SOBRE LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS Y SU IMPACTO EN MÉXICO Mtro. Juan Moreno Sánchez ANÁLISIS DE PROBABLES ERRORES DE ALGUNOS PRECEPTOS DE LA NUEVA LEY DE AMPARO Y UNA INNECESARIA REFORMA. Publicación Universitaria de Distribución Gratuita Dr. Manuel Plata García EL INCIDENTE DE PRECISIÓN Y SU INTERPOSICIÓN DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO Dr. Eduardo Tepalt Alarcón JUSTICIA RESTAURATIVA. UN ENFOQUE QUE DEBE ADQUIRIR RELEVANCIA EN MÉXICO Mtra. Marisela Cifuentes López Portada: La Historia de la Justicia en México (fragmento). Autor: Luis Nishizawa, Miguel Ángel Suárez, Alfredo Nieto, Homero Santa María, Clara Torres

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Ipso Iure Por el derecho mismo ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO Mtro. Juan Moreno Sánchez Profesor en los Institutos Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República (INACIPE/ PGR), de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (IFP/PGJDF), y de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”. Secretario General del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM). Dr. Manuel Plata García Licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con Especialidad en Derecho Constitucional por la división de estudios de Posgrado de la UNAM así como la Especialidad Judicial por el Instituto de Especialización Judicial de la SCJN. Diplomado en Juicio Oral Acusatorio impartido en la Facultad de Derecho de la UNAM, tomó el curso de Técnicas de Interrogación y Contra interrogación el cual fue impartido en la Western School Of Law de San Diego, California; Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho con Mención Honorifica con la Tesis “El Juicio de Amparo y la Denegación de Justicia”, misma que fue realizada bajo la asesoría del extinto Dr. Ignacio Burgoa Orihuela. Profesor definitivo, por oposición en la FES Aragón de las materias Garantías Individuales y Sociales, Amparo y Práctica Forense de Amparo. Así como de otras materias en diversas Instituciones del País. Abogado Postulante, miembro del Claustro de Posgrado de Nuestro Instituto. Dr. Eduardo Tepalt Alarcón Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Derecho Penal, UNAM, Maestro en Derecho Civil, Doctorante por el IES “Manuel José de Rojas”. Docente en la Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad del Valle de Toluca, Estado de México y en el Colegio Holandés, Ciudad de México; Miembro del Claustro de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Sta. Fe, en Guanajuato, Gto. Y en nuestra Alma Mater. Profesor en la UNAM, impartiendo las siguientes materias: Amparo, Garantías individuales, Introducción al Estudio del Derecho, Práctica Forense Penal. Socio del Despacho “Tepalt Cervantes & Tepalt Alarcón”, Director de Responsabilidad en el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Mtra. Marisela Cifuentes López Docente Certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Obtuvo el grado de Maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho (EPED), así como el grado de Maestra en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Realizó el Curso de Destrezas de Litigación Oral, por la Universidad Western California, School of Law con sede en San Diego. Asimismo, cursó las Especialidades en Teoría del Proceso, Derecho Procesal Penal, Civil, Mercantil y Juicio de Amparo en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho (EPED). y Acreditó el Diplomado en Trata de Personas en la Procuración de Justicia Penal Federal y el Diplomado en Justicia Restaurativa: un nuevo paradigma frente a las víctimas del delito, ambos por la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID).

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Ipso Iure Por el derecho mismo Contenido I E S Clave : 07PSU0016G Mtro. Juan Moreno Sánchez ESBOZO SOBRE LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS Y SU IMPACTO EN MÉXICO ¿Quieres leer los números anteriores? ingresa a este Vinculo y podrás leer en linea o descargar todas las publicaciones anteriores Mtro. Juan Moreno Sánchez ANÁLISIS DE PROBABLES ERRORES DE ALGUNOS PRECEPTOS DE LA NUEVA LEY DE AMPARO Y UNA INNECESARIA REFORMA. Dr. Manuel Plata García EL INCIDENTE DE PRECISIÓN Y SU INTERPOSICIÓN DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO Dr. Eduardo Tepalt Alarcón JUSTICIA RESTAURATIVA. UN ENFOQUE QUE DEBE ADQUIRIR RELEVANCIA EN MÉXICO Ipso Iure Año 10, Núm. 18 Febrero de 2015 Director General.- Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles Directora Administrativa.- Lic. Sofía M. Robles Loarca Diseño y Maquetación.- Ing. Raymundo A. Herrera Rodríguez Corrección de Estilo.- Mtro. José A. Hernández Urbina Fotografía Anuario.- Ing. José Luis Díaz Gómez Relevantes.- C. Sergio Arturo Gutiérrez Alfaro. Revista Semestral Publicada y editada por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, Av. Río Verde y Calle del Molino S/N, Colonia La Isla, C.P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tels. +52 (967) 678-56-69, 678-96-47, 631-61-63. Revista Universitaria de Publicación Gratuita, Prohibida su Venta, Prohibida su reproducción parcial o total sin el expreso permiso del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas”. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la opinión de este Instituto. Mtra. Marisela Cifuentes López Relevante Agosto 2014 - Febrero 2015 Cuadro de Honor Anuario Doctorado en Ciencias Jurídico Penales Maestría en Derecho Constitucional y Amparo Licenciatura en Derecho 15 13 11 09 http://ies.edu.mx/ipso-iure.htm 06 03 02

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Ipso Iure 2 Mtro. Juan Moreno Sánchez aestro Juan Moreno Sánchez originario de VeraM cruz, Veracruz; lugar donde cursa su educación básica. Hijo de Doña María Teresa Sánchez Niño y del Poeta y Declamador de origen Oaxaqueño Juan Moreno Hernández, quien desafortunadamente deja de existir en fechas recientes, dejándonos un vacío difícil de llenar y un legado importante para la poesía mexicana. JUAN MORENO SÁNCHEZ es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Veracruz, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestro en Derecho, aprobado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México; ha tomado diversos diplomados en los que destacan: Diplomado en Juicios Orales en Materia Penal “Retos y Perspectivas del Sistema Procesal Penal en México” impartido por el Centro de Estudios de Política Criminal A. C. (CEPOLCRIM); Diplomado en Informática por la Universidad Veracruzana, así como el curso “Sistema Penal: Cuestiones Fundamentales” por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En el ámbito laboral se ha desarrollado como abogado postulante en el área jurídica de la Notaría Pública No. 7 en Veracruz, Ver. Jefe de tráfico y reconocimiento previo de mercancías en el Corporativo Aduanal Ortiz, representante de la Editorial IUS PENALE , coordinador del programa de divulgación, del programa de Diplomados y Cursos de Actualización del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales A.C, así también ha sido Secretario General de dicho centro. Asesor en la Sub Procuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Profesor-Investigador de tiempo completo en el Instituto de Formación Profesional de la misma Procuraduría del Distrito Federal, miembro del Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de la Policía de Investigación de la PGJDF, Capacitador Certificado en la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal Mexicano por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal – SETEC/SEGOB. En la práctica docente es profesor y expositor de las materias, Filosofía y Metodología del Derecho, Derecho Comparado, Derecho Procesal y Sistema Acusatorio, Política Criminal, Criminología entre otras, mismas que imparte tanto en Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, así como en Instituciones y Órganos del Sistema de Justicia Penal Mexicano, entre los que destacan: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidades de Guadalajara, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, y universidades privadas como la Panamericana, Iberoamericana, Latinoamericana, La Salle, también imparte cátedras en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE); Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Procuradurías de los Estados de Campeche, Distrito Federal, Chiapas, Chihuahua, Guerrero entre otras, y Tribunales Superiores de Justicia de dichos Estados, y desde hace varios años es miembro del claustro de Maestría de nuestra Alma Máter. El Maestro Juan Moreno Sánchez tiene en su haber, diversas publicaciones, entre las que destacan: Consideraciones en Torno a la Acción Penal Privada; Política Criminal con Perspectiva de Género, consideraciones sobre la Tipificación del Feminicidio en el Distrito Federal. Ha sido Coautor de diversos libros y manuales: Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del D.F, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Manual de Formación de Policía de Investigación tomos I y II, Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio Público tomos I y II. Todos ellos publicados por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Esta es, en resumen, la trayectoria de un docente de alta calidad que orgullosamente pertenece al claustro docente de nuestra Institución. Febrero 2015

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Artículo por Mtro. Juan Moreno Sánchez ESBOZO SOBRE LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS Y SU IMPACTO EN MÉXICO A mi padre Prof. Juan Moreno Hernández* in memoriam La nueva Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal I.- Introducción. En México, muy poco y casi nada se ha escrito en torno a la justicia restaurativa o alternativa en materia penal, a través de la cual se busca la solución de los conflictos que resultan de la comisión de hechos delictivos de bagatela, mediante procedimientos no jurisdiccionales. El desconocimiento de esta forma de justicia no es circunstancial; obedece al marketing político de la reforma constitucional de junio de 2008 que, por ignorancia o descuido -en el mejor de los casosdel marco teórico del proceso acusatorio, enfocó sus baterías hacia el tema del juicio oral, ampliamente desarrollado en nuestra Carta Magna. Paradójicamente, el éxito de los modelos de justicia acusatorios estriba en el hecho de que los conflictos de naturaleza penal no lleguen a la etapa de juicio (excepción hecha de los delitos graves y de aquellos considerados como de “alto impacto”), a través de la aplicación de diversos métodos, como son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). II.- Breve marco referencial de la justicia alternativa. La filosofía del Derecho define a la justicia en el marco de las virtudes, la proporcionalidad (el justo medio), y como esencia de toda organización política; asimismo se ha ocupado de explicar las formas a través de las cuales se puede manifestar dicho concepto, a saber, la justicia general o legal y la particular. La justicia general o legal se ocupa de regular los derechos de la sociedad en lo general, encaminándola hacia la consecución del bienestar común. La justicia particular incide específicamente en la construcción de los derechos y deberes a cargo de las personas (de allí su nombre), y se subdivide en conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa aplica parámetros de equiparación hacia las cosas, a través de una noción taxativa sobre la igualdad (v. gr. la prestación y la contraprestación, la mercancía y su costo, el trabajo y el salario, el delito y su castigo, el daño y la reparación del mismo). La justicia distributiva toma como eje a la persona; presupone la existencia de una igualdad proporcional que se traduce en la asignación de derechos y deberes específicos (por ejemplo, la proporcionalidad tributaria, la individualización de las penas y medidas de seguridad, la aplicación de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares). Consideramos que la justicia alternativa o restaurativa en materia penal se inscribe en el seno de la justicia particular. Tiene como finalidad resolver un conflicto entre personas físicas e, incluso, morales, que deriva de la comisión de hechos delictivos (de bagatela, de poca cuantía, realizados por la delincuencia simple o convencional); en donde el activo y pasivo de la conducta ilícita, por su propia voluntad, a través del diálogo y apego a la verdad, habrán de construir un acuerdo para asegurar la reparación de los daños ocasionados por la misma (asumiendo obligaciones de dar, hacer o no hacer), solucionando total o parcialmente la controversia que les aqueja. * Poeta, declamador y, sobre todo, padre excepcional, que partiera en el vagón de la eternidad el 18 de noviembre de 2014. Con gran sabiduría anticipó sus festones luctuosos dentro de su último poemario intitulado Soliloquio del recuerdo , al escribir: Que me acoja suavemente la muerte en sus brazos, con una dulcedumbre de madre concebida…, y que aseste violenta sus zarpazos, cuando el alma se encuentre dolorida… “Cuando llegue la muerte” (fragmento) Febrero 2015 Ipso Iure 3

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Esta justicia se constituye como un cambio de paradigma para el sistema penal que, históricamente, ha ocupado a la justicia retributiva (aquella que pretende el castigo de los delitos), como el único medio de solución posible para perseguir y, sobre todo, sancionar -que no solucionar-, los daños producidos por las distintas manifestaciones del fenómeno criminal. JUSTICIA RETRIBUTIVA VS. JUSTICIA RESTAURATIVA Elementos Delito Finalidad Justicia Retributiva Infracción a la norma. Justicia Restaurativa Conflicto entre personas. restaurativa igualmente adopta diversos calificativos: 1.- Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Chile y Uruguay). 2.- Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos (Perú). 3.- Medios Alternativos para la Solución de Conflictos (Venezuela). 4.- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Colombia). 5.- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (México). Más allá del tema de las denominaciones, la justicia alternativa es parte fundamental de la operatividad de un sistema procesal penal acusatorio; atiende a medidas o estrategias de carácter político-criminal que se implementan para descongestionar las cargas laborales de los subsistemas de procuración y administración de justicia, a efecto lograr una pronta y expedita solución a los conflictos de índole penal por una vía no jurisdiccional. Reposa en una serie de principios (voluntariedad, simplicidad, equidad, confidencialidad, imparcialidad etc.) y derechos (acceso a la información, la posibilidad de escoger el método de solución, la reparación del daño causado por el delito, etc.) que se aplican, de forma coincidente, en las naciones de América latina que han implementado sistemas procesales penales acusatorios. En México, el marco constitucional del sistema integral de justicia penal para adolescentes (reformado en el año 2005), se constituye como el primer punto de referencia para la aplicación de la justicia restaurativa en materia penal; al respecto, el sexto párrafo del artículo 18 del Pacto Federal dispone que: Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En este orden de ideas, es preciso señalar que la justicia alternativa o restaurativa no se circunscribe única y exclusivamente a la rama penal, sino que también se aplica en otras materias tanto del Derecho público (en el Derecho laboral por ejemplo), como privado (respecto de ciertas cuestiones familiares, civiles y mercantiles). IV.- Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASC) en el orden jurídico mexicano: Bases constitucionales y su nueva Ley nacional. A pesar de su importancia para la concreción del modelo acusatorio en México, el texto de la reforma constitucional al sistema de justicia penal de junio de 2008, consagró a la justicia restaurativa dentro de una escueta previsión que, hoy día, se ubica en el cuarto párrafo del artículo 17 de nuestra Ley fundamental, precepto en el que se estipula: Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Dada la orientación político-criminal que en sus orígenes tuvo la antes citada reforma de 2008, la generación de las leyes sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), quedaba a cargo de las esferas competenciales de la Federación, los estados y el Distrito Federal; niveles de gobierno que fueron creando y reformando el marco jurídico sobre el particular. Probar la existencia del delito Asumir responsabilidades y establecer su sanción. en un conflicto y reparar el daño. Busca la verdad histórica. Infractor y Estado Individual. Directrices del sistema penal (ius puniendi) Adversarial. Toma como referente al futuro. Víctima e imputado. Individual colectiva. y social o Ipso Iure 4 Temporalidad Protagonistas Responsabilidad Control Procedimiento A cargo de las personas en conflicto. Diálogo. La justicia restaurativa procede en tratándose de delitos que sean perseguibles por querella de parte, se realicen de manera culposa, o bien, en el caso de delitos de carácter patrimonial que se cometan sin violencia (en tal sentido, la fracción IV del artículo 5, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal). La posibilidad de recurrir a la justicia alternativa se exceptúa en los casos de delitos cometidos por razón de género, la violencia familiar, o en los casos que el imputado haya celebrado con anterioridad otros convenios por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último convenio o hubiese incumplido el mismo (sobre el particular, el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal). III.- La justicia restaurativa en el contexto americano. La justicia alternativa se ha desarrollado en el seno de los sistemas de justicia romanista y del common law. Dentro de la primera familia del Derecho, destacamos el impacto que tiene en América, constituyéndose desde finales del siglo XX como una de las principales aristas que se desarrollan en el marco de las reuniones en materia de justicia, convocadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dentro del citado ámbito regional, este tipo de justicia recibe distintas denominaciones que constituyen un juego de palabras entre los vocablos métodos/medios, resolución/solución y conflictos/controversias. A pesar de las diversas posibilidades que se pueden construir con tales vocablos, el espíritu de la justicia restaurativa es el mismo. La OEA alude los parámetros de la justicia restaurativa bajo la denominación de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, en tanto que el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ubica los lineamientos de la justicia alternativa bajo el nombre de Métodos Alternativos de Resolución de Controversias; por sus siglas, en ambos supuestos, se les abrevia como MARC. En el terreno operativo de los sistemas de justicia latinoamericanos, la justicia Febrero 2015

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Empero, ante el retraso en la implementación del modelo acusatorio en nuestro país (cuya fecha límite ha sido ubicada el 18 de junio de 2016), el actual Gobierno de la República pugnó por la unificación de la legislación en dicha materia; el resultado de esta visión de política criminal fue la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional (publicada en el DOF del 08 de octubre de 2013) que, en su parte conducente, establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir: c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Este inciso se erige como la base constitucional tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales (publicado en el DOF del 05 de marzo de 2014), como de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (publicada en el DOF del 29 de diciembre de 2014), cuyo Decreto implica también la primera reforma a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y la reforma y adición de otras tantas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales aún en vigor. La nueva Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASCMP), está compuesta por 52 artículos agrupados en cuatro títulos, a saber: generalidades, de los mecanismos alternativos, del seguimiento de los acuerdos y, de las bases para el funcionamiento de los mecanismos alternativos. De la Ley ahora en comento, son de hacerse notar las siguientes previsiones: 1.- El concepto de los MASC que contiene el segundo párrafo de su primer artículo. 2.- Los principios que rigen esta forma de justicia, los cuales quedan definidos dentro del art. 4. 3.- La procedencia de la justicia restaurativa, escuetamente abordada por el art. 5. 4.- El cúmulo de derechos y obligaciones de los intervinientes que se enumeran, respectivamente, en los arts. 7 y 8. 5.- La solicitud, derivación y elección de los MASC que consignan sus arts. 9, 10 y 11. 6.- Los lineamientos de las sesiones preliminares y sesiones de los mecanismos alternativos, que contienen los arts. 16 y 19. 7.- La procedencia de los MASC ante una detención por flagrancia o ante el supuesto de una medida cautelar, prevista en su art. 20. 8.- Los tres tipos de mecanismos que se contemplan y las formas de su desarrollo: mediación (arts. 21-24), conciliación (arts. 25 y 26) y, la junta restaurativa (arts. 27-29). 9.- Los requisitos, efectos y forma de cumplimiento de los acuerdos que establecen, respectivamente, los arts. 33, 34 y 35. 10.- Los supuestos para evitar la revictimización contemplados en el art. 39. 11.- Los lineamientos que habrán de seguir los órganos especializados en los MASC, contenidos en los arts. 40-47. 12.- El perfil, certificación, requisitos de ingreso y permanencia y obligaciones que deben cubrir y cumplimentar los facilitadores, aspectos que abordan los arts. 48-52 de la LNMASCMP. De conformidad con el primer artículo transitorio del Decreto de expedición de la LNMASCMP, su entrada en vigor habrá de realizarse en los mismos términos y plazos en que entrará en vigor el CNPP, para lo cual es necesario observar las previsiones contenidas en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el invocado ordenamiento: Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales. El artículo tercero transitorio de la LNMASCMP, determina la conformación de los Consejos de Certificación para los órganos de MASC en sede judicial. Su cuarto transitorio hace referencia a los parámetros de certificación de los facilitadores. Finalmente, los artículos quinto y sexto transitorios consignan los aspectos logísticos para la implementación de la LNMASCMP, como son el desarrollo de diversas normas institucionales (manuales, protocolos) y que se provean los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que permitan su aplicación. V.- Conclusiones. Las nuevas formas de justicia alternativa o restaurativa en materia penal, no deben percibirse en los términos de aquella máxima de la jerga jurídica que reza “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Su orientación político-criminal pretende eficientar el trabajo del sistema de justicia penal, erigiéndose como la piedra angular de los sistemas procesales de corte acusatorio en donde, por regla general, sólo los delitos graves y de alto impacto social deben resolverse a través de un juicio. Como quedó asentado, implica un cambio de paradigma respecto de la justicia retributiva que para nuestro país, requerirá asimismo de un proceso de aculturación por virtud del cual la sociedad pueda llegar a comprender las ventajas que para la solución de un conflicto ocasionado por la comisión de un hecho delictivo, tiene del desarrollo de procesos no jurisdiccionales a través de la buena fe, así como de las directrices para el cumplimiento de los acuerdos generados con la finalidad de reparar los daños producto de esa conducta ilícita. En la medida en que se genere esa nueva conciencia social, veremos resultados favorables en torno a los MASC; la falta de esa perspectiva podría derivar en que la justicia restaurativa sea percibida como un nuevo óbice para el sistema penal, tenor en el que han sido ubicados sus propios subsistemas de procuración y administración de justicia, así como de ejecución de sanciones, e incluso, hasta los sistemas de seguridad pública y de Derechos Humanos. De ahí la pertinencia de comprender la naturaleza, el espíritu y, los alcances y límites del marco referencial en que reposa la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASCMP). II Febrero 2015 Ipso Iure 5

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Artículo por Dr. Manuel Plata García ANÁLISIS DE PROBABLES ERRORES DE ALGUNOS PRECEPTOS DE LA NUEVA LEY DE AMPARO Y UNA INNECESARIA REFORMA. Ipso Iure C omo es bien sabido por todos los profesionales del derecho y por un gran porcentaje de la población, el 3 de abril de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Amparo que abrogó la ley de 1936, incluyendo al efecto una cauda de cambios, algunos que consideramos positivos y otros que desafortunadamente no nos lo parecen, de ahí que llamó poderosamente nuestra atención escudriñar y escribir el presente artículo sobre dicho tópico, sólo que dada la extensión permisible en este análisis, sólo nos ocuparemos de la vertiente negativa que, en nuestro concepto, se advierte de algunos numerales, así como de la primera e innecesaria reforma a la ley, esperando tener la oportunidad de que en fecha posterior y diversa publicación de esta prestigiada Revista Jurídica, se nos dé la oportunidad de abordar el mismo aspecto en otros preceptos, así como la vertiente que nos parece positiva en la reforma que abrogó la Ley de Amparo. En esta ocasión y dado que todo mundo suele referir únicamente las maravillas de la nueva Ley de Amparo, a la que sólo lanzan loas, consideramos más atractivo explorar y disertar sobre aquello de lo que pocos arengan, probablemente algunos por el temor a la crítica y hasta reproche de quienes lean sus opiniones, no obstante, nosotros expuestos a ello y sabiendo que todo aquel que acceda a estas cuartillas lo hará cual inclemente catón, de ninguna manera aminora el interés por hacerlo, estando abiertos a cualquier diálogo directo para comentar lo aquí escrito, evitando en ello polémicas bizantinas. Por ello, elegimos traer a cita solo algunos cambios a los numerales de la ley en comento, que consideramos inadecuados y una primera reforma innecesaria a la nueva Ley de Amparo, exponiéndonos a la sana crítica de nuestros lectores. En este contexto, procedemos enseguida a señalar diversos numerales que, desde nuestro punto de vista, devienen inadecuados en la nueva Ley de Amparo, reitero, con la esperanza de abordar en diverso análisis otros preceptos igualmente inapropiados, así como los numerales que consideramos positivos de la ley que nos ocupa. El artículo 1° de la nueva Ley de Amparo, en sus tres fracciones, hace referencia a “actos u omisiones”, como si fueran cosas distintas, sin embargo, debemos destacar que las omisiones también son actos de autoridad sólo que de carácter negativo, y de ninguna manera una acción distinta a un acto, inclusive, el artículo 77 en su fracción II, de la misma ley refiere a actos de carácter negativo, de ahí la inadecuada intromisión del término “omisiones”. En este propio numeral, indebidamente se invocan como violadas a “las garantías otorgadas para la protección de los derechos humanos”, cuando bien se sabe que actualmente desde las ideas de Isidro Montiel y Duarte, las “garantías” son los mecanismos que, como el amparo, constituyen el medio de lograr el respeto de los derechos fundamentales y humanos. En este mismo dispositivo, consideramos que indebidamente subsisten el amparo soberanías y por invasión de esferas, cuando en la fracción I, cabe la procedencia de tales amparos, pues sus presupuestos son los mismos, sin que cambie en absoluto la invasión de esferas o competencias, pues tal invasión equivale a hipótesis de incompetencia previstas como violatorias de los derechos de seguridad jurídica que tutela el artículo 16 constitucional. Finalmente, el numeral en comento, en su fracción I, establece la procedencia del juicio de amparo “Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución…”; en la fracción II, “Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal…”, 6 Febrero 2015

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y la fracción III, “Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la competencia de la autoridad federal…”, sin embargo dicha redacción nos parece inapropiada, atento a que no se debe hacer uso de los verbos “violen”, “vulneren” o invadan”, ya que ello implica estar prejuzgando la suerte final de la controversia, lo cual se encuentra lejano al momento de interponer la demanda; lo adecuado es que el numeral precise “que se consideren violatorios”, “que se considere que vulneran” y que “se considere que invadan”, pues precisamente la materia de la controversia es la que va a determinar si ciertamente lo reclamado viola, vulnera o invade, de ahí que no se debe partir de leyes, actos u omisiones que violen, vulneren o invadan. El artículo 3º de la nueva Ley de Amparo, en su penúltimo párrafo dispone que los “Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad…”, lo cual constituye demasiada carga a los tribunales (jueces y secretarios) para verificar que el expediente electrónico coincida con el impreso, esto es, aunque sea electrónico, también habrá uno impreso, lo cual nos parece un doble trabajo que implica mayor tiempo con el que seguramente no van a contar los obligados a esa imposición del dispositivo en comento, de ahí que consideramos fatuo el numeral en cita, pues la verdad es que los tribunales federales tienen tal carga de trabajo que ha generado retraso en la administración de justicia, a grado tal que, actualmente se han tenido que crear órganos dispersos mediante las Regiones Auxiliares, para abatir el rezago en la administración de la justicia federal, que, de paso, señalamos nos parecen contrarias a la regulación del juicio de garantías y al sistema de juzgamiento pues, al menos en amparo indirecto, quien celebra la audiencia constitucional debe ser el mismo juez que dicte el fallo correspondiente atendiendo a que dicha diligencia constituye un solo acto procesal por ser audiencia de pruebas, alegatos y senten- cia, lo que incluso afecta a las partes del juicio respectivo, pues para cuidar, propiciar y pugnar por una sentencia favorable mediante el alegato de oído, deben trasladarse hasta el lugar donde se remita su asunto para el dictado de la sentencia. El artículo 4° de la nueva ley, establece en nuestro concepto, una figura pueril con la substanciación y resolución prioritaria de asuntos, ya que al impedir que no se pueden modificar los plazos señalados en la ley, deviene contradictorio hablar de prioridad que significa “antes de”, esto amén de que el procedimiento que impone este dispositivo implica un letargo que impide la establecida prioridad, por lo siguiente: a) Primeramente las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, deben solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicha prioridad de resolución en un juicio de amparo, en los recursos o en los procedimientos derivados de éste; b) Recibida la solicitud el presidente de la Suprema Corte, someterá a consideración del Pleno que resuelva sobre dicha prioridad solicitada de forma definitiva por mayoría simple, incluyendo las providencias que resulten necesarias; c) Las providencias que se consideren necesarias se notificarán, cuando proceda (no se precisa cuando procede dicha notificación) al Consejo de la Judicatura Federal, y d) En la substanciación de la petición de solicitud prioritaria deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como fácilmente se puede percibir, el procedimiento detallado necesariamente va a tener un período independiente a los plazos que para resolver señala la ley, lo que hace nugatoria su eficacia, pues seguramente el lapso del procedimiento será igual o mayor al término legal para emitir la resolución del asunto sometido a prioridad resolutoria, de ahí que consideremos inocua e ineficaz tal figura incorporada en el numeral que nos ocupa. El artículo 5° de la Ley de Amparo vigente que refiere a las partes en el juicio de garantías, al abordar a las autoridades responsables, al igual que lo hacía la ley abrogada, sólo hace referencia a las ordenadoras y ejecutoras, pero no hace denominación alguna de las autoridades en amparo contra normas generales, que bien podrían ser denominadas y así lo proponemos, “legisladoras”, atento a que tales autoridades no ordenan ni ejecutan o pretenden ejecutar, sino que expiden disposiciones generales mediante la ex- pedición del decreto que las contiene, realizan la promulgación del mismo, así como refrendo correspondiente. El artículo 12, párrafo segundo, de la nueva Ley de Amparo establece que: “En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado…”, lo cual resulta contradictorio con la Ley Federal del Trabajo reformada, actualizando una pugna entre dos leyes federales, en virtud de que la ley laboral establece la profesionalización de quien defiende al trabajador, al disponer que este también debe ser asesorado por licenciado en derecho, en tanto que la Ley de Amparo no impone tal obligación. Independientemente de lo anterior, nos parece inadecuado que en materias como la penal y agraria en que se cuestionan derechos fundamentales de suma importancia, como son los de naturaleza social, así como los de seguridad jurídica, como libertad, cualquier persona con capacidad legal, cualquier persona, aunque no sea profesional del derecho, pueda ser autorizado con facultades amplias, lo cual consideramos además una aberración, pues ello implica que tiene mayor importancia lo económico que se cuestiona en las materias que imponen la profesionalización, que lo social y el derecho de la libertad que después del derecho de la vida, es el de mayor importancia para el ser humano. Por otro lado, existe un evidente error en la nueva ley, al repetir lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del artículo 12 en cita, en el segundo párrafo del artículo 24, ya que mientras en el primer numeral prevé que “...las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades…”, el segundo precepto citado dispone que “El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades…”, con lo cual ambos numerales establecen igual supuesto, lo que indudablemente, constituye una inaceptable repetición en la ley. El artículo 15 de la actual Ley de Amparo establece en su primer párrafo que tratándose de los actos graves que ahí se precisan, “…el órgano jurisdiccional de Febrero 2015 Ipso Iure 7

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amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado”, misma que lograda “…se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo”…; “Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación...” Bien se puede percibir que el dispositivo en cita, no precisa categóricamente a que suspensión se refiere, pues al referir “…el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados…”, en principio no precisa que suspensión es la que se decretará, ni hace distinción alguna en qué casos será a petición de parte y en cuales de oficio, omisión que se actualiza aún más si se considera que en el cuarto párrafo se hace referencia a “suspensión definitiva”, lo que presupone que existió suspensión provisional, ambas que concretan lo que se conoce como suspensión a petición de parte. En el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, se establecen los plazos para el ejercicio de la acción constitucional que la ley abrogada contemplaba en los artículos 21, 22, 217 y 218, sin embargo, consideramos que la nueva ley contiene, por un lado, una imprecisión y, por otro, un retroceso, para la defensa del gobernado. En efecto, del exordio de dicho dispositivo se desprende que ahora el término común de 15 días para interponer el juicio de amparo, es aplicable también a los imputados que reclamen una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso o cualquier acto que afecte a los imputados o ejidatarios y comuneros, cuando en la ley anterior en los casos de amparo penal indirecto judicial no había término alguno hasta en tanto se cerrara la instrucción y, en tratándose del amparo agrario promovido por ejidatarios o comuneros, se contaba con 30 días para interponer amparo, lo cual nos parece un retraso en contra de los derechos del gobernado, dado que esto transgrede el principio pro persona, al establecer un breve término hacer uso del medio de defensa constitucional, basta considerar que simplemente para la materia fiscal y administrativa contenciosa federal o para la materia laboral los términos son mucho más extensos, es in- audito que en los amparos señalados en que se cuestiona el derecho de la libertad y el derecho social individual, se establezcan plazos cortos que obstruyen e impiden contar con un recurso eficaz por la brevedad del plazo con que se cuenta para su ejercicio. Por otra parte, en su fracción I el artículo 17 citado, establece un plazo de 30 días para interponer amparo contra “el procedimiento de extradición”, lo cual resulta no sólo erróneo, sino ambiguo, pues dentro del procedimiento de extradición se dan una serie de actos impugnables por separado, como bien puede ser la detención con fines de extradición, el aseguramiento de bienes, la falta de defensa, el indebido proceso, el acuerdo de extradición, etcétera, actos que al ser materia de amparo pueden tener un lapso diferente a los 30 días, de ahí la imprecisión del precepto de la disposición que nos ocupa, además, no es viable reclamar el procedimiento sino el acto que dentro del mismo cause agravio. Otro error, por omisión, de la nueva Ley de Amparo, se actualiza porque siendo la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, es obvio que debe comulgar totalmente con las disposiciones primarias que reglamenta, sin embargo en la nueva ley no acontece esto. Ciertamente, en todo el contexto de la nueva Ley de amparo, no existe la jurisdicción concurrente, sin embargo en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución, que reglamenta, se establece categóricamente dicha competencia o jurisdicción concurrente omitida por la ley que reglamenta tal dispositivo primario. Así como hemos destacado los probables errores en los numerales destacados que, en nuestro concepto, tiene la nueva Ley de Amparo, podríamos continuar con todos los demás preceptos de la nueva ley que contienen posibles yerros jurídicos, sin embargo, como ya lo apuntamos, la extensión de este artículo no nos permite la extensión sobre este tópico, de ahí que reservamos como colofón de este breve análisis, lo relativo a la ya primera reforma de la nueva Ley de Amparo, pues de todos es sabido que dicha Ley, a los quince meses de su entrada en vigor, tuvo ya una reforma, esto independientemente de los cambios que se le han dado a través de los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Realizamos esta reserva en atención a que consideramos una verdadera pifia jurídica la reforma referida, ya que la misma, en lugar de clarificar la nueva Ley con cambios necesarios y progresivos en pro de mejorarla, erróneamente está repitiendo lo que ya se encontraba previsto en ella y en la ley abrogada. En efecto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, se reformó la nueva Ley de Amparo, agregándole una fracción al artículo 107 que constaba en ocho fracciones y ahora se le agregó la fracción IX, estableciendo al efecto una supuesta nueva hipótesis de procedencia. La citada fracción IX agregada, es del tenor literal siguiente: “Artículo 107. El amparo indirecto procede: ............................ IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de telecomunicaciones” Esta reforma de adición a la Ley de Amparo nos parece totalmente anodina, ineficaz e iterativa, toda vez que el supuesto de procedencia agregado, ya estaba inmerso tanto en la ley abrogada y en la nueva ley, de ahí que tal adición nos parece del todo pueril e innecesaria que solo pone de relieve el total desconocimiento del contenido de normas ya creadas por parte de quienes tienen la noble labor de elaborarlas. Esto es así, porque la Ley de Amparo abrogada, ya en su artículo 114, fracción I, establecía la procedencia del amparo contra leyes, y la Ley de Competencia Económica es una ley o norma general, como ahora les denomina, pues no por el hecho de ser una ley en materia de competencia económica deja de ser una ley o una norma general. Por otro lado, la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, categóricamente establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas generales que, por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, detallando en sus siete incisos que se entiende por normas generales, incisos dentro de los cuales el b) refiere a “Las leyes federales”, de lo que se infiere que si la Ley de Competencia Económica es una ley federal, como hemos apuntado, la reforma por adición en cita, deviene insubstancial y superflua. Ipso Iure 8 Febrero 2015

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Artículo por Dr. Eduardo Tepalt Alarcón EL INCIDENTE DE PRECISIÓN Y SU INTERPOSICIÓN DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO “El gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos.” (Jean Jacques Rousseau). U En virtud de ello, la Autoridad Judicial Federal que conozca de dicho juicio, al emitir la sentencia de amparo, deberá puntualizar los efectos y los alcances de la misma, a fin de que su ejecución no admita retardo alguno, tal y como lo dispone el numeral de referencia en su párrafo segundo, al mandatar: Artículo 193. (…) En el supuesto que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un Es en razón de ello, que el mismo ordenamiento como se ha visto en su artículo 193, faculta no solo a la autoridad judicial que conoce el amparo, sino también a las partes, el denunciar la falta de precisión de la sentencia y con ello la tramitación del incidente en estudio. El Incidente de Precisión de la Sen- 1.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. 2.- Cabe referir que el citado artículo 192 en su último párrafo, indica que el término antes indicado podrá ampliarse por otro razonable pero siempre fijándose un lapso de tiempo, atendiendo a la complejidad o dificultad del asunto, o bien en caso urgente y de notorio perjuicio para el quejoso ordenara el cumplimiento inmediato. Febrero 2015 Ipso Iure no de los actos más importantes en la tramitación del juicio de amparo, sin lugar a dudas es la sentencia que se dicte en el mismo, pues a través de ella, en caso de que el quejoso haya resultado vencedor, será como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, el que la autoridad responsable, o en su caso la vinculada, restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos de carácter positivo), o bien, obligarlas a respetar el derecho que se alegó en el juicio, y cumplir lo que del mismo derive (actos de carácter negativo). Artículo 77. (…) En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Como se observa de lo anterior, resulta una obligación de la autoridad que resuelva el juicio de amparo, el que determine con precisión los efectos en que conceda la sentencia de amparo; no obstante esto, la misma Ley de Amparo, en su artículo 193, en su párrafo cuarto, señala: incidente para tal efecto. Si hiciéramos una interpretación estricta del artículo 77 de la Ley de Amparo, podríamos establecer que aquella sentencia que conceda el amparo y no precise los alcances de la misma, debería traer como consecuencia no solo su impugnación (hablamos de la sentencia en amparo indirecto), sino también la sanción al Juzgador por incumplir con lo determinado por la ley, sin embargo, esto último no sería en nada benéfico al quejoso, quien en todo caso lo que busca es que la sentencia se materialice y con ello no siga repercutiendo el acto de autoridad el cual ya se determinó es contrario a la Constitución. 9

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tencia de Amparo, es una de las innovaciones de la Ley de Amparo, no obstante esto, el artículo 193, omite indicar la tramitación del mismo, pues como hemos referido en él solo se señala que será la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, quien deberá ordenar su apertura. Resulta de suma importancia el conocer de esta nueva figura procesal, toda vez que en la Ley de Amparo Vigente, se establecen términos muy exactos para el cumplimiento de las sentencias, así el numeral 192, indica que una vez causada ejecutoria la sentencia de amparo, deberá de ser cumplida dentro de un plazo de tres días, bajo el apercibimiento de que de no ser así se impondrá a la autoridad responsable o vinculada y a su superior jerárquico, una multa (de las previstas en el diverso 258), así como también se remitirá el expediente al Superior para continuar con el trámite de inejecución, el cual podrá culminar en la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito en Procesos Penales Federal, por el delito previsto en el artículo 267 fracción I del multireferido ordenamiento, y cuyas penas van de cinco a diez años de prisión, así como en su caso destitución e inhabilitación por el mismo periodo para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Bajo ese tenor la autoridad que tenga que cumplir la sentencia de amparo y no lo haga dentro del lapso otorgado, ya sea porque la misma no sea clara, cree confusión, sea ambigua e incluso contradictoria, y no haga valer el incidente en estudio por negligencia o simple desconocimiento, podría incurrir en las sanciones antes señaladas. Por otra parte, cuando la autoridad obligada a cumplir con la sentencia de amparo, omite ello, cumple de manera equivocada, deficiente, en exceso o se ve impedida para llevarla a cabo, si en el expediente ya se ha dado inicio al Incidente de Inejecución de Sentencia, al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta podrá en su caso revisar la resolución que haya otorgado el amparo y las acciones llevadas por la responsable y si de esto observa que es necesario el llevar a cabo la precisión de la sentencia, mandará el expediente a la autoridad que lo haya resuelto, a fin de que lleve a cabo el Incidente de Precisión de Sentencia, ello de acuerdo con el numeral 198, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y deberá también observarse lo dispuesto en el punto CUARTO, fracciones I y II del Acuerdo General 10/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la ejecución de las sentencias de amparo y dejar sin efecto todo lo actuado, incluso las multas impuestas. Como se mencionó con antelación, la Ley de Amparo omite indicar la tramitación de Incidente de Precesión de Sentencia, por lo que al no prever el procedimiento a seguir, tendremos que observar lo señalado en el mismo ordenamiento para la tramitación general de los incidentes, previsto en sus artículos 66 y 67. Con lo anterior podemos establecer que el Incidente de Precisión de Sentencia, es una herramienta básica que debe conocer todo abogado, a fin de evitar dilaciones en la ejecución de la sentencia de amparo y más aún la imposición de multas y sanciones a las autoridades que tengan la obligación de cumplirla. II Ipso Iure 10

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Artículo por Mtra. Marisela Cifuentes López JUSTICIA RESTAURATIVA. UN ENFOQUE QUE DEBE ADQUIRIR RELEVANCIA EN MÉXICO C uando comencé este artículo tuve que decidir qué base referencial tomaría en consideración para hacerlo (normativa, axiológica o de factibilidad) ya que la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada el 18 de junio del 2008, en su exposición de motivos, contempló la justicia restaurativa como un cambio de paradigma en la búsqueda de nuevas formas de solución de controversias. Algunas leyes (para mi gusto, muy pocas) citan expresamente el concepto de Justicia Restaurativa, de hecho, el término ha sido erradicado del Código Nacional de Procedimientos penales. Siendo así, he dejado completamente de lado la legislación, porque cuando más ahondo en su estudio, más confirmo que la gran mayoría de ellas, desde su confección, hacen nula referencia al tema y las pocas que si lo hacen parten de una idea equivocada respecto de sus alcances. Por ello, he decidido hacerlo con base en la axiología y la factibilidad de su ejercicio. Como siempre, mi propósito fundamental es brindar una herramienta clara y útil, sólo el lector sabrá si el presente ensayo alcanzó esa finalidad. Los modelos de justicia que tradicio- nalmente hemos conocido y que tienen la particularidad de institucionalizar la ausencia de las víctimas, o la codificación del imputado, algo que Octavio Paz teorizó como el “ninguneo” de quienes protagonizan el procedimiento penal, en realidad han mostrado la barbarie de un sistema que no genera respuestas humanizadoras ni reconciliaciones. La justicia restaurativa se concibe como un modelo social de justicia, constituye una cosmovisión que apunta al reconocimiento de la conducta punible y los daños concretos que ésta ocasiona a personas y grupos sociales, y promueve la repara- Febrero 2015 Ipso Iure 11

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ción efectiva del daño, el resarcimiento o restauración integral y en consecuencia la paz social, en el que las partes mediante el diálogo, la toma de conciencia y el deseo de servir socialmente encuentren, de manera conjunta y con apoyo en la comunidad, respuestas efectivas al conflicto. El proceso restaurativo no es nuevo y es parte de las soluciones tradicionales y autóctonas de la justicia, en los que el delito no es una afrenta contra el Estado, sino un daño a la persona o personas y la aplicación de un modelo de justicia restaurador se advierte como medio de restablecimiento de la armonía social, ayudando a las víctimas, a los delincuentes y a las comunidades a cicatrizar heridas. Sin embargo, en los últimos años se advertía una separación cada vez más profunda entre delincuentes, víctimas y el propio Estado; y de esas evaluaciones nace la necesidad de re-evocar estos temas para convertir el asunto de la justicia restaurativa en un tema contemporáneo. Las practicas restaurativas no reemplazan la justicia penal, sino que son una visión complementaria o alterna que no menoscaba el derecho del Estado en la investigación y persecución de los delitos, pero busca comprender el acto criminal en la forma más amplia posible a efecto de ofrecer prácticas flexibles que se ajusten a una determinada política criminal, victimal y legislativa, a fin de tener en cuenta la evolución de los acontecimientos y los actores procesales en la utilización de procesos restaurativos. Estos procesos tienen la habilidad de ser prácticas jurídicas y de restauración que logran empoderar a la víctima, dotándola de intervención cada vez más activa durante el procedimiento, por ejemplo: la acción penal privada, la asesoría jurídica victimal, la intervención victimal en distintas audiencias, etc.; o bien prácticas que llegan a extinguir la necesidad de la investigación oficial, no olvidemos que los verdaderos sistemas acusatorios no tienen como objetivo el esclarecimiento de los hechos, sino alcanzar la paz social y que ésta puede obtenerse utilizando formas de mediación; o en otros casos, los procesos restaurativos son instrumentos de alternatividad entre el proceso judicial y formas diversas de terminación de la intervención estatal, como por ejemplo, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba o los procesos de aceleración como son los criterios de oportunidad o los juicios abreviados. Pero existen otros casos, menos populares, por lo menos hasta ahora en México, en que la justicia restaurativa se convierte en el enfoque asistencial que acompaña el cumplimiento de la sanción penal y que tiene como fin replantear los modelos y tratamientos para la solución integral, completa y definitiva del conflicto y el sentido de la sanción penal, para lograr un equilibrio que haga viable la prevención especial que tanto se promueve como objetivo del sistema penitenciario. La justicia restaurativa tiene como punto de partida en todos los casos la necesidad de la víctima y su intervención debe ser voluntaria, procurando evitar la re-victimización y, por ende, su regulación legal no parte de leyes y normas categóricas o preceptivas, pues no hay nada más terrible que imaginar la exposición innecesaria de la víctima en un proceso que, por categórico, resulte deshumanizante y excesivamente dogmático. Una forma de lograr esto es mediante el principio de no re-victimización y de voluntariedad; para que el encuentro entre víctima y ofensor, de ser posible éste, se desarrolle controlada y creativamente en un espacio que permita que a la experiencia pasada y a las consecuencias que se hallan presentes, la víctima pueda darles un sentido, a la vez que se proyecten sus efectos hacia el futuro para que el ofensor no olvide la historia y que al recibir la experiencia pueda aprender de ella. De este modo, el delito se transforma en algo positivo, en la oportunidad de construir nuevas relaciones sociales que no se instalan en el dolor, sino que permite la reconstrucción del tejido roto por el delito. Muchas acciones humanas que antiguamente fueron totalmente incomprendidas, porque la ciencia no estuvo presente en ellas para darles explicación, fueron combatidas con ideas que entonces predominaron, como por ejemplo, la preconcepción de que existían malas personas, malos humores o malas semillas que provocaban gente de incorregible maldad y que ocasionaba que estos sujetos fueran excluidos socialmente, arrastrados a fosos o confinados a mazmorras como parte de la solución. El sistema penitenciario, que actualmente tiene alrededor de 251, 349 internos y que la capacidad de los centros penitenciarios es de 196, 742, implica una sobrepoblación de al menos 54,607 personas está diseñado como un depósito, no para reinsertar y transformar. La legislación tampoco ayuda, la gran mayoría de leyes en materia de ejecución, actualmente vigentes, ni la futura Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, establece como base del sistema penitenciario ni como parte del tratamiento un programa concreto de justicia que restaure. No cabe duda que la prisión es una parte necesaria en la ecuación de la justicia penal para proteger a la sociedad, la propuesta es enriquecer ese entorno en el que el tratamiento contemple que ellos tengan que hacerse responsables de su conducta y por ende de su reinserción. Una forma es a través de programas de justicia restaurativa en donde la víctima y el ofensor decidan participar, se vean cara a cara en encuentros seguros, estructurados con intervención de un mediador, en el que el ofensor se le anima a responsabilizarse de sus actos y la víctima tiene un papel activo en el proceso. En un encuentro así, el ofensor puede ver, quizá por primera vez a la víctima como a una persona real con pensamientos y sentimientos y se genere así una genuina respuesta emocional. Esto puede ser una práctica más efectiva que el simple encarcelamiento y el llenado de formatos del personal del sistema penitenciario. Programas como este no funciona para todos, pero para muchos, puede ser una forma de terminar con esa falta de empatía interior que los conduce a la reincidencia. Lo primero que debemos hacer es cambiar un poco la mentalidad, entender que la mayoría de las cárceles en México se han construido hace muchos años y que la sociedad ha avanzado en todos los aspectos, en la forma que manejamos y administramos las escuelas, los hospitales, incluso la justicia penal, pero cuando se habla de prisiones es como si volviéramos a la edad media; la segunda es que por demasiado tiempo nos hemos permitido creer en la idea falsa de que la naturaleza humana, la naturaleza criminal principalmente, no puede cambiar, y como sociedad esa idea la hemos pagado muy caro. El cerebro humano es capaz de realizar cambios extraordinarios, tenemos que reconocer y considerar el trabajo de la ciencia y aceptar sus aportes que pueden lograr cambios sociales, como por ejemplo las últimas investigaciones científicas que estudian el tema de la reincidencia y sugieren cambios a los tratamientos a los ambientes de los sentenciados. Por último, tenemos que llegar al fondo de quienes son nuestros sentenciados, no solo de quien es “X” o “Y”, sino de quienes somos nosotros mismos con relación a nuestros presos. Dejar de mirarlos como sujetos incorregibles, porque si nosotros los vemos de este modo, cómo va a hacer cada uno de ellos para verse a sí mismos distintos. Cada día, muchos sentenciados están volviendo a la sociedad, ¿estarán dentro del amplio porcentaje de reincidencia estimado en el país y volverán al sistema penitenciario? ¿No sería mejor que mientras cumplen su sentencia participaran en tratamientos de prevención especial y programas de justicia restaurativa que los estimulen a cambiar sus conductas para que puedan enfrentar al mundo cuando los liberen? Sin duda, eso nos beneficiaría a todos. II Ipso Iure 12 Febrero 2015

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RELEVANTES Agosto 2014 - Febrero 2015 En el mes de agosto iniciamos semestre, y los estudiantes de los décimos semestres brindaron una calurosa bienvenida a nuestros alumnos de nuevo ingreso con una fiesta, donde se respiró un agradable ambiente de fraternidad, cordialidad y sana convivencia. El dia 12 de Septiembre el Instituto de Estudios Superiores “Manuel José de Rojas”, entregó en acto solemne en el Auditorio “Constituyentes de Chiapas” de esta Casa de Estudios doce títulos de licenciatura a igual número de Licenciados en Derecho y dos grados de Maestría, a igual número de nuevos Maestros. El dia 04 de Noviembre se llevó a cabo nuestro ya tradicional Concurso de Altares, teniendo la participación de siete altares de diversos grupos y semestres de los tres turnos, saliendo ganador el Altar que llevaba por nombre “Perfidia” del séptimo semestre, así como el concurso de Calaveritas, teniendo una buena participación de nuestros educandos. Febrero 2015 Ipso Iure 13

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